YO DIGO SÍ A LA PAZ

YO DIGO SÍ A LA PAZ

jueves, 24 de octubre de 2013

ANÁLISIS DE CONTEXTO A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA



Dentro de las actividades académicas  del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiano, CIER,  de la Universidad Autónoma de Occidente, existe  el Observatorio de Medios. A través de esta estrategia metodológica, se proponen tesis e hipótesis de trabajo, con las que se pretende explicar fenómenos, hechos y realidades, que se manifiestan en el contexto colombiano, desde una perspectiva interdisciplinar. No se trata de hacer análisis del discurso periodístico. Por el contrario, se trata de ejercicios de interpretación y análisis crítico del contexto colombiano.



CATEGORÍA MODELOS ECONÓMICOS, RELACIONES INTERNACIONALES Y LITIGIOS AMBIENTALES

PRIMER SEMESTRE DE 2013
GERMÁN AYALA OSORIO


La consolidación del Estado nacional, como orden social y político capaz de integrar Nación y territorio, tiene en el problema limítrofe con Nicaragua un claro ejemplo de los problemas que de tiempo atrás afronta el Estado colombiano para erigirse como un régimen capaz no sólo de autogobernarse, controlar sus fronteras internas, sus posesiones extracontinentales, sino de garantizar la unidad como Nación, en medio de las circunstancias que imponen el ser un país pluriétnico y multicultural.

Quizás sobre esa debilidad interna se deba comprender el viejo litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua, en el que estuvieron comprometidas la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, y la explotación de los recursos de un extensa zona marítima que hoy sigue en disputa, en especial después del fallo de la Corte Internacional de La Haya.

De allí que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua estén atravesadas, históricamente, por los permanentes reclamos que el país centroamericano ha hecho sobre la validez del tratado Barcenas-Esguerra de 1928. En dicho tratado se reconoció a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y  Providencia y una serie de cayos circundantes. El litigio tomó un giro inesperado con el reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, que si bien declaró la validez del tratado Barcenas-Esguerra, otorgó a Nicaragua derechos sobre una gran extensión de mar que rodea a los cayos sobre los cuales Colombia ejerce soberanía territorial.

Ese hecho, jurídico, político y diplomático, aparece en el diario EL PAÍS el 4 de enero de 2013, bajo el titular Colombia-Nicaragua, la verdad sobre la historia (sic). Lo cierto es que estamos ante una historia de desaciertos diplomáticos y jurídicos por parte del Estado colombiano, que a través de varios gobiernos, se dejó avanzar el asunto, en medio de decisiones gubernamentales aisladas o por tomadas por fuera de una estrategia clara y coherente que pudiera enfrentar las pretensiones de Nicaragua.

En algunos apartes de la nota publicada en el diario caleño se lee lo siguiente: “…Al llegar al Estado, en 1998, Andrés Pastrana no recibió del Gobierno de Samper ninguna información relativa a las reclamaciones de Nicaragua sobre nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y mar adyacente. Lo cual sugiere que nada se hizo en ese gobierno o, si se hizo, no tuvo trascendencia…”[1].

El hecho jurídico seguiría siendo un hecho noticioso de gran valor para la prensa colombiana, en especial para la prensa bogotana. Sin Mar y sin Memoria (sic) es el titular de una nota publicada en EL ESPECTADOR, el 7 de abril de 2013.

El resumen de la nota da claridad sobre los bandazos que viene dando el Estado colombiano alrededor de las formas en las que es posible delimitar la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Del meridiano 82, como único referente fronterizo para delimitar soberanías, se pasó al establecimiento de otra forma para trazar una línea limítrofe, una especie de línea media. “El 18 de julio de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe aprobó la propuesta de línea media que fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia. En ella Colombia proponía ceder una porción de mar, vital para la pesca industrial[2].

En esa misma dirección se entiende la nota del 11 de abril de 2013, intitulada  ‘Todos sabíamos de los riesgos’ (sic), en la que aparece el testimonio de Julio Londoño Paredes, ex jefe del equipo defensor de Colombia, que representó los intereses del país ante la Corte de La Haya, durante varios años, a través de la presentación de recursos jurídicos para contrarrestar las demandas de Nicaragua.

