YO DIGO SÍ A LA PAZ

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lunes, 26 de mayo de 2014

CONFLICTO ARMADO INTERNO, PAZ Y POSCONFLICTO EN PERSPECTIVA REGIONAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar por reconocer  que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos. La erradicación de los  conflictos  y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable; ni en la vida personal - en el amor y la amistad-, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse  y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo[1]

El desarrollo y evolución del conflicto armado interno ha de servir para reconocer que el Estado y la sociedad colombianas no sólo son premodernos desde la perspectiva de una lejana euro modernidad que, como discurso unívoco dejó por fuera realidades y dinámicas de orden local, regional[2] y nacional, sino que el país mismo no es uno solo en la medida en que a la noción de Estado unitario se le contrapone culturalmente un mixtura regional que hace posible señalar que dentro del territorio nacional conviven disímiles formas de vida que hacen viable y le dan sentido de realidad a la expresión Colombia, país de países o país de regiones[3].

Expresión esta que explicita las dificultades históricas para consolidar un proyecto de nación que recoja y aglutine en un discurso nacional mitos fundantes que permitan recoger la vida de costeños del Atlántico[4] y del Pacífico, nariñenses, antioqueños, tolimenses, vallecaucanos, caucanos, chocoanos y aquellos otros colombianos que viven en las extensas llanuras y selvas de departamentos como el Guaviare, Caquetá, Arauca, Guainía y Amazonas, entre otros, dispersos por iniciativas de desarrollo concentradas en la región  andina, ancladas a su vez a los poderes de la élite bogotana y de las élites regionales de departamentos ubicados en la zona de los Andes. Estas iniciativas de desarrollo andino aseguraron el atraso de otras zonas del país como la de los Llanos Orientales, y poblaciones enteras asentadas en el Chocó Biogeográfico, particularmente la región pacífica.

Lo cierto es que en medio de un desarrollo desigual, el conflicto armado interno jamás alcanzó un carácter nacional y una dimensión de guerra generalizada que pusiera en crisis el Establecimiento. Por el contrario, la guerra irregular se ubicó y se entronizó en territorios en donde el Estado históricamente ha brillado por su ausencia y terminó por afianzar prácticas políticas y económicas con las que una reducida élite bogotana y sus réplicas regionales lograron legitimarse hacia adentro y hacia fuera, al tiempo que las guerrillas perdían apoyo popular por las transformaciones internas[5] y por los cambios internacionales que se dieron, especialmente en la adopción indiscutida de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos[6].

Por ejemplo, el departamento del Cauca y los corredores estratégicos entre el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca y las salidas al mar Pacífico se erigen como zonas especiales de orden público por las disputas que se dan entre actores armados, por el control del tráfico de drogas. Igualmente, el sur del país es de tiempo atrás teatro de operaciones tanto de la fuerza pública, como de las fuerzas insurgentes y contra insurgentes que se disputan no sólo rutas de narcotráfico y laboratorios de procesamiento de drogas ilícitas, sino amplios territorios biodiversos[7] afectados por bombardeos de la fuerza pública, por la construcción de campamentos guerrilleros y por prácticas agroindustriales, especialmente manejadas por grupos de poder económico y político que contaron en el pasado con el apoyo irrestricto de los paramilitares.

De esta forma, la guerra interna de Colombia ha tenido disímiles manifestaciones, expresiones y consecuencias. Por tratarse de un conflicto altamente periférico, hay regiones históricamente signadas por los efectos de los cruentos enfrentamientos entre fuerza pública, paramilitares y grupos subversivos. Caquetá, Putumayo, Huila, Nariño, Guaviare, Meta, Tolima, Cundinamarca y Cauca son departamentos en los cuales el conflicto interno tuvo y tiene aún mayores efectos, dada la intensidad de los combates, en relación con otras jurisdicciones territoriales en las que la guerra irregular no ha tenido un ímpetu igual o similar.

La guerra interna colombiana, entonces,  no sólo es la respuesta a modos de violencia, exclusión política, social y económica, sino a la debilidad de un Estado y de una sociedad en general y civil en particular,  que al hacer parte y convalidar un orden político que exhibe graves problemas para erigirse como un referente moral y guía para que sus asociados, hicieron posible la naturalización de múltiples formas de violencia. Al final, la sociedad en general se erige dispersa, escindida e incapaz de coadyuvar a la consolidación de un orden social y político distinto, por lo menos en aquellas regiones en las que el conflicto armado no ha hecho presencia significativa. Lo cierto es que el país exhibe al mundo y hacia su propio interior, procesos civilizatorios incapaces de minimizar el riesgo de vivir juntos y de compartir, desde las diferencias, un mismo territorio.  

La histórica incapacidad del Estado nacional para erigirse como un orden político de alcance nacional se explica a través de la frase Colombia es más territorio que Estado[8]. Es decir, el poblamiento del territorio no se dio de manera homogénea y mucho menos obedeció a iniciativas locales y regionales articuladas a un proyecto político convergente en una sola idea de Nación. No.

Baste con leer lo que en el  propio Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos, 2010-2014 se dice sobre el desigual desarrollo y las deficitarias instituciones del Estado, para comprender el alcance de dicha sentencia de que Colombia es más territorio que Estado.

En términos de ingreso, las disparidades se hacen evidentes. En efecto, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Casanare, Boyacá, Tolima y Córdoba generan el 80% del ingreso nacional. Por su parte, los PIB per cápita de Casanare y Bogotá son 4,3 y 1,6 veces el de Chocó, cuyo ingreso per cápita es el más bajo en el país. Estas diferencias económicas indican que para lograr la convergencia en las condiciones básicas para el desarrollo es necesario impulsar más aceleradamente las potencialidades económicas de los departamentos rezagados. Las brechas más significativas entre departamentos se presentan en los procesos productivos, los departamentos más competitivos del país se concentran en el centro del país y ocupan los primeros lugares en el escalafón de competitividad, con excepción del departamento de Atlántico, en el Caribe, que se ubica en el quinto lugar. Las mejores capacidades institucionales municipales se concentran en el centro del país especialmente en Bogotá, y el departamento de Cundinamarca, parte de Antioquia y el sur de Boyacá y en los departamentos que conforman el Eje Cafetero y el departamento del Valle. La mayor parte de los departamentos presentan municipios con capacidades institucionales bajas relacionadas directamente con altos niveles de pobreza. Hay zonas del país en las cuales las tendencias en los niveles de capacidad institucional municipal son uniformes, caracterizando departamentos donde el común denominador son indicadores de pobreza preocupantes y niveles de capacidad institucional bajos. Este es el caso en Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, a los cuales se les suma la mayoría de municipios de la costa pacífica, especialmente los del departamento del Chocó y algunos del Cauca y Nariño”[9].

Por el contrario, las dinámicas de poblamiento estuvieron y están aún ancladas a intereses de clase y de liderazgo político claramente andinos, esto es, determinados geográfica y culturalmente por aquellas familias tradicionales que desde Bogotá, la capital del país, intentaron, con relativo éxito, desarrollar el país y mantener la cohesión de regiones geográfica, cultural (perfiles étnicos distintos), social, política y económicamente diferentes.

Como país de regiones[10], el Estado colombiano ha enfrentado un reto mayúsculo: consolidarse mediante un concepto de Nación que convoque a todos los sectores societales y de una acción estatal que, si bien respete y reconozca las diferencias regionales, coadyuve a fortalecer la idea de la existencia de un sólo orden social  al servicio de todos los ciudadanos sin distingo de raza, condición social, religión, idea política y menos aún, por el origen regional.

Los desarrollos regionales son desiguales, justamente porque no ha existido una noción compartida de lo que debe ser el Estado. Hay ideas remotas de lo que debe ser, por ejemplo, en los antiguos territoriales nacionales, pues allá la imagen estatal se refunde en maniguas y ecosistemas hídricos por la acción violenta, tanto del propio Estado, como de actores armados ilegales.

El centralismo bogotano compite con fuerzas electorales, con caciques y gamonales, y con élites regionales que tienen una particular concepción de lo que debe ser el Estado, idea que se expresa en la frase: Estado para unos pocos. Huelga decir, que ese mismo centralismo es la expresión de una élite que históricamente ha vivido y se ha enriquecido de la función pública y ha dado ejemplo de cómo se pueden someter los recursos públicos y el interés colectivo, connatural al ejercicio estatal, a sus conveniencias e intereses. En esa línea, el Estado colombiano deviene capturado por grupos de interés y de poder. De esta manera han evitado que el Estado se consolide como un orden viable, con instituciones fuertes y con un sentido amplio de lo colectivo.

Así entonces, no hay una doctrina de Estado sobre la cual la sociedad colombiana pueda pensar su devenir y proyectar su futuro. Hay una variedad de juicios alrededor de lo que debe ser el Estado, sujetos, claro está, a las acciones privadas de élites y de grupos que emergen asociados a actividades lícitas e ilícitas, teniendo como principio orientador someterlo y crear uno que se ponga a su servicio, así el costo sea la disgregación del Estado como único orden social, político y económico. Por ello, actividades como el narcotráfico, proyectos agroindustriales, el desarrollo empresarial y fenómenos como el paramilitarismo, comparten la idea de que entre más precario sea el Estado, mejor para los intereses de quienes han creado, desde la legalidad o la ilegalidad, verdaderos paraestados que se oponen a la consolidación de un único referente de orden. 

