Por Germán Ayala Osorio. Columna
publicada en www.programalallave: http://www.programalallave.com/opinion.php?titulo=PROCESO%20DE%20PAZ,%20LUCHAS%20INTESTINAS%20Y%20D%C3%89BIL%20INSTITUCIONALIDAD&autor=GERM%C3%81N%20AYALA
De tiempo atrás, Colombia deviene en una
serie de enfrentamientos entre los altos funcionarios de instituciones
públicas, que no solo golpean la débil y precaria institucionalidad, sino que
terminan por confirmar que no existe un
discurso homogéneo alrededor de qué es el Estado y, en particular, de
cómo debe funcionar como Estado social
de derecho.
Tres ejemplos sirven para explicar el
asunto de los señalados enfrentamientos
intestinos: las pugnas entre el fiscal general de la Nación, Eduardo
Montealegre, y la contralora general de
la República, Sandra Morelli; el choque ideológico y jurídico-político suscitado entre el
procurador Ordóñez Maldonado[1] y la Corte Constitucional, a raíz de la actitud asumida
por el jefe del Ministerio Público:
desconocer sentencias en las que, por ejemplo, el concepto de familia
cambia y se amplía el sentido y alcance
de lo consignado en el Artículo 42 de la Carta Política. Y el más sonado: el caso Petro, en el que
claramente se exhibe una confusión
jurídica[2],
aupada por la cruzada ideológica que el ‘poderoso’ procurador Ordóñez desató contra el alcalde mayor de
Bogotá.
Si bien estos tres ejemplos sirven para
encender las alarmas en torno a un asunto cuya gravedad no se puede desestimar,
en tanto que el Estado, como referente
de orden, sufre un profundo desgaste frente a los ciudadanos, la
reciente decisión del
presidente-candidato, Juan Manuel Santos Calderón, de cambiar la cúpula militar a raíz del escándalo de
corrupción en el Ejército, deja en evidencia
que hay sectores de la institucionalidad castrense que no siguen la
política de paz del actual Gobierno y
mucho menos están dispuestos a diseñar escenarios de posconflicto para las Fuerzas Militares y
para la Policía. Si bien no hay un claro y abierto enfrentamiento entre el
Ejecutivo y ese componente de la Fuerza Pública, las molestias de los generales bien pueden
ser explotadas por sectores políticos
que de tiempo atrás se oponen a las decisiones del alto Gobierno.
Lo más grave de todo es que las señaladas
disputas intestinas y la molestia que se
dice que generó el informe periodístico de Semana, y la decisión
presidencial en relación con el cambio
de la cúpula militar, se dan en una delicada coyuntura política en la que sobresalen dos escenarios
profundamente relacionados: uno, el
proceso de paz de La Habana y lo acordado hasta el momento en torno a
los dos primeros puntos de la agenda; y
el otro, el electoral, en el que sobresale la
intención manifiesta y clara del presidente Santos, de reelegirse para
el periodo 2014-2018.
A las pugnas entre altos funcionarios del
Estado se suma el talante de las
reacciones del general (r) Jaime Ruiz Barrera, máximo vocero de Acore,
la organización que aglutina a los
oficiales retirados, y las del hoy candidato al
Senado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Ruiz Barrera señaló a la FM que hay una
campaña mediática, política y jurídica
para debilitar al Ejército; por su parte, el expresidente Uribe Vélez
expresó en un comunicado, que “el
presidente Santos avanza en el desmantelamiento de la inteligencia militar y en la entrega del país
a las Farc, poniendo en grave riesgo la
suerte de las operaciones militares y la vida de los integrantes de las
redes de inteligencia”.
Los altisonantes discursos de Barrera y
de Uribe Vélez terminan por amplificar la
molestia al interior de la unidad castrense y claramente buscan que
tanto ponerle fin al conflicto, a través
del diálogo y la negociación política, así como la necesidad de avanzar hacia escenarios de posconflicto
sean vistos como apuestas políticas que
terminarán por fracturar el Estado, la unidad de la Nación y, por supuesto,
debilitar al estamento militar. No hay nada más alejado de la realidad.