Este hecho noticioso tendría continuidad el 26 de mayo de 2013, en una nota de EL ESPECTADOR, titulada Seaflower, la tabla de salvación en La Haya (sic). En el texto se lee el propósito de apelar a la declaración ambiental que la Unesco hiciera sobre el mar y los recursos del archipiélago de San Andrés y Providencia: “Tras meses de intensos análisis para buscar una salida al fallo que le arrebató a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados de mar, los abogados y asesores del caso ven una oportunidad si se argumentan los riesgos ecológicos en esta reserva marina[3].  

Lo que Colombia calificaría como intenciones expansionistas de Nicaragua, aparecía con otro sentido en el titular de una nota del 12 de mayo de EL PAÍS. Nicaragua demandaría a Colombia por más mar[4] (sic). Se trataría del reclamo sobre una plataforma continental, que incluso, alcanzaría no sólo a tocar el mar de Cartagena, sino  los propios intereses de Panamá. Estamos, entonces, ante la imagen de una Estado, cuyos asuntos estratégicos han sido manejados por fuera de una idea consensuada entre las fuerzas políticas, alrededor de la defensa coherente y sistemática que se debe hacer de los recursos marítimos y por supuesto, del ejercicio de una soberanía que no sólo ha sido esquiva internamente, sino que ahora, con el litigio con Nicaragua, se exhibe la debilidad estatal para mantener o hacer un ejercicio de soberanía sobre las fronteras externas.

De otro lado, como país biodiverso, Colombia no sólo asumió compromisos internacionales con la adhesión y firma de tratados y convenios para el manejo, uso y aprovechamiento responsable de la biodiversidad, sino que internamente aprobó una amplia y generosa legislación ambiental con la que se diseñaron instituciones ambientales  -mas no se logró consolidar una institucionalidad ambiental-  para enfrentar los desafíos ético-ambientales que impone el modelo de desarrollo extractivo y la globalización económica, en especial en lo que concierne con la llegada de inversionistas extranjeros, interesados en explotar las materias primas del subsuelo colombiano.

Con la Ley 99 de 1993 y los sucesivos desarrollos jurídicos e institucionales, el país se puso a tono con las exigencias de organizaciones ambientalistas y de la llamada comunidad internacional. De esta manera, los proyectos de explotación minera, maderera y de los recursos del mar estaban cobijados por normas y procedimientos que en algún momento fueron considerados como rígidos y exigentes, por una cultura ambiental nacional, precaria y alejada de las responsabilidades éticas que deberíamos asumir dada la riqueza de la biodiversidad.

 Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro del medio ambiente, sostiene que:  

Diecisiete años después de expedido el Código Nacional de los Recursos Naturales, Colombia fortaleció su normatividad ambiental a través de la Constitución de 1991, que consagró más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Veinticinco años después de creado el Inderena, se expidió la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, y se dictaron otras disposiciones. De manera similar a las reformas institucionales de los años setenta, que fueron una respuesta a la Conferencia de Estocolmo, la constitucionalización del tema ambiental y la expedición de la Ley 99 de 1993 fueron las principales respuestas de Colombia a los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992. En un estudio de Henry Mance (2008), titulado sugestivamente “La política de sostenibilidad: ascenso y declive del Ministerio del Medio Ambiente colombiano”, se señala que a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, durante los gobiernos de los presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana (1994-2002), se registra un proceso de consolidación restringida del Ministerio. Las restricciones en el proceso de consolidación del Ministerio y su posterior declive son explicados por Mance a partir de la gran vulnerabilidad a los cambios en lo político que encuentra en la institucionalidad ambiental, que es, además, relativamente mayor que la de otros sectores del gobierno. En efecto, durante el período se dieron algunos retrocesos en la normatividad, al lado de sustantivos avances en la gestión. Los primeros se produjeron aun durante el tiempo que estuvo Juan Mayr, un reconocido ambientalista, frente el Ministerio (1998-2002). Así, por ejemplo, se reformó el Código de Minas, que les restó al Minambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales competencias en el campo de otorgamiento de las licencias ambientales en el sector minero, un hecho que revela la impotencia del Minambiente frente a ciertas intervenciones que lleva a cabo el sector privado para hacer más laxa la legislación ambiental. Así mismo, durante este período comenzaron a declinar las asignaciones del presupuesto nacional para la gestión ambiental, como se registra en la siguiente sección[5].

