Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Plan Colombia fue, claramente, una política de guerra contra las guerrillas, que no sólo exhibió y confirmó la presencia militar estadounidense en el país, sino su directa injerencia en la política doméstica. Un plan de guerra que mejoró la respuesta de las fuerzas militares colombianas frente a los desafíos que planteaban especialmente las Farc, y que finalmente sirvió para fortalecer el carácter político de un cuerpo castrense que delibera en los medios masivos y que presiona de diversas maneras para que el proceso de paz de La Habana fracase y así extender la guerra y los beneficios laborales que ésta genera a una cúpula cada vez más burocratizada.
El Plan Colombia también generó negativos y graves efectos ambientales en zonas de parques nacionales naturales fumigados con glifosato y en numerosos cultivos de pan coger de comunidades campesinas e indígenas.
Ahora, de cara a la posibilidad de ponerle fin al conflicto armado interno, por lo menos con las Farc, y pensar en escenarios de posconflicto, el Gobierno de Santos debería de pensar en el diseño de una política pública, con el mismo carácter transnacional del Plan Colombia, con el firme propósito de hacer viable y sostenible la paz. Ello demandará grandes esfuerzos presupuestales por parte del Estado, si realmente se dimensiona lo acordado hasta el momento en el tema agrario.
El Estado colombiano deberá hacer ingentes esfuerzos económicos y fiscales para llevar a cabo las reformas institucionales y poner en marcha políticas públicas que reviertan años de abandono y desidia estatal, en especial en el sector rural.
Por ello, es posible plantear que así como los Estados Unidos y otros países apoyaron el Plan Colombia, esos mismos Estados se comprometan económicamente con un plan de reconstrucción que bien podríamos llamar Plan Colombia para la paz y el posconflicto. El asunto es que a los Estados Unidos le cabe responsabilidad en el devenir del conflicto armado interno. No sólo por el alto consumo de estupefacientes de su sociedad, sino por la injerencia militar en la guerra interna, bien a través de la venta de armas, el entrenamiento de la tropa colombiana y las labores de inteligencia desplegadas a lo largo y ancho del territorio, entre otras acciones.
Ahora bien, los términos de ese nuevo Plan Colombia para la paz y el posconflicto no pueden soportarse en la profundización de los procesos de pérdida de soberanía ambiental de zonas biodiversas, que se vienen dando a través de programas de intervención social y económica que funcionan bajo el esquema de servicios ambientales que el país puede prestar a la Humanidad, al cuidar sus selvas y bosques, bien para garantizar actividades de investigación (bancos de germoplasma), sino para enfrentar o contrarrestar los efectos del Cambio Climático. No.
Como tampoco será aceptable que la aprobación de ese nuevo Plan Colombia para la paz y el posconflicto esté supeditada a la profundización del modelo económico neoliberal y a la ampliación de los rieles de la locomotora minero-energética.
Demandar la co responsabilidad de los Estados Unidos frente a un degradado conflicto armado del que sus fuerzas militares y sucesivos gobiernos, demócratas y republicanos, han tenido directa injerencia, es una decisión ética y política que el gobierno de Santos debe tomar, dado los esfuerzos económicos que deberá hacer su gobierno para sostener las reformas que deberá hacer para dar efectiva cuenta de los acuerdos a los que se lleguen en La Habana.
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