LO QUE DEVELAN LAS PROTESTAS EN EL CATATUMBO

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Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las legítimas protestas de los campesinos del Catatumbo han servido para confirmar la debilidad y la precariedad del Estado colombiano, la torpeza política del Gobierno de Santos para enfrentar las demandas sentidas de los manifestantes, así como la equivocada respuesta de la fuerza pública, que ya deja cuatro civiles asesinados.

De igual manera, la movilización campesina permite mostrar las dificultades estructurales que impiden solucionar el asunto agrario o los problemas agrarios del país, circunstancias que de un lado legitiman aún más las propuestas que las Farc han puesto sobre la mesa en La Habana, pero del otro, restan credibilidad social al mismo proceso de paz, justamente por el equivocado manejo que el Gobierno le viene dando a las protestas y demandas de los campesinos de la estratégica zona del Catatumbo.

Como laboratorio no declarado de paz y de posconflicto, las marchas y el levantamiento campesino confirman que los problemas estructurales que impiden la solución definitiva de los problemas económicos y sociales expuestos, obligarían a repensar el Estado y los modelos económico y político sobre los cuales se sostiene la institucionalidad estatal.

Hay que aceptar que el Estado, como orden social, político, económico y cultural fracasó en el agenciamiento de los intereses y necesidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Solo hay Estado para las grandes y medianas urbes y para los proyectos agroindustriales y mineros privados que hoy se extienden a lo largo y ancho del país. Esa es la realidad.

El Estado que imaginan los líderes farianos, los académicos, la izquierda democrática y los campesinos del Catatumbo, entre otros sectores, no es el mismo que está en la cabeza del presidente Santos, de los congresistas, de los gremios económicos, de los militares y en las de los poderosos banqueros. No. Por el contrario, el tipo de orden que ha servido, sirve y servirá a los propósitos de estos actores sociales, económicos y políticos, es el que promueve y asegura un Estado débil, precario y aquel que deja vacíos de poder a lo largo del territorio nacional, para facilitar la tarea de mafias, legales e ilegales, que trabajan de la mano de uno o de varios de estos actores de poder.

La chequera que lo compra todo

Lo que los campesinos están exigiendo es Estado, es decir, un orden social, económico, político y cultural que guíe sus vidas, que mitigue sus angustias e incertidumbres, un orden que los reconozca, que respete sus cosmovisiones, sus vidas, así como las identidades de indígenas y de otras comunidades asentadas. El asunto no es sólo de alimentación, vías, distritos de riego y la declaración final de zona de reserva campesina. No. La gente está demandando que haya, al fin, un Estado que enfrente con decisión, pero con legitimidad, los vacíos de poder que hoy han colonizado las propias Farc, narcotraficantes, paramilitares y las sempiternas mafias políticas.

Pero en Colombia no hay Estado como referente moral y como orden social. Hay un Estado policivo que es capaz no sólo de descalificar la protesta, sino que es capaz de disparar y matar. A ese Estado represor, Santos sumó un Gobierno que cree que todo se soluciona entregando recursos económicos. Hace unos meses, silenció las protestas de los cafeteros y paperos, con soluciones coyunturales, con subsidios que no responden a un cambio del modelo económico extractivo y mucho menos, a la decisión de frenar la poderosa locomotora minera. Se anuncia que habrá un nuevo levantamiento de los cafeteros y el Gobierno desde ya alista sus repertorios de respuesta para evitar o contener las marchas.

Históricamente los gobiernos suelen responder a este tipo protestas con el ofrecimiento de subsidios y la toma de medidas coyunturales, que no confrontan el modelo económico y en particular, la política minera de la actual administración. Santos se la jugó por la extracción a gran escala de minerales, lo que sin duda implicó una elección que perjudica los modos de vida de los campesinos del Catatumbo, así como la supervivencia paperos y cafeteros, entre otros sectores.

Ese ofrecimiento oficial hace parte de un repertorio de respuestas que los presidentes aprenden de memoria, dado que no sólo interiorizan la labilidad del Estado, sino que insisten en profundizarla a través de políticas que benefician a poderosos sectores productivos privados, nacionales y extranjeros.

Entre más tiempo se extienda la protesta en el Catatumbo, más legítimas se hacen la exigencias de las Farc y las de otros sectores en el sentido en que hay transformar el Estado colombiano. Igualmente, entre más tiempo pase, las discusiones en La Habana perderán apoyo social por la acción de un Presidente que teme aceptar que el Estado y sus políticas de gobierno fracasaron, porque su permanencia en el poder no sólo deberá enfrentar la coyuntura electoral de 2014, sino el respaldo de los banqueros, gremios y el poder militar que han coadyuvado a consolidar un Estado precario y privatizado.