En ese contexto, es posible comprender el hecho que se convirtió en noticia el 16 de enero de 2013, en el diario EL ESPECTADOR. La nota, titulada Ventanilla ‘express’ se abre paso (sic), inicia con una cita contundente: “Es posible que el crecimiento de la producción de Pacífic Rubiales y otras compañías en Colombia en 2013 se siga viendo afectada por el ritmo en la aprobación de licencias ambientales en el país[6].

De manera clara, se exhibe una relación conflictiva entre conservar y aprovechar los recursos de una frágil biodiversidad, administrada por un Estado precario que aún tiene problemas para erigirse como un orden viable, justo y perenne, pero especialmente, como un referente moral que sirva para ordenar la sociedad bajo criterios de convivencia social y ambiental.

En esa misma dirección, se entiende el titular Inversión minera podría disminuir (sic), que se explica, según el diario EL ESPECTADOR, por el represamiento de licencias ambientales.  En el texto se lee que “si bien el Gobierno sacó pecho al conocer la cifra sobre inversión extranjera directa, la cual creció cerca del 18%, el sector de la minería cree que para este año la cifra podría disminuir”[7]. De esta manera, el medio de comunicación vehiculiza una suerte de presión política y técnica de un sector interesado (inversionistas extranjeros), hacia la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y por supuesto, hacia el Gobierno de Juan Manuel Santos, que puso en marcha la locomotora minero-energética.

Para el 20 de enero de 2013 el diario EL PAÍS de Cali publica la entrevista que Salomón Kalmanovitz concedió a la periodista Margarita Vidal. Con el titular se puede colegir un elemento moderno clave para el Estado colombiano y que aún éste no puede garantizar de manera efectiva y eficiente: el monopolio de la renta.

El titular dice así: Se debe gravar fuertemente la actividad minera (sic). En el mismo texto de la entrevista, se lee lo siguiente: “Hay que decir  también que con una economía que se está basando en la minería  en la bonanza del petróleo, no tiene sentido estar en déficit. Si hubiera habido buenos impuestos al petróleo y a la minería del carbón, con los nuevos recursos estaríamos sobrados, pero no se tocaron los intereses de las empresas extranjeras. Atraerlas fue una política de Uribe que no ha cambiado, mientras él sí cambió unas cosas que fueron importantes, como la deducción por activos fijos. Esa era una medida que le quitaba impuestos a todo el que comprara maquinaria y recuerde que los sectores minero[8] y de hidrocarburos son muy intensivos en maquinaria. Uribe los descargó de impuestos[9]”. 

El titular de cita, ‘Las grandes mineras pagan bajos impuestos’ (sic) nace de un informe de la Contraloría General de la República. En el texto periodístico se lee “que por cada 100 pesos efectivamente pagados (por renta), las empresas mineras tuvieron  <>>[10]”. En esa misma línea aparece una nota de EL ESPECTADOR, del 7 de mayo de 2013, titulada Una renta minera que no engorda[11] (sic).

Tanto en este Cuaderno de Trabajo, como en otros, hemos insistido en la idea de que el Estado colombiano es débil, precario y con una baja institucionalidad. En el documento Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, presentado por la Contraloría General de la República se entregan elementos y circunstancias que claramente el Estado no difícilmente podrá enfrentar, con el claro propósito de frenar o mitigar los impactos ambientales que viene dejando a su paso, una equivocada política ambiental, frente a los desafíos que viene haciendo la locomotora minera.  

En el documento oficial se lee que “la generación  de grandes cantidades de residuos tóxicos, la contaminación de las aguas y la pérdida del suelo y de la biodiversidad son sólo algunos de los costos ambientales que tendrá que pagar  el país si sigue apostándole a la minería a gran escala como modelo de desarrollo sin un riguroso control ambiental[12].

