Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En un país como Colombia, en el que la institucionalidad -y las instituciones- están a disposición de redes mafiosas, asociadas a una clase política y dirigente que ha puesto el Estado al servicio de sus perversos intereses, bien la pena pensar en dos asuntos: el primero, revisar, conocer y discutir acerca de los efectos que deja la emisión de hechos noticiosos que, a diario, dan cuenta de homicidios, atracos callejeros, robos y la malversación de fondos del sistema de salud y de otros sectores, como el de obras públicas, en el que el caso de los Nule, por ejemplo, puede resultar hoy el más visible y representativo, pero no por ello el único y el último.
Y el segundo, es hora ya de empezar en formar un ciudadano políticamente comprometido, esto es, capaz no sólo de comprender, desde el análisis de los hechos (noticiosos o no) lo que sucede en Colombia, sino capaz de oponerse, pero por sobre todo, de convocar a otros para así conformar grupos de investigación y de presión, que develen la corrupción y la violencia, tanto la que existe, se da y se orquesta desde el Estado, como desde empresas privadas.
Y es que la información periodística-noticiosa, aquella que considera que se genera opinión pública calificada a través de la entrega de datos y de unos fríos y descontextualizados hechos, es un factor clave que en lugar de servir para que las audiencias se movilicen para rechazar las prácticas abiertamente equivocadas y socialmente reprochables, termina por aportar a la confusión de esas mismas audiencias, incapaces de armar el rompecabezas colombiano que se emite a diario a través de los medos masivos.
Por ello es urgente que medios, periodistas, editores, fuentes y anunciantes entiendan que no basta con la entrega de información, de datos sueltos, tratados, además, de manera espectacular, para que los ciudadanos comprendan qué está pasando en materia de inseguridad, corrupción y hechos que abiertamente comprometen la confianza de aquellos en el Estado y en la misma sociedad.
Lo que debe exponerse en los medios, a través del análisis periodístico, no necesariamente noticioso, son los elementos contextuales y estructurales que permiten o facilitan, por ejemplo, que el Estado no haya vigilado con juicio el actuar de presidentes y gerentes de las EPS comprometidas en los escandalosos hechos, o que sea incapaz, ese mismo Estado, de enfrentar a las bandas criminales que azotan ciudades y pueblos.
Entre esos elementos estructurales y contextuales hay que señalar, en aras de revisarlos críticamente, el modelo económico y político vigente, así como el actuar de las elites tradicionales que han privatizado el Estado, generando exclusión y reduciendo a su mínima expresión los mecanismos y canales de ascenso social; también, la penetración de redes mafiosas (narcotráfico, contrabando, tráfico de influencias, clientelismo), enquistadas no sólo dentro del propio Estado, sino dentro las prácticas cotidianas de la sociedad civil. Y en general, el tipo de ciudadanía que hoy se impone por cuenta de la tradición en las formas de hacer política internamente y por cuenta de un proceso de globalización que exacerba el individualismo y expone como máximo referente de éxito social, conseguir fortuna a cualquier costo.
Pero al estar las empresas mediáticas articuladas a los intereses de esas mismas élites empresariales que concentran poder y que fijan las reglas de juego, es decir, crean y generan una institucionalidad acorde con sus objetivos e intereses, el único camino que queda es conformar grupos de investigadores, de pensadores y de ciudadanos inconformes con lo que está sucediendo en Colombia, para que desde un trabajo reflexivo, intenten generar espacios, medios y canales divergentes de generación de opinión pública.
Es urgente contrarrestar los efectos negativos que la información mediática, espectacular, descontextualizada y ahistórica, genera en unas audiencias cada vez menos preparadas para comprender los hechos noticiosos cotidianos. En especial, cuando quienes hacen parte de esas audiencias son jóvenes (de colegio y universidades), cada vez más incapaces de comprender lo que pasa frente a sus pantallas.
Crear medios alternativos (blog, periódicos y revistas virtuales y físicas y páginas web), articulados todos alrededor de la idea de vigilar el actuar de funcionarios públicos, así como el de empresas privadas que se aprovechan de la precariedad del Estado, y conscientes, además, de que las formas bajo las cuales hoy la gran prensa informa, resultan convenientes para el sistema político y económico y para las tradicionales estructuras de poder, responsables en gran parte del desfalco al Estado en distintos ámbitos de la vida productiva de la nación.
De igual forma, pensar en establecer mecanismos control ciudadano frente a la gestión pública (veedores comprometidos en el develamiento de las redes clientelares y las prácticas mafiosas). Aquí es importante contar con profesionales que conozcan, por ejemplo, los mecanismos de contratación, así como las artimañas jurídicas que normalmente usan alcaldes, gobernadores y presidentes, y en general los funcionarios públicos que facilitan la comisión de delitos, en aras de exigir la intervención de entidades como la Procuraduría y la Contraloría, para que ejerzan vigilancia y control de los bienes públicos.
Así como hay funcionarios públicos que por omisión terminan comprometidas en actividades ilegales, también existen ciudadanos, que estando en capacidad de denunciar prácticas dolosas en diversos campos, optan por guardar silencio. Entonces, tan culpable el funcionario, como el ciudadano que de esa manera, legitima la corrupción y la violencia.
Adenda: la olla podrida destapada en los sectores salud y obras públicas, y en particular lo sucedido con la EPS Saludcoop, deja en claro que el Estado, a través de sus Superintendencias, poco control hace sobre los manejos de recursos públicos y sobre el actuar de entidades privadas que contratan con el Estado. Para el caso de la Superintendencia de Salud es claro que no se ejerció cercana vigilancia sobre los manejos de millonarios recursos que fueron a parar a paraísos fiscales y a los mezquinos bolsillos de socios y de las cabezas visibles de la señalada EPS.
En un país como Colombia, en el que la institucionalidad -y las instituciones- están a disposición de redes mafiosas, asociadas a una clase política y dirigente que ha puesto el Estado al servicio de sus perversos intereses, bien la pena pensar en dos asuntos: el primero, revisar, conocer y discutir acerca de los efectos que deja la emisión de hechos noticiosos que, a diario, dan cuenta de homicidios, atracos callejeros, robos y la malversación de fondos del sistema de salud y de otros sectores, como el de obras públicas, en el que el caso de los Nule, por ejemplo, puede resultar hoy el más visible y representativo, pero no por ello el único y el último.
Y el segundo, es hora ya de empezar en formar un ciudadano políticamente comprometido, esto es, capaz no sólo de comprender, desde el análisis de los hechos (noticiosos o no) lo que sucede en Colombia, sino capaz de oponerse, pero por sobre todo, de convocar a otros para así conformar grupos de investigación y de presión, que develen la corrupción y la violencia, tanto la que existe, se da y se orquesta desde el Estado, como desde empresas privadas.
Y es que la información periodística-noticiosa, aquella que considera que se genera opinión pública calificada a través de la entrega de datos y de unos fríos y descontextualizados hechos, es un factor clave que en lugar de servir para que las audiencias se movilicen para rechazar las prácticas abiertamente equivocadas y socialmente reprochables, termina por aportar a la confusión de esas mismas audiencias, incapaces de armar el rompecabezas colombiano que se emite a diario a través de los medos masivos.
Por ello es urgente que medios, periodistas, editores, fuentes y anunciantes entiendan que no basta con la entrega de información, de datos sueltos, tratados, además, de manera espectacular, para que los ciudadanos comprendan qué está pasando en materia de inseguridad, corrupción y hechos que abiertamente comprometen la confianza de aquellos en el Estado y en la misma sociedad.
Lo que debe exponerse en los medios, a través del análisis periodístico, no necesariamente noticioso, son los elementos contextuales y estructurales que permiten o facilitan, por ejemplo, que el Estado no haya vigilado con juicio el actuar de presidentes y gerentes de las EPS comprometidas en los escandalosos hechos, o que sea incapaz, ese mismo Estado, de enfrentar a las bandas criminales que azotan ciudades y pueblos.