Bastaría con que la cúpula militar, el
exgeneral Ruiz Barrera y el propio expresidente Uribe leyeran con juicio el informe conjunto de la
Mesa de Negociaciones, entre el Gobierno
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc- EP, de
enero de 2014, para darse cuenta que lo negociado en La Habana está lejos de
convertir al país en un prototipo de lo que se llama el socialismo del siglo
XXI.
Ahora bien, en medio de los ya señalados
enfrentamientos entre altos funcionarios del Estado, lo más probable es que
Santos logre ser reelegido y que el proceso de paz llegue a feliz término. De
igual manera, es posible que el Centro Democrático logre alcanzar un buen
número de curules en el Congreso. De acuerdo con esas circunstancias, el país
podría vivir de aumentar la polarización política y de los enfrentamientos
institucionales, momentos muy delicados en lo que corresponde al funcionamiento
del Estado, en la medida en que desde la bancada del Centro Democrático en el
Senado, con el apoyo decidido de Acore y el exgeneral Ruiz Barrera a la cabeza,
y de agentes de la sociedad civil que tampoco acompañan la política de paz y
mucho menos la discusión del posconflicto, se librará una guerra jurídica y
política sin precedentes, con la que buscarán impedir que lo acordado en La
Habana sea refrendado.
Queda claro, entonces, que el proceso de
paz de La Habana avanza en medio de una débil institucionalidad estatal, a raíz
de las disputas intestinas. Y lo que es peor, dicho esfuerzo no cuenta con el
respaldo de un amplio sector de las Fuerzas Armadas, en especial en el
Ejército, para poner fin al conflicto armado interno, lo que puede convertirse
en un factor desestabilizante, si es aprovechado por sectores de poder
económico y político que siguen las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y
de aquellos que no desean que el país transite hacia la paz y el posconflicto.
[1] El procurador desconoce el derecho que les
asiste a las mujeres que desean abortar,
en los tres casos contemplados por la Corte Constitucional. De igual manera, se opone al matrimonio igualitario,
esgrimiendo ‘argumentos’ morales.
[2] Las medidas cautelares solicitadas por el alcalde Petro a
la CIDH ponen en evidencia la débil
institucionalidad estatal, especialmente, la pugnacidad ideológica, liderada
por sectores de derecha que buscan a toda costa cerrarle espacios a candidatos presidenciables de
izquierda, como lo es Petro.
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
La pregunta es: ¿debilidad institucional respecto de qué modelo estatal?
Lo que pasa es que tenemos como referente el llamado primer mundo o, verdades inferidas de positivismo (científico, jurídico, político) que pretende unificar y universalizar la vida humana.
Creo que el Estado como organización y sus instituciones, más sus autoridades (representantes ante la sociedad), no son una realidad concreta, terminada, sino un proceso de búsqueda de norte en una gran variedad de horizontes; en una palabra, es un proceso en construcción a partir de diferentes planes de vida. De allí la dificultad de visualizar lo indispensable y necesario, aunque nunca suficiente. Recuerda que la llamada "Colombia del siglo XXI" solo lleva 23 años, contados a partir dela expedición de la Carta Política de 1991 que rompió el esquema teocrático que teníamos desde 1886. Pedir más es ser demasiado iluso.
De otra parte, los diálogos de paz o de desmovilización de alzados en armas, en cualquier parte del planeta tierra son difíciles y débiles, porque con ellos se trata de resolver dos cosas: el desarme y la transformación de condiciones más o menos consolidadas en el conflicto.
Finalmente, creo que eres pesimista y, esa es la primera condición para el posconflicto: superar las incertidumbres y pesimismo del futuro.
Luis
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