Ante las fuertes críticas que desde diversos sectores se escuchaban frente a lo que ha sido el manejo de megaproyectos mineros, el presidente Santos debió salir a los medios a contrarrestarlas. Lo hizo el viernes 17 de mayo de 2013. Su opinión fue recogida en el titular de una nota publicada por EL ESPECTADOR: Minería, pero no a cualquier precio: Santos (sic). En el texto se lee lo siguiente: “El presidente Juan Manuel Santos recalcó que respaldará las actividades de las firmas mineras extranjeras, siempre y cuando cumplan con las exigencias. Sin embargo, en el sector hay preocupación por iniciativas de nuevos gravámenes[13]

Efectivamente, sobre los recientes informes entregados por la Contraloría General de la República y los señalamientos que desde varios sectores se hacían a las exiguas rentas[14] pagadas al Estado por las empresas mineras, los medios anunciaban  que Títulos nuevos pagarán más (sic). En el texto se dice que “con el regreso a la Ley 685, conocida como Código de Minas, los nuevos poseedores de títulos que estén  asociados a proyectos de escalas media y grande, es decir, con exploración superior a 2.000 hectáreas, tendrán un incremento en el canon superficiario – arriendo que paga el poseedor del título  por el derecho a explorar- que oscilaría entre el 16% y el 200%”[15].

El boom minero[16] que se despertó en Colombia en el periodo 2002- 2010, sirvió no sólo para evidenciar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, sino para mostrar la incapacidad del Estado para ordenar y concentrar la información de los títulos otorgados en anteriores gobiernos. Los órganos de control se enfrentan a problemas en la recolección de la información, al cruce de los datos que recogen información fiscal (impuestos pagados por vía de regalías) y por supuesto, a la incapacidad técnica para vigilar las actividades antrópicas que devienen de proyectos de gran minería. 

Las cifras de títulos mineros alarman no sólo por su número, sino por la rapidez con la que se otorgaron concesiones mineras en los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según la nota periodística del diario El Espectador, del lunes 21 de enero de 2013, “En Colombia hay 8.832 títulos mineros, 6263 solicitudes mineras, un gran número de proyectos en etapa de exploración y en procesos de licenciamiento ambiental, con una minería ilegal mecanizada desbordada y escasez de infraestructura que le permita al sector  ser competitivo en la región[17].

Llama la atención el titular de El Espectador, Colombia no es potencia minera[18] (sic), pero sobre todo el llamado que hace la Cámara Colombiana de la Minería[19] alrededor de la necesidad de buscar más inversión extranjera para que el país pueda ‘jugar’ en las grandes ligas, es decir, ser considerado como una real potencia minera. De esta forma, se evidencia claramente que los intereses sectoriales privados se ponen por encima de consideraciones socio ambientales, pero sobre todo, de responsabilidades estatales.

El director de la Cámara Colombiana de Minería, César  Díaz, sugirió que el país debe salir a buscar mucha más inversión Extranjera Directa (IED) en el sector y aprovechar el auge que en este sentido se está gestando  desde regiones como África y Asia”.

De igual manera, debe preocupar que varios proyectos mineros ofrecen problemas y conflictos no sólo por los reclamos de algunas autoridades locales, sino por las comunidades que vienen demandando de las empresas mineras y del Estado, el derecho que les asiste a gozar de un ambiente sano. Conflictos en 50% de proyectos mineros (sic) es el titular de una nota del sábado 15 de junio de 2013, publicada en EL TIEMPO. En la nota se lee: “Divergencia entre gobiernos centrales y regionales y reparto de la renta generan fricciones. La mitad de los grandes proyectos de minerales en Colombia están sometidos a conflictos con comunidades, de acuerdo con el Observatorio  de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal)[20].

Entre tanto, el uso del mercurio viene cuestionándose de tiempo atrás, por los efectos nocivos que genera en las aguas que contamina y el encadenamiento que dichos efectos negativos generan en la salud de los seres humanos que consumen la fauna asociada a las explotaciones mineras. La nota periodística del martes 22 de enero de 2013, en El Espectador, habla del proyecto de ley mediante el cual se busca regular el uso del mercurio. En el texto se lee: “Ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, y le restan dos debates en el Senado (Comisión Quinta y plenaria) el proyecto de ley que busca regular el uso, comercialización, manipulación y emisión del mercurio y otras sustancias tóxicas[21].


