Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Parece
haber consenso suficiente alrededor de la idea de que el conflicto armado
interno de Colombia se asienta en un grave y agravado problema agrario, que
tiene en la concentración de la tierra y en el despojo, dos elementos de
incontrastable importancia. Por lo anterior, no es gratuito que el primer punto
de la agenda pactada entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc, en el
marco del proceso de paz de La Habana, sea la Política de desarrollo agrario integral.
Ahora bien, ese problema agrario se levantó
históricamente sobre un invisibilizado conflicto étnico-identitario, en el que de
un lado aparece una élite - y con ella, millones de colombianos- que se
considera ‘blanca’, y del otro, comunidades negras, indígenas y campesinas que
sobreviven no sólo al modelo de desarrollo económico de carácter extractivista,
sino a la exclusión social, económica, cultural y política, lograda bien a
través de mecanismos institucionalizados (legales), o a través del uso de la
violencia, en especial la que ejercieron los grupos paramilitares durante más
de 20 años.
Dicho conflicto étnico-identitario se alimenta
desde las huestes de una sociedad civil
urbana a la que le resultan incómodos los modos de vida de
indígenas, afros y campesinos. De allí que estos ciudadanos colombianos no
encajen dentro de lo que se conoce como cultura dominante ‘blanca’, cuyos
representantes están asociados a una élite que de tiempo atrás mira con desdén
los proyectos de vida de afrodescendientes, indígenas y de campesinos. A las
formas culturales como se manifiestan estos proyectos de vida, esa cultura
dominante las llama subculturas.
La
transformación de la naturaleza del conflicto armado interno comienza desde el
preciso momento en que sectores societales (gremios económicos y sectores
sociales y políticos), apoyaron el proyecto paramilitar, con el que se logró
expulsar a millones de colombianos del campo, que hoy deambulan y sobreviven en
hostiles ciudades en donde lo único que han podido asegurar es una fatal
metamorfosis en sus identidades, hasta el punto de que todas las víctimas del
desplazamiento forzoso, indígenas, afros y campesinos, se reconocen y son
reconocidos bajo las categorías pobres, desarraigados, habitantes de la calle o
desposeídos.
Esa
es, entonces, la primera evidencia de que el conflicto interno dejó de ser
exclusivamente agrario, para convertirse en un crudo enfrentamiento de
cosmovisiones, esto es, la pugnacidad entre
una cultura ‘blanca’, que se considera moderna y busca modernizar el país a la
fuerza, y las cosmovisiones que soportan las prácticas culturales de indígenas,
campesinos y afrodescendientes.
Estas
comunidades, justamente, resisten las embestidas del desarrollo económico
planeado desde frías oficinas de Bogotá y las acciones criminales de los grupos
armados, en especial las calculadas arremetidas de los paramilitares, que
actuaron como el brazo armado de unos sectores de poder que buscan a toda costa
modernizar el campo. Y ello significa sacar, expulsar, expoliar, desplazar o
matar a indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes representan atraso y
abandono para esa cultura dominante que vive cómodamente en las ciudades capitales.
La
resistencia que aún ofrecen estos tres grupos étnicos en campos y selvas y en
territorios de propiedad colectiva, no sólo es digna, sino que ha exacerbado
los odios de una élite blanca que no sólo usó a los paramilitares como su brazo
armado y político para imponer las lógicas del monocultivo y el modelo
económico fundado en la extracción de materias primas, sino que apela a la
firma de Tratados de Libre Comercio para hundir en la pobreza y en el desespero
a quienes simplemente tienen una relación consustancial con la naturaleza y
saben muy bien qué es eso de vivir de manera autónoma.
Los
territorios de indígenas, afros y campesinos, la cultura dominante ‘blanca’ los
considera como simples escenarios de explotación económica y/o estratégicos
teatros de operaciones, desde las perspectivas de los militares y la de los señores
de la guerra.
En
ese orden de ideas, las masacres y las prácticas genocidas perpetradas por los
paramilitares ahondaron y liberaron un oculto conflicto étnico que este país no
reconoce aún, pero que claramente está allí, latente, entre quienes creen a pie
juntillas que todos aquellos ciudadanos que no se articulen a las lógicas de
consumo y a las formas como el capital circula y se impone, resultan
inconvenientes para unos sectores sociales y productivos que a toda costa
vienen imponiendo un modelo de desarrollo, que basado en las prácticas del
monocultivo y la extracción minera y maderera, de manera objetiva viene hostigando,
persiguiendo y sometiendo las culturas de aquellos que aun viven de cultivos de
pan coger y bajo las dinámicas de proyectos de propiedad colectiva.
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