Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los 50 años de guerra en Colombia y varios procesos de paz, no han tenido la fuerza política y social para modificar un orden social, político y cultural que no sólo tiene graves problemas de legitimidad, sino que él mismo se sostiene en problemáticos procesos civilizatorios en los que las reglas y las normas se negocian de acuerdo con la capacidad económica, el poder político y el de coacción e intimidación de quienes a diario transan lo que no debería de ser susceptible de negociar.
Las experiencias que dejan dichos procesos de negociación no han sido recogidas por la sociedad colombiana en su conjunto, pero en especial, por quienes de tiempo atrás ostentan el poder político y económico, en aras de corregir las fallas estructurales de un Establecimiento que sobrevive a pesar de que, en precisos momentos históricos, ha estado a punto de colapsar.
Miremos algunas experiencias y procesos de paz. El nacimiento de la Unión Patriótica (UP), brazo político de las Farc, es un resultado tangible de lo negociado entre esa guerrilla y el entonces gobierno de Belisario Betancur Cuartas. Como también son reales y palpables las prácticas genocidas que el Estado y narco paramilitares, con la anuencia de sectores sociales y políticos, echaron a andar para desaparecer a dicha agrupación política. Se esperaría que el genocidio de la UP (4.000 de sus militantes asesinados) se fijara colectivamente como un hecho que la sociedad colombiana no puede dejar que suceda de nuevo.
Hoy, de cara a la posibilidad de que las Farc hagan dejación de armas y busquen reintegrarse a la sociedad, nadie puede asegurar que esa cruel historia no se repita. ¿Será que el Estado está en la capacidad de garantizar la vida de los farianos que se desmovilicen? Hay dudas porque el mismo Estado continúa cooptado por esas fuerzas de derecha y ultraderecha que buscan a toda costa perpetuar un orden, en medio de la guerra, que sólo es perfecto para quienes militan y cohabitan en esas ideologías.
Es posible que en ciertos sectores sociales haya calado la idea y necesidad de respetar a quienes piensan diferente, pero en sectores tradicionales de poder aún esa posibilidad está lejana debido a los prejuicios de clase que abundan aún en quienes de tiempo atrás ostentan el poder político y económico en Colombia. Por ejemplo, los medios masivos han aportado mucho a la reproducción de esos prejuicios, que han sido nefastos para los ex guerrilleros que se han integrado a la sociedad civil y que han aspirado y ocupado cargos públicos de elección popular. Asunto distinto frente al tipo de representaciones sociales que esos mismos medios han construido alrededor de los paramilitares, presentados mediáticamente como héroes.
Del proceso de paz del Caguán habría que rescatar los 12 puntos de la Agenda Común. De los puntos a revisar de ese consenso al que llegaron los negociadores de las Farc y del gobierno de Pastrana, nada se ejecutó: los modelos económico y político no se cambiaron y menos aún, el Estado se reestructuró en aras de asegurar que asumiera sus responsabilidades sociales frente a una sociedad que se ha ordenado sin él como referente. Menos aún se combatió el Paramilitarismo. Por el contrario, cada vez más el Estado se hinca ante el poder económico transnacional y ante un empresariado insolidario y cercano a las motivaciones neoliberales.
Del proceso de paz que avanza en La Habana, desde ya hay que rescatar no sólo los 5 puntos de la agenda de negociación, sino lo acordado hasta el momento entre las partes en lo que concierne al tema agrario y reforma rural, primer punto de la acordada agenda.
Por tratarse de un conflicto agrario, los acuerdos en materia de desarrollo rural, seguridad alimentaria y propiedad de los territorios rurales deben servir para revisar el modelo de desarrollo extractivo que se viene intensificando en Colombia, gracias a la locomotora minero-energética, así como el tipo de sociedad, rural y urbana, que demandará la puesta en marcha de lo acordado en ese primer y estratégico punto.
Ni la Academia, ni intelectuales, ni los sectores productivos y muchos menos los partidos políticos, entre otros, están discutiendo los cambios que exigirá la implementación de unos nuevos modelos de sociedad y de desarrollo que no sólo hagan posible cumplir con lo acordado en el punto 1 de la agenda, sino que permitan que el orden social, político, económico y cultural del país se reconstruya, sobre la base de reconocer que su naturaleza biodiversa y las circunstancias contextuales que fijan un país de regiones y una Nación pluriétnica y multicultural, exigen cambios estructurales en las formas como se entienden y se asumen las responsabilidades del Estado Social de Derecho.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario