Dentro
de las actividades académicas del Centro
Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiano, CIER, de la Universidad Autónoma de Occidente,
existe el Observatorio de Medios. A
través de esta estrategia metodológica, se proponen tesis e hipótesis de
trabajo, con las que se pretende explicar fenómenos, hechos y realidades, que
se manifiestan en el contexto colombiano, desde una perspectiva
interdisciplinar. No se trata de hacer análisis del discurso periodístico. Por
el contrario, se trata de ejercicios de interpretación y análisis crítico del
contexto colombiano.
CATEGORÍA MODELOS ECONÓMICOS,
RELACIONES INTERNACIONALES Y LITIGIOS AMBIENTALES
PRIMER SEMESTRE DE 2013
GERMÁN AYALA OSORIO
La
consolidación del Estado nacional, como orden social y político capaz de
integrar Nación y territorio, tiene en el problema limítrofe con Nicaragua un
claro ejemplo de los problemas que de tiempo atrás afronta el Estado colombiano
para erigirse como un régimen capaz no sólo de autogobernarse, controlar sus
fronteras internas, sus posesiones extracontinentales, sino de garantizar la
unidad como Nación, en medio de las circunstancias que imponen el ser un país
pluriétnico y multicultural.
Quizás
sobre esa debilidad interna se deba comprender el viejo litigio limítrofe entre
Colombia y Nicaragua, en el que estuvieron comprometidas la soberanía sobre el
archipiélago de San Andrés y Providencia, y la explotación de los recursos de
un extensa zona marítima que hoy sigue en disputa, en especial después del fallo
de la Corte Internacional de La Haya.
De
allí que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua estén
atravesadas, históricamente, por los permanentes reclamos que el país
centroamericano ha hecho sobre la validez del tratado Barcenas-Esguerra de
1928. En dicho tratado se reconoció a Colombia la soberanía sobre el
archipiélago de San Andrés y Providencia
y una serie de cayos circundantes. El litigio tomó un giro inesperado con el
reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, que si bien declaró la
validez del tratado Barcenas-Esguerra, otorgó a Nicaragua derechos sobre una
gran extensión de mar que rodea a los cayos sobre los cuales Colombia ejerce
soberanía territorial.
Ese
hecho, jurídico, político y diplomático, aparece en el diario EL PAÍS el 4 de
enero de 2013, bajo el titular Colombia-Nicaragua,
la verdad sobre la historia (sic). Lo cierto es que estamos ante una
historia de desaciertos diplomáticos y jurídicos por parte del Estado
colombiano, que a través de varios gobiernos, se dejó avanzar el asunto, en
medio de decisiones gubernamentales aisladas o por tomadas por fuera de una
estrategia clara y coherente que pudiera enfrentar las pretensiones de
Nicaragua.
En
algunos apartes de la nota publicada en el diario caleño se lee lo siguiente:
“…Al llegar al Estado, en 1998, Andrés
Pastrana no recibió del Gobierno de Samper ninguna información relativa a las
reclamaciones de Nicaragua sobre nuestro archipiélago de San Andrés y
Providencia y mar adyacente. Lo cual sugiere que nada se hizo en ese gobierno
o, si se hizo, no tuvo trascendencia…”[1].
El
hecho jurídico seguiría siendo un hecho noticioso de gran valor para la prensa
colombiana, en especial para la prensa bogotana. Sin Mar y sin Memoria (sic) es el titular de una nota publicada en
EL ESPECTADOR, el 7 de abril de 2013.
El
resumen de la nota da claridad sobre los bandazos que viene dando el Estado
colombiano alrededor de las formas en las que es posible delimitar la frontera
marítima entre Nicaragua y Colombia. Del meridiano 82, como único referente
fronterizo para delimitar soberanías, se pasó al establecimiento de otra forma
para trazar una línea limítrofe, una especie de línea media. “El 18 de julio de 2008, el entonces
presidente Álvaro Uribe aprobó la propuesta de línea media que fue presentada
ante la Corte Internacional de Justicia. En ella Colombia proponía ceder una
porción de mar, vital para la pesca industrial”[2].
