Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ahora que se anuncia que el
Gobierno de Santos y la dirigencia del ELN concretaron una agenda de
negociación, y ante la enorme posibilidad de que en La Habana los equipos negociadores
liderados por “Timoleón Jiménez” y Humberto de La Calle logren firmar un
acuerdo que ponga fin a la confrontación armada, puede resultar provechoso
pensar, discutir y dialogar en torno a asuntos que de muchas maneras están
directa o indirectamente relacionados con las razones objetivas que
“justificaron” y legitimaron el levantamiento armado en los años 60.
Mientras avanzan las
conversaciones con el ELN y se concreta la firma
de la paz con las Farc, propongo algunas ideas que bien pueden asumirse
como conclusiones y lecciones que nos puede dejar este largo y degradado
conflicto armado interno, siempre y cuando el ejercicio reflexivo propuesto se
haga dejando a un lado orientaciones políticas y sesgos ideológicos que puedan
obstaculizar la reflexión.
El ejercicio dialógico y
reflexivo debe permitirnos, en primer lugar, confluir en una idea consensuada
alrededor de lo que debe ser el Estado[1] y de
qué tipo de relaciones se deben promover en adelante entre este tipo de orden,
con la Sociedad y el Mercado, teniendo en cuenta las actuales circunstancias
contextuales a nivel local e internacional.
Inicio con una idea que bien
puede asumirse como una “verdad” histórica: el Estado[2]
colombiano, como orden político, social, cultural y económico no recoge y mucho
menos representa los anhelos de buen
vivir de las grandes mayorías, en especial, las aspiraciones y los
modos de vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas. Y esta otoñal
sentencia tiene asidero y se explica en y por el comportamiento de unas élites
y una burguesía que jamás se sintieron cómodos con sus procesos de mestizaje,
lo que los ha llevado por años a desconocerlos, hasta el punto de llegar a
mirar con desdén el hecho de que Colombia sea un país pluriétnico y
multicultural.
Al final, podemos constatar que
el Estado ha servido, casi exclusivamente, a los propósitos de una minoría que
insiste en negar sus anclajes culturales con otros actores que hacen parte de
la Nación colombiana.
Continúo con otra sentencia: la
sociedad colombiana, al devenir fragmentada y profundamente dividida en clases
sociales, ha sido incapaz de enfrentar los desmanes, errores y provocaciones de
unas élites tradicionales y de una burguesía, incapaces de proponer y
consolidar un proyecto de Nación que recoja las singularidades étnicas y
culturales de un país de regiones[3] como
Colombia.
De cara a las transformaciones y
ajustes que se deben hacer en torno a las maneras como viene operando el Estado[4], la
Sociedad y el Mercado, con el propósito de consolidar escenarios de posconflicto[5] y con
ellos la paz y la convivencia pacífica, propongo esta otra sentencia: los
procesos de construcción de civilidad y ciudadanía en Colombia devienen
profundamente anclados a la debilidad del Estado, dado que éste no se ha
erigido como orden y guía moral de sus asociados. De igual manera, los procesos
civilizatorios están atravesados por el ethos
mafioso que élites, burguesía y sectores sociales han diseminado tanto en
la institucionalidad derivada de la operación del Estado, como en la que
circula producto de las actividades de empresarios, industriales, políticos y
comerciantes, entre otros.
Así mismo, la idea de ciudadanía
ha sido sometida a la noción de súbditos
que vienen imponiendo las élites tradicionales y los partidos políticos a través
del clientelismo. Se suma a lo anterior, una educación orientada por principios
conservadores a través de los cuales se han desconocido formas de vida y
prácticas sociales de disímiles grupos humanos. Esa educación ha servido para
legitimar el machismo y garantizar la importancia de los hombres en armas y de
unos ciudadanos que se acostumbraron a resolver sus conflictos apelando a
múltiples formas de violencia, incluyendo el uso de las armas.
Más allá de lo anacrónico que resulte hoy la lucha armada, no podemos
dejar de considerar las anteriores ideas planteadas y advertir sobre la
necesidad de avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y de
consolidar un verdadero Estado Social de Derecho. Los cambios y ajustes que se
propongan deberán tener como propósito superar las circunstancias objetivas que
justificaron el levantamiento armado de las guerrillas que hoy, después de un
poco más de 50 años, están sentadas con el Gobierno de Santos para negociar
unas Agendas. Una vez terminada la confrontación armada, las grandes mayorías
deberán entender que el país del posconflicto necesitará de urgentes
transformaciones y ajustes. No hacerlas nos podrá dejar viviendo en escenarios
de posacuerdos, pero sin la solución efectiva de los problemas sociales,
políticos, culturales y económicos que están detrás del conflicto armado
interno.
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