POR GERMÁN AYALA OSORIO
Las posturas asumidas por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, frente a temas como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción de menores por parte de estas parejas, reflejan no sólo el talante conservador del jefe del Ministerio Público, sino que ponen a esa instancia del Estado en contravía del carácter liberal de la Constitución Política de Colombia.
Ordóñez actúa desde un lugar ideológico profundamente excluyente y violento. Sus convicciones morales y las actitudes moralizantes asumidas, no permiten que la discusión de dichos temas, polémicos y complejos, se haga a la luz de hechos objetivos que ya hacen parte de la cotidianidad en muchas ciudades y pueblos de Colombia. Es decir, un grupo importante de colombianos ha entendido que es incaptable vivir bajo los estigmas que la cultura dominante les ha impuesto por años, a través de discursos y acciones retardatarias como las del Procurador.
Muchas de las responsabilidades del Estado social de derecho están soportadas en la libertad y en el poder garantizar a sus asociados una vida digna y por esa vía, que todos y cada uno de ellos alcancen diferenciados estadios de felicidad, acordes con las conviciones individuales. Es decir, tan feliz puede ser una pareja heterosexual que decida no tener hijos, como otra que decida sí tenerlos. De igual manera debe entenderse la decisión de dos ciudadanos homosexuales que desean ser felices y creen que lo lograrán, uniendo sus vidas a través de un vínculo cuyos efectos legales y culturales, tanto la sociedad como el Estado deben respetar y garantizar. De igual manera, si el ideal de felicidad está fincado en la necesidad o interés de adoptar un hijo, el carácter homosexual de la pareja no es suficiente argumento para que se impida hacerlo, puesto que al negarse esa posibilidad, se está discriminando a quienes asumen, tienen y han asumido una opción sexual diferente.
Si bien le corresponde a la Corte Constitucional decidir alrededor de la posibilidad de que parejas de homosexuales adopten hijos, lo cierto es que la realidad objetiva señala que ya existen experiencias de vida que desmuestran un dinamismo social capaz de romper y poner en crisis conceptos que, arraigados culturalmente, imponen una única idea de felicidad. El concepto de familia que desea imponer el Procurador a través de sus ponencias ya no encaja en las realidades objetivas de millones de colombianos.
Y el asunto no pasa por el carácter minoritario de quienes han decidido buscar la felicidad, recorriendo caminos divergentes (no ilegales), a la tradición, tal y como lo expresó recientemente el Producrador a la revista Semana.com: Si bien Colombia es un país pluralista donde se reconocen las diferencias étnicas y culturales, no legitima mediante un litigio estratégico el debate democrático para imponer a la fuerza valores éticos de minorías emergentes
Justamemte lo que la cultura dominante y digamos, las mayorías, lo que han hecho durante años es imponer modelos de vida, conceptos e ideales de felicidad que hoy son cuestionados por otros modelos, por otras propuestas o formas de asumir la vida, que deberían confluir en un único propósito para todos, sin distingo de ninguna clase: alcanzar la felicidad.
Lo mejor que puede hacer la Corte Constitucional es apartarse del discurso del Procurador, pues es claro que sus posturas godas, propias del siglo XIX, van en contravía del espíritu de la Carta Política de 1991. Ordóñez, que representa a sectores retardatarios y en general a la godarria colombiana, no puede terminar imponiendo sus reprimidas ideas alrededor de lo que es la felicidad.
Preocúpese señor Procurador por las condiciones precarias condiciones de vida de millones de colombianos, especialmente las de centenares de menores de edad que lo único que desean es una familia, un hogar donde vivir y ser felices, sin que medie la orientación sexual de quienes pueden brindarles amor, respeto y una vida digna.
A la misma revista Semana.com el polémico jefe del Ministerio Público señaló que los niños tienen derecho a una familia conformada por papá y por mamá. No señor Procurador, a lo que tienen derecho a que se les respete, se les considere y se les brinde condiciones óptimas de desarrollo, responsabilidad que en primera instancia asumen los padres (adoptivos o no), siempre y cuando el Estado colombiano cumpla con las suyas.
