Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Es común en Colombia que en ceremonias militares los Presidentes suban el tono, asuman actitudes pendencieras y hasta cacen peleas, bien con criminales reconocidos, o señalen como nuevos enemigos de la patria a quienes el Régimen ve como un peligro para la estabilidad del mismo: intelectuales, sindicalistas, periodistas y políticos de izquierda, entre otros.
Uribe lo hizo con frecuencia cada vez que en los campos de parada, presidió ceremonias de ascenso o celebraciones militares. Es una forma de mostrarse fuertes, muy machos, decididos y con algo de ese espíritu guerrero que los militares esperan que tenga un civil, especialmente si éste es quien los gobierna y decide cómo se opera frente a las guerrillas y frente a otros enemigos.
No sé hasta dónde se trate de una simple postura, una actuación, de los mandatarios frente a una tropa que requiere y hasta reclama este tipo de reacciones y discursos, especialmente cuando desde otras instancias del Estado, se intenta minar la moral de los soldados de la patria, como lo creen, al parecer, los propios comandantes militares, Santos y amplios sectores de la opinión nacional, ante los recientes fallos judiciales.
Hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos escogió como escenario para llamar la atención de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, ante lo que Santos considera fallos desproporcionados y alejados del complejo contexto en el que deben actuar las fuerzas armadas, el lanzamiento de la campaña del ejército, Fe en la causa.
Con vehemencia, Santos señaló que “esta noche también quiero hablarles en una condición que excede la de comandante supremo de las Fuerzas Armadas e incluso la de cabeza de la rama ejecutiva del poder público. Hoy quiero hablarles desde mi investidura de Jefe del Estado colombiano, ese Estado que constituimos por igual el Gobierno, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, los órganos de control y los más de 46 millones de colombianos que conforman nuestra nación. En esa condición que –como lo dice nuestra Carta Política– “simboliza la unidad nacional”, me dirijo a ustedes y al país porque creo que es indispensable y saludable sentar una posición y aclarar unos conceptos frente a recientes decisiones judiciales que afectan al Estado, a las Fuerzas Armadas, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Me refiero, en particular, a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que negó validez probatoria a los archivos encontrados en los computadores de alias “Raúl Reyes”, lo que implica –en la práctica– que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y exigir justicia. Y me refiero, también, a la sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional como responsables de los daños ocasionados a los militares que defendían la base de Las Delicias cuando fue atacada por las FARC en agosto de 1996. En otras palabras, una sentencia que declaró al Estado responsable por el daño que la guerrilla causó a los militares”.
Se trata, sin duda, de un mal precedente para la necesaria armonía entre los poderes públicos, tan golpeada en el anterior gobierno y que se pensaba iba a recuperarse en la administración Santos. No resulta positivo que el Presidente, en nombre de la unidad nacional, critique los fallos de los altos tribunales, sin una mínima discusión sobre los alcances de dichos autos, en especial, en una ceremonia en la que los militares esperan que los civiles, incluyendo al Presidente, reconozcan y exalten sus esfuerzos por asegurar la vida y la honra de los colombianos.
Este tipo de pronunciamientos pueden tener efectos negativos en las percepciones que los uniformados tienen sobre el actuar de los jueces. No es bueno, entonces, alimentar cierta natural animadversión que militares y policías tienen y sienten frente al actuar de aquellos.
La unidad nacional que reclama el Presidente no se logra exponiendo las diferencias frente a los fallos judiciales, en eventos que resultan inundados de un patrioterismo caduco y peligroso. Hay otros escenarios y estos son la academia, el Congreso y los propios que decidan construir el Ejecutivo y el Legislativo, para aclarar las dudas y los alcances de los pronunciamientos jurídicos de las Cortes.
Si se trataba de ofrecer un calmante a militares y policías, ante una lectura rápida de los criticados fallos del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, no debió el Presidente hacerlo ni en el tono, ni apelando a su investidura como Jefe de Estado.
Y si por el contrario, Santos está convencido de que los fallos son desmedidos y desproporcionados, mal hace en exhibir ante el particular público, y peor aún, con cubrimiento mediático, sus opiniones frente a los pronunciamientos de los magistrados.
El discurso del Presidente da pie para que los comandantes deliberen y asuman posturas políticas que pueden terminar erosionando no sólo la cacareada unidad nacional, sino afectando las operaciones antisubversivas, por cuenta de la interpretación amañada de los fallos de los jueces.
Lo que debe asegurar el Presidente es que los militares se acostumbren a responder y a dar cuenta por los errores operacionales cometidos por oficiales y suboficiales, pues por encima de la cadena de mando y la jerarquía militar, está la vida de los hombres que mueren en combate, por culpa de comandantes mal preparados, de órdenes que claramente conducen a cometer errores, o por negligencia e incluso, por la falta de cooperación entre las fuerzas.
No debe olvidar el Presidente que quienes deben someterse al poder civil son los militares. Y cuando un Presidente decide hablar y pensar como los militares, termina sometiéndose, por lo menos ideológica y discursivamente, al poder de los uniformados.
