LA COMPLEJA SITUACIÓN EN EL CAUCA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los problemas de orden público en el departamento del Cauca son, de tiempo atrás, una peligrosa constante que va construyendo un imaginario colectivo, igual de peligroso, en torno a la inviabilidad institucional regional, debido al poder intimidatorio de actores armados legales e ilegales y a los intereses de unos y otros en los cultivos de uso ilícito (amapola y coca), a los que se suman las acciones de las empresas mineras que hacen presencia en territorios indígenas. Es claro que en el Cauca hay un conflicto social, cultural, político y económico provocado por la debilidad del Estado central y el propio desinterés de la clase política tradicional a la que le conviene, hasta cierto punto, que la sensación de inseguridad e inviabilidad institucional se reproduzca socialmente, hasta lograr que el mayor número de civiles posible abandone sus parcelas y ojalá la región, por el cansancio y el explicable miedo que generan los reiterados enfrentamientos entre grupos armados, legales e ilegales. Por supuesto que subsisten, en la compleja situación en el Cauca, los intereses de empresarios mineros, latifundistas, así como los que de tiempo atrás tienen las Farc en torno a los cultivos de amapola y coca, las rutas de salida de la coca y el corredor estratégico para enfrentar los operativos que montan las fuerzas militares. Y en medio de la desidia estatal y las aspiraciones de empresarios, latifundistas y la élite tradicional, está la población civil, compuesta por campesinos pobres, cultivadores e indígenas, entre otros. La resistencia de los indígenas del Cauca ha evitado el desangre de la Madre tierra y ha servido para mostrar que las Farc, los paracos y las fuerzas militares, unidos a empresarios, latifundistas y mineros, entre otros, intentan a toda costa socavar su proceso de consolidación cultural, social, económico y político que resulta para todos inconvenientes, pues es abiertamente contrario a las dinámicas y a las lógicas impuestas por la globalización corporativa en la que hasta la vida adquiere el carácter de mercancía. Las respuestas del Estado (local, regional y nacional) siempre han estado soportadas en la idea de recuperar el control del orden público, sin tocar factores esenciales en el sistémico conflicto que se vive en la región, en especial en el norte del departamento: inequidad, concentración de la riqueza, desprecio de la condición civil, discriminación hacia los pueblos indígenas y los siempre perversos intereses de explotar los recursos naturales, así como el lucrativo negocio del narcotráfico del que muy seguramente se benefician actores armados legales e ilegales e, incluso, miembros de la dirigencia empresarial y política. En cuanto a la tarea de los medios masivos, es apenas evidente el desinterés de la prensa regional y nacional por informar de manera veraz e imparcial. Los periodistas reproducen a pie juntillas las versiones que entregan el ejército y las fuentes oficiales, y de esta manera construyen una realidad que oculta lo que viene sucediendo en materia de violación de los derechos humanos. Me pregunto cuál es el papel que juegan las Universidades asentadas en la ciudad de Cali, instituciones que a escasos 45 minutos, observan con relativa pasividad cómo grupos humanos y sus valiosos proyectos y planes de vida son atacados y perseguidos por la precariedad del Estado, de la que se sirven actores legales e ilegales.

Nota: esta columna fue reproducida en el portal Hecho en Cali, http://www.hechoencali.com/