Estado, medio ambiente y bonanza minera

El Estado colombiano es lábil e incapaz de ponerle controles a la inversión extranjera que insiste en ampliar tanto la frontera agrícola (monocultivo de palma africana y caucho, por ejemplo), como  la minera. A su vez, el Congreso no hace control político a la locomotora minera y actores de la sociedad civil, como la Academia, apenas si logra elevar su voz de protesta ante los desastres socio ambientales que vienen dejando tanto la minería legal como la ilegal. 

Y peor resulta el panorama para Colombia, cuando es evidente que no existe un pensamiento ambiental nacional y menos aún, un partido político cuya bandera sea la defensa de la biodiversidad, pero especialmente, que exponga con claridad los riesgos que corre el país en materia social y ambiental, de continuar ese incontrolado ritmo y modo de desarrollo extractivo.

Aunque son evidentes los problemas y los conflictos socio ambientales que el modelo de desarrollo extractivo viene generando, especialmente por los megaproyectos mineros, las fuerzas y los actores en disputa siguen actuando bajo la inercia y las lógicas que impone una idea de progreso sustentada exclusivamente en el sometimiento de la naturaleza y de sus recursos, sin controles y sin límites de resiliencia.

Más complejo se hace el asunto, cuando en las circunstancias y posibilidades que ofrece este débil Estado, con unas instituciones frágiles y una institucionalidad que claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y transnacional, lo que se logra es el sometimiento de la oferta y los servicios ambientales que ofrece un país biodiverso como Colombia, a las lógicas de un capital sobre el cual el Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.

Hoy asistimos a una terrible bonanza minera que está acabando con ecosistemas frágiles, con recursos hídricos, con bosques, y hasta con territorios en donde intentan vivir, de manera autónoma, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Un país biodiverso, ambiental y culturalmente como Colombia requiere de un proyecto educativo que no sólo reconozca y exalte los proyectos de vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, sino que haga posible que quienes decidieron vivir en las urbes, dialoguen de manera simétrica y respetuosa con quienes optaron por vivir en el sector rural.

La defensa de la biodiversidad y la discusión alrededor del tipo de desarrollo que mejor conviene a cada una de las regiones del país, solo son posible bajo una sólida, holística e interdisciplinar educación ambiental. Infortunadamente no hay en estos momentos en Colombia un proyecto educativo con ese carácter, de allí la incapacidad de la sociedad civil y de millones de colombianos para reconocer los efectos negativos que deja un desarrollo económico extractivo que desconoce las más mínimas lógicas con las que operan los subsistemas naturales y por ese camino, insiste en un anacrónico antropocentrismo.

La pérdida de masa boscosa, de fuentes de agua y especies de fauna y flora hace que la biodiversidad se considere en franco peligro, para un país que cuenta con una institucionalidad ambiental debilitada por decisiones administrativas y políticas de sucesivos gobiernos. De allí que el titular de EL TIEMPO del 4 de mayo de 2013 cobre sentido para una Nación que ve cómo pierde lugares en el escalafón de los países biodiversos, por cuenta de un desarrollo extractivo que hace rato sobrepasó los límites de resiliencia de numerosos ecosistemas naturales. 

Nace un ambicioso plan para salvar la biodiversidad[22] (sic) es el titular de una nota en la que se señala que habrá una inversión de 540.000 millones, que se ejecutará en 10 años, para proteger dos millones de hectáreas. Se trata del plan Naturalmente Colombia, presentado por el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar actividades de conservación y protección de más de dos millones de hectáreas.

Otro asunto de especial interés para el mundo y la sociedad humana tiene que ver con el cambio climático. Su sola referencia genera sorpresa en quienes desde diversas áreas del conocimiento y experiencias de vida intentan explicarse el fenómeno.

Lo cierto es que la inercia del progreso económico mundial y el desinterés de las grandes potencias económicas y militares, han hecho que el tema del cambio climático no se aborde con la urgencia e importancia que los científicos recomiendan, dado sus efectos negativos no sólo en términos socio ambientales, sino en lo que toca a la economía mundial.