Las posturas asumidas por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, frente a temas como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción de menores por parte de estas parejas, reflejan no sólo el talante conservador del jefe del Ministerio Público, sino que ponen a esa instancia del Estado en contravía del carácter liberal de la Constitución Política de Colombia.
Ordóñez actúa desde un lugar ideológico profundamente excluyente y violento. Sus convicciones morales y las actitudes moralizantes asumidas, no permiten que la discusión de dichos temas, polémicos y complejos, se haga a la luz de hechos objetivos que ya hacen parte de la cotidianidad en muchas ciudades y pueblos de Colombia. Es decir, un grupo importante de colombianos ha entendido que es incaptable vivir bajo los estigmas que la cultura dominante les ha impuesto por años, a través de discursos y acciones retardatarias como las del Procurador.
Muchas de las responsabilidades del Estado social de derecho están soportadas en la libertad y en el poder garantizar a sus asociados una vida digna y por esa vía, que todos y cada uno de ellos alcancen diferenciados estadios de felicidad, acordes con las conviciones individuales. Es decir, tan feliz puede ser una pareja heterosexual que decida no tener hijos, como otra que decida sí tenerlos. De igual manera debe entenderse la decisión de dos ciudadanos homosexuales que desean ser felices y creen que lo lograrán, uniendo sus vidas a través de un vínculo cuyos efectos legales y culturales, tanto la sociedad como el Estado deben respetar y garantizar. De igual manera, si el ideal de felicidad está fincado en la necesidad o interés de adoptar un hijo, el carácter homosexual de la pareja no es suficiente argumento para que se impida hacerlo, puesto que al negarse esa posibilidad, se está discriminando a quienes asumen, tienen y han asumido una opción sexual diferente.
Si bien le corresponde a la Corte Constitucional decidir alrededor de la posibilidad de que parejas de homosexuales adopten hijos, lo cierto es que la realidad objetiva señala que ya existen experiencias de vida que desmuestran un dinamismo social capaz de romper y poner en crisis conceptos que, arraigados culturalmente, imponen una única idea de felicidad. El concepto de familia que desea imponer el Procurador a través de sus ponencias ya no encaja en las realidades objetivas de millones de colombianos.
Y el asunto no pasa por el carácter minoritario de quienes han decidido buscar la felicidad, recorriendo caminos divergentes (no ilegales), a la tradición, tal y como lo expresó recientemente el Producrador a la revista Semana.com: Si bien Colombia es un país pluralista donde se reconocen las diferencias étnicas y culturales, no legitima mediante un litigio estratégico el debate democrático para imponer a la fuerza valores éticos de minorías emergentes
Justamemte lo que la cultura dominante y digamos, las mayorías, lo que han hecho durante años es imponer modelos de vida, conceptos e ideales de felicidad que hoy son cuestionados por otros modelos, por otras propuestas o formas de asumir la vida, que deberían confluir en un único propósito para todos, sin distingo de ninguna clase: alcanzar la felicidad.
Lo mejor que puede hacer la Corte Constitucional es apartarse del discurso del Procurador, pues es claro que sus posturas godas, propias del siglo XIX, van en contravía del espíritu de la Carta Política de 1991. Ordóñez, que representa a sectores retardatarios y en general a la godarria colombiana, no puede terminar imponiendo sus reprimidas ideas alrededor de lo que es la felicidad.
Preocúpese señor Procurador por las condiciones precarias condiciones de vida de millones de colombianos, especialmente las de centenares de menores de edad que lo único que desean es una familia, un hogar donde vivir y ser felices, sin que medie la orientación sexual de quienes pueden brindarles amor, respeto y una vida digna.
A la misma revista Semana.com el polémico jefe del Ministerio Público señaló que los niños tienen derecho a una familia conformada por papá y por mamá. No señor Procurador, a lo que tienen derecho a que se les respete, se les considere y se les brinde condiciones óptimas de desarrollo, responsabilidad que en primera instancia asumen los padres (adoptivos o no), siempre y cuando el Estado colombiano cumpla con las suyas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario