YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 23 de enero de 2015

OBSERVATORIO DEL CIER

REPORTE  SEGUIMIENTO A MEDIOS ESCRITOS COLOMBIANOS
OBSERVATORIO DE MEDIOS DEL CIER

Introducción

En el primer semestre de 2014, la base de datos del Observatorio del CIER reportó 429 noticias relevantes para el campo temático que nos interesa que es el del Medioambiente en su interacción con la Sociedad y el Estado. La distribución de las frecuencias entre los medios de comunicación sigue siendo cuantitativamente equilibrada, con un número un poco mayor en el caso de El País, seguido de cerca por el Espectador y con 30% de las frecuencias por parte del diario El Tiempo.

Igual a como observamos para los semestres anteriores, las diferencias notables están en el tipo de información que proporciona cada periódico. El diario El País, relativamente, tiene los porcentajes mayores de información sobre “hechos” ocurridos. El diario El Espectador, sobre “opiniones”, lo mismo que El Tiempo, que, además, tiene porcentajes altos de noticias que se refieren a la intervención del Estado (ver Tabla de Frecuencias).

Sobre la Unidad de Conteo y las Categorías de Análisis

A partir de una lectura diaria de los tres medios de comunicación, nos detenemos en “noticias ambientales” que se constituyen en la unidad básica de conteo. La idea que sostenemos es que a través de estas noticias es posible captar, analíticamente, alguna de las “categorías de análisis” que nos interesa y que se resalta en la noticia. De esta manera, a partir de un conjunto de categorías que proponemos para el análisis, podemos  reconstruir el fenómeno ambiental como una totalidad en la que, además de la naturaleza articuladora, hacen presencia la sociedad, la economía y el Estado. Si tenemos éxito con el método propuesto, podemos proceder a sistematizar un conjunto de información que está orientada intencionalmente a dar cuenta del transcurrir semestral del fenómeno ambiental, como una construcción analítica que articula lo natural, lo social y lo político. ¿Cuáles son estas categorías?

Hechos, Amenazas y Desastres

Es el dato primario sobre una ocurrencia, en el espacio, en el tiempo, con una determinada forma y con un determinado impacto en el medio natural y social. Hay una variación cuando se trata de una “amenaza” y, según la magnitud, de un “desastre”.

Opiniones, Denuncias, Acciones Colectivas y Movilizaciones

En varias oportunidades, los “hechos” se refieren a “opiniones” o “denuncias”, individuales o colectivas, sobre otros “hechos” o situaciones coyunturales de interés. De manera significativa, pueden traducirse en acciones colectivas, con distintos grados de organización y repercusión y estas acciones pueden llevar a “movilizaciones” sociales de alguna magnitud. La importancia de esta categoría es que capta la sensibilidad de la sociedad civil subalterna sobre el tema ambiental.

Editoriales y  Columnas de Opinión

Las noticias ambientales en muchos casos tienen que ver con columnas de opinión o editoriales de los medios. Tienen mucha significación por su proveniencia y se ha establecido una categoría particular para su análisis.

Participación e Intervención de Instituciones Privadas

Las noticias pueden provenir de sectores organizados de la Sociedad Civil como fundaciones, ONG, gremios. Por su significación se establece una categoría de análisis particular.

Intervención del Estado y Política Pública y Medioambiente
Esta es la categoría que tiene más frecuencias en la base de datos y se refiere a la manera como el Estado interviene ante los hechos ambientales, con el diseño de políticas, con programas de intervención, con discusión legislativa o a través de los órganos de control del Estado.

Modelos Socioeconómicos, Políticas y Relaciones Internacionales

Cada vez más, las noticias ambientales ponen en la discusión “modelos ambientales y socio-económicos” que van más allá de las fronteras nacionales. Son discusiones sobre modelos del orden transnacional o global. Implican relaciones de fuerza con otras naciones.

