Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo Cuando actores sociales, políticos y económicos de una Nación e incluso, sucesivos gobiernos legitiman y en muchas ocasiones cohabitan con el delito, la corrupción y aceptan prácticas ilegales e indignas, la sociedad en su conjunto navega a la deriva, con el riesgo de que los procesos de socialización y de construcción de civilidad fracasen ante la fuerza social que prácticas como las señaladas han adquirido con el tiempo.
Hoy en Colombia hay evidentes muestras de que el contubernio que se ha dado entre sectores claves de la sociedad con organizaciones delincuenciales y prácticas anómalas, ha permitido que se entronicen en lo más profundo de los imaginarios colectivos e individuales, valores asociados al delito, a la trampa, al crimen.
Sucesivos gobiernos han cohabitado con el crimen, con el narcotráfico y sus prácticas y con actividades conducentes a socavar no sólo la institucionalidad, sino a malversar los recursos del erario. Y por esa vía, le han dado un carácter criminal a la política y a lo político, sobre el que el resto de la sociedad actúa e imagina que todo se vale a la hora de obtener beneficios, pues el mal ejemplo se exhibe como una práctica válida dentro de esferas de gobierno.
Baste con nombrar las administraciones de Turbay Ayala, Samper Pizano y las de Uribe Vélez, para darse cuenta cómo recursos e instituciones del Estado se pusieron al servicio de las redes clientelares, así como de organizaciones al margen de la ley, que terminaron penetrando y cooptando a funcionarios y a la institucionalidad. Y esto fue claro con los carteles de la droga y los paramilitares.
No cabe la menor duda de que vivimos una coyuntura especialmente compleja en Colombia, que amerita la atención de la Universidad, de los centros de investigación y de todo tipo de organizaciones sociales e incluso, del propio gobierno de Santos। Hay que refundar las relaciones sociales en torno a una ética que nos permita generar una relación responsable no sólo con la naturaleza, sino con los demás seres humanos. Ante la descomposición social hay que actuar. Las denuncias de los medios, por ejemplo, de la corruptela que se dio, se aupó, y se ocultó durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez, deben dar pie para una reflexión seria y sostenida alrededor del hedor evidente que sale de las instancias del Estado y que se reproducen con rapidez en esferas, actores y ámbitos de la sociedad civil.
Por fortuna, y ante la complacencia con el crimen y la corrupción de las élites política y económica, así como sectores amplios de las fuerzas armadas colombianas, sólo nos queda que los jueces, en especial las altas Cortes, aporten con sus fallos sancionatorios al control social y político que otras instancias e instituciones del Estado y de la sociedad civil no han querido hacer. Ante el hedor que se respira no sólo en las instituciones estatales, sino en sectores societales, hay que actuar con rapidez, pues hay un evidente desarreglo en el sentido del olfato de un porcentaje alto de colombianos que hoy sobreviven en un estado cacósmico.
2 comentarios:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Cuando él ejercicio de la política se corrompe, por acción u omisión, a las sociedades sólo le quedan dos caminos: lanzarse a una sólida desobediencia civil que llegue hasta la resistencia y, aún, la rebelión o, por el contrario, que unas autoridades asuman el papel político que subyace al ejercicio de sus funciones propias: los jueces.
Es lamentable que el positivismo jurídico desconozca la esencia política del Derecho, tanto en su definición (expedir leyes) como en su aplicación (la judicatura). Clara está que mientras funciones el legislador y el administrador (ejecutivo) se cumplan a cabalidad, los jueces no deben inmiscuirse en esos menesteres, pero, en ausencia o momentos de gran corrupción, si el Estado como organización es sólida y fuerte, corresponde a los jueces reordenar la sociedad. Esto, llamado "activismo judicial" tiene tanto de largo como de ancho, pero creo que en la coyuntura colombiana ha sido la única opción para impedir el desastre nacional.
Luis F.
Hola, escribo desde el Perú.
En el Perú vivimos un momento débil en cuanto a la política. El 11 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta entre dos candidatos cuyas ideas están muy polarizadas. Keiko Fujimori, ex primera dama en el gobierno de su padre Alberto Fujimori, y hoy congresista (dicho sea de paso, la congresista que más faltó en esta legislatura); y por el otro lado tenemos a Ollanda Humala, un ex militar que se lo ha vinculado sin pruebas con Hugo Chavez.
Elegir a K. Fujimori llevaría a reinvindicar el gobierno de su padre ya que el 50% personas que ahora la acompañan, estuvieron durante el gobierno corrupto de su padre.
Elegir a O. Humala, sería esperar que empiece a gobernar para saber qué tipo de gobierno aplicará; sin embargo, desde que meniconó que en un eventual gobierno de él, se gobernará con honestidad, honradez y por el bien de la clase más necesitada. Estos componentyes fue determinante para que la prensa en general y los intereses de las grandes corporaciones le hagan un cargamontón.
Sólo espero que quien salga elegido gobierne con la verdad, respetando las libertades y sobre todo, reinvindique a las sociedades gubernamentales y que estas cumplan sus funciones para la que fueron creadas.
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