Como referente de unidad social y cultural el Estado colombiano está colapsado. Como referente político, ese mismo Estado sobrevive porque hay una acción política vigorosa, desde lo electoral -clientelismo- y desde la construcción de forzosos consensos que, claramente, benefician a quienes, desde la tradición y la violencia física y simbólica se erigen como sectores poderosos que sostienen el aparataje estatal, a pesar de su notable y evidente ilegitimidad. Además, existe Estado porque hay la suficiente fuerza represiva para enmascarar su crisis y porque hay una actividad económica capaz de sostener tanto a dicha fuerza represiva como al mismo referente de orden[11]

Así entonces, y en medio de un conflicto armado interno de relativa presencia nacional,

las regiones en Colombia, y en este sentido, las comunidades y pueblos, enfrentan un conjunto de problemáticas, muchas de ellas relacionadas con las paradojas del proceso de globalización, que privilegian las demandas del mercado mundial sobre las débiles capacidades del mercado local e interno; se suma a lo anterior, un conflicto armado que ha precarizado la vida de muchos colombianos, así como los altos niveles de corrupción y los pésimos manejos del erario, fallidas y débiles decisiones para afrontar la pobreza, la marginación y la exclusión, la inequidad y la desigualdad territorial en términos de atención del Estado; también, la falta de claridad sobre un ordenamiento territorial que permita generar mejores condiciones de vida y protección a los pobladores, infraestructuras insuficientes para mejorar la movilidad y cobertura de servicios básicos, sociales y educativos, entre otros más[12].

El conflicto en el Valle del Cauca y Cauca

La naturaleza periférica del conflicto armado, las estructuras de poder emergentes y tradicionales y las correlaciones de fuerza entre actores de la sociedad civil al interior de cada departamento y municipio, así como la ubicación geoestratégica de las guerrillas en zonas selváticas y agrestes, entre otros elementos; y las dinámicas mismas del narcotráfico y las relaciones establecidas con los actores armados, en especial con paramilitares y guerrilleros permiten que el desarrollo de la guerra interna no obedezca a una lógica lineal y uniforme en la perspectiva de un conflicto armado de carácter nacional. Por el contrario, la guerra irregular colombiana tiene disímiles expresiones regionales que obligan al diseño de ejercicios investigativos, comprensivos y comparativos, que permitan hallar diferencias  entre las formas en las que el conflicto armado se ha presentado en zonas como el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, así como a lo largo de la llamada zona del Chocó Biogeográfico.

Se suman a estos actores y circunstancias contextuales regionales, el latifundio y la concentración de la tierra en pocas manos, así como las dinámicas de poblamiento, soportadas especialmente en el crecimiento de urbes intermedias como el caso del Valle del Cauca, que establecen, por ejemplo, claras diferencias con el departamento del Cauca cuyo desarrollo urbano se circunscribe casi de forma total a la ciudad de Popayán, su capital, lo que de inmediato pone de presente una relación con un mundo rural en el que además hacen presencia indígenas y comunidades afrocolombianas golpeadas fuertemente por los actores armados y los enfrentamientos armados; igualmente, esas mismas comunidades ancestrales hoy son acosadas por los conflictos socio ambientales que viene generando la aplicación de una política ambiental, correlato de una apuesta de desarrollo extractivo imperante en Colombia de tiempo atrás, pero alcanzó mayor auge en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y los primero cuatro años de la administración de Santos Calderón (2010-2014).   

De esta manera Gonzalo Sánchez y otros autores caracterizan la zona norte del Cauca y el Cauca indígena:

Caracterizada por una liturgia de procesiones y adoraciones por caminos y veredas, manifestación de una forma de catolicismo moldeado por el legado africano y por la historia de la esclavitud, la cultura de la zona plana del norte del Cauca también acusa gran énfasis  en la familia matrilineal extendida y en los grupos de edad. En su forma menos quebrantada, está representada  por los miembros  de un enclave de pequeños propietarios cuyos orígenes  se remontan a los de las haciendas esclavistas. Dentro de ellas, los negros cimarrones formaron palenques y los esclavos abrieron chagras que manejaron  comunalmente. Una vez abolida la esclavitud, se consolidaron sobre algunas de esas tierras, gracias a su propia tenacidad y a que los terratenientes conservadores habían tenido que abandonar la región por la situación política. A partir del decenio de 1890, son víctimas de asedios periódicos, muchas veces violentos, impulsados por empresas cultivadoras de caña o soya para ampliar sus dominios. Momentáneamente, la descampesinación de este enclave se ha detenido a causa  de factores externos, como el afianzamiento de una relación simbiótica entre campesinos y agroindustria…”[13].

En lo que respecta al departamento del Cauca, la historia y los académicos reconocen la presencia activa y digna de comunidades indígenas que se resisten no sólo al paso y a la presencia permanente y semi permanente de los actores armados, sino a los embates socio culturales y a los procesos de hibridación que se generan por el permanente intercambio con el mundo urbano de ciudades intermedias y grandes, cercanas a zonas de resguardo, entre ellas, por supuesto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao; igualmente, las comunidades indígenas se oponen a iniciativas desarrollistas que llegan de la mano de la proyectos agroindustriales, de las propias dinámicas que impone el narcotráfico y de la minería, actividad económica convertida hoy en el mayor reto cultural, ambiental, social y económico que enfrentan las comunidades indígenas asentadas en el Cauca.

El enclave indígena más numeroso y fuerte del país está localizado en el departamento del Cauca… Las etnias más representativas son las de los guambianos y los paeces, con 10.000 y 100.000 almas, respectivamente. La primera es una sociedad nucleada, con centro en el resguardo de Guambía…Los paeces, por su parte, están asentados principalmente en Tierradentro, viven más dispersos. La resistencia de ambas etnias a la conquista es legendaria. Terminó en el siglo XVII cuando Juan Tama aceptó el régimen del resguardo  y cabildos, que sus descendientes voltearían en contra de la dominación ibérica. De ahí en adelante, complementadas con las mingas, las dos instituciones han encarnado la etnicidad caucana, conforme puede apreciarse en las plataformas que guiaron  las luchas de Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez durante los decenios del 20 al 40, así como el programa que en 1971 le dio vida al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): 1. Recuperación de las tierras de resguardo. 2. Ampliación de los resguardos. 3. Fortalecimiento de los cabildos indígenas. 4. Eliminación del terraje. 5. Divulgación de las leyes indígenas y exigencia de su cumplimiento. 6. Defensa de la historia, lengua y costumbres indígenas. 7. Formación de profesores para educar a los indígenas de acuerdo con su situación y lengua”… Pero los <> del Cauca siempre habían considerado a los indios como <>”[14].

Las circunstancias en las que deviene la convivencia entre disímiles etnias dentro de un mismo territorio,  a las que se suma el valor político, social y cultural que las comunidades indígenas del Cauca le dan a la figura jurídica de la jurisdicción especial indígena[15] consagrada en la Carta Política; y las que aportan los desarrollos desiguales entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca y las que construyen las dinámicas de un conflicto armado interno, han permitido que desde Bogotá dicho departamento sea mirado como un territorio problema en donde la legitimidad del Estado es débil y las relaciones con comunidades indígenas[16], especialmente, sobrevienen en medio de una mutua desconfianza y estigmatización desde  huestes gubernamentales que asumen la cultura indígena como pre moderna, como un obstáculo para el avance del progreso y cercanas al ideario de las guerrillas que hacen presencia en el territorio caucano.

En el informe Pacificar la paz se confirman las anteriores circunstancias contextuales y se listan otras que terminan por confirmar que el Cauca es, de tiempo atrás un territorio en disputa lo que de inmediato pone de presente la crisis del Estado como orden perenne y una conflicto étnico no declarado, en el que claramente sobresale la animadversión cultural de una reducida élite ‘blanca’ y mestiza que mira con desdén a los indígenas.

Entre tanto, como veta de investigación, llama la atención la no aparición del Valle del Cauca en este informe, asunto que confirma las disímiles condiciones en las que el conflicto armado se ha manifestado a lo largo de 50 años.
En dicho informe se lee:

Este departamento se caracteriza por una heterogeneidad cultural y social  contradictoriamente expresada en discriminación a los indígenas y campesinos, y en la falta de participación política y económica del conjunto de los ciudadanos. En el primer sentido,  la élite regional mantiene una desconfianza tradicional frente a la capacidad de los citados sectores étnico y social para gestar el desarrollo a través de sus propias organizaciones; y peor aún, algunos reproducen visiones que criminalizan a los movimientos sociales, obstaculizando así su participación política. Los mismos movimientos sociales, por su parte, han estado interferidos por los tradicionales mecanismos de cooptación de las redes clientelistas y por los esquemas de una izquierda atrapada  en el conflicto armado. La exclusión de buena parte de la población de la toma de decisiones económicas y políticas ha facilitado la desviación y la concentración de los recursos estatales en favor de unos pocos sectores privilegiados de la sociedad caucana; los recursos y los esfuerzos locales se han dirigido hacia la meseta de Popayán, donde hay una gran variedad  de cultivos agrícolas, y hacia el norte del departamento, donde los ingenios del Valle desarrollan una economía de enclave. La riqueza relativa de esta zona contrasta con la pobreza y miseria en que están sumidas las comunidades campesinas e indígenas del sur, los colonos de la zona del Pacífico, donde no existe ningún tipo de presencia estatal… Finalmente, la exclusión política y la presencia de la guerrilla contribuyeron a que los conflictos se resolvieran violentamente[17].



Pacífico

En la extensa zona del Chocó Biogeográfico, que va desde el sur del país, hasta los límites con Panamá, subsisten comunidades indígenas, mestizas y afrocolombianas en medio de conflictos socio ambientales generados por un modelo de desarrollo extractivo que se expresa a través de actividades productivas como la minería[18], en todas las escalas, la explotación maderera, pesquera, la ganadería y el desarrollo de proyectos agro industriales. Una importante porción de este territorio está jurídica y políticamente bajo la figura de la propiedad colectiva, que cobija estrictamente los territorios rurales en los que habitan comunidades afro e indígenas. “Sin embargo, la fuente de mayor inestabilidad  es la economía de enclave que ha dominado a la región…”[19].