En
esa misma dirección se entiende la nota del 11 de abril de 2013,
intitulada ‘Todos sabíamos de los riesgos’ (sic), en la que aparece el
testimonio de Julio Londoño Paredes, ex jefe del equipo defensor de Colombia,
que representó los intereses del país ante la Corte de La Haya, durante varios
años, a través de la presentación de recursos jurídicos para contrarrestar las
demandas de Nicaragua.
Este
hecho noticioso tendría continuidad el 26 de mayo de 2013, en una nota de EL
ESPECTADOR, titulada Seaflower, la tabla
de salvación en La Haya (sic). En el texto se lee el propósito de apelar a
la declaración ambiental que la Unesco hiciera sobre el mar y los recursos del
archipiélago de San Andrés y Providencia: “Tras
meses de intensos análisis para buscar una salida al fallo que le arrebató a
Colombia 75.000
kilómetros cuadrados de mar, los abogados y asesores del
caso ven una oportunidad si se argumentan los riesgos ecológicos en esta
reserva marina”[3].
Lo
que Colombia calificaría como intenciones expansionistas de Nicaragua, aparecía
con otro sentido en el titular de una nota del 12 de mayo de EL PAÍS. Nicaragua demandaría a Colombia por más mar[4]
(sic). Se trataría del reclamo sobre una plataforma continental, que incluso,
alcanzaría no sólo a tocar el mar de Cartagena, sino los propios intereses de Panamá. Estamos,
entonces, ante la imagen de una Estado, cuyos asuntos estratégicos han sido
manejados por fuera de una idea consensuada entre las fuerzas políticas,
alrededor de la defensa coherente y sistemática que se debe hacer de los
recursos marítimos y por supuesto, del ejercicio de una soberanía que no sólo
ha sido esquiva internamente, sino que ahora, con el litigio con Nicaragua, se
exhibe la debilidad estatal para mantener o hacer un ejercicio de soberanía
sobre las fronteras externas.
De
otro lado, como país biodiverso, Colombia no sólo asumió compromisos
internacionales con la adhesión y firma de tratados y convenios para el manejo,
uso y aprovechamiento responsable de la biodiversidad, sino que internamente
aprobó una amplia y generosa legislación ambiental con la que se diseñaron
instituciones ambientales -mas no se
logró consolidar una institucionalidad ambiental- para enfrentar los desafíos ético-ambientales
que impone el modelo de desarrollo extractivo y la globalización económica, en
especial en lo que concierne con la llegada de inversionistas extranjeros,
interesados en explotar las materias primas del subsuelo colombiano.
Con
la Ley 99 de 1993 y los sucesivos desarrollos jurídicos e institucionales, el
país se puso a tono con las exigencias de organizaciones ambientalistas y de la
llamada comunidad internacional. De esta manera, los proyectos de explotación
minera, maderera y de los recursos del mar estaban cobijados por normas y
procedimientos que en algún momento fueron considerados como rígidos y
exigentes, por una cultura ambiental nacional, precaria y alejada de las
responsabilidades éticas que deberíamos asumir dada la riqueza de la biodiversidad.
Manuel Rodríguez
Becerra, ex ministro del medio ambiente, sostiene que:
“Diecisiete años después de expedido el
Código Nacional de los Recursos Naturales, Colombia fortaleció su normatividad
ambiental a través de la Constitución de 1991, que consagró más de cincuenta
artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Veinticinco años
después de creado el Inderena, se expidió la Ley 99 de 1993 mediante la cual se
crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, y se
dictaron otras disposiciones. De manera similar a las reformas institucionales
de los años setenta, que fueron una respuesta a la Conferencia de Estocolmo, la
constitucionalización del tema ambiental y la expedición de la Ley 99 de 1993
fueron las principales respuestas de Colombia a los compromisos adquiridos en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada
en Río de Janeiro en 1992. En un estudio de Henry Mance (2008), titulado
sugestivamente “La política de sostenibilidad: ascenso y declive del Ministerio
del Medio Ambiente colombiano”, se señala que a partir de la expedición de la
Ley 99 de 1993, durante los gobiernos de los presidentes Ernesto Samper y
Andrés Pastrana (1994-2002), se registra un proceso de consolidación
restringida del Ministerio. Las restricciones en el proceso de consolidación
del Ministerio y su posterior declive son explicados por Mance a partir de la
gran vulnerabilidad a los cambios en lo político que encuentra en la
institucionalidad ambiental, que es, además, relativamente mayor que la de
otros sectores del gobierno. En efecto, durante el período se dieron
algunos retrocesos en la normatividad, al lado de sustantivos avances en la
gestión. Los primeros se produjeron aun durante el tiempo que estuvo Juan Mayr,
un reconocido ambientalista, frente el Ministerio (1998-2002). Así, por
ejemplo, se reformó el Código de Minas, que les restó al Minambiente y a las
Corporaciones Autónomas Regionales competencias en el campo de otorgamiento de
las licencias ambientales en el sector minero, un hecho que revela la
impotencia del Minambiente frente a ciertas intervenciones que lleva a cabo el
sector privado para hacer más laxa la legislación ambiental. Así mismo, durante
este período comenzaron a declinar las asignaciones del presupuesto nacional
para la gestión ambiental, como se registra en la siguiente sección”[5].
En
ese contexto, es posible comprender el hecho que se convirtió en noticia el 16
de enero de 2013, en el diario EL ESPECTADOR. La nota, titulada Ventanilla ‘express’ se abre paso (sic),
inicia con una cita contundente: “Es
posible que el crecimiento de la producción de Pacífic Rubiales y otras
compañías en Colombia en 2013 se siga viendo afectada por el ritmo en la
aprobación de licencias ambientales en el país”[6].
De
manera clara, se exhibe una relación conflictiva entre conservar y aprovechar
los recursos de una frágil biodiversidad, administrada por un Estado precario
que aún tiene problemas para erigirse como un orden viable, justo y perenne,
pero especialmente, como un referente moral que sirva para ordenar la sociedad
bajo criterios de convivencia social y ambiental.
En
esa misma dirección, se entiende el titular Inversión
minera podría disminuir (sic), que se explica, según el diario EL
ESPECTADOR, por el represamiento de licencias ambientales. En el texto se lee que “si bien el Gobierno sacó pecho al conocer la cifra sobre inversión
extranjera directa, la cual creció cerca del 18%, el sector de la minería cree
que para este año la cifra podría disminuir”[7].
De esta manera, el medio de comunicación vehiculiza una suerte de presión
política y técnica de un sector interesado (inversionistas extranjeros), hacia
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y por supuesto, hacia el Gobierno
de Juan Manuel Santos, que puso en marcha la locomotora minero-energética.
Para
el 20 de enero de 2013 el diario EL PAÍS de Cali publica la entrevista que
Salomón Kalmanovitz concedió a la periodista Margarita Vidal. Con el titular se
puede colegir un elemento moderno clave para el Estado colombiano y que aún éste
no puede garantizar de manera efectiva y eficiente: el monopolio de la renta.
El
titular dice así: Se debe gravar
fuertemente la actividad minera (sic). En el mismo texto de la entrevista,
se lee lo siguiente: “Hay que decir también que con una economía que se está
basando en la minería en la bonanza del
petróleo, no tiene sentido estar en déficit. Si hubiera habido buenos impuestos
al petróleo y a la minería del carbón, con los nuevos recursos estaríamos
sobrados, pero no se tocaron los intereses de las empresas extranjeras.
Atraerlas fue una política de Uribe que no ha cambiado, mientras él sí cambió
unas cosas que fueron importantes, como la deducción por activos fijos. Esa era
una medida que le quitaba impuestos a todo el que comprara maquinaria y
recuerde que los sectores minero[8] y
de hidrocarburos son muy intensivos en maquinaria. Uribe los descargó de
impuestos[9]”.
El
titular de cita, ‘Las grandes mineras
pagan bajos impuestos’ (sic) nace de un informe de la Contraloría General
de la República. En el texto periodístico se lee “que por cada 100 pesos efectivamente pagados (por renta), las empresas
mineras tuvieron <>>[10]”.
En esa misma línea aparece una nota de EL ESPECTADOR, del 7 de mayo de 2013,
titulada Una renta minera que no engorda[11]
(sic).
Tanto
en este Cuaderno de Trabajo, como en otros, hemos insistido en la idea de que
el Estado colombiano es débil, precario y con una baja institucionalidad. En el
documento Minería en Colombia.
Fundamentos para superar el modelo extractivista, presentado por la Contraloría General de la República
se entregan elementos y circunstancias que claramente el Estado no difícilmente
podrá enfrentar, con el claro propósito de frenar o mitigar los impactos
ambientales que viene dejando a su paso, una equivocada política ambiental,
frente a los desafíos que viene haciendo la locomotora minera.
En
el documento oficial se lee que “la
generación de grandes cantidades de
residuos tóxicos, la contaminación de las aguas y la pérdida del suelo y de la
biodiversidad son sólo algunos de los costos ambientales que tendrá que
pagar el país si sigue apostándole a la
minería a gran escala como modelo de desarrollo sin un riguroso control
ambiental”[12].
Ante
las fuertes críticas que desde diversos sectores se escuchaban frente a lo que
ha sido el manejo de megaproyectos mineros, el presidente Santos debió salir a
los medios a contrarrestarlas. Lo hizo el viernes 17 de mayo de 2013. Su
opinión fue recogida en el titular de una nota publicada por EL ESPECTADOR: Minería, pero no a cualquier precio: Santos (sic).
En el texto se lee lo siguiente: “El
presidente Juan Manuel Santos recalcó que respaldará las actividades de las
firmas mineras extranjeras, siempre y cuando cumplan con las exigencias. Sin
embargo, en el sector hay preocupación por iniciativas de nuevos gravámenes”[13].
Efectivamente,
sobre los recientes informes entregados por la Contraloría General de la
República y los señalamientos que desde varios sectores se hacían a las exiguas
rentas[14]
pagadas al Estado por las empresas mineras, los medios anunciaban que Títulos
nuevos pagarán más (sic). En el texto se dice que “con el regreso a la Ley 685, conocida como Código de Minas, los nuevos
poseedores de títulos que estén
asociados a proyectos de escalas media y grande, es decir, con
exploración superior a 2.000
hectáreas , tendrán un incremento en el canon
superficiario – arriendo que paga el poseedor del título por el derecho a explorar- que oscilaría
entre el 16% y el 200%”[15].
El
boom minero[16]
que se despertó en Colombia en el periodo 2002- 2010, sirvió no sólo para
evidenciar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, sino para mostrar
la incapacidad del Estado para ordenar y concentrar la información de los
títulos otorgados en anteriores gobiernos. Los órganos de control se enfrentan
a problemas en la recolección de la información, al cruce de los datos que
recogen información fiscal (impuestos pagados por vía de regalías) y por
supuesto, a la incapacidad técnica para vigilar las actividades antrópicas que
devienen de proyectos de gran minería.
