Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La recién aprobada Ley de Víctimas, sin duda, representa un avance importante para el país en la medida en que no sólo confirma la existencia del conflicto armado interno, sino que establece los mecanismos administrativos, jurídicos y políticos para señalar responsabilidades de los actores armados del conflicto, en la comisión de delitos atroces. Dentro de dichos actores está, por supuesto, el Estado colombiano, a través del actuar de sus fuerzas armadas.
Pero persiste un complejo contexto en el que la Ley de Víctimas entrará a operar, lo que la puede dejar como una ley más, sin fuerza y aplicación real y efectiva. Y ese complejo contexto lo define el mismo conflicto armado interno y varias circunstancias a saber:
1. El Estado no tiene el monopolio de las armas, lo que se convierte en una limitante central en la medida en que victimarios y víctimas seguirán apareciendo ante el histórico vacío de poder.
2. El Estado no tiene control efectivo y real sobre vastos territorios, a pesar de la presencia de la fuerza pública en la casi totalidad de los municipios de Colombia. Esta circunstancia espacial, junto con la primera, es letal para cualquier iniciativa de reparación, pero sobre todo, para cualquier intento de detener el desplazamiento forzoso, los asesinatos y las masacres, entre otros delitos que coadyuvan a la construcción del concepto de Víctima en el mismo marco legal aprobado, lo que haría inviable a dicha Ley por cuanto las víctimas seguirían apareciendo de manera indefinida. Por ello, es clave que hoy el Estado brinde seguridad, real y efectiva, en zonas en las que aún hacen presencia y ejercen presión guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
3. El negocio del narcotráfico, convertido en el combustible de la guerra interna, resulta ser un gran impedimento para alcanzar los objetivos de la Ley, en la medida en que su poder corruptor penetró de tiempo atrás a instituciones y a agentes estatales, que impedirá, por ejemplo, que la restitución de tierras se dé efectivamente. De allí la necesidad de discutir la posibilidad de legalizar las drogas.
4. La sostenibilidad fiscal de la Ley de Víctimas resulta ser un elemento clave a considerar puesto que se encuentra amenazada por la corrupción, las mafias intestinas que persisten dentro de instituciones estatales y por la reconocida incapacidad del Estado para manejar los recursos públicos. Por ello hay que establecer rápidamente responsabilidades y sanciones políticas, penales y económicas a actores y agentes de la sociedad civil que hayan apoyado a las organizaciones al margen de la ley que hoy enfrentan al Estado, especialmente industriales y empresarios que apoyaron a los paramilitares, responsables de masacres y del desplazamiento forzoso de un importante número de campesinos, afros e indígenas.
5. El clientelismo, toda una institución en Colombia, es otro factor negativo para la aplicación de la Ley de Víctimas. Preocupa que políticos inescrupulosos aprovechen las condiciones culturales de las víctimas, para engañarlos en los procesos administrativos que se avecinan cuando una vez puesta en marcha la ley, aparezcan las primeras víctimas a exigir reparación y la devolución de sus tierras.
De esta forma, es urgente avanzar en el establecimiento de condiciones políticas y jurídicas que permitan pensar en el corto plazo en un proceso de paz con las guerrillas, en la perspectiva de superar en parte el conflicto, sacando de la contienda a un definitivo actor armado. Luego de desactivar la máquina de guerra de la subversión, se debe iniciar una revisión profunda de las estructuras del Estado, del modelo económico y político, de la superación de la pobreza por la vía de una efectiva redistribución de la riqueza, lo que conlleva, inexorablemente, a la disminución de la concentración de la riqueza.
Lo anterior implica pensar en un nuevo proyecto de país, que culturalmente nos permita pensar en una sociedad más justa, en un ejercicio responsable de la política y en una educación fincada en el respeto a la diferencia y en la construcción ciudadanos capaces de actuar públicamente, entre otros factores de cambio.
Sí, es bueno celebrar la aprobación de la Ley de Víctimas, pero más allá, lo que debemos hacer todos, pero especialmente la sociedad política y el propio Estado, es avanzar con rapidez en la construcción de escenarios de posconflicto en los que este marco legal y otros que se necesitarán, nos permitan superar no sólo las circunstancias históricas que permitieron la generación del conflicto social, económico, político y militar que hoy vivimos, sino construir eficaces referentes culturales, modelos de vida y marcos de acción que hagan legítimo al Estado y le permitan a la sociedad confiar en las instituciones públicas, en la justicia y en la ley.
La recién aprobada Ley de Víctimas, sin duda, representa un avance importante para el país en la medida en que no sólo confirma la existencia del conflicto armado interno, sino que establece los mecanismos administrativos, jurídicos y políticos para señalar responsabilidades de los actores armados del conflicto, en la comisión de delitos atroces. Dentro de dichos actores está, por supuesto, el Estado colombiano, a través del actuar de sus fuerzas armadas.
Pero persiste un complejo contexto en el que la Ley de Víctimas entrará a operar, lo que la puede dejar como una ley más, sin fuerza y aplicación real y efectiva. Y ese complejo contexto lo define el mismo conflicto armado interno y varias circunstancias a saber:
1. El Estado no tiene el monopolio de las armas, lo que se convierte en una limitante central en la medida en que victimarios y víctimas seguirán apareciendo ante el histórico vacío de poder.
2. El Estado no tiene control efectivo y real sobre vastos territorios, a pesar de la presencia de la fuerza pública en la casi totalidad de los municipios de Colombia. Esta circunstancia espacial, junto con la primera, es letal para cualquier iniciativa de reparación, pero sobre todo, para cualquier intento de detener el desplazamiento forzoso, los asesinatos y las masacres, entre otros delitos que coadyuvan a la construcción del concepto de Víctima en el mismo marco legal aprobado, lo que haría inviable a dicha Ley por cuanto las víctimas seguirían apareciendo de manera indefinida. Por ello, es clave que hoy el Estado brinde seguridad, real y efectiva, en zonas en las que aún hacen presencia y ejercen presión guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
3. El negocio del narcotráfico, convertido en el combustible de la guerra interna, resulta ser un gran impedimento para alcanzar los objetivos de la Ley, en la medida en que su poder corruptor penetró de tiempo atrás a instituciones y a agentes estatales, que impedirá, por ejemplo, que la restitución de tierras se dé efectivamente. De allí la necesidad de discutir la posibilidad de legalizar las drogas.
4. La sostenibilidad fiscal de la Ley de Víctimas resulta ser un elemento clave a considerar puesto que se encuentra amenazada por la corrupción, las mafias intestinas que persisten dentro de instituciones estatales y por la reconocida incapacidad del Estado para manejar los recursos públicos. Por ello hay que establecer rápidamente responsabilidades y sanciones políticas, penales y económicas a actores y agentes de la sociedad civil que hayan apoyado a las organizaciones al margen de la ley que hoy enfrentan al Estado, especialmente industriales y empresarios que apoyaron a los paramilitares, responsables de masacres y del desplazamiento forzoso de un importante número de campesinos, afros e indígenas.
5. El clientelismo, toda una institución en Colombia, es otro factor negativo para la aplicación de la Ley de Víctimas. Preocupa que políticos inescrupulosos aprovechen las condiciones culturales de las víctimas, para engañarlos en los procesos administrativos que se avecinan cuando una vez puesta en marcha la ley, aparezcan las primeras víctimas a exigir reparación y la devolución de sus tierras.
De esta forma, es urgente avanzar en el establecimiento de condiciones políticas y jurídicas que permitan pensar en el corto plazo en un proceso de paz con las guerrillas, en la perspectiva de superar en parte el conflicto, sacando de la contienda a un definitivo actor armado. Luego de desactivar la máquina de guerra de la subversión, se debe iniciar una revisión profunda de las estructuras del Estado, del modelo económico y político, de la superación de la pobreza por la vía de una efectiva redistribución de la riqueza, lo que conlleva, inexorablemente, a la disminución de la concentración de la riqueza.
Lo anterior implica pensar en un nuevo proyecto de país, que culturalmente nos permita pensar en una sociedad más justa, en un ejercicio responsable de la política y en una educación fincada en el respeto a la diferencia y en la construcción ciudadanos capaces de actuar públicamente, entre otros factores de cambio.
Sí, es bueno celebrar la aprobación de la Ley de Víctimas, pero más allá, lo que debemos hacer todos, pero especialmente la sociedad política y el propio Estado, es avanzar con rapidez en la construcción de escenarios de posconflicto en los que este marco legal y otros que se necesitarán, nos permitan superar no sólo las circunstancias históricas que permitieron la generación del conflicto social, económico, político y militar que hoy vivimos, sino construir eficaces referentes culturales, modelos de vida y marcos de acción que hagan legítimo al Estado y le permitan a la sociedad confiar en las instituciones públicas, en la justicia y en la ley.
Nota: esta columna fue publicada en el portal www.hechoencali.com, el 03 de junio de 2011. http://www.hechoencali.com/columnas/3013/
2 comentarios:
Cordial saludo.
Estoy de acuerdo con tus planteamientos románticos, esto lo digo porque jamás la guerrilla dejara su negocio de la droga, porque es este en ultimas la razón de ser de la misma porque no me digan que todavía tienen metas o filosofías comunistas, pura ferranele, como diría un conocido periodista deportivo. Por otro lado, es risible ver lo que pasa en un País donde la corte suprema de justicia condena al ejercito Colombiano, por un ataque miserable y alevoso de los subversivos, esto es como decir que los niños que violo, torturo y asesino el maltito Garavito, son culpables.
Atte.
Henry
Hola Uribito:
¡Buen día!
Aunque lo dicho es claro y objetivo, creo que el Derecho, con mayúsculas, tiene una función sociológica que lo convierte en eficaz simbólico y, la ley comentada es un ben inicio para que el común comience el camino de la reconciliación. Lógicamente, falta la voluntad política de nuestros dirigentes.
Luis F.
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