Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La reacción del Presidente de Colombia, en torno a la ejemplar sentencia proferida por una juez contra el ex general Arias Cabrales, deja mucho que pensar. Santos calificó el fallo como “injusto porque Arias Cabrales había defendido la patria”.
¿Acaso las expresiones de rechazo del Presidente ante el fallo de la jueza María Cristina Trejos, se producen porque ante una evidente incomodidad dentro del ejército por el reciente retiro del general Matamoros y por la propia condena proferida contra el ex coronel Plazas Vega, Santos prefiere mostrarse solidario con la fuerza y por ese camino, desconocer e irrespetar el fallo de un juez de la República y la independencia de poderes?
Muy grave resultaría que por presiones de los militares y por sectores conservadores, el Presidente decida defender lo indefendible: la conducta dolosa con la que actuaron los señalados ex oficiales en la retoma del Palacio de Justicia, y que al final terminó con la desaparición de 11 civiles, circunstancia sobre la cual se sostienen los fallos condenatorios.
Por el contrario, se esperaría que Santos no sólo respete y acate el fallo proferido por la jueza, sino que señale públicamente que el Estado tomará excepcionales medidas de seguridad para garantizar la vida de dicha operadora jurídica, en especial si se recuerda lo que pasó con la jueza que condenó a Plazas Vega .
De igual manera, debería de tomar el caso de los 11 desaparecidos, para que en su administración se dé con el paradero de los cuerpos de aquellos ciudadanos que salieron vivos del Palacio de Justicia y que fueron reseñados por los militares y que por cuenta de las órdenes y decisiones de Arias Cabrales y de Plazas Vega, entre otros, terminaron asesinados y muy seguramente inhumados en el Cantón Norte de Bogotá, tal como lo han señalado, en distintas versiones y momentos, soldados y suboficiales.
Ponerse del lado de la institución militar y en contra de la rama judicial, nos acerca nuevamente al tenebroso escenario que montó el anterior gobierno, en el que el sentimiento patriotero se puso por encima del Estado social de derecho.
No se menoscaba y menos se erosiona la institución militar con los fallos de los jueces. Por el contrario, si los militares realmente respetan la separación de poderes, la democracia y el estado social de derecho, y están sometidos al poder civil, lo que deberían de hacer es actuar dentro de los marcos legales y no apelar a discutidos principios, como el espíritu de cuerpo y la obediencia debida, para ocultar los desmanes y los excesos de quienes portando el uniforme, actuaron y actúan con sentimientos y actitudes propias de los criminales que por largo tiempo han combatido.
Justamente, las fuerzas legalmente constituidas deben diferenciarse, por ejemplo, de las actuaciones bárbaras de guerrilleros y paramilitares. Cuando un Presidente defiende lo indefendible, en especial conductas y actuaciones criminales de servidores públicos, erosiona en materia grave el estado social de derecho.
Con razón los familiares de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia están pidiendo al Presidente que se retracte. Y por ese camino, bien vale la pena citar apartes del pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el fallo que condena a Jesús Armando Arias Cabrales: “Es importante para las víctimas que la justicia colombiana investigue e imponga sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, proporcionales a la gravedad de los hechos, según las leyes nacionales y la normativa internacional”, expresó Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Además de seguir adelante con los procesos, es importante que el Gobierno garantice un clima de independencia e imparcialidad para los operadores jurídicos, como establecen los principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, así como su seguridad y la de las víctimas y sus representantes. Esto exige claros pronunciamientos confirmando que en ningún caso es legítimo invocar circunstancias, tales como el estado de guerra o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, para justificar la desaparición forzada. La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado debe estar siempre limitada por su deber de garantizar y respetar los derechos fundamentales”.
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2 comentarios:
Lo indefendible es la ignorancia profesional y nula ética de los Jueces (a algunos el término difícilmente les llega a los tobillos) encargados de “hacer justicia” en casos relacionados con las FFAA de Colombia.
Es lastimoso apreciar como mientras en varios países del mundo, con visión futurista, fortalecen la justicia penal militar (JPM), la examinan, la actualizan, la mejoran, para que ella sea garante y coopere en la acertada marcha de las instituciones armadas y por ende de su propio país, parecería que en Colombia los dirigentes son incapaces de dimensionar lo que lograrán con las instrucciones dadas respecto de lo que será el futuro de la Justicia Penal Militar; o por el contrario, con toda la claridad y entendimiento saben que lo que están disponiendo será la catástrofe y el fin de la misma y por ende de las mismas FFAA.
Debo reconocerte que la “Guerra Política” la están ganando las ONT FARC y sus áulicos encubiertos en los tribunales colombianos (Jueces corruptos que venderían hasta a su propia progenitora) todos ellos afincados -de sobremesa- a posturas ideológicas de izquierda.
Desde esta perspectiva (entre otras muchas) tú anhelado “Estado Social de Derecho” seguirá siendo la utopía inalcanzable de los “candidos invidentes” (como tú) que siguen defendiendo con ardor genital el “actuar probo y transparente” de estos jueces de pacotilla (preferiría designarlos como Jueces de Mierda).
MGC
Hola Uribito:
¡Buen día!
El problema es que uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Por querer ser tan "ecuánime", léase, acomodado, Santos genera información contradictoria y ambigua. Creo que ello obedece, entre otras cosas, al medioevo en que estamos y, que no queremos pensar y actuar como modernos, en donde la racionalidad y la regulación deben ser ponderadas respecto de la experiencia y las expectativas.
En este sentido, como hablamos el martes pasado, no queremos entender la experiencia latinoamericana del castigo a los militares por sus excesos en el cono sur. ¿Cuánto será que tenderemos que esperar para actuar como un Estado de Derecho serio que, en los tiempos de hoy significa respecto absoluto a los derechos humanos?
Santos juega a tantas bandas que desconcierta ampliamente, porque la embarra y pretende desembarrarla muy rápido. ¿Qué su reconocimiento de la existencia del conflicto armado? Falta ver cómo reacciona frente a la gritería primaria del ex.
Un abrazo,
Luis F.
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