Es común en Colombia que en ceremonias militares los Presidentes suban el tono, asuman actitudes pendencieras y hasta cacen peleas, bien con criminales reconocidos, o señalen como nuevos enemigos de la patria a quienes el Régimen ve como un peligro para la estabilidad del mismo: intelectuales, sindicalistas, periodistas y políticos de izquierda, entre otros.
Uribe lo hizo con frecuencia cada vez que en los campos de parada, presidió ceremonias de ascenso o celebraciones militares. Es una forma de mostrarse fuertes, muy machos, decididos y con algo de ese espíritu guerrero que los militares esperan que tenga un civil, especialmente si éste es quien los gobierna y decide cómo se opera frente a las guerrillas y frente a otros enemigos.
No sé hasta dónde se trate de una simple postura, una actuación, de los mandatarios frente a una tropa que requiere y hasta reclama este tipo de reacciones y discursos, especialmente cuando desde otras instancias del Estado, se intenta minar la moral de los soldados de la patria, como lo creen, al parecer, los propios comandantes militares, Santos y amplios sectores de la opinión nacional, ante los recientes fallos judiciales.
Hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos escogió como escenario para llamar la atención de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, ante lo que Santos considera fallos desproporcionados y alejados del complejo contexto en el que deben actuar las fuerzas armadas, el lanzamiento de la campaña del ejército, Fe en la causa.
Con vehemencia, Santos señaló que “esta noche también quiero hablarles en una condición que excede la de comandante supremo de las Fuerzas Armadas e incluso la de cabeza de la rama ejecutiva del poder público. Hoy quiero hablarles desde mi investidura de Jefe del Estado colombiano, ese Estado que constituimos por igual el Gobierno, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, los órganos de control y los más de 46 millones de colombianos que conforman nuestra nación. En esa condición que –como lo dice nuestra Carta Política– “simboliza la unidad nacional”, me dirijo a ustedes y al país porque creo que es indispensable y saludable sentar una posición y aclarar unos conceptos frente a recientes decisiones judiciales que afectan al Estado, a las Fuerzas Armadas, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Me refiero, en particular, a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que negó validez probatoria a los archivos encontrados en los computadores de alias “Raúl Reyes”, lo que implica –en la práctica– que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y exigir justicia. Y me refiero, también, a la sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional como responsables de los daños ocasionados a los militares que defendían la base de Las Delicias cuando fue atacada por las FARC en agosto de 1996. En otras palabras, una sentencia que declaró al Estado responsable por el daño que la guerrilla causó a los militares”.
Se trata, sin duda, de un mal precedente para la necesaria armonía entre los poderes públicos, tan golpeada en el anterior gobierno y que se pensaba iba a recuperarse en la administración Santos. No resulta positivo que el Presidente, en nombre de la unidad nacional, critique los fallos de los altos tribunales, sin una mínima discusión sobre los alcances de dichos autos, en especial, en una ceremonia en la que los militares esperan que los civiles, incluyendo al Presidente, reconozcan y exalten sus esfuerzos por asegurar la vida y la honra de los colombianos.
Este tipo de pronunciamientos pueden tener efectos negativos en las percepciones que los uniformados tienen sobre el actuar de los jueces. No es bueno, entonces, alimentar cierta natural animadversión que militares y policías tienen y sienten frente al actuar de aquellos.
La unidad nacional que reclama el Presidente no se logra exponiendo las diferencias frente a los fallos judiciales, en eventos que resultan inundados de un patrioterismo caduco y peligroso. Hay otros escenarios y estos son la academia, el Congreso y los propios que decidan construir el Ejecutivo y el Legislativo, para aclarar las dudas y los alcances de los pronunciamientos jurídicos de las Cortes.
Si se trataba de ofrecer un calmante a militares y policías, ante una lectura rápida de los criticados fallos del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, no debió el Presidente hacerlo ni en el tono, ni apelando a su investidura como Jefe de Estado.
Y si por el contrario, Santos está convencido de que los fallos son desmedidos y desproporcionados, mal hace en exhibir ante el particular público, y peor aún, con cubrimiento mediático, sus opiniones frente a los pronunciamientos de los magistrados.
El discurso del Presidente da pie para que los comandantes deliberen y asuman posturas políticas que pueden terminar erosionando no sólo la cacareada unidad nacional, sino afectando las operaciones antisubversivas, por cuenta de la interpretación amañada de los fallos de los jueces.
Lo que debe asegurar el Presidente es que los militares se acostumbren a responder y a dar cuenta por los errores operacionales cometidos por oficiales y suboficiales, pues por encima de la cadena de mando y la jerarquía militar, está la vida de los hombres que mueren en combate, por culpa de comandantes mal preparados, de órdenes que claramente conducen a cometer errores, o por negligencia e incluso, por la falta de cooperación entre las fuerzas.
No debe olvidar el Presidente que quienes deben someterse al poder civil son los militares. Y cuando un Presidente decide hablar y pensar como los militares, termina sometiéndose, por lo menos ideológica y discursivamente, al poder de los uniformados.
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Te veo muy bien.
Sobre el tema ya habíamos hablado.
Luis f.
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