Dentro de esa estratégica zona aparece Buenaventura, la ciudad puerto, sumida en la pobreza, la violencia, el abandono estatal y en general, en profundas contradicciones socio ambientales.

Buenaventura, como espacio  geográfico, arrastra años de abandono y debilidad institucional, en el marco de prácticas racistas y de exclusión étnica aupadas desde actores políticos, sociales y económicos asociados a una ‘cultura blanca’ (mestiza) que colonizó el territorio y hasta cierto punto aprovechó las débiles organizaciones raizales y locales, con el claro propósito de someter la cultura afrocolombiana a las lógicas de un proyecto de desarrollo atado de manera exclusiva a la explotación de los recursos naturales y al aprovechamiento de las instalaciones portuarias, en desmedro de la vida y de la cultura de cientos de miles de ciudadanos afrocolombianos. 

Elementos para el diseño de escenarios de Posconflicto desde y para la Región[20]

En el contexto de una campaña electoral que transcurre en medio de escándalos y pugnaces enfrentamientos entre los candidatos más opcionados de la derecha y la ultraderecha colombiana y en medio de las incertidumbres políticas que generan los acuerdos parciales en tres puntos de la Agenda de Paz que se discute en La Habana, bien vale la pena pensar, desde Cali y la región del suroccidente elementos y circunstancias que permitan diseñar escenarios de posconflicto, así la guerra interna mantenga vivas sus dinámicas.

La reconstrucción física, simbólica y cultural es un elemento sustancial para pensar escenarios de posconflicto, especialmente si tenemos en cuenta que la guerra degradada en Colombia tiene efectos negativos en la construcción de representaciones sociales (RS) e imaginarios colectivos con los que los ciudadanos se explican no sólo el conflicto mismo, sino la vida, lo público, el papel del Estado y de la sociedad. RS e imaginarios que devienen en actitudes y acciones de rechazo de la ciudadanía frente a las autoridades, y en general en prácticas sociales propias de semi fallidos procesos civilizatorios dados en Cali y Buenaventura, entre otras ciudades desiguales, violentas y segregadoras.

Parte de lo que hay que reconstruir en nuestro país es la confianza entre el Estado y la sociedad, así como entre las autoridades de justicia, aquellas con capacidad de coerción y los ciudadanos.

Para lograrlo, se debe contar con el concurso decidido de las fuerzas vivas de la  sociedad  civil caleña y vallecaucana en aras de construir y consolidar experiencias de reconstrucción del tejido social afectado directa o indirectamente por las acciones de actores armados con carácter político, o de  aquellos grupos calificados como delincuencia común; e incluso, por las afectaciones provocadas por las decisiones de grupos de poder privado, así como por las acciones de autoridades estatales que por acción u omisión afectaron y afectan la vida y la tranquilidad de comunidades urbanas y rurales.

De allí que en el marco de la reconstrucción o de la generación de confianza entre el Estado y la sociedad es urgente replantear la visión y la misión de la Policía, en especial eliminar la idea de que los problemas de violencia urbana y de convivencia en ciudades como Cali, se solucionan exclusivamente con el aumento del pie de fuerza. Anexo a este cambio, es igualmente urgente que la autoridad militar y policial se someta al poder civil para que el alcalde de Cali lidere las políticas de seguridad y convivencia a implementar.

Resulta inaceptable que decretar el plan de desarme dependa de la voluntad del comandante de la Brigada. Ese elemento claramente se apoya en un Estado y una sociedad militaristas, lo que va en contravía de los propósitos planteados para asegurar la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Todo lo anterior apunta a asegurar experiencias de posconflicto en las que el riesgo de vivir juntos sea minimizado con procesos de socialización sólidos, sostenidos en principios democráticos de respeto a la diferencia, anclados a un proyecto educativo que no sólo enseñe a hacer, sino a pensar a niños, adolescentes y adultos en que es posible vivir juntos.

Para lograrlo, se requiere que todos compartan referentes éticos y morales construidos y propuestos por el Estado y la sociedad, en una conjunción basada en la confianza y el respeto. Por ello, es necesario liberar al Estado local, regional y nacional de las mafias clientelares que lo tienen ‘capturado’; amparadas muchas de ellas por miembros de una élite política, social y económica que debe erigirse como un actor importante para pensar, por fin, un proyecto regional de Nación que sirva de ejemplo para el Gobierno central y el resto de la sociedad colombiana.

Así entonces, mientras el proceso de paz de La Habana avanza y el país  define la continuidad o no del Gobierno de Santos, es urgente que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, con el concurso de la Academia y de otros sectores y grupos de interés se sienten a revisar las formas como el orden social y político funciona de tiempo atrás y las responsabilidades que cada actor debe asumir frente a los problemas de convivencia que afrontan ciudades como Cali y Buenaventura, para citar  dos ejemplos. 