Las
cifras de títulos mineros alarman no sólo por su número, sino por la rapidez
con la que se otorgaron concesiones mineras en los ocho años del Gobierno de
Álvaro Uribe Vélez. Según la nota periodística del diario El Espectador, del
lunes 21 de enero de 2013, “En Colombia
hay 8.832 títulos mineros, 6263 solicitudes mineras, un gran número de
proyectos en etapa de exploración y en procesos de licenciamiento ambiental,
con una minería ilegal mecanizada desbordada y escasez de infraestructura que
le permita al sector ser competitivo en
la región”[17].
Llama
la atención el titular de El Espectador, Colombia
no es potencia minera[18]
(sic), pero sobre todo el llamado que hace la Cámara Colombiana de la Minería[19]
alrededor de la necesidad de buscar más inversión extranjera para que el país
pueda ‘jugar’ en las grandes ligas, es decir, ser considerado como una real
potencia minera. De esta forma, se evidencia claramente que los intereses
sectoriales privados se ponen por encima de consideraciones socio ambientales,
pero sobre todo, de responsabilidades estatales.
“El director de la Cámara Colombiana de
Minería, César Díaz, sugirió que el país
debe salir a buscar mucha más inversión Extranjera Directa (IED) en el sector y
aprovechar el auge que en este sentido se está gestando desde regiones como África y Asia”.
De
igual manera, debe preocupar que varios proyectos mineros ofrecen problemas y
conflictos no sólo por los reclamos de algunas autoridades locales, sino por
las comunidades que vienen demandando de las empresas mineras y del Estado, el
derecho que les asiste a gozar de un ambiente sano. Conflictos en 50% de proyectos mineros (sic) es el titular de una
nota del sábado 15 de junio de 2013, publicada en EL TIEMPO. En la nota se lee:
“Divergencia entre gobiernos centrales y
regionales y reparto de la renta generan fricciones. La mitad de los grandes
proyectos de minerales en Colombia están sometidos a conflictos con
comunidades, de acuerdo con el Observatorio
de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal)”[20].
Entre
tanto, el uso del mercurio viene cuestionándose de tiempo atrás, por los
efectos nocivos que genera en las aguas que contamina y el encadenamiento que
dichos efectos negativos generan en la salud de los seres humanos que consumen
la fauna asociada a las explotaciones mineras. La nota periodística del martes
22 de enero de 2013, en El Espectador, habla del proyecto de ley mediante el
cual se busca regular el uso del mercurio. En el texto se lee: “Ya fue aprobado en la Cámara de
Representantes, y le restan dos debates en el Senado (Comisión Quinta y
plenaria) el proyecto de ley que busca regular el uso, comercialización,
manipulación y emisión del mercurio y otras sustancias tóxicas”[21].
Estado,
medio ambiente y bonanza minera
El Estado colombiano es lábil e incapaz de
ponerle controles a la inversión extranjera que insiste en ampliar tanto la
frontera agrícola (monocultivo de palma africana y caucho, por ejemplo),
como la minera. A su vez, el Congreso no
hace control político a la locomotora minera y actores de la sociedad civil,
como la Academia, apenas si logra elevar su voz de protesta ante los desastres
socio ambientales que vienen dejando tanto la minería legal como la
ilegal.
Y peor resulta el panorama para Colombia,
cuando es evidente que no existe un pensamiento ambiental nacional y menos aún,
un partido político cuya bandera sea la defensa de la biodiversidad, pero
especialmente, que exponga con claridad los riesgos que corre el país en
materia social y ambiental, de continuar ese incontrolado ritmo y modo de
desarrollo extractivo.
Aunque son evidentes los problemas y los
conflictos socio ambientales que el modelo de desarrollo extractivo viene
generando, especialmente por los megaproyectos mineros, las fuerzas y los
actores en disputa siguen actuando bajo la inercia y las lógicas que impone una
idea de progreso sustentada exclusivamente en el sometimiento de la naturaleza
y de sus recursos, sin controles y sin límites de resiliencia.
Más
complejo se hace el asunto, cuando en las circunstancias y posibilidades que
ofrece este débil Estado, con unas instituciones frágiles y una
institucionalidad que claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y
transnacional, lo que se logra es el sometimiento de la oferta y los servicios
ambientales que ofrece un país biodiverso como Colombia, a las lógicas de un
capital sobre el cual el Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.
Hoy asistimos a una terrible bonanza minera que
está acabando con ecosistemas frágiles, con recursos hídricos, con bosques, y
hasta con territorios en donde intentan vivir, de manera autónoma, comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Un país biodiverso, ambiental y culturalmente como Colombia requiere de un proyecto educativo que no sólo reconozca y exalte los proyectos de vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, sino que haga posible que quienes decidieron vivir en las urbes, dialoguen de manera simétrica y respetuosa con quienes optaron por vivir en el sector rural.
La defensa de la biodiversidad y la discusión alrededor del tipo
de desarrollo que mejor conviene a cada una de las regiones del país, solo son
posible bajo una sólida, holística e interdisciplinar educación ambiental.
Infortunadamente no hay en estos momentos en Colombia un proyecto educativo con
ese carácter, de allí la incapacidad de la sociedad civil y de millones de
colombianos para reconocer los efectos negativos que deja un desarrollo
económico extractivo que desconoce las más mínimas lógicas con las que operan
los subsistemas naturales y por ese camino, insiste en un anacrónico
antropocentrismo.
La
pérdida de masa boscosa, de fuentes de agua y especies de fauna y flora hace
que la biodiversidad se considere en franco peligro, para un país que cuenta
con una institucionalidad ambiental debilitada por decisiones administrativas y
políticas de sucesivos gobiernos. De allí que el titular de EL TIEMPO del 4 de
mayo de 2013 cobre sentido para una Nación que ve cómo pierde lugares en el
escalafón de los países biodiversos, por cuenta de un desarrollo extractivo que
hace rato sobrepasó los límites de resiliencia de numerosos ecosistemas
naturales.
Nace un ambicioso plan para
salvar la biodiversidad[22] (sic)
es el titular de una nota en la que se señala que habrá una inversión de
540.000 millones, que se ejecutará en 10 años, para proteger dos millones de
hectáreas. Se trata del plan Naturalmente Colombia, presentado por el
Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar actividades de conservación y
protección de más de dos millones de hectáreas.
Otro
asunto de especial interés para el mundo y la sociedad humana tiene que ver con
el cambio climático. Su sola referencia genera sorpresa en quienes desde
diversas áreas del conocimiento y experiencias de vida intentan explicarse el
fenómeno.
Lo
cierto es que la inercia del progreso económico mundial y el desinterés de las
grandes potencias económicas y militares, han hecho que el tema del cambio
climático no se aborde con la urgencia e importancia que los científicos
recomiendan, dado sus efectos negativos no sólo en términos socio ambientales,
sino en lo que toca a la economía mundial.
El
titular de cita de EL TIEMPO, del 26 de enero de 2013, ‘El cambio climático, por fuera de Davos’ (sic) recoge de alguna
manera la incomprensión mundial del cambio climático, por parte de los países
desarrollados, presos de la lógica de un modelo de desarrollo globalizado. En
el texto noticioso se lee: “Organizaciones
denuncian que el tema ni siquiera tuvo sesión de debate, pero es clave para la
economía mundial”[23].
Así
mismo y ante la urgencia de revisar el modelo económico extractivo, minimizar
los estragos del efecto invernadero, comprender el cambio climático y conservar
las selvas, en aras de que ayuden a controlar las emisiones de gas carbónico,
Colombia participó de un encuentro internacional sobre protección de bosques.
El titular de la nota reza así: “17
países se comprometen a cuidar sus bosques (sic). El objetivo del evento
era “…ayudar a distintos países para que
desarrollen estrategias efectivas de financiación que fomenten el manejo
forestal sostenible y la preservación de
los bosques”[24].
