Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La llegada del neoliberalismo y la entronización de la lógica capitalista y las corrientes de pensamiento anti estatales se ubican en un momento histórico clave: 1989. En ese año se dio la implosión del modelo socialista soportado en la dinámica política, económica y militar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), lo que significó la terminación de la guerra fría y la bipolaridad Este-Oeste, en un proceso de afianzamiento del capitalismo como sistema y el posterior desarrollo de ideas alrededor de lo que debería ser y cómo darse la relación entre Estado y Mercado.
De igual manera, ese año fue, política y económicamente comprometedor para la idea de Estado (moderno y liberal[1]) y definitivo para que en la dicotomía Estado-Mercado, triunfara éste último de manera categórica erigiéndose como máximo factor de poder y garante y determinante no sólo de derechos y de su ampliación, sino de las propias condiciones de operatividad del Estado. Fue así y aún lo es, gracias al llamado Consenso de Washington.
También significó un duro golpe a los procesos de consolidación de varios Estados en el mundo, entre ellos el colombiano, por cuanto este orden social y político arrastraba y arrastra aún problemas de legitimidad institucional debido a las precarias condiciones sociales ofrecidas e impuestas a sus ciudadanos, consecuencia de una operación estatal sujeta y guiada hacia -y por- los intereses de empresas privadas, nacionales y multinacionales, así como de sectores tradicionales (élites) y de la sociedad civil, a lo que se sumaba y se suman todavía los efectos económicos, sociales, culturales y políticos de un degradado conflicto armado interno[2] que se inició en los primeros años de la década de los 60, cuya superación no se avizora en el corto plazo.
No sólo se dio en aquel año, 1989, la implosión del modelo socialista de la época, fuertemente enarbolado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que en el marco de la guerra fría dio vida a un mundo bipolar, sino la aparición de un recetario para los Estados nacionales, concentrado en los 10 puntos sugeridos por el sistema financiero internacional, con la banca multilateral a la cabeza, en lo que se llamó, eufemísticamente, como el Consenso de Washington.
El Consenso de Washington confirmó el triunfo del capitalismo y estableció las condiciones para que con la aplicación del modelo neoliberal, la derecha corporativa, asociada al gran capital transnacional y con amplio anclaje en varios órdenes nacionales, asegurara la erosión paulatina de los cimientos del Estado social de derecho[3] y por esa vía, hacer difícil la tarea, por ejemplo, al Estado colombiano, que por cuenta de la Constitución Política de 1991, debía actuar en adelante dentro de los márgenes y las exigencias propias del Estado social de derecho y enfrentar -y sufrir al tiempo- las medidas y los efectos sociales y económicos de una inconsulta y poco discutida apertura económica adoptada por uno de los reconocidos impulsores de la Asamblea Nacional Constituyente, el entonces presidente César Gaviria Trujillo, a través de la cual se derogó la Carta Política de 1886. Es decir, tan sólo dos años después de promulgado el recetario del llamado Consenso de Washington[4], el Estado colombiano, a través de dicho gobierno, adoptaba medidas conducentes a liberalizar la economía y ajustar, por esa vía, los alcances de la nueva institucionalidad que acompañaba el nacimiento de la Carta Política de 1991.
En el contexto de los países llamados desarrollados e industrializados, en especial aquellos que venían en la tarea de consolidar la viabilidad del Estado de Bienestar y las propias socialdemocracias, lo planteado por el Consenso de Washington los puso a prueba gracias no sólo a la exigencia en la aplicación progresiva de las medidas, sino al respaldo que diversos actores de la sociedad civil le dieron a éstas y a la idea de un mercado globalizado libre de regulaciones por parte de los Estados.
Entre los actores que ayudaron a legitimar el recetario económico se cuentan la Universidad, los medios de comunicación e incluso, grupos de intelectuales en todo el mundo y por supuesto, la inercia ciudadana que empezó a separar de manera tajante la solidaridad como principio fundado en una idea de lo colectivo, de lo público, de bienes comunes, de los intereses individuales, asociados en adelante al goce y al alcance de la libertad y los derechos civiles, de los ciudadanos, convertidos en clientes por la dinámica globalizadora.
Huelga decir que los Estados de Bienestar del mundo ya venían sumando fuertes déficit fiscales que los dejaba en una situación calamitosa que ya se advertía en los finales de los años setenta y principio de los ochenta, cuando se reconocieron sus problemas en el manejo de los recursos de la hacienda pública.
Aún hoy es claro que ante la crisis económica de 2008[5] y de la que el mundo aún no sale, así como las anteriores, como la de 1990, el desmonte del Estado de Bienestar y de todas aquellas ideas de estructurar y exigir Estados social, económica, política y culturalmente responsables frente a la vida de sus asociados, lo mejor es optar, al parecer, por un modelo de orden político ajustado a los intereses del capital transnacional y a la lógica del mercado y de su mano invisible.
Esto es, un Estado mínimo, incapaz no sólo de regular e intervenir el mercado, sino proclive a entregar a la iniciativa privada responsabilidades y asuntos estratégicos como la prestación de servicios de educación, salud[6], el propio sistema de aseguramiento social y hasta la misma seguridad, en términos de orden público. Y en lo que toca al individuo, lo que se busca y se propone es que éste luche en solitario por ideales liberales como la libertad y los derechos[7] con claro espíritu individual.
Con el proceso de globalización económica el desmonte de las responsabilidades del Estado moderno e incluso, su reducción en el tamaño y capacidad de respuesta ante las demandas sentidas de la población, del pueblo, se hizo no sólo efectivo, sino que se convirtió en un hecho natural exigible a todos aquellos gobernantes obligados por el contexto a asegurar su inserción en la dinámica globalización corporativa y por esa vía, tratar de generar mejores condiciones de vida para sus asociados a través de la satisfacción de las demandas básicas desde la perspectiva de los derechos individuales.
Los efectos de dicha globalización corporativa se explican porque ella misma,
“crea una inestabilidad amenazante. La razón básica es que la globalización corporativa es un sistema de competencia intensiva para los inversionistas, los mercados y las ganancias, que hace a la gente común aun más vulnerable en el sistema… La habilidad del mercado global para vender una cantidad siempre creciente de productos y servicios está limitada por un grado de pobreza mundial que, en contraste con aquella, disminuye a un paso más lento”[8].
Las ‘recomendaciones’ del Consenso de Washington y los ajustes sociales, económicos y políticos que su aplicación generó en los países latinoamericanos, y sumado a esto la fuerza homogeneizadora de la globalización, fueron determinantes a la hora de pensar en hacer inviables proyectos colectivos de largo plazo que se fueron diluyendo, poco a poco, ante los avasallantes imaginarios generados por el modelo económico neoliberal en lo que corresponde a la individualización de la política y el carácter nominal con el cual se abordaron, se abordan y se comprendieron y se comprenden hoy tanto los asuntos públicos, como las responsabilidades políticas y sociales ciudadanas.
Cristina de la Torre explica así los asuntos relacionados con el modelo económico y la implementación del Consenso de Washington:
“En el origen del modelo socioeconómico que nos rige desde 1990 figuran el Consenso de Washington de 1989 y su versión neoinstitucional de 1996… Hoy en el modelo de economía de mercado que se implantó en América Latina en los años 80 dos momentos o generaciones de reforma. Amparadas en la crisis de la deuda, les vinieron a los organismos multilaterales de crédito como anillo al dedo para debilitar con este pretexto a los Estados de la región y propiciar con medidas de <
En la llamada segunda fase o etapa del Consenso de Washington, Latorre sostiene que:
“Las reformas de segunda generación no se justifican ya en la deuda externa de la región sino en la ideología de la globalización económica, se orientan hacia la reforma institucional del Estado, en viraje que prolonga, sin embargo, la tendencia esencial a consolidar el modelo de economía de mercado. En la nueva fase, las políticas de <
El modelo neoliberal, entonces, se entronizó en las prácticas y discursos políticos de tal forma, que variadas instituciones del Estado y por supuesto, de la sociedad en general, fácilmente aceptaron los nuevos discursos que terminaron por modificar actitudes y maneras con las cuales los ciudadanos venían comunicándose con el Estado y entendiendo los asuntos públicos y lo estratégico que resultaba avivar la discusión y su comprensión, como parte de la construcción de un modelo de ciudadanía que luego cambió radicalmente con la imposición de ideales y principios económicos en el marco de un ya exacerbado liberalismo económico.
