YO DIGO SÍ A LA PAZ

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martes, 25 de febrero de 2014

Proceso de paz, luchas intestinas y débil institucionalidad



De tiempo atrás, Colombia deviene en una serie de enfrentamientos entre los altos funcionarios de instituciones públicas, que no solo golpean la débil y precaria institucionalidad, sino que terminan por confirmar que no existe un  discurso homogéneo alrededor de qué es el Estado y, en particular, de cómo debe  funcionar como Estado social de derecho.

Tres ejemplos sirven para explicar el asunto de los señalados enfrentamientos  intestinos: las pugnas entre el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y  la contralora general de la República, Sandra Morelli; el choque ideológico y  jurídico-político suscitado entre el procurador Ordóñez Maldonado[1] y la Corte  Constitucional, a raíz de la actitud asumida por el jefe del Ministerio Público:  desconocer sentencias en las que, por ejemplo, el concepto de familia cambia y se  amplía el sentido y alcance de lo consignado en el Artículo 42 de la Carta Política.  Y el más sonado: el caso Petro, en el que claramente se exhibe una confusión  jurídica[2], aupada por la cruzada ideológica que el ‘poderoso’ procurador  Ordóñez desató contra el alcalde mayor de Bogotá.

Si bien estos tres ejemplos sirven para encender las alarmas en torno a un asunto cuya gravedad no se puede desestimar, en tanto que el Estado, como referente  de orden, sufre un profundo desgaste frente a los ciudadanos, la reciente  decisión del presidente-candidato, Juan Manuel Santos Calderón, de cambiar la  cúpula militar a raíz del escándalo de corrupción en el Ejército, deja en evidencia  que hay sectores de la institucionalidad castrense que no siguen la política de paz  del actual Gobierno y mucho menos están dispuestos a diseñar escenarios de  posconflicto para las Fuerzas Militares y para la Policía. Si bien no hay un claro y abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y ese componente de la Fuerza Pública,  las molestias de los generales bien pueden ser explotadas por sectores políticos  que de tiempo atrás se oponen a las decisiones del alto Gobierno.

Lo más grave de todo es que las señaladas disputas intestinas y la molestia que se  dice que generó el informe periodístico de Semana, y la decisión presidencial en  relación con el cambio de la cúpula militar, se dan en una delicada coyuntura  política en la que sobresalen dos escenarios profundamente relacionados: uno, el  proceso de paz de La Habana y lo acordado hasta el momento en torno a los dos  primeros puntos de la agenda; y el otro, el electoral, en el que sobresale la  intención manifiesta y clara del presidente Santos, de reelegirse para el periodo  2014-2018.

A las pugnas entre altos funcionarios del Estado se suma el talante de las  reacciones del general (r) Jaime Ruiz Barrera, máximo vocero de Acore, la  organización que aglutina a los oficiales retirados, y las del hoy candidato al  Senado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ruiz Barrera señaló a la FM que hay una campaña mediática, política y jurídica  para debilitar al Ejército; por su parte, el expresidente Uribe Vélez expresó en un  comunicado, que “el presidente Santos avanza en el desmantelamiento de la  inteligencia militar y en la entrega del país a las Farc, poniendo en grave riesgo la  suerte de las operaciones militares y la vida de los integrantes de las redes de  inteligencia”.

Los altisonantes discursos de Barrera y de Uribe Vélez terminan por amplificar la  molestia al interior de la unidad castrense y claramente buscan que tanto ponerle  fin al conflicto, a través del diálogo y la negociación política, así como la necesidad  de avanzar hacia escenarios de posconflicto sean vistos como apuestas políticas  que terminarán por fracturar el Estado, la unidad de la Nación y, por supuesto, debilitar al estamento militar. No hay nada más alejado de la realidad. Bastaría  con que la cúpula militar, el exgeneral Ruiz Barrera y el propio expresidente Uribe  leyeran con juicio el informe conjunto de la Mesa de Negociaciones, entre el  Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc- EP, de enero de 2014, para darse cuenta que lo negociado en La Habana está lejos de convertir al país en un prototipo de lo que se llama el socialismo del siglo XXI.

Ahora bien, en medio de los ya señalados enfrentamientos entre altos funcionarios del Estado, lo más probable es que Santos logre ser reelegido y que el proceso de paz llegue a feliz término. De igual manera, es posible que el Centro Democrático logre alcanzar un buen número de curules en el Congreso. De acuerdo con esas circunstancias, el país podría vivir de aumentar la polarización política y de los enfrentamientos institucionales, momentos muy delicados en lo que corresponde al funcionamiento del Estado, en la medida en que desde la bancada del Centro Democrático en el Senado, con el apoyo decidido de Acore y el exgeneral Ruiz Barrera a la cabeza, y de agentes de la sociedad civil que tampoco acompañan la política de paz y mucho menos la discusión del posconflicto, se librará una guerra jurídica y política sin precedentes, con la que buscarán impedir que lo acordado en La Habana sea refrendado.

Queda claro, entonces, que el proceso de paz de La Habana avanza en medio de una débil institucionalidad estatal, a raíz de las disputas intestinas. Y lo que es peor, dicho esfuerzo no cuenta con el respaldo de un amplio sector de las Fuerzas Armadas, en especial en el Ejército, para poner fin al conflicto armado interno, lo que puede convertirse en un factor desestabilizante, si es aprovechado por sectores de poder económico y político que siguen las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de aquellos que no desean que el país transite hacia la paz y el posconflicto.



[1] El procurador desconoce el derecho que les asiste a las mujeres que desean  abortar, en los tres casos contemplados por la Corte Constitucional. De igual  manera, se opone al matrimonio igualitario, esgrimiendo ‘argumentos’ morales.

[2] Las medidas cautelares solicitadas por el alcalde Petro a la CIDH ponen en  evidencia la débil institucionalidad estatal, especialmente, la pugnacidad ideológica, liderada por sectores de derecha que buscan a toda costa cerrarle  espacios a candidatos presidenciables de izquierda, como lo es Petro.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hola Uribito:



¡Buen día!



La pregunta es: ¿debilidad institucional respecto de qué modelo estatal?



Lo que pasa es que tenemos como referente el llamado primer mundo o, verdades inferidas de positivismo (científico, jurídico, político) que pretende unificar y universalizar la vida humana.



Creo que el Estado como organización y sus instituciones, más sus autoridades (representantes ante la sociedad), no son una realidad concreta, terminada, sino un proceso de búsqueda de norte en una gran variedad de horizontes; en una palabra, es un proceso en construcción a partir de diferentes planes de vida. De allí la dificultad de visualizar lo indispensable y necesario, aunque nunca suficiente. Recuerda que la llamada "Colombia del siglo XXI" solo lleva 23 años, contados a partir dela expedición de la Carta Política de 1991 que rompió el esquema teocrático que teníamos desde 1886. Pedir más es ser demasiado iluso.



De otra parte, los diálogos de paz o de desmovilización de alzados en armas, en cualquier parte del planeta tierra son difíciles y débiles, porque con ellos se trata de resolver dos cosas: el desarme y la transformación de condiciones más o menos consolidadas en el conflicto.



Finalmente, creo que eres pesimista y, esa es la primera condición para el posconflicto: superar las incertidumbres y pesimismo del futuro.



Luis