El caso Cali

La capital del Valle del Cauca deviene en una especie de imán que atrae a inmigrantes de todas partes del país, pero especialmente de la zona suroccidental y del Pacífico. Colombianos que huyen de la violencia o que buscan mejores de vida en una ciudad vista como una posibilidad real para ‘progresar’.

La historia de Cali señala que

Al iniciarse el siglo XX comienza un arduo despegue hacia la modernización… La consolidación de un sector social agropecuario y comercial, la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la extensión de la infraestructura fluvial  y luego carreteable, provocaron el despegue. Sólo la crisis de 1929-1932 interrumpió transitoriamente  esta marcha hacia el progresoCreció, entonces, la población de la ciudad con base en las inmigraciones. La generación de empleo, los salario relativos favorables y también la violencia en el entorno, actuaron como atractores de población. Creció la ciudad a golpe de invasión de terrenos, pero también de construcciones legales… Y cambiaron las estructuras sociales, las mentalidades, la moral, la cultura y los patrones de consumo[21].

Con el paso del tiempo Cali se convirtió en una urbe dinámica, sobre la que se construyeron imaginarios colectivos que daban cuenta de una ciudad próspera, con un clima agradable y con una población alegre.

A pesar de los efectos negativos de un crecimiento urbanístico desordenado y sin mayores criterios ambientales, el resto del país acogió esos imaginarios y ayudó a consolidar otros. Luego Cali sería la capital deportiva de América, apelativo ganado por la realización de los Juegos Panamericanos de 1971, hito deportivo que sirvió de impulso para el crecimiento urbanístico y el mejoramiento de sus instalaciones viales; también sería Cali, la sucursal del cielo y la Capital mundial de la salsa otros dos imaginarios con los cuales las autoridades municipales y los caleños progresivamente aceptaron la idea de una ciudad-marca con la que fue posible ocultar el crecimiento de desordenado de la ciudad hacia la ladera y hacia el oriente de la ciudad, convertidos en lugares propicios para el nacimiento y consolidación de asentamientos subnormales o asentamientos de desarrollo incompleto. Estas formas irregulares de poblamiento permiten hoy clasificar a Cali como una ciudad segregadora[22], tal y como lo ha demostrado el profesor Harvy Vivas Pacheco.

Vivas Pacheco concluye que,

 “De acuerdo con los resultados de los índices y métricas utilizados en este estudio se puede apreciar que la ciudad de Cali es altamente segregada en su  composición socio-demográfica y presenta fuertes indicios de asociación entre las unidades espaciales que conforman clusters homogéneos en la métrica de densidad de capital humano. Una de las novedades de este estudio consiste en la construcción de índices locales de segregación, que vayan más allá de la mirada global que aportan los índices generales calculados para la ciudad como un todo. Tal y como se aprecia la evidencia de segregación  global es fuerte y coincide parcialmente con los hallazgos de Barbary (2004). Sin embargo, la métrica utilizada aquí tiene un alcance mucho más amplio que permite identificar la presencia de alta segregación en el cordón longitudinal de la ciudad y en las zona oriente y de ladera: la concentración de población con alta composición relativa de capital humano y fuerte correlación espacial se localiza en el cordón central, mientras que en las otras dos zonas predomina una composición baja de capital humano[23].

De igual forma, dichas etiquetas sirvieron y sirven aún para ocultar los índices de violencia que la tienen hoy en día como la cuarta urbe más violenta del mundo.

Sobre los índices históricos de la violencia en la capital del Valle del Cauca, se habla de una

Cifra inicial y disponible de delitos de 15.790 en 1982, que corresponde a una tasa  de 1.271. Veinte años más tarde, en 2001, la cifra para el área metropolitana de Cali es  de 13.163 delitos, que corresponde a una tasa de 542… Por el contrario, la tasa de homicidios de Cali en 1980 fue de 33 y en 2001 casi se triplicó, al llegar a 95. La trayectoria de la tasa entre 1980 y 2001 es muy significativa en sus variaciones: muestra un ascenso entre 1980 y 1986, cuando pasó de 33 a 76, multiplicándose  2,3 veces en solo seis años; luego tuvo un breve descenso, entre 1980 y 1988, cuando llegó a 0, y luego se asiste  a un descenso pronunciado, entre ese año y 1994, cuando llegó a su punto más alto del periodo: 120, multiplicándose 2,4 veces, también en un periodo de seis años, sobre una base mayor a la de 1980[24]

En el 2013 la tasa de homicidios fue de 86 por cada 100 mil habitantes. Según estimativos, se espera que para el 2014 el índice disminuya, alcanzándose una tasa que puede oscilar entre el 60 y 66 que sigue siendo alta si se tiene en cuenta que ciudades como Bogotá y Medellín viene bajando sus tasas de homicidios.




[1] Estanislao Zuleta. Colombia: violencia, democracia y derechos humanos. Bogotá, Altamira Ediciones, 1991. p. 77.