El titular de cita de EL TIEMPO, del 26 de enero de 2013, ‘El cambio climático, por fuera de Davos’ (sic) recoge de alguna manera la incomprensión mundial del cambio climático, por parte de los países desarrollados, presos de la lógica de un modelo de desarrollo globalizado. En el texto noticioso se lee: “Organizaciones denuncian que el tema ni siquiera tuvo sesión de debate, pero es clave para la economía mundial[23].

Así mismo y ante la urgencia de revisar el modelo económico extractivo, minimizar los estragos del efecto invernadero, comprender el cambio climático y conservar las selvas, en aras de que ayuden a controlar las emisiones de gas carbónico, Colombia participó de un encuentro internacional sobre protección de bosques. El titular de la nota reza así: “17 países se comprometen a cuidar sus bosques (sic). El objetivo del evento era “…ayudar a distintos países para que desarrollen estrategias efectivas de financiación que fomenten el manejo forestal  sostenible y la preservación de los bosques[24].

Expresión clara del cambio climático son los bruscos cambios en los ciclos de lluvia y verano. Las fuertes oleadas de calor o las fuertes lluvias, hacen pensar en que el cambio climático es una realidad ambiental que, sin duda, afectará la vida de millones de colombianos, así como la de otros tantos millones de habitantes en el mundo. En ese sentido, se entiende el titular El lago Calima está sufriendo de sed [25](sic). En la nota se habla que el embalse ha perdido 16 metros meses, lo que indicaría la presencia de un prolongado verano.

Ya en el ámbito propiamente urbano y departamental, aparecen dos asuntos de especial importancia social y ambiental, como quiera que ellos devienen en conflictos socio ambientales y en el choque de racionalidades urbanísticas y culturales. De un lado, aparece el problema del jarillón del río Cauca, que nuevamente hacía aparición en las páginas del diario El País de Cali. El titular es claro y directo: Tribunal Contencioso ordena reforzar el jarillón [26](sic). 

EL PAÍS informa que comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del Cauca, específicamente los que ocupaban el asentamiento subnormal llamado Brisas de un Nuevo Amanecer[27]. Y del otro lado, está el proyecto de construcción del malecón en el puerto de Buenaventura, iniciativa que claramente expone un conflicto social, político, ambiental, cultural y urbanístico, en una ciudad-puerto, sumida en una profunda crisis política y de orden público.

El titular de la edición de EL PAÍS, del 29 de mayo de 2013 es claro: Aumenta debate por el malecón (sic). En el documento se da cuenta del enfrentamiento entre dos entidades: una de origen privado y la otra de carácter estatal. Se trata del INCIVA[28] y de la Fundación Bahía de la Cruz. Sin duda, se trata de un conflicto en el que de un lado aparecen los intereses de una población afrocolombiana que vive en las zonas de bajamar sobre las cuales se ha pensado el trazado del malecón y del otro lado, aparecen los intereses de la Sociedad Portuaria y de la señalada Ong, que ven en la obra una posibilidad de cambiarle la cara a la ciudad puerto, embelleciéndola a través de un moderno malecón, desestimando las razones culturales y económicas expuestas por la población afrocolombiana que todas las mañanas sale a busca su sustento en el mar sobre el que viven, literalmente, en los reconocidos palafitos.












[1] Colombia-Nicaragua, la verdad sobre la historia (viernes 4 de enero de 2013). EL PAIS, p. 15.

[2] Sin mar y sin memoria (7 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 4, 6 y 7.

[3] Seaflower, la tabla de salvación en La Haya (domingo 26 de mato de 2013). EL ESPECTADOR. p. 28.

[4] Nicaragua demandaría a Colombia por más mar (12 de mayo de 2013). EL PAÍS. p. B 6.   
[5] Rodríguez, Manuel. Hacer más verde el Estado. En: Revista de Estudios Sociales No. 32. Bogotá. 2009. p. 22-23.

[6] Ventanilla ‘express’ se abre paso (miércoles 16 de enero de 2013). EL PAIS. p. 11.

[7] Inversión minera podría disminuir (2 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 12.