Litigios jurídico-ambientales

Con esta categoría queremos darle “autonomía” al nivel jurídico del tratamiento de los conflictos ambientales.

Cambio Climático e Investigación

En el medio académico, es particularmente importante ver la relación e intervención de la Investigación sobre el tema medio ambiental.

Tabla de Frecuencia Enero – Junio 2014
Categoría / Medio
El País
El Espectador
El Tiempo
Total
%
Hechos, Amenazas y Desastres
45
11
27
83
19,3
Opiniones, Denuncias, Acciones Colectivas y Movilizaciones
29
33
41
103
24,0
Editoriales y Columnas de Opinión
24
45
19
88
20,5
Participación e Intervención de instituciones privadas
1
3
2
6
1,4
Intervención del Estado, Política Pública y Medio Ambiente
50
27
25
102
23,8
Modelos Socioeconómicos, Políticas y Relaciones Internacionales
5
7
8
20
4,7
Litigios Jurídico-Ambientales
2
6
1
9
2,1
El Cambio Climático y la Investigación
0
11
7
18
4,2
TOTAL
%
156
143
130
429
100%
36,4
33,3
30,3
100%

Fuente: Observatorio CIER




1.      Modelo Socioeconómico, Políticas y Relaciones Internacionales, y Litigios Jurídico-Ambientales

Por Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

En el contexto de un mundo en el que la seguridad alimentaria sufre por cuenta de plantaciones que buscan garantizar la producción de agro combustibles y el crecimiento de la minería a mediana y gran escala, la ONU, como organismo multilateral, insiste en el mantenimiento de proyectos agrícolas que aseguren la alimentación de los pueblos del mundo, a través de unidades familiares de producción agrícola con las que  puedan ser autosostenibles.

En ese complejo contexto internacional y dadas las circunstancias que impone el proceso de globalización económica, hay que destacar la debilidad del Estado colombiano y la de sus instituciones para enfrentar no sólo la apuesta mundial por los agrocombustibles, sino por la mega minería, y la explotación de hidrocarburos, éstas últimas generadoras de conflictos socio ambientales y por supuesto, de litigios jurídicos entre  empresas mineras del orden nacional e internacional y el propio Estado, propietarios privados, o comunidades cobijadas bajo la figura de la propiedad colectiva.

Esas circunstancias contextuales exógenas tienen soporte en un modelo de desarrollo extractivo que no respeta límites de resiliencia y mucho menos hace concesiones o consideraciones culturales, a juzgar por los efectos socio ambientales que viene generando en Colombia el boom minero-energético, en especial los efectos negativos que dejaron y dejan aún las políticas ambientales de los gobiernos de Uribe Vélez y de Santos Calderón.

En esa línea se registra el siguiente titular en el diario EL TIEMPO: 2014, año de la ONU para la agricultura familiar (sic). En el texto noticioso se lee lo siguiente: “Con esta declaratoria, la entidad busca promover políticas activas a favor del desarrollo sostenible. Una estrategia contra la pobreza, que contempla el respeto al medio ambiente y la biodiversidad[1].

A propósito del avance de la minería, legal o ilegal, el viernes 31 de enero de 2014 se registra un hecho jurídico-político de especial significado, a cargo de la Corte Constitucional, corporación y corte de casación que en muchos casos ha llamado la atención de disímiles gobiernos en torno a la necesidad no sólo de proteger la biodiversidad, sino de garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, entre otros asuntos.

El hecho jurídico-político[2] cobra vida periodística a través del siguiente titular: Magistrados, rumbo a la selva (sic). El antetítulo es claro: Corte Constitucional estudia tutela que busca acabar con Parque Yaigojé Apaporis (sic). Se trata de un litigio jurídico-ambiental de especial connotación.

