JUAN MANUEL SANTOS Y EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El gobierno de Juan Manuel Santos espera que el Congreso apruebe la reforma constitucional sobre justicia transicional, proyecto que ya se conoce, mediática y políticamente, como el marco jurídico para la paz.

Si lo que se quiere es salvar la ley de Justicia y Paz, marco jurídico diseñado de acuerdo con los intereses de los paramilitares, muy bien cuidados en el gobierno de Uribe Vélez, lo único que se logrará es que por esa vía haya impunidad para militares y paramilitares. La crisis del proceso jurídico y político de Justicia y Paz es una evidencia más de la incapacidad del Estado y de sus gobernantes, para pensar la paz más allá de un asunto de desmovilizaciones, dejación de armas e incluso, más allá de los anhelos de castigar a los victimarios, de reparar a las víctimas y de alcanzar la verdad.

En Colombia se suele confiar en que las leyes y los marcos legales pueden solucionar problemas coyunturales y estructurales de un país con un conflicto armado interno degradado. Es tal la confianza, que Santos cree que una vez aprobadas las leyes, la esquiva paz en Colombia estará a la vuelta de la esquina.

Hablar de paz mientras se combate con ferocidad en los campos y en las selvas de Colombia conlleva a ocultar las circunstancias que provocaron el levantamiento armado de las guerrillas en los años 60.

No creo que sea el camino correcto diseñar un marco legal para solucionar el problema de los desmovilizados de las AUC (cerca de 25 mil) y para asegurar condiciones legales para los militares que han violado los derechos humanos y por supuesto, para permitir la reinserción de los guerrilleros ante una eventual desmovilización.

Hay que revisar asuntos que son estructurales, sobre los cuales el gobierno de Santos tiene que hacer conciencia, pues éstos mismos suelen hacer inviables e inaplicables esos marcos jurídicos que con tan buenas intenciones se conciben al interior del Congreso.

Y me refiero a asuntos estructurales que no se solucionan, ni se superan con leyes de perdón y olvido, o con comisiones de la verdad o con marcos legales como los que en estos momentos se discuten al interior del Congreso de la República (Comisión I, de la Cámara de Representantes) en los que actores armados, unos y otros, terminarían beneficiados porque la paz hay que alcanzarla a como dé lugar.

Son asuntos estructurales la debilidad institucional, la precariedad del Estado para controlar sus fronteras internas, el no tener el monopolio de las armas y la incapacidad para garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Reparación y Restitución de Tierras. Ya sabemos las grandes dificultades que hoy afronta el Estado para devolver las tierras a los titulares que fueron despojados de ellas, por cuenta de los actores armados enfrentados, en especial, por las acciones violentas de los paramilitares. Y estamos hablando problemas que no sólo tienen que ver con el uso de la violencia física, sino con los casos de corrupción y de penetración del paramilitarismo en varias oficinas de instrumentos públicos, incluyendo, por supuesto, lo que sucede en las entidades de Notariado y Registro.

Se suma a lo anterior el espíritu paramilitar que aún conservan ganaderos, finqueros, industriales y empresarios que apoyaron económica y políticamente a los grupos paramilitares, quienes a pesar de la entrega de varios de los jefes de las AUC, siguen con la idea de que si es necesario volver a patrocinar ejércitos privados, lo harán, dada la incapacidad de las fuerzas militares de vencer militarmente a las guerrillas.

Otro factor estructural es el modelo económico y político que reproduce la pobreza, que asegura la pauperización de campesinos, comunidades negras e indígenas, así como de profesionales, tecnólogos y técnicos que buscan salir adelante en ciudades grandes y medianas. Es un modelo inequitativo, extractivo y ambientalmente insostenible.

Hay que poner de presente también el tráfico de estupefacientes como un factor estructural a considerar, si se quiere de verdad avanzar hacia una paz real y no sólo jurídica. Hay que quitarle la gasolina al conflicto armado interno y esto va para todos los actores armados que participan de la confrontación al interior del territorio colombiano.

Mientras que guerrilleros y paramilitares sigan contando con numerosos recursos que les asegura la actividad del narcotráfico, el conflicto armado interno se prolongará en el tiempo, pues ello no sólo dinamiza la guerra misma, sino que modifica sustancialmente los objetivos militares de quienes participan de las confrontaciones. Es decir, combatir cuando existe un distractor tan poderoso como lo es el dinero que a borbotones circula en los escenarios de guerra, lo que asegura es corrupción y por ende el aplazamiento de los objetivos operacionales de quienes realmente quieren ganar la guerra y no convertirla en una fuente de riqueza.

Creo que allí está el principal problema de la guerra colombiana: militares, guerrilleros y paramilitares convirtieron la guerra en un modus vivendi, en una forma de vida, en un escenario en el que vencer al otro, y alcanzar por esa vía la paz, es y será un mal negocio.

Y ese orden moral que genera el narcotráfico se alimenta a diario por la corrupción de una clase dirigente que utiliza y se ha servido del Estado para saciar sus mezquinos intereses. Los combatientes de todos los bandos lo saben, por ello quizás también andan buscando enriquecerse o simplemente, mantenerse vivos en medio del conflicto, pues reconocen que no hay voluntad política en dirigentes, en empresarios, finqueros, ganaderos y en la clase política tradicional para avanzar en la superación de los problemas estructurales que justifican y sostienen el conflicto armado interno.

Pensar la paz en el Congreso, a espaldas de lo que realmente está sucediendo con la evolución del conflicto armado interno, es insistir en un equívoco. La paz jurídica no es suficiente.