[2] El sentido flexible de región dado en el documento que dio vida al CIER, señala que el concepto de Región permitirá pensar, por ejemplo en definiciones de región como: la región Pacífico (que incluye Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), la que se propone geográficamente a lo largo y ancho del Valle Geográfico de la Cuenca del Río Cauca, la región del norte del Valle. Puede implicar también diferentes formas de expresiones regionales  como por ejemplo: el Valle del Cauca como región, región del valle geográfico del río Cauca; región del sur occidente colombiano, costa Pacífica colombiana. Incluso, puede incluir una cuenca hidrográfica, la zona rural o urbana, zonas de conurbación o de integración ubicadas en esta área de influencia regional. En este sentido, la definición de una de estas expresiones de región depende más de cuál es la expresión regional que atenderá el objeto de investigación construido por el investigador o el grupo en el marco del CIER. Será clave para el CIER abordar problemas coyunturales y estructurales del Pacífico colombiano, región estratégica para el desarrollo del Valle del Cauca y para propia cuenca, que sufre de tiempo atrás los efectos de una gestión estatal y  privada precarias, que la tienen sumida en un estadio de subdesarrollo o de desarrollo lineal, poco amable con sus especiales circunstancias medioambientales y socioculturales.

[3] En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón se lee: “Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Así mismo, presenta brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos históricos estructurales. En este sentido, uno de los mayores desafíos para alcanzar la prosperidad democrática, es lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional”. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Tomo I, p. 27.

[4] En el ideario popular, en el lenguaje común y en representaciones colectivas desde la perspectiva de Durkheim, se habla de costeños para reconocer y nombrar la vida de aquellos ciudadanos colombianos que viven en la Costa Atlántica. Contrario sucede con quienes viven en la Costa Pacífica, dado que no se reconoce colectivamente el apelativo de costeños. Se habla de nariñenses, chocoanos y bonaerenses, pero no costeños. Véase Representaciones sociales. Teoría e investigación. Tania Rodríguez Salazar y María de Lourdes García Curiel (coordinadoras).  Universidad de Guadalajara. 2007. p. 17-40.

[5] Crisis de liderazgo, cansancio en las filas por la dificultad de alcanzar el poder, lo que terminó por convertir el proyecto armado y pretendidamente revolucionario, en un modus vivendi para cientos de guerrilleros jóvenes que vieron en la ‘lucha amada’ la oportunidad para ‘progresar’. La llegada del narcotráfico también aportó negativamente a la consolidación del proyecto liberador de las guerrillas.  En el informe Pacificar la paz se lee que “el narcotráfico ha operado como un canal de ascenso individual, sustituto del reformismo social. Se pone en evidencia cómo el movimiento guerrillero  se ha vuelto co partícipe  y víctima del narcotráfico unas veces,  y cómo en otras los guerrilleros han jugado el papel de ilusos inyectores de <> a los narcotraficantes, estos nuevos y agresivos colonizadores de la política y de la sociedad. Empero, creyendo <> al narcotráfico, la guerrilla ha resultado a menudo colonizada por él”. Tomado de Sánchez Gómez, Gonzalo. Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios sobre la violencia. La Carreta Política. Iepri. 5ª edición. 2009. p. 18.

[6] Ejemplo de ello, constituye el discurso y la lucha antiterrorista proclamados por los EE.UU después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Dicho discurso fue recogido y adoptado como propio por el Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien diseñó y aplicó, bajo esos parámetros ideológicos y políticos su Política de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), con la que combatió a las guerrillas, en especial a las Farc. Como parte del cambio de orientación, el conflicto armado interno desapareció del discurso estatal y fue remplazado por la idea de amenaza terrorista. Durante ochos años el conflicto armado interno y las guerrillas perdieron el estatus y las condiciones políticas que históricamente gobiernos, la academia y la sociedad en general les había conferido o reconocido.

[7] En el contexto de una guerra de guerrillas prolongada, los territorios distantes suelen convenir a los grupos armados ilegales, por cuanto aprovechan la baja institucionalidad, la precaria o nula presencia del Estado, así como las incertidumbres sociales de comunidades que se han sostenido sin el amparo del Estado. Alfredo Rangel Suárez señala: “En esta situación los terrenos distantes, selváticos y de difícil acceso contribuyen  a la preservación y al ocultamiento de la insurgencia, así como para eludir los embates de las fuerzas gubernamentales…La geografía es un elemento clave desde el punto de vista táctico y estratégico que juega en favor de la guerrilla y en contra del Gobierno”.  Alfredo Rangel Suárez. Naturaleza y dinámica de la guerra. EN: Guerra, Sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental. Fescol, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Universidad de los Andes, Ecofondo, GTZ, Tropenbos Internacional Colombia. p. 2004. p. 50.
[8] Alfredo Rangel sostiene que “Colombia ha sido un país con mucho más territorio que Estado. Esta precariedad de las instituciones del Estado frente a la dimensión del territorio ha hecho posible fenómenos como la colonización espontánea y no regulada, y el asentamiento de grupos insurgentes en amplias zonas del país”. Rangel Suárez, Alfredo. Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia. En: Guerra, sociedad y medio ambiente. Colombia: M. Cárdenas y M. Rodríguez B. Foro Nacional Ambiental. Fundación Alejandro Ángel Escobar. Universidad de los Andes, Facultad de Administración. Ecofondo. Tropenbos Internacional de Colombia. GTZ y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia- Fescol. Bogotá, 2004. p.49.

[9] Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Tomo I. p. 37-39.

[10] El pensador Fernando González así lo reconoce: “…cada departamento es entre nosotros  un país: sobre todo, Colombia  tiene al Departamento de Antioquia, vasco y judío, pueblo fecundo  y trabajador que va unificando  poco a poco  a la República y que reniega de la vanidad” EN: Negroides. p 28.
[11] Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011. págs 22-23.

[12] Tomado del documento que dio vida al Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico colombiana, CIER, de la Universidad Autónoma de Occidente.
[13] Colombia: violencia y democracia. Comisión de estudios sobre la violencia. Gonzalo Sánchez Gómez. La Carreta Política. IEPRI, 2009.  p. 112.

[14] Ibid. Comisión de estudios sobre la violencia. págs 114-115.

[15] En el capítulo 5, De las jurisdicciones especiales, Artículo 246, se lee lo siguiente: “Las autoridades  de los pueblos indígenas podrán ejercer  funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas  y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. El Artículo 330 señala que “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados  y reglamentados según los usos y costumbres  de sus comunidades… Parágrafo: La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas  se hará sin desmedro  de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes  de las respectivas comunidades”.

[16] Para el pensador nadaísta Fernando González los indios americanos tienen una personalidad “completamente reconcentrada, humillada; caminan agachados, embrujados, entristecidos celularmente, los ojos alertados por el miedo. Tipos de vencidos. Pero no imitan, no desean parecerse a sus amos, no se prostituyen. Poseen un orgullo prometedor…” EN: Los negroides. p. 27. Texto sin referencia.
[17] Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz. Comisión de la Superación de la Violencia. Alejandro Reyes Posada (director).  Bogotá, 1992. IEPRI, Cinep, Comisión Andina de Juristas y Cecoin. págs. 83-84.

[18] “La ausencia de políticas discriminatorias  en la minería refuerza un problema ya común en las relaciones entre el Estado  y la sociedad: la ausencia de articulación de las demandas locales, las  dinámicas de la vida social y las especificidades culturales e identitarias de las  poblaciones que habitan los territorios, con la configuración de intereses  estructurales de rango nacional que se sustentan en un principio de bienestar  general o bien común, aquel principio fundamental de la ideología del estado.  En un país que proclama discursivamente que posee una nación pluriétnica y  multicultural, no se ha llegado a un punto en el que ese discurso sea practicado  respetándose tajantemente los derechos culturales de sus diversas  poblaciones. El llamado interés nacional se contrapone a la subsistencia de  distintos sistemas sociopolíticos en un mismo territorio, o en otras palabras,  diversas culturas, identidades, mundos de vida, etc.  La forma en que se ha configurado en la actualidad la minería de oro en el  país, se debe a una multiplicidad de factores internacionales que ejercen  influencia en el campo”. El escenario de la minería aurífera como campo de luchas, estrategias antagónicas de reproducción. Ana Cristina Soto y Alexandra Urán. Anuario del Conflicto Social 2013. http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/10363/13154

[19] Colombia: violencia y democracia. Gonzalo Sánchez Gómez. Comisión de Estudios sobre la violencia. La Carreta Editores. IEPRI. 2009. p. 110.

[20] Publicado en el Semanario Realidades y Presencias Nro 8  del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. http://observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/semanario/

[21] Vásquez Benítez, Édgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio. Cali, 2001. p. 3.
[22] “Las ciudades contemporáneas que concentran un importante volumen de población llevan consigo la paradoja de ser lugares segregados, hostiles, sucios, inseguros y con un deterioro importante del medio ambiente; sin embargo, tal y como lo señalara Edward Glaeser (2011) en su fascinante obra “Triumph of the City”, la ciudad es quizá una de las más grandes invenciones: allí proliferan las oportunidades de acceso a los servicios de salud, educación y empleo y, así mismo, atraen y concentran el talento y facilitan la movilidad económica y social. Los motores de la innovación y del progreso económico y social se posibilitan en la ciudad. En tal sentido, más allá de la distancia física, la segregación se refiere a la baja probabilidad de interacción que aparece entre los miembros de un grupo social y otro, la cual se desprende de las distancias en las afinidades de sus atributos (escolaridad, empleo, origen, color de piel, etc.)…
[23] Vivas Pacheco, Harvy. Segregación residencial y distancia socioeconómica en Cali. Congreso Nacional de Sociología. Versión PDF, tomada de la red. Acceso 26 de mayo de 2014.

[24] Guzmán Barney, Álvaro. Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad. p  201. 

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