YO DIGO SÍ A LA PAZ

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miércoles, 2 de septiembre de 2015

CRISIS EN LA FRONTERA Y ACUERDOS DE PAZ DE LA HABANA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La crisis social y humanitaria generada por las deportaciones y expulsiones[1] masivas de colombianos por parte del régimen de Maduro, servirá en el mediano y largo plazo para medir la capacidad de gestión del Gobierno de Santos y el real poder del Jefe del Estado para movilizar recursos y transformar políticas e instituciones para atender a sus compatriotas. 

Si Santos, su gobierno y en general el Estado colombiano no logran conjurar semejante crisis, el país deberá aceptar que existe una débil institucionalidad[2] para afrontar retos sociales y humanitarios como el que se presenta y que de cara a la construcción de una Paz territorial, el país terminaría incumpliendo lo acordado en La Habana, justamente, porque el centralismo bogotano se erige como el gran obstáculo a vencer para poder garantizar que el Estado llegue a zonas a donde jamás llegó o en las que hace precaria presencia institucional.    

Si Santos no logra atender de manera satisfactoria la situación que viven cerca de 10 mil personas, según la ONU, ¿cómo harán el Estado y el gobierno de transición[3] que se vendrá después de la firma del fin del conflicto en La Habana, para garantizar el éxito de los procesos de reintegración social y económica de por los menos 8.500 guerrilleros de las Farc?

Se trata, sin duda, de una prueba de fuego que exige no solo imaginación e inventiva para responder las demandas de los nacionales deportados y expulsados, sino el rediseño institucional y de políticas sociales con las que se deberá asegurar el cumplimiento de los acuerdos que se firmen en Cuba, en materia de reinserción y reintegración social, económica y política de los guerrilleros desmovilizados.

La conexión entre los dos hechos la facilita una verdad histórica: el Estado colombiano deviene débil, precario y por lo tanto incapaz para evitar las obligadas migraciones de compatriotas que por razones económicas buscaron en Venezuela un mejor futuro para sus familias. Es tal la precariedad estatal, promovida en parte por tradicionales grupos de poder a los que les conviene mantener niveles aceptables de debilidad[4] del Estado, que el centralismo bogotano jamás dispuso de una política de fronteras para enfrentar los desafíos que vinieron cuando países como Venezuela y Ecuador cambiaron de modelo económico y dieron el giro a la izquierda.

Las dificultades que exhibe el Estado para atender a los expulsados y deportados de Venezuela podrían mantenerse en el tiempo y extenderse para responder a las demandas de los desmovilizados de las Farc, consignadas en los acuerdos de La Habana. La única diferencia entre las dos situaciones es que en la segunda mediaría un acuerdo político. Me pregunto: ¿Cuántas veces el Estado y jefes de Estado y de Gobierno incumplieron acuerdos firmados con comunidades indígenas, con sindicatos y asociaciones de campesinos? Creo que todos sabemos la respuesta.

Así entonces, Santos debe tomar y asumir la situación presentada en la frontera con Venezuela, como una oportunidad histórica para transformar el Estado colombiano, de cara a devolverle la dignidad a los colombianos deportados y expulsados y asegurar el diseño de escenarios de posconflicto en donde los ex combatientes de las Farc puedan reintegrarse a la sociedad de manera efectiva, pero sobre todo, que dicho proceso se haga sostenible en el tiempo. 

No será fácil lograrlo pues de por medio están la mezquindad de las élites de poder, en especial la de los “grandes Cacaos”, así como el desinterés de los partidos políticos, interesados más en hacerse con el Estado para aprovecharse del erario y consolidar el clientelismo.

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