Entre esos elementos estructurales y contextuales hay que señalar, en aras de revisarlos críticamente, el modelo económico y político vigente, así como el actuar de las elites tradicionales que han privatizado el Estado, generando exclusión y reduciendo a su mínima expresión los mecanismos y canales de ascenso social; también, la penetración de redes mafiosas (narcotráfico, contrabando, tráfico de influencias, clientelismo), enquistadas no sólo dentro del propio Estado, sino dentro las prácticas cotidianas de la sociedad civil. Y en general, el tipo de ciudadanía que hoy se impone por cuenta de la tradición en las formas de hacer política internamente y por cuenta de un proceso de globalización que exacerba el individualismo y expone como máximo referente de éxito social, conseguir fortuna a cualquier costo.
Pero al estar las empresas mediáticas articuladas a los intereses de esas mismas élites empresariales que concentran poder y que fijan las reglas de juego, es decir, crean y generan una institucionalidad acorde con sus objetivos e intereses, el único camino que queda es conformar grupos de investigadores, de pensadores y de ciudadanos inconformes con lo que está sucediendo en Colombia, para que desde un trabajo reflexivo, intenten generar espacios, medios y canales divergentes de generación de opinión pública.
Es urgente contrarrestar los efectos negativos que la información mediática, espectacular, descontextualizada y ahistórica, genera en unas audiencias cada vez menos preparadas para comprender los hechos noticiosos cotidianos. En especial, cuando quienes hacen parte de esas audiencias son jóvenes (de colegio y universidades), cada vez más incapaces de comprender lo que pasa frente a sus pantallas.
Crear medios alternativos (blog, periódicos y revistas virtuales y físicas y páginas web), articulados todos alrededor de la idea de vigilar el actuar de funcionarios públicos, así como el de empresas privadas que se aprovechan de la precariedad del Estado, y conscientes, además, de que las formas bajo las cuales hoy la gran prensa informa, resultan convenientes para el sistema político y económico y para las tradicionales estructuras de poder, responsables en gran parte del desfalco al Estado en distintos ámbitos de la vida productiva de la nación.
De igual forma, pensar en establecer mecanismos control ciudadano frente a la gestión pública (veedores comprometidos en el develamiento de las redes clientelares y las prácticas mafiosas). Aquí es importante contar con profesionales que conozcan, por ejemplo, los mecanismos de contratación, así como las artimañas jurídicas que normalmente usan alcaldes, gobernadores y presidentes, y en general los funcionarios públicos que facilitan la comisión de delitos, en aras de exigir la intervención de entidades como la Procuraduría y la Contraloría, para que ejerzan vigilancia y control de los bienes públicos.
Así como hay funcionarios públicos que por omisión terminan comprometidas en actividades ilegales, también existen ciudadanos, que estando en capacidad de denunciar prácticas dolosas en diversos campos, optan por guardar silencio. Entonces, tan culpable el funcionario, como el ciudadano que de esa manera, legitima la corrupción y la violencia.
Adenda: la olla podrida destapada en los sectores salud y obras públicas, y en particular lo sucedido con la EPS Saludcoop, deja en claro que el Estado, a través de sus Superintendencias, poco control hace sobre los manejos de recursos públicos y sobre el actuar de entidades privadas que contratan con el Estado. Para el caso de la Superintendencia de Salud es claro que no se ejerció cercana vigilancia sobre los manejos de millonarios recursos que fueron a parar a paraísos fiscales y a los mezquinos bolsillos de socios y de las cabezas visibles de la señalada EPS.
Nota: esta columna fue publicada en Aula & Asfalto, espacio del programa de periodismo de la Universidad Central de Bogotá, edición 229, del 20/05/2011, http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Creo que estuviste como el perro cuando se va a echar: dando vueltas en torno a su cola.
El texto es reiterativo y circular, y pareciera que no tuviste un norte claro al iniciarlo.
Vale la pena reeditarlo.
Luis F.
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