Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
Las
actuaciones y decisiones, arbitrarias y desproporcionadas del Procurador
General de la Nación, son posibles no
sólo por el diseño constitucional que da
vida y sostiene su poder como Jefe del Ministerio Público, sino por su
ejercicio ideológico y político de la función que cumple al frente de dicha
entidad de control.
Lo
cierto es que ese mismo ejercicio ideológico y político está fundado en prácticas clientelistas que le
permiten a Ordóñez Maldonado erigirse hoy como un fuerte y sólido regenerador[1]
moral y político. Nadie puede hoy desconocer el gran poder clientelar que
arrastra el Procurador. Un poder que por ahora tiene paralizados a quienes
pueden investigarle y juzgarle y que sirvió para cooptar a quienes finalmente
lo eligieron y lo reeligieron[2].
En
la Corte Suprema de Justicia[3]
reposan procesos disciplinarios en contra de Alejandro Ordóñez Maldonado, específicamente
en lo que tiene que ver con sus actuaciones en el caso de la ‘Yidispolítica’. Pero
sus redes clientelares ´paralizan’ cualquier iniciativa en su contra.
Igualmente,
recordemos que el Procurador fue elegido y reelegido por unos Senadores comprometidos
y atrapados, en buen número, en la fina red clientelar que cubre todo el
edificio de la Procuraduría en la capital del país. Y para qué recordar lo que
sucedió con la accidentada terna de uno, con la que finalmente fue reelecto el
superpoderoso Procurador Ordóñez.
Con
la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años y con la destitución de
Gustavo Francisco Petro Urrego, como alcalde mayor de Bogotá, Ordóñez Maldonado se pone por encima de los
electores y somete la democracia a sus designios jurídicos, sostenidos estos en
valores religiosos propios de un Estado confesional y en principios políticos
propios de una derecha comprometida con prácticas de cooptación mafiosa del
Estado o por lo menos, con el sometimiento de lo público a los intereses de un
grupo de particulares.
El
exceso de poder que hoy exhibe Alejandro Ordóñez Maldonado perjudica no sólo el
equilibrio democrático en tanto somete y anula la voluntad popular con sus
acomodaticios fallos sancionatorios, sino que pone a la Procuraduría General de
la Nación en un lugar de control político-electoral que no le compete, en la
medida en que remplaza a los electores y a la opinión pública en general,
cuando se trata de calificar la gestión de un mandatario.
Con
sus decisiones, amparadas más en sus percepciones y orientaciones morales que
en el Derecho, el Procurador General de la Nación convierte la elección popular
de alcaldes y gobernadores y de otros servidores públicos, en ejercicios
democráticos inanes para una democracia que se caracteriza por ser formal,
procedimental y electoral.
Más
allá de los problemas y las deficiencias administrativas que tuvo y mostró en
su gestión, la destitución de su cargo y la inhabilidad por 15 años impuesta
por Ordóñez a Gustavo Petro es exagerada y conlleva un debilitamiento del
sentido de la democracia, en un país con una baja cultura democrática, en un
contexto de profunda polarización entre derecha e izquierda y entre la
continuidad de la guerra o la firma de un armisticio entre Farc y el Estado
colombiano.
Ordóñez
Maldonado de tiempo atrás se viene consolidando como enemigo número uno del
proceso de paz[4] que
se lleva a cabo en La Habana. Con sus desafiantes declaraciones en contra del
Marco Jurídico para la Paz, se devela como una ficha clave de sectores
conservadores y uribistas que no sólo se oponen a los diálogos de paz, sino a
cualquier iniciativa política que pretenda recuperar para el Estado funciones y
responsabilidades hoy en manos de empresas privadas.
Como
ficha de sectores retardatarios, godos y autoritarios, el Procurador convirtió
al Ministerio Público no sólo en una Oficina que persigue y sanciona a líderes
de izquierda[5] y
absuelve a políticos afectos a sus creencias religiosas, sino en una especie de
púlpito desde donde acosa y hostiga a mujeres y a los miembros de la comunidad
LGTBI.
Es urgente revisar y reformar[6]
el articulado del Capítulo 2 (Del Ministerio Público) de la Constitución Política, en aras de frenar a
un Procurador que guiado por Dios, respaldado por la Iglesia Católica y
siguiendo los oscuros intereses de una clase[7]
empresarial y política mezquina y dañina, viene golpeando y sometiendo la
voluntad de los electores a las conveniencias de un Establecimiento que le
tiene miedo a la democracia.
[2] No
podemos olvidar que Gustavo Petro votó por él.
[3] El Artículo 235, de la Carta
Política, señala que “son atribuciones de
la Corte Suprema de Justicia: 4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de
la Nación, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del
Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado
y ante los tribunales…”
[5] Recordar que sancionó por 18 años de
inhabilidad a Piedad Córdoba.
[6] Véase el editorial de EL TIEMPO, del
10 de diciembre de 2014: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial-destitucion-e-incertidumbre-editorial-el-tiempo-_13270880-4
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