En la nota periodística, a cargo de Angélica Cuevas, se lee que “los magistrados Eduardo Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacios viajarán este viernes al Parque Nacional Yaigojé Apaporis para avanzar en la solución de uno de los conflictos mineros más polémicos del país: la presencia de la minera canadiense Cosigo Resources dentro de esa reserva natural en la Amazonia. Un conflicto que ha dividido a las poblaciones indígenas de la región pues unos quieren que se extraiga oro de su territorio y otros se oponen a ello… A diferencia de otras compañías que recibieron títulos dentro de parques nacionales, Cosigo se ha negado a enunciar  de manera voluntaria  a ellos y argumenta que es un derecho adquirido[3].

Los hechos políticos y los conflictos socio ambientales con los que claramente queda en evidencia la debilidad[4] del Estado para controlar a las multinacionales que explotan materias primas, continuarían apareciendo en las páginas de los diarios colombianos de mayor circulación. En el mismo diario EL ESPECTADOR, en su edición del miércoles 29 de enero de 2014.

Frenan plan de Anglogold para tumbar consulta popular (sic) es el titular de una nota publicada el 29 de enero de 2014 en el periódico EL ESPECTADOR. Este hecho socio ambiental, jurídico, político y periodístico tiene como antecedente el fallo del Tribunal del Tolima con el que se garantizaron los efectos jurídicos de la consulta popular en la que la comunidad de Piedras dijo no en las urnas a la explotación minera a gran escala.

En el texto noticioso se lee que: “Las pretensiones de la multinacional Anglogold Ashanti, de declarar sin piso jurídico la decisión que tomaron los habitantes de Piedras (Tolima) de cerrarle las puertas de su municipio a la minería a gran escala, acaban de frustrarse por cuenta de una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima. La compañía pretendía que se declarara nula la decisión judicial que avaló la consulta popular[5]”.

Los costos sociales, culturales y ambientales que viene dejando la minería[6] a gran escala en Colombia son incontrastables. Es claro que la sociedad en general, la sociedad civil en particular y hasta el propio Estado no han dimensionado los daños ambientales que viene dejando la actividad minera, en especial la explotación de carbón y de oro.

En la edición del domingo 12 de enero de 2014 el periódico EL ESPECTADOR se publicó apartes de un informe concebido por la fundación Fescol. El título es el siguiente: El verdadero precio del carbón (sic).

En el documento, preparado por  Guillermo Rudas, se explica que “…el aporte a la generación de empleo del sector de la minería e hidrocarburos es muy pobre, en comparación  con otras industrias… Entre 2001 y 2012 el sector agropecuario ha generado 223.000 nuevos empleos, la industria manufacturera 517.000 y la minera a duras penas 81.000 nuevos empleos[7]”.

El oscuro balance que hace Guillermo Rudas alrededor de los aportes versus los efectos que deja la mega minería del carbón y la explotación de hidrocarburos, deja las huestes académicas para llegar a los territorios de las empresas demoscópicas. Y es así, a juzgar por la nota publicada en EL TIEMPO el sábado 22 de febrero de 2014, bajo el título Regiones ven beneficio de minería que la opinión no (sic). En el texto periodístico se lee lo siguiente: “En medio del debate académico, los bajos precios mundiales, las dificultades en la aprobación de licencias ambientales  y la demora en la definición  de los límites de la zona de páramo, entre otros, un sondeo evidenció la fuerte brecha en la percepción que sobre la minería tienen las regiones del país y la opinión pública en general.  Según la Brújula Minera, estudio del Centro Nacional de Consultoría, en los municipios y zonas productoras la industria es aceptada por los beneficios laborales y económicos, pero en la opinión pública[8] la percepción no es la misma”.

Mientras que en sectores académicos y periodísticos se habla de un boom minero que no solo deja regalías, sino efectos socio ambientales negativos, proyecciones de agentes de la sociedad civil advierten sobre una disminución del auge minero en el país, lo que traería consecuencias nefastas en materia económica y financiera.  Así lo registra una nota en EL ESPECTADOR del martes 18 de febrero de 2014, intitulada ¿Cuentas externas en riesgo? (sic).