[8] El jueves 14 de marzo de 2013, aparece una nota en el diario EL ESPECTADOR, que sigue la línea demostrativa alrededor de las exenciones de impuestos declarada por Uribe Vélez en su doble mandato. Carbón, el rey de las exenciones (sic) es el titular del texto periodístico referenciado.

[9] “Se debe gravar fuertemente la actividad minera” (20 de enero de 2013). EL PAIS. p.  A 16.

[10] ‘Los grandes mineras pagan bajos impuestos’ (martes 07 de mayo de 2013). EL TIEMPO. p. 6.

[11] Una renta minera que no engorda (Martes 7 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 2.

[12] Código de Minas, lo mismo de antes (Martes 07 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 3.

[13] Minería, pero no a cualquier precio: Santos (viernes 17 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 8.

[14] De otra parte, el mercado accionario es una variable clave para comprender la situación de la minería y de la explotación de hidrocarburos, en especial, porque la especulación financiera genera reservas y miedos a los inversionistas extranjeros que aportan grandes cantidades de dinero a las empresas que hoy explotan algún mineral en Colombia. El titular es claro: Dudas petroleras se notan en las acciones (sic).

[15] Títulos nuevos pagarán más (jueves 16 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 10.

[16] Mineras elevarán giros a regiones (sic) es el titular de una nota del lunes 4 de marzo de 2013, publicada en EL TIEMPO. En el texto se habla de la presentación de proyectos de desarrollo financiado con dineros de las regalías producidas por la explotación minera. En esa misma línea, se registra una nota publicada en EL TIEMPO, titulada Inconformismo por las regalías del níquel (sic). En el texto se lee: “… las autoridades del municipio de Montelíbano (Córdoba) tienen un nuevo reclamo. Dicen que por cuenta de regalías directas, este municipio tiene retenidos más de 118.000 millones de pesos, más los rendimientos financieros”. Aumentarían reservas de gas (sic) es el titular de una nota de EL PAIS, del 26 de marzo de 2013. El anuncio aumenta el interés de los inversionistas para explotar dicho recurso natural. Y en esa misma dirección, se registra una nota el 26 de marzo de 2013, bajo el título Gigante mundial del cobre llega a Colombia (sic). En el texto se lee: “la estatal chilena Codelco y el Ministerio de Minas y Energía firmarán un memorando de entendimiento para formalizar su aterrizaje”.

[17] El desafío minero (lunes 21 de enero de 2013). EL ESPECTADOR. p. 10.

[18] Colombia no es potencia minera (10 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 22.

[19] En una nota de EL TIEMPO del 4 de junio de 2013, se habla de que hay reservas de crudo estimadas en 2.377 millones de barriles. Se habla de un crecimiento del 5.2%. Esa nota tiene continuidad y relación con un texto publicado por EL ESPECTADOR el viernes 31 de mayo de 2013, bajo el título Tras el oro negro prometido (sic). En la nota se lee que “la participación de más firmas extranjeras en el mercado petrolero  se convierte en un elemento clave para el futuro del sector”.

[20] Conflictos en 50% de proyectos mineros (sábado 15 de junio de 2013). p. 26.

[21] El camino de la erradicación del mercurio (martes 22 de enero de 2013). EL ESPECTADOR. p. 5.

[22] Nace un ambicioso plan para salvar la biodiversidad (sábado 4 de mayo de 2013). EL TIEMPO. p. p. 17.
[23] ‘El cambio climático, por fuera de Davos’ (sábado 26 de enero de 2013). EL PAIS. p. 15.

[24] 17 países se comprometen a cuidar sus bosques (2 de febrero de 2013).  EL PAIS. p. A 11.

[25] El Lago Calima está sufriendo de sed (20 de abril de 2013). EL PAÍS. p. A 2.

[26] Tribunal Contencioso ordena reforzar el jarillón (2 de marzo de 2013). EL PAIS. p. A 5.

[27] Comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del Cauca (19 de junio de 2013). EL PAÍS. p. A 2. Al problema técnico del jarillón se suma el de la seguridad. Con patrullajes fluviales las autoridades pretenden combatir la delincuencia. Así  lo registró EL PAÍS, el  25 de mayo de 2013, en la página A 12. 

[28] Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA.

No hay comentarios.: