Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Se vienen días aún más difíciles
para el proceso de paz. A las ya conocidas y pasadas coyunturas
político-mediáticas, generadas unas y agrandadas otras por cuenta del Centro
Democrático, grupo político que se ha consolidado como el mayor detractor de
las negociaciones, se suman la polarización política que vive el país desde
2002, el ejercicio periodístico de una prensa siempre presta a darle vocería a
quienes buscan escándalos políticos[1] y
atenta, por supuesto, a registrar de manera lastimera e ideológicamente comprometida
los hechos de la guerra en el contexto de unas negociaciones que se pactaron
desarrollar en medio de las hostilidades. A lo anterior, se suma el reciente anuncio
del fiscal, Eduardo Montealegre, en el sentido en que lo acordado en La Habana
no requiere refrendación, tal y como el propio Presidente lo ha sostenido desde
los inicios del proceso de paz.
Pero más allá de las dificultades
operativas y a los impedimentos técnicos, electorales[2],
jurídicos y políticos[3] que
rodean a mecanismos como el referendo, plebiscito o consulta popular, el país
debe preguntarse qué pasaría en el eventual caso de que los colombianos decidan
respaldar o por el contrario, darle la espalda a los acuerdos de La Habana.
En caso de que el Gobierno decida
recoger la opinión y buscar el respaldo de los colombianos (los que votan) a lo
que se acuerde entre las partes que dialogan en Cuba, el resultado electoral no
está garantizado, porque subsiste una fuerte polarización política en torno al
proceso de paz y la gran prensa bogotana no ha cerrado filas en torno a la
negociación que se adelanta en La Habana. Por lo menos, en lo que atañe a los
dos noticieros privados, Caracol y RCN.
En medio de esas circunstancias,
aparecen tres escenarios:
Primer escenario: Farc y
Santos acuerdan fin del conflicto y el pueblo refrenda lo acordado. Este
escenario, deseable por demás, facilitaría la tarea al Gobierno de Santos para
el diseño de escenarios de posacuerdos, que sirvan de base para impulsar
escenarios de posconflicto con los cuales se logre cumplir a cabalidad con lo
acordado y negociado y por ese camino, consolidar la paz y abrir la posibilidad
a la reconciliación. Si bien este escenario resulta ideal, es claro que los enemigos de lo acordado entre Farc y
Gobierno de Santos harán todo lo posible para afectar negativamente los
escenarios de posacuerdos y por supuesto, se opondrán de muchas maneras a la
construcción de las circunstancias que el posconflicto exige para hacer viable
la paz.
La variable político-electoral
será clave hacia adelante, una vez Santos no esté en el poder presidencial y
las regiones hayan tomado decisiones en materia de elecciones de alcaldes y
gobernadores. Será allí, en las regiones, en donde sabremos cuán disímiles
serán los escenarios de posconflicto que cada departamento diseñe y consolide,
para consolidar en ellos la paz. Por ello, las decisiones que el electorado
tome tanto en las elecciones de 2015, como en las consecutivas, deberán
pensarse en clave de posconflicto y paz. Una vez se firme el fin del conflicto,
sobre cada región recaerá la obligación política de asegurar que la paz se
instale en sus territorios de manera definitiva.
Segundo escenario: Farc y Santos acuerdan fin del conflicto y el pueblo
No refrenda lo acordado.
Este escenario, posible, pero no
deseable, sería una prueba difícil para el orden establecido. Una negativa del
electorado serviría para desenmascarar y/o develar el tipo de sociedad que
tenemos y sería la oportunidad esperada por sectores militaristas para la
consolidación de un régimen de terror y autocrático, peor al que vivió el país
entre 2002 y 2010. Ojalá que el electorado, la opinión pública, los medios de
comunicación y en general la sociedad civil y política entiendan que dicho
escenario no solo resultaría contradictorio frente al esfuerzo político de
poner fin al conflicto armado, sino peligroso para ampliar un régimen
democrático cerrado y excluyente como el colombiano.
Si en las urnas no se logra
refrendar lo acordado en La Habana, el país bien podría entrar en una compleja
lucha por el poder político central y regional, en donde afloraría la
pugnacidad y la reivindicación de los sectores sociales, militares, económicos
y políticos que se sintieron rechazados, o que vieron amenazados sus intereses
y/o afectados por el proceso de paz y por las condiciones planteadas en los
acuerdos para transformar el país, a partir de los compromisos adquiridos por
las partes, pero en especial por los que el Gobierno de Santos asumiría en
nombre del Estado.
Tercer escenario: Farc y Santos acuerdan fin del conflicto y Gobierno
decide no refrendar los acuerdos de La Habana.
Este escenario, a la luz de la lo
planteado por el Fiscal, podría servir a los intereses de los detractores del
proceso de paz de La Habana y daría la fuerza suficiente a sectores de poder
económico, social, militar y político que de tiempo atrás sintieron amenazados
sus intereses por las exigencias de los acuerdos mismos y por los que
demandaría el posconflicto.
En el eventual caso de que el
Gobierno de Santos acoja la tesis jurídica del Fiscal, y decida políticamente
no refrendar lo acordado con las Farc en La Habana, esa decisión no solo lo
dejaría como un mentiroso ante la guerrilla fariana[4] y el
sector de la opinión pública que acompaña al proceso de paz, sino que daría a
la dirigencia y a los simpatizantes del Centro Democrático la oportunidad
política y electoral para oponerse a la implementación de los compromisos
adquiridos de cara a consolidar escenarios de posacuerdos y posconflicto.
Así las cosas, en materia de
refrendación nada está definido. El Fiscal le acaba de dar al Gobierno de
Santos una posibilidad jurídica para salvar el acuerdo de paz al que se logre
llegar en La Habana, así como una oportunidad política para que el Presidente
dé un paso en falso, ante el miedo o las reservas que jurídica y electoralmente
recaen sobre el mecanismo pensado para
la refrendación. Santos debe buscar el mecanismo adecuado para refrendar lo
acordado con las Farc. Y para ello, deberá convocar a las Altas Cortes y a las
fuerzas políticas de la Unidad Nacional, sin olvidar que los colombianos (los
que votan) tienen la responsabilidad política y el compromiso ético de decirle
SI a lo que se firme en Cuba. Si esa parte del Constituyente primario le da la
espalda a los acuerdos que le pondrían fin al conflicto armado, entonces esa
parte de la opinión pública deberá hacerse responsable de lo que suceda en el
país y que de alguna manera se refleja en el segundo escenario aquí planteado.
[1] Baste con recordar el episodio de
las fotos que les tomaron a varios guerrilleros en un catamarán. Varios medios
dijeron que los guerrilleros andaban de paseo en un yate.
[2] Véase
http://www.larepublica.co/asuntos-legales/acuerdos-para-la-paz-deben-refrendarse-por-ciudadanos_54991
[3] Véase http://www.semana.com/nacion/articulo/no-habria-referendo-para-los-acuerdos-de-paz/415608-3
[4]
Las Farc dijeron, recientemente, que lo acordado en La Habana debe ser
refrenado por el pueblo. En reciente comunicado dijeron: Las conversaciones de
paz que se desarrollan en La Habana se rigen por el Acuerdo del 26 de agosto de
2012; es decir, por el conjunto indisoluble de su preámbulo, y su Agenda, los
cuales constituyen su único Marco Jurídico y conceptual convenido. En
consecuencia, todo lo que a la fecha se haya adelantado, acordado o aprobado
por las ramas del Estado, por fuera de la agenda de La Habana, no tiene validez
para los efectos del proceso. Debe considerarse sin valor alguno, y sin
alcances vinculantes. En ningún ciclo o espacio oficial de conversaciones, se
ha tratado sobre temas de una justicia, que
anticipadamente descarte que, un proceso de paz es un hecho político y no un
proceso jurídico. Véase: http://farc-ep.co/?p=4203
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