En el texto periodístico se lee lo siguiente: “Aunque el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, cree que el boom minero está atravesando un cuarto menguante y que el país tiene que prepararse para el retorno del auge en los próximos años, un informe revelado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) le apunta a perspectivas menos alentadoras de crecimiento del sector minero-energético en la próxima década. Esto traería como consecuencia la afectación de las cuentas externas colombianas en la década que viene[9]”.

A la discusión acerca de un eventual desplome del boom minero y de la reducción de los beneficios y/o ventajas que deja la minería al país económico, se sumó el testimonio de Orlando Cabrales, vice ministro de Energía. Su opinión sirve de título a la nota publicada por EL ESPECTADOR, el sábado 1 de marzo de 2014: “La locomotora minera sí jalona la economía” (sic). En el texto periodístico se lee que “el viceministro de Energía, Orlando Cabrales, salió al paso a los que señalan que la locomotora minero-energética se descolgó el año pasado y anunció que esta sigue siendo la palanca dinamizadora de la economía nacional[10].

Las grandes obras[11] de infraestructura también tienen un fuerte impacto social y ambiental, en especial en Colombia dada la manifiesta debilidad del Estado colombiano y la fragilidad de las instituciones de control. La construcción de hidroeléctricas, por ejemplo, deja efectos nocivos en experiencias como Salvajina en el Cauca, en donde no sólo se reconoce que cambió el clima, sino que se afectó la vida de mineros y agricultores que debieron cambiar de actividad (dedicarse a la pesca) o migrar por razones económicas. También hay que nombrar a Urrá y Por ce I y II. En esta ocasión, el registro noticioso da cuenta de Hidroituango.

Los efectos nocivos en el recurso ictiológico, por ejemplo, termina por afectar la seguridad alimentaria de comunidades campesinas que parte de su sustento lo extraen del río Cauca, afluente este desviado para que sus aguas pasen ahora por túneles, para luego generar energía hidráulica. En el texto periodístico se lee que “la desviación del río Cauca, considerada una obra de ingeniería sin precedentes, también implica serios impactos sociales y ambientales[12]”.

El  desarrollo extractivo y la reprimarización de la economía que se promueve y se impone en Colombia viene dejando graves consecuencias socio ambientales y crisis ecológicas que gran magnitud. El titular del periódico EL TIEMPO se convierte en una clara evidencia de lo que viene sucediendo en el país en materia de un desarrollo claramente insostenible. Colombia, primero en conflictos ecológicos en Latinoamérica (sic).

En el texto noticioso se lee lo siguiente: “Son 7,9 millones los afectados por 72 disputas entre comunidades e industrias, según Atlas de Justicia Ambiental… Mineras, hidroeléctricas y agroindustrias hacen parte de las empresas que llegan con sus proyectos productivos a los territorios, y con las cuales las comunidades entran en pugna por el acceso y el uso de recursos naturales como ríos y páramos. Así lo demuestra el primer inventario  de los conflictos por el medioambiente, compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental[13]”.

Es tan poco lo que se puede hacer ante la profundización del modelo extractivo y la reprimarización de la economía colombiana, que a la sociedad en general solo le queda participar en campañas de ahorro de energía como la de Apagar las luces por el Amazonas (sic). Y es así, si tenemos en cuenta lo expresado por Ángel Gurria, secretario general de la Ocde, quien dijo que “nuestro planeta se está calentando de manera peligrosa y necesitamos actuar de inmediato para evitar la catástrofe[14].

Mientras el debate sobre los efectos del boom minero continuaba ocupando las páginas de la gran prensa, desde el sur del país llegaban noticias en torno a la existencia de más reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), concentrados en condiciones geológicas (esquistos[15]). Colombia, en la era de esquistos (sic) es el titular del diario El Espectador del 01 de abril de 2014.

Las contradicciones del desarrollo extractivo y la huella humana que se extiende por el planeta posibilitan y dan sentido a llamados de atención para que se planten más árboles, en especial en grandes urbes en donde el verde prácticamente ha desaparecido por la voracidad de un desarrollo que se concentra en la construcción de vías cada vez más rápidas y en una política de expansión de barrios y edificaciones. De allí que el llamado a concebir ciudades verdes haga parte de esas contradicciones en las que suele caer el ser humano a través de un modelo de desarrollo extractivo y poco amable con ecosistemas naturales sometidos a procesos de urbanización.

La Tierra urge ciudades verdes (sic) es el titular del diario EL PAÍS del 23 de abril de 2014, con el que se da vida a un texto periodístico que aborda la pregunta de cuán verde es la ciudad de Cali. La Alcaldía de Cali y otros actores hablan de tiempo atrás de la construcción de un Corredor Verde. Curiosamente, ante el pedido de varios sectores de convertir una zona de Navarro (del antiguo botadero a cielo abierto) en un pulmón para la ciudad, la alcaldía de Rodrigo Guerrero responde con el proyecto urbanístico Eco ciudad Navarro, cuyo nombre obedece a un simple eufemismo con el se pretende ocultar lo que claramente será un proyecto urbanístico para estratos sociales 1, 2 y 3, en unos terrenos que presentan problemas sanitarios y posibles riesgos para la salud humana.

El tema ambiental en Colombia y en el mundo deviene con la clara intención de develar y reconocer que hay ya suficiente información y hechos tozudos que indican una crisis ambiental generalizada en disímiles partes del mundo. Pero una crisis ambiental que no supone la adopción de políticas de decrecimiento y mucho menos de revisar a fondo el globalizado modelo de desarrollo y la lógica de consumo  que ordena el mundo en estos momentos.

Quizás la conciencia de la crisis no alcance para entender lo que plantea Enrique Leff: “La crisis ambiental es un efecto del conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre la materia, sobre el mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del mundo, desde que el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la historia humana se separe de la historia natural, que sea una historia del significado y el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las estrategias de poder en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para forjar el sistema mundo moderno…Pero lo inédito de la crisis ambiental de nuestro tiempo es la forma y el grado en que la racionalidad de la modernidad ha intervenido al mundo, socavando las bases de sustentabilidad de la vida e invadiendo los mundos de vida de las diversas culturas que conforman a la raza humana, en una escala planetaria. El conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas, degradado al ambiente, desnaturalizado a la naturaleza[16].

Casi en la misma línea planteada por Enrique Leff se entiende lo expresado por  el economista y líder espitirual chileno, Alfredo Sfeir, en una nota en el diario EL PAÍS. En la entrevista el economista chileno señala que “el actual modelo está agotado, y la gente está tratando desesperadamente de seguir creyendo en que podrá arrojar resultados algún día. Y termina con la siguiente sentencia, que a su vez sirvió para titular la nota: “El actual modelo económico se deshumanizó”[17] (sic).

La prensa cumple con la tarea de registrar llamados diarios sobre la crisis ambiental[18], así como los riesgos que afrontaría el Planeta y la supervivencia del ser humano, entre otros asuntos. “La voluntad política es un recurso renovable”: Gore es el titular de una nota que trae las opiniones del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, quien estuvo de visita en Bucaramanga y habló de políticas de conservación.

En esa misma lógica de registrar hechos ambientales y llamados lastimeros alrededor de los efectos ambientales que deja el actual modelo de desarrollo, se entiende una nota titulada No proteger la biodiversidad nos cuesta el 3,7% del PIB (sic). En el texto periodístico editado por el diario EL PAÍS se publican apartes del V informe nacional de Biodiversidad[19]: “Este informe contiene información  sobre los avances en política de biodiversidad  entre el 2009 y 2013, y reseña los cinco motores de destrucción ambiental: el cambio en los usos del suelo (por actividades como la ganadería, la minería y los cultivos ilícitos), la degradación de los ecosistemas, la invasión biológica de otras especies, la contaminación y el cambio climático[20]… Y aunque estos sectores económicos son polos de desarrollo en las regiones, sus efectos  ambientales y económicos también son críticos para Colombia”.

Dentro del proceso informativo que los medios masivos echan a andar, es clave reconocer la redundancia como un elemento clave no sólo en la masificación de la información, sino en el aseguramiento de mayores efectos en las audiencias, en la medida en que la radio, la televisión, la prensa y ahora las redes sociales e internet, replican de manera circular una determinada información. Así las cosas, el 12 de mayo, el diario EL ESPECTADOR publica una nota sobre el ya mencionado Informe Nacional de Biodiversidad en Colombia. El titular es contundente en la medida en que recoge las preocupaciones y el sentido de los llamados de emergencia que se vienen exponiendo de tiempo atrás alrededor de los efectos negativos que deja el actual modelo de desarrollo extractivo: Desarrollo si, pero no así (sic).

En esa misma perspectiva de criticar el modelo de desarrollo extractivo y de señalar los riesgos sociales y ambientales, aparece una nota en el diario EL TIEMPO del sábado 1 de mayo de 2014 intitulada ‘Seguir con energías fósiles es cavar nuestras tumbas’ (sic). Además de llamativos y contundentes, titulares como estos poco aportan a la real comprensión de los retos y problemas ambientales que afronta Colombia y el mundo, por parte de las audiencias, imbuidas en lógicas de consumo y sobreviviendo en medio de condiciones laborales precarias y difíciles. En esta ocasión la fuente responsable de la frase, cuyo sentido no es nuevo, es Yolanda Kakabadse, presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza, quien advierte “que para lograr el desarrollo económico de América Latina no se requiere arrasar con su territorio”.

A los llamados de atención de economistas, líderes espirituales y de expertos ambientales, muchos de ellos en su momento empleados del Banco Mundial y operadores incansables del hoy criticado modelo de desarrollo, se suma la ONU. El organismo multilateral insiste en llamar en hablar en los Objetivos del Milenio y de otras iniciativas y programas, que resultan ser verdaderos e inocuos esfuerzos por cambiar las circunstancias en las que opera hoy el mundo, si se revisa, por ejemplo, que los grandes países desarrollados poco hacen para mitigar el impacto de sus industrias, fábricas y modelos de crecimiento económico, en lo que se refiere al control de emisiones de CO2. En la nota del 26 de mayo de 2014, intitulada  El reto de priorizar los objetivos globales (sic). Los temas son recurrentes: hambrunas, control de enfermedades, educación, pobreza, subdesarrollo y desarrollo tecnológico.

La conciencia tardía que suele emerger de cuando en cuando en las páginas de la prensa, se traslada en forma de discusión a las secciones de opinión de los periódicos. La discusión sobre los temas ambientales produce y reproduce viejos dilemas humanos, que cobran vida a través de relaciones dicotómicas que llevan a extremos: crecimiento-decrecimiento; desarrollo- no desarrollo; agua o petróleo; y extraer- no extraer, entre otras.

Para el 13 de abril de 2014 en el diario EL TIEMPO  se registra la columna de opinión de Orlando Cabrales Segovia, quien funge como vice ministro de Energía. Desde el titular recoge una evidente dicotomía que por estos días toma fuerza ante el registro periodístico de innumerables desastres ambientales: Agua o petróleo, un falso dilema (sic). El columnista defiende la explotación de hidrocarburos. En apartes del texto de opinión se señala lo siguiente: “Han surgido diversas versiones que culpan al sector hidrocarburífero por la crisis del agua en Casanare. En este departamento, la industria  de hidrocarburos tan solo consume el 0.7 por ciento del agua consumida, una cifra mínima comparada con el uso de otros sectores. Además, la industria del petróleo utiliza en promedio el 1 por ciento del área total del bloque asignado  para las plataformas de perforación y las eventuales facilidades de producción, y por cada hectárea intervenida existe  la obligación de reforestar e hectáreas”.  

Aquí el asunto no se puede reducir a las obligaciones y a marcos legales que harían posible obligar a las petroleras a reforestar, dado que el Estado en su conjunto deviene precario, especialmente las instituciones ambientales como las CAR y los órganos de control como la Procuraduría y Contraloría. El poder político y económico de las petroleras termina por facilitar su operación sin mayores consideraciones ambientales en lo que refiere a la mitigación que su actividad extractiva deja en valiosos ecosistemas.

Conclusión

La debilidad del Estado colombiano, expresada, entre otros aspectos, en la falta de coordinación interinstitucional, se hace más notoria y difícil de enfrentar cuando el modelo de desarrollo extractivo y la re-primarización de la economía que hoy se agencian desde el Gobierno y sectores de poder político y económico, coinciden perfectamente con las demandas y las exigencias de un proceso de globalización económica que impone condiciones a Estados como el colombiano, imbuido históricamente en las relaciones de dominación entre Norte y Sur. Esas circunstancias contextuales resultan determinantes para un país como Colombia que aún tiene problemas para consolidarse como un Estado moderno, especialmente en materia de gestión y conservación ambiental, de respeto a los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales, así como en asuntos estratégicos como la seguridad alimentaria, jurídica y por supuesto, la viabilidad política de un régimen de poder “presionado” por esas fuerzas del mercado global.

De allí que sea tan difícil pensar e implementar modelos de desarrollo alternativos que no solo minimicen los efectos socio ambientales, sino que eviten la sujeción  del Estado  a los objetivos de organismos multilaterales que de tiempo agencian y promueven el consumo, la apertura económica, la idea de un Estado mínimo y en general, la profundización del modelo económico neoliberal, en el contexto de un sistema capitalista que no reconoce crisis socio ambientales y mucho menos, problemas de desigualdad y aumento de la pobreza.

En estos momentos, Colombia es una despensa de materias primas que ha despertado los intereses de multinacionales mineras y motivado a empresas y actores nacionales, legales e ilegales, que vienen generando múltiples problemas y conflictos socio ambientales. Dichos conflictos se expresan a través de disputas jurídicas, movilizaciones sociales y en particular, a través de denuncias de reconocidos ambientalistas que intentan llamar la atención sobre los graves problemas de sostenibilidad y sustentabilidad del actual modelo de desarrollo económico.

A lo anterior se suma la incapacidad de las élites política, social y económica del país de reconocer y coadyuvar a la consolidación de un proyecto de nación incluyente, que reconozca las diferencias étnicas y culturales que vibran a lo largo y ancho del territorio colombiano. El centralismo bogotano sigue siendo un fuerte obstáculo para aceptar las particularidades regionales que promueven las cosmovisiones de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como las prácticas culturales asociadas a las regiones históricamente  diferenciadas, sobre las cuales se acepta que Colombia es un país de países, con todo y lo que ello implica para la consolidación de un proyecto de nación que recoja esas diferencias.