Por esa vía de afectación, sufrieron y sufren aún principios e ideas como la asociación de voluntades, de subjetividades y la propia condición de ciudadano políticamente comprometido y activo discursivamente, a través de la reducción de la política y lo político al abordaje de asuntos públicos exclusivamente mirados desde la racionalidad económica, de la eficiencia y la competividad.
El panorama es complejo y genera perplejidad en especial en quienes creyeron en ideales como la emancipación, la revolución, el desarrollo humano sostenible, la democracia liberal y la posibilidad de que el ser humano pudiera alcanzar la felicidad a través del logro de principios como libertad, solidaridad, seguridad y fraternidad, entre otros.
Y aunque muchos señalan que el modelo capitalista está en crisis, lo cierto es que los efectos de un mundo humano hincado a las fuerzas del mercado, al poder del capital que deambula sin sentido de patria y a los efectos de un consumo desaforado, son hoy hechos fácticos producidos por un capitalismo salvaje que resiste los embates de los movimientos anticapitalistas que emergen en España, Grecia y en países de África, entre otros, y prolonga la dolorosa crisis en la que tiene sumergidas a instituciones como el Estado-nación moderno, la Universidad, la democracia y la ciudadanía.
Atilio Borón sostiene que
“…La nueva crisis general del capitalismo ha sumergido las ilusiones fomentadas por los mentores y beneficiaros de la democracia liberal <
Lo cierto es que el mundo humano vive hoy bajo profundas incertidumbres, que va llevando a la exhibición de una condición humana cada vez más perversa, estúpida y dañina, en relación con la Naturaleza y con sus semejantes।
[1] “La gran obra de prestidigitación de la ideología liberal es presentarse a sí misma, no con la debilidad y concupiscencia de las ideologías, sino con la fuerza inalterable de la ciencia y de la técnica. Así, demuestra que su triunfo aplastante significa que la ideología muta en un sistema coherente y completo que está por fuera de toda posibilidad crítica, es un lugar impermeable que no admite cuestión en contra. Allí, el lenguaje se reduce a unas claves transparentes y unívocas que desechan la hostilidad lingüística de la política”. (Sanín Restrepo, Ricardo. Teoría Crítica Constitucional. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Depalma. Editorial Ibáñez. 2009. p. 48).
[2] Conflicto armado que se viene degradando no sólo por el actuar lumpenizado de los actores armados enfrentados, en especial las guerrillas que han apelado a prácticas execrables en materia de violación de los derechos humanos, sino por la entrada en operación de un tercer actor en la época de los 80, las Autodefensas Unidas de Colombia, que dieron vida al llamado fenómeno paramilitar. Los llamados paramilitares terminaron al servicio de actores y fuerzas políticas y económicas defensoras del modelo neoliberal que las guerrillas desconocían y atacaban. Un insumo importante en la crisis ideológica y en el comportamiento militar de los milicianos de las Farc, ELN y las AUC es el narcotráfico, que los convirtió en carteles de la droga con un descolorido tinte político. Nota del autor.
[3] El caso de Colombia resulta interesante en la medida en que la concepción de un Estado social de derecho cobró vida constitucional en la Carta Política de 1991, justo dos años después de que el gobierno de César Gaviria Trujillo implementará varias de las recetas y recomendaciones contenidas en los 10 puntos del Consenso de Washington. En la Constitución colombiana se lee: “Título I, De los principios fundamentales, Artículo 1º que: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[4] La crisis del modelo económico fincado en la sustitución de importaciones motivó, para muchos, la implementación de las medidas adoptadas por el Consenso de Washington, con lo que se buscaba orientar las economías, para el caso de América Latina, hacia la apertura de sus fronteras a productos de fuera, así como a la inversión extranjera, entre otras circunstancias. Se reconocen 10 puntos del llamado Consenso: 1. Disciplina presupuestaria. 2. Cambios en las prioridades del gasto público. 3. La reforma fiscal. 4. Los tipos de interés. 5. El tipo de cambio. 6. Liberalización comercial. 7. Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa. 8. Política de privatizaciones. 9. Política desreguladora. 10. Derechos de propiedad. Por ejemplo, para el caso colombiano, en el actual gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, señalado como neoliberal, el Congreso de la República, a través del Acto Legislativo 03 del 01 de julio de 2011 y la Ley 1473 del 05 de julio de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones", definió condiciones para el manejo de la hacienda pública en consonancia con lo sugerido en el Consenso de Washington. Se modificará, entre otros, el Artículo 334 de la Constitución Política, que en el Acto Legislativo 01 de julio de 2011, se propone que quedará así para cuando entre en vigencia el nuevo marco legal en el año 2012: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. El Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, as! como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá SI procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Lo subrayado es el nuevo contenido del Artículo 334 que se modifica. Nota del autor.
[5] Crisis que se inicia con la recesión de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica originada en parte en, desde y por la acción de los bancos. En especial cuando las entidades bancarias vieron con preocupación que uno de los factores económicos más importante de esa economía, como lo es la construcción de viviendas y en general el tema de la finca raíz, los hizo entrar en crisis, ante los problemas de liquidez de los clientes que se habían endeudado, sin mayores controles bancarios sobre la capacidad de pago. Hoy, tres años después de la crisis mundial y la misma que sufrió el principal social económico de Colombia, nuevamente los problemas económicos y financieros del mundo hacen pensar en que habrá una nueva crisis, esta provocada no por la incapacidad de pago de las personas naturales, sino por de los Estados. Con la caída en el índice de calificación de la capacidad de pago de la Unión Americana y su crisis fiscal, lo que hoy se pone de presente es el problema de confianza que genera en el sistema financiero mundial la real capacidad de pago de los Estados de sus acreencias. Nota del autor.
[6] “Es difícil pensar que la filosofía política volviera la mirada hacia la salud si no se hubiera presentado esa avanzada privatizadora de corte neoliberal de los últimos años contra el sistema de asistencia social. Esta mirada, empero, no parece haberse dado durante el tiempo en que ese sistema se estaba construyendo, cuando la consolidación del Estado de bienestar se apoyó en el prestigio que, para entonces, tuvieron los llamados derechos sociales y económicos, respondiendo de esa forma a las demandas sindicales y a las presiones sociales. Los Estados pudieron garantizarse a sí mismos su gobernabilidad a través de ese sistema, el mismo que ahora, al tenor de ciertas denuncias y de otra interpretación de los derechos, está desmontándose. Para legitimar tal desmonte del sistema asistencial, las denuncias coinciden en señalarlo como corrupto, costoso e ineficiente y a la salud pública como una vena rota que hay que cauterizar para garantizar el saneamiento fiscal…La ofensiva de este paradigma, que liga fuertemente la libertad con la responsabilidad individual y que introduce una mirada desvinculante de las suertes individuales, termina por desestimar esa poderosa petición de solidaridad social que estaba implícita en cada derecho social y económico”. (Gruesso, Ignacio Delfín. Una defensa radical de los bienes públicos. EN: Fisk, Milton. Bienes Públicos y Justicia Radical, una Moralidad Política para la Resistencia Solidaria. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle. p. 18).
[7] Desde la perspectiva de John Rawls, el liberalismo político se puede ocupar de tres elementos, que advierten sobre la idea de justicia que él mismo propone: “a). la garantía del valor justo de las libertades políticas, de tal manera que éstas no sean meramente formales. b). una justa (y tampoco puramente formal) igualdad de oportunidades, y por último, c) el llamado <
[8] Fisk, Milton. Bienes públicos y justicia radical, una Moralidad Política para la Resistencia Solidaria. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle. Colección Arte y Humanidades. 2004. pp 41-42.
[9] De la Torre, Cristina. Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia. Medellín: La Carreta Editores, 2005. pp. 129-130.
[10] Ibid. Latorre. p. 130.
[11] Borón, Atilio. Europa: ¿Comienzos de una revolución anticapitalista? En: Globalización, revista mensual de Economía, Sociedad y Cultura, julio de 2011. Ingreso, septiembre 08 de 2011, 5:36 p.m: http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1221.htm
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