Expresión
clara del cambio climático son los bruscos cambios en los ciclos de lluvia y
verano. Las fuertes oleadas de calor o las fuertes lluvias, hacen pensar en que
el cambio climático es una realidad ambiental que, sin duda, afectará la vida
de millones de colombianos, así como la de otros tantos millones de habitantes
en el mundo. En ese sentido, se entiende el titular
El lago Calima está sufriendo de sed [25](sic).
En la nota se habla que el embalse ha perdido 16 metros meses, lo que
indicaría la presencia de un prolongado verano.
Ya
en el ámbito propiamente urbano y departamental, aparecen dos asuntos de especial
importancia social y ambiental, como quiera que ellos devienen en conflictos
socio ambientales y en el choque de racionalidades urbanísticas y culturales.
De un lado, aparece el problema del jarillón del río Cauca, que nuevamente hacía
aparición en las páginas del diario El País de Cali. El titular es claro y
directo: Tribunal Contencioso ordena
reforzar el jarillón [26](sic).
EL PAÍS informa que comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del
Cauca, específicamente los que ocupaban el asentamiento subnormal llamado
Brisas de un Nuevo Amanecer[27].
Y del otro lado, está el proyecto de construcción del malecón en el puerto de
Buenaventura, iniciativa que claramente expone un conflicto social, político,
ambiental, cultural y urbanístico, en una ciudad-puerto, sumida en una profunda
crisis política y de orden público.
El
titular de la edición de EL PAÍS, del 29 de mayo de 2013 es claro: Aumenta debate por el malecón (sic). En
el documento se da cuenta del enfrentamiento entre dos entidades: una de origen
privado y la otra de carácter estatal. Se trata del INCIVA[28]
y de la Fundación Bahía de la Cruz. Sin duda, se trata de un conflicto en el
que de un lado aparecen los intereses de una población afrocolombiana que vive
en las zonas de bajamar sobre las cuales se ha pensado el trazado del malecón y
del otro lado, aparecen los intereses de la Sociedad Portuaria y de la señalada
Ong, que ven en la obra una posibilidad de cambiarle la cara a la ciudad
puerto, embelleciéndola a través de un moderno malecón, desestimando las
razones culturales y económicas expuestas por la población afrocolombiana que
todas las mañanas sale a busca su sustento en el mar sobre el que viven,
literalmente, en los reconocidos palafitos.
[1] Colombia-Nicaragua,
la verdad sobre la historia (viernes 4 de enero de 2013). EL PAIS, p. 15.
[2] Sin
mar y sin memoria (7 de abril de 2013). EL
ESPECTADOR. p. 4, 6 y 7.
[3]
Seaflower, la tabla de salvación en La Haya (domingo 26 de mato de 2013). EL ESPECTADOR. p. 28.
[4]
Nicaragua demandaría a Colombia por más mar (12 de mayo de 2013). EL PAÍS. p. B 6.
[5]
Rodríguez, Manuel. Hacer más verde el Estado. En: Revista de
Estudios Sociales No. 32. Bogotá. 2009. p. 22-23.
[6]
Ventanilla ‘express’ se abre paso (miércoles 16 de enero de 2013). EL PAIS. p. 11.
[7]
Inversión minera podría disminuir (2 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 12.
[8] El
jueves 14 de marzo de 2013, aparece una nota en el diario EL ESPECTADOR, que
sigue la línea demostrativa alrededor de las exenciones de impuestos declarada
por Uribe Vélez en su doble mandato. Carbón, el rey de las exenciones (sic) es
el titular del texto periodístico referenciado.
[9] “Se
debe gravar fuertemente la actividad minera” (20 de enero de 2013). EL PAIS. p. A 16.
[10] ‘Los
grandes mineras pagan bajos impuestos’ (martes 07 de mayo de 2013). EL TIEMPO. p. 6.
[11] Una
renta minera que no engorda (Martes 7 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 2.