[1] 2014, año de la ONU para la agricultura familiar. EL TIEMPO (25 de enero de 2014). p. 29.
[2] Otro hecho jurídico-político que volvería a registrar la prensa tiene que ver con el fallo de La Haya a través del cual Colombia perdió jurisdicción sobre una importante porción de mar compartido con Nicaragua. Los siguientes son los titulares: Corte ratifica inaplicabilidad de fallo de La Haya sin un tratado con Nicaragua (sic). EL TIEMPO, Sábado 3 de mayo de 2014; Sin tratado con Nicaragua, no aplica fallo de La Haya (sic), EL PAÍS, 3 de mayo de 2014; El ‘no’ del magistrado González al fallo de La Haya (sic), EL ESPECTADOR, lunes 28 de abril de 2014.
[3] Magistrados, rumbo a la selva (EL ESPECTADOR). Viernes 31 de enero de 2014. p. 7.
[4] El caso de la Drummond que recién contaminó parte de la bahía de Santa Marta, a través del hundimiento de una barcaza o por el derrame deliberado de carbón en el mar, queda clara la relativa capacidad coercitiva del Estado colombiano para controlar las actividades de multinacionales como la Drummond, para sancionar y para imponer multas.  28 de febrero, día cero para la Drummond (sic) es el título de una nota publicada el miércoles 12 de febrero de 2014 en EL ESPECTADOR. En la nota se lee: “Para el próximo 28 de febrero quedó fijada la audiencia de imputación de cargos contra seis funcionarios de la Drummond por, supuestamente, haber vertido de manera ilegal residuos de carbón a la bahía de Santa Marta, causando un daño ambiental que, según las autoridades, tardaría más de 30 años en repararse”.
[5] Frenan plan de Anglogold para tumbar consulta popular (EL ESPECTADOR). miércoles 29 de enero de 2014.
[6] Explotación de oro, carbón, madera y coltán, entre otros.

[7] El verdadero precio del carbón (EL ESPECTADOR). domingo 13 de enero de 2014. p. 4.
[8] Regiones ven beneficio de minería que la opinión no (EL TIEMPO). Sábado 22 de febrero de 2014. p. 20. “El sondeo, que realizó 3.000 encuestas en 70 municipios del país y 135 entrevistas a directivos de empresas mineras, en febrero y enero respectivamente, mostró que mientras solo el 9  por ciento de la población en general cree que la industria minera es la que más contribuye al crecimiento del país, en las zonas mineras el porcentaje sube al 17 por ciento. Incluso, en la población en general, el sector bancario es percibido como un mayor generador de beneficios para la economía, aunque ambas partes coinciden en que el sector que más contribuye es el petrolero”. 
[9] ¿Cuentas externas en riesgo? (EL ESPECTADOR). Martes 16 de febrero de 2014. p. 10.

[10] “La locomotora minera sí jalona la economía (EL ESPECTADOR). Sábado 1 de marzo de 2014. p. 12.
[11] Consideran expertos que es mejor diseñar micro centrales que pueden dar energía a poblaciones medianas con menores impactos ambientales, en relación con los que produce la construcción de grandes represas.
[12] Dos caras de Hidroituango (EL PAÍS). 6 de marzo de 2014. p. A 11.
[13] Colombia, primero en conflictos ecológicos en Latinoamérica (EL TIEMPO). Sábado 29 de marzo de 2014.
[14] La rimbombancia apocalíptica de Davos (EL TIEMPO). Sábado 8 de marzo de 2014. p. 31.

[15]Roca metamorfica de bajo a medio grado de metamorfismo, cristales visibles a simple vista, su tamaño es mayor que el de los minerales de las  filitas”. http://edafologia.ugr.es/rocas/essquis.htm; el petróleo y el gas se encuentran ‘aferrados’ a las rocas.
[16] Leff, Enrique. La racionalidad ambiental. La reapropiación social de la Naturaleza.  Siglo XXI Editores.
[17] 14 de mayo de 2014.
[18] El diario EL PAÍS en su edición del 17 de mayo de 2014 publica una nota que tiene el mismo sentido de otras anteriores. Ante la imposibilidad de parar el actual modelo de desarrollo, lo único que queda por hacer son campañas de reciclaje, apagar la luz a una determinada hora y hacer actividades más de marketing ambiental. Un día para jugarle limpio al planeta (sic) es el titular. ¿Por qué jugarle limpio al planeta por un solo día? porque es imposible hacerlo todos los días, por el tipo de modelo de desarrollo extractivo.
[19] Dicho informe es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
[20] Así se adaptaron los cafeteros al cambio climático (sic) es el titular de una nota publicada en el diario EL ESPECTADOR, el jueves  de junio de 2014. 

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