REPORTE SEGUIMIENTO A MEDIOS ESCRITOS COLOMBIANOS
OBSERVATORIO
DE MEDIOS DEL CIER
Introducción
En el primer semestre de 2014, la base de
datos del Observatorio del CIER reportó 429 noticias relevantes para el campo
temático que nos interesa que es el del Medioambiente en su interacción con la
Sociedad y el Estado. La distribución de las frecuencias entre los medios de
comunicación sigue siendo cuantitativamente equilibrada, con un número un poco
mayor en el caso de El País, seguido de cerca por el Espectador y con 30% de
las frecuencias por parte del diario El Tiempo.
Igual a como observamos para los semestres
anteriores, las diferencias notables están en el tipo de información que
proporciona cada periódico. El diario El País, relativamente, tiene los porcentajes
mayores de información sobre “hechos” ocurridos. El diario El Espectador, sobre
“opiniones”, lo mismo que El Tiempo, que, además, tiene porcentajes altos de
noticias que se refieren a la intervención del Estado (ver Tabla de Frecuencias).
Sobre
la Unidad de Conteo y las Categorías de Análisis
A partir de una lectura diaria de los tres
medios de comunicación, nos detenemos en “noticias ambientales” que se constituyen en
la unidad básica de conteo. La idea que sostenemos es que a través de estas
noticias es posible captar, analíticamente, alguna de las “categorías de
análisis” que nos interesa y que se resalta en la noticia. De esta manera, a
partir de un conjunto de categorías que proponemos para el análisis,
podemos reconstruir el fenómeno ambiental como una totalidad en
la que, además de la naturaleza articuladora, hacen presencia la sociedad, la
economía y el Estado. Si tenemos éxito con el método propuesto, podemos
proceder a sistematizar un conjunto de información que está orientada
intencionalmente a dar cuenta del transcurrir semestral del fenómeno ambiental,
como una construcción analítica que articula lo natural, lo social y lo
político. ¿Cuáles son estas categorías?
Hechos, Amenazas y Desastres
Es el dato primario sobre una ocurrencia,
en el espacio, en el tiempo, con una determinada forma y con un determinado
impacto en el medio natural y social. Hay una variación cuando se trata de una
“amenaza” y, según la magnitud, de un “desastre”.
Opiniones, Denuncias, Acciones Colectivas y Movilizaciones
En varias oportunidades, los “hechos” se
refieren a “opiniones” o “denuncias”, individuales o colectivas, sobre otros
“hechos” o situaciones coyunturales de interés. De manera significativa, pueden traducirse en acciones colectivas,
con distintos grados de organización y repercusión y estas acciones pueden
llevar a “movilizaciones” sociales de alguna magnitud. La importancia de esta
categoría es que capta la sensibilidad de la sociedad civil subalterna sobre el
tema ambiental.
Editoriales y Columnas de Opinión
Las noticias ambientales en muchos casos
tienen que ver con columnas de opinión o editoriales de los medios. Tienen
mucha significación por su proveniencia y se ha establecido una categoría
particular para su análisis.
Participación e Intervención de Instituciones Privadas
Las noticias pueden provenir de sectores
organizados de la Sociedad Civil como fundaciones, ONG, gremios. Por su
significación se establece una categoría de análisis particular.
Intervención del Estado y Política Pública y Medioambiente
Esta es la categoría que tiene más
frecuencias en la base de datos y se refiere a la manera como el Estado
interviene ante los hechos ambientales, con el diseño de políticas, con
programas de intervención, con discusión legislativa o a través de los órganos
de control del Estado.
Modelos Socioeconómicos, Políticas y Relaciones Internacionales
Cada vez más, las noticias ambientales
ponen en la discusión “modelos ambientales y socio-económicos” que van más allá
de las fronteras nacionales. Son discusiones sobre modelos del orden
transnacional o global. Implican relaciones de fuerza con otras naciones.
Litigios jurídico-ambientales
Con esta categoría queremos darle
“autonomía” al nivel jurídico del tratamiento de los conflictos ambientales.
Cambio Climático e Investigación
En el medio académico, es particularmente
importante ver la relación e intervención de la Investigación sobre el tema
medio ambiental.
Tabla
de Frecuencia Enero – Junio 2014
Categoría / Medio
|
El País
|
El Espectador
|
El Tiempo
|
Total
|
%
|
Hechos, Amenazas y
Desastres
|
45
|
11
|
27
|
83
|
19,3
|
Opiniones, Denuncias,
Acciones Colectivas y Movilizaciones
|
29
|
33
|
41
|
103
|
24,0
|
Editoriales y Columnas de
Opinión
|
24
|
45
|
19
|
88
|
20,5
|
Participación e
Intervención de instituciones privadas
|
1
|
3
|
2
|
6
|
1,4
|
Intervención del Estado,
Política Pública y Medio Ambiente
|
50
|
27
|
25
|
102
|
23,8
|
Modelos Socioeconómicos,
Políticas y Relaciones Internacionales
|
5
|
7
|
8
|
20
|
4,7
|
Litigios
Jurídico-Ambientales
|
2
|
6
|
1
|
9
|
2,1
|
El Cambio Climático y la
Investigación
|
0
|
11
|
7
|
18
|
4,2
|
TOTAL
%
|
156
|
143
|
130
|
429
|
100%
|
36,4
|
33,3
|
30,3
|
100%
|
Fuente: Observatorio CIER
1. Modelo
Socioeconómico, Políticas y Relaciones Internacionales, y Litigios Jurídico-Ambientales
Por
Germán Ayala Osorio
Integrante
del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana,
CIER
Universidad
Autónoma de Occidente
En el contexto de un mundo en el que la
seguridad alimentaria sufre por cuenta de plantaciones que buscan garantizar la
producción de agro combustibles y el crecimiento de la minería a mediana y gran
escala, la ONU, como organismo multilateral, insiste en el mantenimiento de
proyectos agrícolas que aseguren la alimentación de los pueblos del mundo, a
través de unidades familiares de producción agrícola con las que puedan ser autosostenibles.
En ese complejo contexto internacional y
dadas las circunstancias que impone el proceso de globalización económica, hay
que destacar la debilidad del Estado colombiano y la de sus instituciones para
enfrentar no sólo la apuesta mundial por los agrocombustibles, sino por la mega
minería, y la explotación de hidrocarburos, éstas últimas generadoras de
conflictos socio ambientales y por supuesto, de litigios jurídicos entre empresas mineras del orden nacional e
internacional y el propio Estado, propietarios privados, o comunidades
cobijadas bajo la figura de la propiedad colectiva.
Esas circunstancias contextuales exógenas
tienen soporte en un modelo de desarrollo extractivo que no respeta límites de
resiliencia y mucho menos hace concesiones o consideraciones culturales, a
juzgar por los efectos socio ambientales que viene generando en Colombia el boom minero-energético, en especial los
efectos negativos que dejaron y dejan aún las políticas ambientales de los
gobiernos de Uribe Vélez y de Santos Calderón.
En esa línea se registra el siguiente
titular en el diario EL TIEMPO: 2014, año
de la ONU para la agricultura familiar (sic). En el texto noticioso se lee
lo siguiente: “Con esta declaratoria, la
entidad busca promover políticas activas a favor del desarrollo sostenible. Una
estrategia contra la pobreza, que contempla el respeto al medio ambiente y la
biodiversidad”[1].
A propósito del avance de la minería,
legal o ilegal, el viernes 31 de enero de 2014 se registra un hecho
jurídico-político de especial significado, a cargo de la Corte Constitucional,
corporación y corte de casación que en muchos casos ha llamado la atención de
disímiles gobiernos en torno a la necesidad no sólo de proteger la
biodiversidad, sino de garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento
forzado, entre otros asuntos.
El hecho jurídico-político[2]
cobra vida periodística a través del siguiente titular: Magistrados, rumbo a la selva (sic). El antetítulo es claro: Corte Constitucional estudia tutela que
busca acabar con Parque Yaigojé Apaporis (sic). Se trata de un litigio
jurídico-ambiental de especial connotación.
En la nota periodística, a cargo de
Angélica Cuevas, se lee que “los
magistrados Eduardo Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacios viajarán este
viernes al Parque Nacional Yaigojé Apaporis para avanzar en la solución de uno
de los conflictos mineros más polémicos del país: la presencia de la minera
canadiense Cosigo Resources dentro de esa reserva natural en la Amazonia. Un
conflicto que ha dividido a las poblaciones indígenas de la región pues unos
quieren que se extraiga oro de su territorio y otros se oponen a ello… A
diferencia de otras compañías que recibieron títulos dentro de parques
nacionales, Cosigo se ha negado a enunciar
de manera voluntaria a ellos y
argumenta que es un derecho adquirido”[3].
Los hechos políticos y los conflictos
socio ambientales con los que claramente queda en evidencia la debilidad[4]
del Estado para controlar a las multinacionales que explotan materias primas,
continuarían apareciendo en las páginas de los diarios colombianos de mayor
circulación. En el mismo diario EL ESPECTADOR, en su edición del miércoles 29
de enero de 2014.
Frenan
plan de Anglogold para tumbar consulta popular (sic) es el titular de una nota publicada el 29 de
enero de 2014 en el periódico EL ESPECTADOR. Este hecho socio ambiental,
jurídico, político y periodístico tiene como antecedente el fallo del Tribunal
del Tolima con el que se garantizaron los efectos jurídicos de la consulta
popular en la que la comunidad de Piedras dijo no en las urnas a la explotación
minera a gran escala.
En el texto noticioso se lee que: “Las pretensiones de la multinacional
Anglogold Ashanti, de declarar sin piso jurídico la decisión que tomaron los
habitantes de Piedras (Tolima) de cerrarle las puertas de su municipio a la
minería a gran escala, acaban de frustrarse por cuenta de una decisión del
Tribunal Administrativo del Tolima. La compañía pretendía que se declarara nula
la decisión judicial que avaló la consulta popular…[5]”.
Los costos sociales, culturales y
ambientales que viene dejando la minería[6]
a gran escala en Colombia son incontrastables. Es claro que la sociedad en
general, la sociedad civil en particular y hasta el propio Estado no han
dimensionado los daños ambientales que viene dejando la actividad minera, en
especial la explotación de carbón y de oro.
En la edición del domingo 12 de enero de
2014 el periódico EL ESPECTADOR se publicó apartes de un informe concebido por
la fundación Fescol. El título es el siguiente: El verdadero precio del carbón (sic).
En el documento, preparado por Guillermo Rudas, se explica que “…el aporte a la generación de empleo del
sector de la minería e hidrocarburos es muy pobre, en comparación con otras industrias… Entre 2001 y 2012 el
sector agropecuario ha generado 223.000 nuevos empleos, la industria
manufacturera 517.000 y la minera a duras penas 81.000 nuevos empleos…[7]”.
El oscuro balance que hace Guillermo Rudas
alrededor de los aportes versus los efectos que deja la mega minería del carbón
y la explotación de hidrocarburos, deja las huestes académicas para llegar a
los territorios de las empresas demoscópicas. Y es así, a juzgar por la nota
publicada en EL TIEMPO el sábado 22 de febrero de 2014, bajo el título Regiones ven beneficio de minería que la
opinión no (sic). En el texto periodístico se lee lo siguiente: “En medio del debate académico, los bajos
precios mundiales, las dificultades en la aprobación de licencias
ambientales y la demora en la
definición de los límites de la zona de
páramo, entre otros, un sondeo evidenció la fuerte brecha en la percepción que
sobre la minería tienen las regiones del país y la opinión pública en
general. Según la Brújula Minera,
estudio del Centro Nacional de Consultoría, en los municipios y zonas
productoras la industria es aceptada por los beneficios laborales y económicos,
pero en la opinión pública[8]
la percepción no es la misma”.
Mientras que en sectores académicos y
periodísticos se habla de un boom
minero que no solo deja regalías, sino efectos socio ambientales negativos,
proyecciones de agentes de la sociedad civil advierten sobre una disminución
del auge minero en el país, lo que traería consecuencias nefastas en materia
económica y financiera. Así lo registra
una nota en EL ESPECTADOR del martes 18 de febrero de 2014, intitulada ¿Cuentas externas en riesgo? (sic).
En el texto periodístico se lee lo
siguiente: “Aunque el ministro de Minas y
Energía, Amylkar Acosta Medina, cree que el boom minero está atravesando un
cuarto menguante y que el país tiene que prepararse para el retorno del auge en
los próximos años, un informe revelado por la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF) le apunta a perspectivas menos alentadoras de
crecimiento del sector minero-energético en la próxima década. Esto traería
como consecuencia la afectación de las cuentas externas colombianas en la
década que viene[9]”.
A la discusión acerca de un eventual
desplome del boom minero y de la reducción de los beneficios y/o ventajas que
deja la minería al país económico, se sumó el testimonio de Orlando Cabrales,
vice ministro de Energía. Su opinión sirve de título a la nota publicada por EL
ESPECTADOR, el sábado 1 de marzo de 2014: “La
locomotora minera sí jalona la economía” (sic). En el texto periodístico se
lee que “el viceministro de Energía,
Orlando Cabrales, salió al paso a los que señalan que la locomotora
minero-energética se descolgó el año pasado y anunció que esta sigue siendo la
palanca dinamizadora de la economía nacional”[10].
Las grandes obras[11]
de infraestructura también tienen un fuerte impacto social y ambiental, en
especial en Colombia dada la manifiesta debilidad del Estado colombiano y la
fragilidad de las instituciones de control. La construcción de hidroeléctricas,
por ejemplo, deja efectos nocivos en experiencias como Salvajina en el Cauca,
en donde no sólo se reconoce que cambió el clima, sino que se afectó la vida de
mineros y agricultores que debieron cambiar de actividad (dedicarse a la pesca)
o migrar por razones económicas. También hay que nombrar a Urrá y Por ce I y
II. En esta ocasión, el registro noticioso da cuenta de Hidroituango.
Los efectos nocivos en el recurso
ictiológico, por ejemplo, termina por afectar la seguridad alimentaria de
comunidades campesinas que parte de su sustento lo extraen del río Cauca,
afluente este desviado para que sus aguas pasen ahora por túneles, para luego
generar energía hidráulica. En el texto periodístico se lee que “la desviación del río Cauca, considerada una
obra de ingeniería sin precedentes, también implica serios impactos sociales y
ambientales[12]”.
El
desarrollo extractivo y la reprimarización de la economía que se
promueve y se impone en Colombia viene dejando graves consecuencias socio
ambientales y crisis ecológicas que gran magnitud. El titular del periódico EL
TIEMPO se convierte en una clara evidencia de lo que viene sucediendo en el
país en materia de un desarrollo claramente insostenible. Colombia, primero en conflictos ecológicos en Latinoamérica (sic).
En el texto noticioso se lee lo siguiente:
“Son 7,9 millones los afectados por 72
disputas entre comunidades e industrias, según Atlas de Justicia Ambiental…
Mineras, hidroeléctricas y agroindustrias hacen parte de las empresas que
llegan con sus proyectos productivos a los territorios, y con las cuales las
comunidades entran en pugna por el acceso y el uso de recursos naturales como
ríos y páramos. Así lo demuestra el primer inventario de los conflictos por el medioambiente,
compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con
el Atlas Global de Justicia Ambiental…[13]”.
Es tan poco lo que se puede hacer ante la
profundización del modelo extractivo y la reprimarización de la economía
colombiana, que a la sociedad en general solo le queda participar en campañas
de ahorro de energía como la de Apagar
las luces por el Amazonas (sic). Y es así, si tenemos en cuenta lo
expresado por Ángel Gurria, secretario general de la Ocde, quien dijo que “nuestro planeta se está calentando de manera
peligrosa y necesitamos actuar de inmediato para evitar la catástrofe”[14].
Mientras el debate sobre los efectos del
boom minero continuaba ocupando las páginas de la gran prensa, desde el sur del
país llegaban noticias en torno a la existencia de más reservas de
hidrocarburos (petróleo y gas), concentrados en condiciones geológicas
(esquistos[15]).
Colombia, en la era de esquistos (sic) es el titular del diario El Espectador
del 01 de abril de 2014.
Las contradicciones del desarrollo
extractivo y la huella humana que se extiende por el planeta posibilitan y dan
sentido a llamados de atención para que se planten más árboles, en especial en
grandes urbes en donde el verde prácticamente ha desaparecido por la voracidad
de un desarrollo que se concentra en la construcción de vías cada vez más
rápidas y en una política de expansión de barrios y edificaciones. De allí que
el llamado a concebir ciudades verdes haga parte de esas contradicciones en las
que suele caer el ser humano a través de un modelo de desarrollo extractivo y
poco amable con ecosistemas naturales sometidos a procesos de urbanización.
La
Tierra urge ciudades verdes
(sic) es el titular del diario EL PAÍS del 23 de abril de 2014, con el que se
da vida a un texto periodístico que aborda la pregunta de cuán verde es la
ciudad de Cali. La Alcaldía de Cali y otros actores hablan de tiempo atrás de
la construcción de un Corredor Verde. Curiosamente, ante el pedido de varios
sectores de convertir una zona de Navarro (del antiguo botadero a cielo
abierto) en un pulmón para la ciudad, la alcaldía de Rodrigo Guerrero responde
con el proyecto urbanístico Eco ciudad Navarro, cuyo nombre obedece a un simple
eufemismo con el se pretende ocultar lo que claramente será un proyecto
urbanístico para estratos sociales 1, 2 y 3, en unos terrenos que presentan
problemas sanitarios y posibles riesgos para la salud humana.
El tema
ambiental en Colombia y en el mundo deviene con la clara intención de develar y
reconocer que hay ya suficiente información y hechos tozudos que indican una
crisis ambiental generalizada en disímiles partes del mundo. Pero una crisis
ambiental que no supone la adopción de políticas de decrecimiento y mucho menos
de revisar a fondo el globalizado modelo de desarrollo y la lógica de
consumo que ordena el mundo en estos
momentos.
Quizás la
conciencia de la crisis no alcance para entender lo que plantea Enrique Leff: “La crisis ambiental es un efecto del
conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre la materia, sobre el
mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del mundo, desde que el hombre
aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la historia
humana se separe de la historia natural, que sea una historia del significado y
el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las estrategias
de poder en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para forjar el
sistema mundo moderno…Pero lo inédito de la crisis ambiental de nuestro tiempo
es la forma y el grado en que la racionalidad de la modernidad ha intervenido
al mundo, socavando las bases de sustentabilidad de la vida e invadiendo los
mundos de vida de las diversas culturas que conforman a la raza humana, en una
escala planetaria. El conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas,
degradado al ambiente, desnaturalizado a la naturaleza”[16].
Casi en la
misma línea planteada por Enrique Leff se entiende lo expresado por el economista y líder espitirual chileno,
Alfredo Sfeir, en una nota en el diario EL PAÍS. En la entrevista el economista
chileno señala que “el actual modelo está agotado, y la gente está tratando
desesperadamente de seguir creyendo en que podrá arrojar resultados algún día.
Y termina con la siguiente sentencia, que a su vez sirvió para titular la nota:
“El actual modelo económico se deshumanizó”[17]
(sic).
La prensa
cumple con la tarea de registrar llamados diarios sobre la crisis ambiental[18],
así como los riesgos que afrontaría el Planeta y la supervivencia del ser
humano, entre otros asuntos. “La voluntad política es un recurso renovable”:
Gore es el titular de una nota que trae las opiniones del ex vicepresidente de
los Estados Unidos, Al Gore, quien estuvo de visita en Bucaramanga y habló de
políticas de conservación.
En esa
misma lógica de registrar hechos ambientales y llamados lastimeros alrededor de
los efectos ambientales que deja el actual modelo de desarrollo, se entiende
una nota titulada No proteger la biodiversidad nos cuesta el 3,7% del PIB
(sic). En el texto periodístico editado por el diario EL PAÍS se publican
apartes del V informe nacional de Biodiversidad[19]:
“Este informe contiene información sobre los avances en política de
biodiversidad entre el 2009 y 2013, y
reseña los cinco motores de destrucción ambiental: el cambio en los usos del
suelo (por actividades como la ganadería, la minería y los cultivos ilícitos),
la degradación de los ecosistemas, la invasión biológica de otras especies, la
contaminación y el cambio climático[20]…
Y aunque estos sectores económicos son polos de desarrollo en las regiones, sus
efectos ambientales y económicos también
son críticos para Colombia”.
Dentro del
proceso informativo que los medios masivos echan a andar, es clave reconocer la
redundancia como un elemento clave no sólo en la masificación de la
información, sino en el aseguramiento de mayores efectos en las audiencias, en
la medida en que la radio, la televisión, la prensa y ahora las redes sociales
e internet, replican de manera circular una determinada información. Así las
cosas, el 12 de mayo, el diario EL ESPECTADOR publica una nota sobre el ya
mencionado Informe Nacional de Biodiversidad en Colombia. El titular es
contundente en la medida en que recoge las preocupaciones y el sentido de los
llamados de emergencia que se vienen exponiendo de tiempo atrás alrededor de
los efectos negativos que deja el actual modelo de desarrollo extractivo:
Desarrollo si, pero no así (sic).
En esa
misma perspectiva de criticar el modelo de desarrollo extractivo y de señalar
los riesgos sociales y ambientales, aparece una nota en el diario EL TIEMPO del
sábado 1 de mayo de 2014 intitulada ‘Seguir con energías fósiles es cavar
nuestras tumbas’ (sic). Además de llamativos y contundentes, titulares como
estos poco aportan a la real comprensión de los retos y problemas ambientales
que afronta Colombia y el mundo, por parte de las audiencias, imbuidas en
lógicas de consumo y sobreviviendo en medio de condiciones laborales precarias
y difíciles. En esta ocasión la fuente responsable de la frase, cuyo sentido no
es nuevo, es Yolanda Kakabadse, presidenta del Fondo Mundial para la
Naturaleza, quien advierte “que para
lograr el desarrollo económico de América Latina no se requiere arrasar con su
territorio”.
A los
llamados de atención de economistas, líderes espirituales y de expertos
ambientales, muchos de ellos en su momento empleados del Banco Mundial y operadores
incansables del hoy criticado modelo de desarrollo, se suma la ONU. El
organismo multilateral insiste en llamar en hablar en los Objetivos del Milenio
y de otras iniciativas y programas, que resultan ser verdaderos e inocuos
esfuerzos por cambiar las circunstancias en las que opera hoy el mundo, si se
revisa, por ejemplo, que los grandes países desarrollados poco hacen para
mitigar el impacto de sus industrias, fábricas y modelos de crecimiento
económico, en lo que se refiere al control de emisiones de CO2. En la nota del
26 de mayo de 2014, intitulada El reto
de priorizar los objetivos globales (sic). Los temas son recurrentes:
hambrunas, control de enfermedades, educación, pobreza, subdesarrollo y
desarrollo tecnológico.
La
conciencia tardía que suele emerger de cuando en cuando en las páginas de la
prensa, se traslada en forma de discusión a las secciones de opinión de los
periódicos. La discusión sobre los temas ambientales produce y reproduce viejos
dilemas humanos, que cobran vida a través de relaciones dicotómicas que llevan
a extremos: crecimiento-decrecimiento; desarrollo- no desarrollo; agua o
petróleo; y extraer- no extraer, entre otras.
Para el 13
de abril de 2014 en el diario EL TIEMPO
se registra la columna de opinión de Orlando Cabrales Segovia, quien
funge como vice ministro de Energía. Desde el titular recoge una evidente
dicotomía que por estos días toma fuerza ante el registro periodístico de
innumerables desastres ambientales: Agua o petróleo, un falso dilema (sic). El
columnista defiende la explotación de hidrocarburos. En apartes del texto de
opinión se señala lo siguiente: “Han
surgido diversas versiones que culpan al sector hidrocarburífero por la crisis
del agua en Casanare. En este departamento, la industria de hidrocarburos tan solo consume el 0.7 por
ciento del agua consumida, una cifra mínima comparada con el uso de otros
sectores. Además, la industria del petróleo utiliza en promedio el 1 por ciento
del área total del bloque asignado para
las plataformas de perforación y las eventuales facilidades de producción, y
por cada hectárea intervenida existe la
obligación de reforestar e hectáreas”.
Aquí el
asunto no se puede reducir a las obligaciones y a marcos legales que harían
posible obligar a las petroleras a reforestar, dado que el Estado en su
conjunto deviene precario, especialmente las instituciones ambientales como las
CAR y los órganos de control como la Procuraduría y Contraloría. El poder
político y económico de las petroleras termina por facilitar su operación sin
mayores consideraciones ambientales en lo que refiere a la mitigación que su
actividad extractiva deja en valiosos ecosistemas.
Conclusión
La
debilidad del Estado colombiano, expresada, entre otros aspectos, en la falta
de coordinación interinstitucional, se hace más notoria y difícil de enfrentar
cuando el modelo de desarrollo extractivo y la re-primarización de la economía
que hoy se agencian desde el Gobierno y sectores de poder político y económico,
coinciden perfectamente con las demandas y las exigencias de un proceso de
globalización económica que impone condiciones a Estados como el colombiano,
imbuido históricamente en las relaciones de dominación entre Norte y Sur. Esas
circunstancias contextuales resultan determinantes para un país como Colombia
que aún tiene problemas para consolidarse como un Estado moderno, especialmente
en materia de gestión y conservación ambiental, de respeto a los derechos
sociales, económicos, políticos y ambientales, así como en asuntos estratégicos
como la seguridad alimentaria, jurídica y por supuesto, la viabilidad política
de un régimen de poder “presionado” por esas fuerzas del mercado global.
De allí
que sea tan difícil pensar e implementar modelos de desarrollo alternativos que
no solo minimicen los efectos socio ambientales, sino que eviten la
sujeción del Estado a los objetivos de organismos multilaterales
que de tiempo agencian y promueven el consumo, la apertura económica, la idea
de un Estado mínimo y en general, la profundización del modelo económico neoliberal,
en el contexto de un sistema capitalista que no reconoce crisis socio
ambientales y mucho menos, problemas de desigualdad y aumento de la pobreza.
En estos
momentos, Colombia es una despensa de materias primas que ha despertado los
intereses de multinacionales mineras y motivado a empresas y actores
nacionales, legales e ilegales, que vienen generando múltiples problemas y
conflictos socio ambientales. Dichos conflictos se expresan a través de
disputas jurídicas, movilizaciones sociales y en particular, a través de
denuncias de reconocidos ambientalistas que intentan llamar la atención sobre
los graves problemas de sostenibilidad y sustentabilidad del actual modelo de
desarrollo económico.
A lo
anterior se suma la incapacidad de las élites política, social y económica del
país de reconocer y coadyuvar a la consolidación de un proyecto de nación
incluyente, que reconozca las diferencias étnicas y culturales que vibran a lo
largo y ancho del territorio colombiano. El centralismo bogotano sigue siendo
un fuerte obstáculo para aceptar las particularidades regionales que promueven
las cosmovisiones de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como
las prácticas culturales asociadas a las regiones históricamente diferenciadas, sobre las cuales se acepta que
Colombia es un país de países, con todo y lo que ello implica para la
consolidación de un proyecto de nación que recoja esas diferencias.
[1] 2014, año de la ONU para la
agricultura familiar. EL TIEMPO (25
de enero de 2014). p. 29.
[2] Otro
hecho jurídico-político que volvería a registrar la prensa tiene que ver con el
fallo de La Haya a través del cual Colombia perdió jurisdicción sobre una
importante porción de mar compartido con Nicaragua. Los siguientes son los
titulares: Corte ratifica inaplicabilidad
de fallo de La Haya sin un tratado con Nicaragua (sic). EL TIEMPO, Sábado 3
de mayo de 2014; Sin tratado con
Nicaragua, no aplica fallo de La Haya (sic), EL PAÍS, 3 de mayo de 2014; El ‘no’ del magistrado González al fallo de
La Haya (sic), EL ESPECTADOR, lunes 28 de abril de 2014.
[3] Magistrados, rumbo a la selva (EL ESPECTADOR). Viernes 31 de enero de
2014. p. 7.
[4] El caso
de la Drummond que recién contaminó parte de la bahía de Santa Marta, a través
del hundimiento de una barcaza o por el derrame deliberado de carbón en el mar,
queda clara la relativa capacidad coercitiva del Estado colombiano para
controlar las actividades de multinacionales como la Drummond, para sancionar y
para imponer multas. 28 de febrero, día cero para la Drummond
(sic) es el título de una nota publicada el miércoles 12 de febrero de 2014 en
EL ESPECTADOR. En la nota se lee: “Para
el próximo 28 de febrero quedó fijada la audiencia de imputación de cargos
contra seis funcionarios de la Drummond por, supuestamente, haber vertido de
manera ilegal residuos de carbón a la bahía de Santa Marta, causando un daño
ambiental que, según las autoridades, tardaría más de 30 años en repararse”.
[5] Frenan
plan de Anglogold para tumbar consulta popular (EL ESPECTADOR). miércoles 29 de enero de 2014.
[6] Explotación de oro, carbón, madera y
coltán, entre otros.
[7] El
verdadero precio del carbón (EL
ESPECTADOR). domingo 13 de enero de 2014. p. 4.
[8] Regiones ven beneficio de minería
que la opinión no (EL TIEMPO). Sábado
22 de febrero de 2014. p. 20. “El sondeo,
que realizó 3.000 encuestas en 70 municipios del país y 135 entrevistas a
directivos de empresas mineras, en febrero y enero respectivamente, mostró que
mientras solo el 9 por ciento de la
población en general cree que la industria minera es la que más contribuye al
crecimiento del país, en las zonas mineras el porcentaje sube al 17 por ciento.
Incluso, en la población en general, el sector bancario es percibido como un
mayor generador de beneficios para la economía, aunque ambas partes coinciden
en que el sector que más contribuye es el petrolero”.
[9] ¿Cuentas
externas en riesgo? (EL ESPECTADOR).
Martes 16 de febrero de 2014. p. 10.
[10] “La
locomotora minera sí jalona la economía (EL
ESPECTADOR). Sábado 1 de marzo de 2014. p. 12.
[11] Consideran
expertos que es mejor diseñar micro centrales que pueden dar energía a
poblaciones medianas con menores impactos ambientales, en relación con los que
produce la construcción de grandes represas.
[12] Dos
caras de Hidroituango (EL PAÍS). 6 de
marzo de 2014. p. A 11.
[13]
Colombia, primero en conflictos ecológicos en Latinoamérica (EL TIEMPO). Sábado 29 de marzo de 2014.
[14] La
rimbombancia apocalíptica de Davos (EL
TIEMPO). Sábado 8 de marzo de 2014. p. 31.
[15] “Roca metamorfica de bajo a medio grado de metamorfismo,
cristales visibles a simple vista, su tamaño es mayor que el de los minerales
de las filitas”. http://edafologia.ugr.es/rocas/essquis.htm; el petróleo y el gas se encuentran
‘aferrados’ a las rocas.
[16] Leff,
Enrique. La racionalidad
ambiental. La reapropiación social de la Naturaleza. Siglo XXI Editores.
[17] 14 de
mayo de 2014.
[18] El
diario EL PAÍS en su edición del 17 de mayo de 2014 publica una nota que tiene
el mismo sentido de otras anteriores. Ante la imposibilidad de parar el actual
modelo de desarrollo, lo único que queda por hacer son campañas de reciclaje,
apagar la luz a una determinada hora y hacer actividades más de marketing ambiental. Un día para jugarle
limpio al planeta (sic) es el titular. ¿Por qué jugarle limpio al planeta por
un solo día? porque es imposible hacerlo todos los días, por el tipo de modelo
de desarrollo extractivo.
[19] Dicho informe es liderado por el
Ministerio del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud).
[20] Así se adaptaron los cafeteros al cambio
climático (sic) es el titular de una nota publicada en el diario EL
ESPECTADOR, el jueves de junio de 2014.
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