[12]
Código de Minas, lo mismo de antes (Martes 07 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 3.
[13]
Minería, pero no a cualquier precio: Santos (viernes 17 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 8.
[14] De otra parte, el mercado accionario es una variable
clave para comprender la situación de la minería y de la explotación de
hidrocarburos, en especial, porque la especulación financiera genera reservas y
miedos a los inversionistas extranjeros que aportan grandes cantidades de
dinero a las empresas que hoy explotan algún mineral en Colombia. El titular es
claro: Dudas petroleras se notan en las
acciones (sic).
[15]
Títulos nuevos pagarán más (jueves 16 de mayo de 2013). EL ESPECTADOR. p. 10.
[16] Mineras elevarán giros a regiones (sic)
es el titular de una nota del lunes 4 de marzo de 2013, publicada en EL TIEMPO.
En el texto se habla de la presentación de proyectos de desarrollo financiado
con dineros de las regalías producidas por la explotación minera. En esa misma
línea, se registra una nota publicada en EL TIEMPO, titulada Inconformismo por las regalías del níquel (sic).
En el texto se lee: “… las autoridades
del municipio de Montelíbano (Córdoba) tienen un nuevo reclamo. Dicen que por
cuenta de regalías directas, este municipio tiene retenidos más de 118.000
millones de pesos, más los rendimientos financieros”. Aumentarían reservas de gas (sic) es el titular de una nota de EL
PAIS, del 26 de marzo de 2013. El anuncio aumenta el interés de los
inversionistas para explotar dicho recurso natural. Y en esa misma dirección,
se registra una nota el 26 de marzo de 2013, bajo el título Gigante mundial del cobre llega a Colombia
(sic). En el texto se lee: “la estatal
chilena Codelco y el Ministerio de Minas y Energía firmarán un memorando de
entendimiento para formalizar su aterrizaje”.
[17] El
desafío minero (lunes 21 de enero de 2013). EL
ESPECTADOR. p. 10.
[18]
Colombia no es potencia minera (10 de abril de 2013). EL ESPECTADOR. p. 22.
[19] En
una nota de EL TIEMPO del 4 de junio de 2013, se habla de que hay reservas de
crudo estimadas en 2.377 millones de barriles. Se habla de un crecimiento del
5.2%. Esa nota tiene continuidad y relación con un texto publicado por EL
ESPECTADOR el viernes 31 de mayo de 2013, bajo el título Tras el oro negro prometido (sic). En la nota se lee que “la participación de más firmas extranjeras
en el mercado petrolero se convierte en
un elemento clave para el futuro del sector”.
[20]
Conflictos en 50% de proyectos mineros (sábado 15 de junio de 2013). p. 26.
[21] El
camino de la erradicación del mercurio (martes 22 de enero de 2013). EL ESPECTADOR. p. 5.
[22] Nace un ambicioso plan para salvar la biodiversidad
(sábado 4 de mayo de 2013). EL TIEMPO. p. p. 17.
[23] ‘El cambio climático, por fuera de
Davos’ (sábado 26 de enero de 2013). EL
PAIS. p. 15.
[24] 17
países se comprometen a cuidar sus bosques (2 de febrero de 2013). EL PAIS. p. A 11.
[25] El
Lago Calima está sufriendo de sed (20 de abril de 2013). EL PAÍS. p. A 2.
[26]
Tribunal Contencioso ordena reforzar el jarillón (2 de marzo de 2013). EL PAIS.
p. A 5.
[27]
Comenzó la reubicación de los habitantes del jarillón del Cauca (19 de junio de
2013). EL PAÍS. p. A 2. Al problema
técnico del jarillón se suma el de la seguridad. Con patrullajes fluviales las
autoridades pretenden combatir la delincuencia. Así lo registró EL PAÍS, el 25 de mayo de 2013, en la página A 12.
[28]
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca, INCIVA.
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