LA SANCIÓN A PETRO: UN HECHO POLÍTICO Y ELECTORAL DE INSOSPECHADAS CONSECUENCIAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La sanción que el Procurador General de la Nación impuso al alcalde Mayor de Bogotá es, sin duda, un hecho político y electoral de insospechadas consecuencias.

Como hecho político, la exagerada sanción del Procurador Ordóñez tiene ya varias consecuencias: la primera, hacer que confluyan en el malestar social y político diversas fuerzas y sectores políticos y sociales, que hoy parecen unirse en torno a lo que se ha llamado movimiento de indignados o de defensa de la democracia.

Dando por descontado que la sanción en primera instancia quedará en firme cuando se presenten los recursos a los que tiene derecho el funcionario destituido y sancionado, lo que Petro está haciendo al convocar a sus seguidores y simpatizantes a movilizarse y a plantarse en la plaza de Bolívar de la capital del país, no es más que tratar de consolidar una fuerza electoral que luche en las elecciones de 2014, llevando al Congreso y ojalá a la Presidencia, a quienes lleguen convencidos de que el actual régimen democrático es excluyente, ilegítimo y por lo tanto inviable y que se comprometan con la idea de devolverle al Estado las responsabilidades y los bienes que los neoliberales le quitaron, razón esta que en el fondo motivó la investigación y la sanción impuesta por el Procurador Ordóñez Maldonado.

Es decir, detrás del fallo del jefe del Ministerio Público está una ideología de Estado que la Derecha empresarial y política defiende de tiempo atrás, y que se expresa en la idea de un orden social, económico y político cooptado por la tradición y por la élite bogotana, para el servicio de unos pocos.

Convertidas la plaza de Bolívar y el balcón del Palacio de Liévano en una suerte de ágora, por allí ya desfilan posibles presidenciables. En el primer día habló Aída Avella. En el segundo día, lo hizo el líder del movimiento Dignidad Papera, César Pachón.

Es posible que los sectores de izquierda, diletantes y con dificultades para llegar unidos a las urnas, aprovechen esta compleja coyuntura política, electoral e institucional, para deponer diferencias y  unirse en torno a un proyecto político que no busque implantar un régimen que se parezca a lo que llaman el socialismo del siglo XXI.

Actuar con una alta dosis de pragmatismo les debe llevar a pensar que dentro de este sistema capitalista y con algunas modificaciones al actual diseño constitucional, es posible dar cuenta de un verdadero Estado social de derecho que sirva a las grandes mayorías.

Sin duda, Petro, con su Bogotá Humana, trasegó los caminos de un Estado local capaz de hacerse cargo de responsabilidades que el neoliberalismo le quitó. Con un proyecto inclusivo, de corte ambiental y profundamente respetuoso de las diferencias culturales y de género, Petro se ganó, por un lado, el respaldo de quienes hoy levantan su voz en las frías noches de la Plaza de Bolívar, y por el otro lado, el odio de una clase política y económica y el de una élite bogotana que no quieren soltar el poder, a pesar de que ante sus ojos han visto crecer la pobreza y la exclusión social y política.

Como hecho electoral, el fallo del Procurador se adelantó a la contienda electoral de 2018. La Derecha y los sectores que Ordóñez Maldonado representa, dan por descontado que Santos se reelegirá, pues saben que el actual Presidente ya apeló y apelará en los siguientes meses, a las mismas estratagemas que los responsables del Establecimiento vienen usando de tiempo atrás para mantenerse en el poder. Las mismas que usó Uribe para reelegirse.

De esta forma, la sanción a Petro significa que la Derecha, de la que hacen parte sectores retardatarios como el uribismo y su micro empresa, el Uribe Centro Democrático, y el propio Alejandro Ordóñez Maldonado, logró sacar del camino presidencial a Gustavo Petro Urrego. El camino, entonces, lo vislumbran despejado para las elecciones de 2018, en donde la Derecha, con Uribe como peón y  unido por conveniencias políticas con la élite bogotana, buscará recuperar el poder presidencial para reactivar el proyecto neoconservador que Uribe Vélez alcanzó a implementar durante sus ocho años de mandato. Se trata del mismo proyecto de país que los paramilitares negociaron con quienes firmaron los pactos de Chivolo, Ralito y Pivijay.

Elecciones de 2014 y proceso de paz en La Habana

Si Petro logra mantener en el tiempo las movilizaciones, pero sobre todo, consigue que cientos de miles de colombianos se convenzan de que la decisión del Procurador – y no de la Procuraduría – es un golpe a la democracia y específicamente a la voluntad popular expresada en los 700 mil votos con los que se hizo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, entonces facilitará el camino para que sectores tradicionalmente excluidos, logren llegar al Congreso de la República para hacerle contrapeso a las fuerzas políticas que se instalarán en esa corporación a partir del 7 de agosto de 2014.

En lo que concierne al proceso de paz, lo decidido por Ordóñez Maldonado debilita la confianza de los guerrilleros en el sentido en que deben estarse preguntando si están negociando con el Estado o con un Gobierno, cuyos compromisos con la paz y el posconflicto pueden terminar inválidos ante la decisión de un juez o por una instancia de control que encarnada en un Procurador como Ordóñez, desconozca lo acordado.

En ese sentido, Santos debe evitar una crisis institucional si hace caso a la recomendación de Petro, de desconocer el fallo del Procurador, pero está obligado a calmar los ánimos de los líderes guerrilleros, en aras de recuperar la confianza en torno a que lo pactado en la mesa, será respaldado por el conjunto del Estado colombiano. Amanecerá y veremos.

Adenda: mientras tanto, Francisco Santos y Álvaro Uribe Vélez esperan detrás de los arbustos, la hora precisa para dar el zarpazo y hacerse con la Alcaldía de Bogotá, para desmontar la Bogota Humana y devolverle a los privados los negocios que Petro les quitó