Por Germán Ayala Osorio[2].
Poner fin a la guerra interna que
afecta al país desde hace más 50 años ha sido el propósito de varios gobiernos
que intentaron en disímiles momentos de nuestra historia política[3],
negociar con las guerrillas de las Farc y el ELN, fuerzas subversivas que hoy
se mantienen en pie de guerra contra el Estado colombiano.
Varios procesos de paz
adelantados resultaron fallidos. Otros, por el contrario, resultaron exitosos.
Pero lo cierto es que el conflicto armado[4]
continúa porque aun permanecen en armas estas dos agrupaciones.
La urgente necesidad de buscar la
pacificación del país por la vía del diálogo y la negociación, nuevamente puso
en la agenda mediática y pública el tema de la paz, a través de la instalación
de un nuevo proceso de negociación, esta vez entre el Gobierno de Santos
Calderón y las Farc-EP.
Después del fracaso del proceso
de paz que adelantaron las Farc y el Gobierno de Pastrana Arango (1998-2002),
el síndrome del Caguán[5] se instaló en los
imaginarios colectivos y dio vida a reducidas y equívocas Representaciones
Sociales (RS) en torno a la paz y el
conflicto. La ejecución de la Política Pública de Defensa y Seguridad
Democrática[6] y su discurso antiterrorista sirvió para que dicho síndrome coadyuvara a que la opinión pública proscribiera la
búsqueda de la paz, a pesar de los ocultos acercamientos que el Gobierno de
Uribe mantuvo con las Farc y el ELN, justamente para buscar ponerle fin al
conflicto armado interno.
Después de ocho años de un fuerte
y sostenido escalamiento del conflicto, con sus efectos claros en el desplazamiento
forzado de millones de colombianos, llega a la Presidencia Juan Manuel Santos
Calderón. No advertía el país, ni Uribe y sus seguidores, que los tiempos de la
seguridad democrática quedarían atrás. El giro conceptual y político de Santos
permitió reconocer la existencia del conflicto armado interno[7] y de
millones de víctimas de las acciones de los actores armados involucrados en las
hostilidades: el Estado, las guerrillas y los paramilitares.
El país, entonces, volvería a
hablar de paz. Pero el síndrome del
Caguán seguía presente. De allí que Santos y Farc acordaran negociar el fin
del conflicto por fuera del territorio colombiano. Previa presentación en Oslo,
Noruega, del marco de negociación que daría vida al proceso de paz, Cuba fue el
lugar elegido por las partes para instalar allí la mesa de negociación[8], esta
vez con una Hoja de Ruta compuesta por seis puntos.
Dos años han pasado ya desde que
dicha mesa se instaló en La Habana y el país cuenta hoy con un proceso de paz
que camina en medio de la pugnacidad ideológica y política entre Uribe[9] y
Santos y por supuesto, en medio de la decisión de las partes de hablar de paz
en medio de las hostilidades[10]. A
pesar de todo, hay avances importantes en tres de los seis puntos acordados:
cuestión agraria, participación política y cultivos de uso ilícito
(narcotráfico). Se trata de acuerdos preliminares dado que nada está acordado, hasta que todo esté acordado. El reconocimiento
de las víctimas y de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no
repetición (re victimización) es un punto álgido que ha coadyuvado a polarizar
más al país y a la opinión. Las dicotomías Paz vs Guerra, o Santos vs Uribe han
servido de pararrayos a las fuertes controversias que la prensa ha recogido y
ayudado a azuzar, alrededor de lo que
realmente se está negociando en La Habana entre las Farc y el Gobierno de
Santos. Son varias, pues, las coyunturas político- mediáticas[11] que
el proceso de paz ha soportado en estos dos años.
A mediados de octubre de 2014, el
Gobierno de Santos y líderes del ELN confirman que hay acercamientos para
acordar un proceso de paz paralelo al que se desarrolla con las Farc en
territorio cubano. La paz, entonces, nuevamente ocupa un lugar importante en
las agendas pública y mediática. Los colombianos lentamente confían en que es
posible que se ponga fin al largo y
degradado conflicto armado interno.
A pesar de las voces contrarias,
y de otras variables político-electorales, el país votó por la paz el 15 de
junio de 2014. Ese día resultó reelecto el presidente Santos, quien no sólo
reconoció la existencia del conflicto armado interno, contrariando a quien
fuera su mentor y hoy máximo líder opositor del proceso de paz, sino que se
aventuró a conversar y negociar con una guerrilla que, golpeada militarmente durante ocho años
(2002-2010), parece entender, como lo entiende el Gobierno, que esta es la
última oportunidad para la paz. Parece haber cansancio y el natural envejecimiento[12] de
sus líderes, ayuda a consolidar esa idea.
Mientras el proceso de paz gana
en legitimidad y confianza, el país empieza a hablar de posconflicto[13]. Una
categoría difícil de asir y que muchos muy seguramente jamás oyeron mentar en
estos 50 años de guerra interna.
Resulta difícil imaginar un país
sin guerra, sin conflicto armado interno. De allí que para muchos hablar de
posconflicto, como concepto, se agota en el cese de hostilidades, la
desmovilización y la dejación de armas por parte de las guerrillas. Finalmente,
en la firma de un armisticio y de un documento con el que se pone fin a la
confrontación armada entre insurgentes y Estado. Pero no. Esas circunstancias
darían vida si acaso, a categorías como posguerra y posacuerdos. Pero el
posconflicto es mucho más que eso.
Implica reconstrucción de todo
aquello que el conflicto armado debilitó, afectó o dañó. Desde la
infraestructura económica, pasando por asuntos que atraviesan la vida social,
económica, cultural y política de un país que ha vivido 50 años en una guerra
fratricida. Entonces, el posconflicto, como óptimo y deseable escenario en
donde la paz se consolidará, demanda la transformación del Estado y de la
sociedad. Conlleva un profundo cambio cultural, pero especialmente, deberá en
buena medida, transformar las circunstancias contextuales que legitimaron en
los años 60 el levantamiento armado. Es decir, la concentración de la tierra y
de la propiedad en pocas manos, igualmente, la concentración de la riqueza. También,
exige cambios profundos en un excluyente sistema político, que devino en una
democracia restringida.
Se trata, entonces, de unos
escenarios que demandarán sacrificios de todos, en especial de aquellos que por
largo tiempo han ostentado el poder económico y político. Y es posible que el
país se demore por lo menos 25
a 30 años en consolidar esos escenarios de posconflicto,
en donde la paz brille y se haga, ojalá, perenne. Pero para ello, el Estado
debe hacerse a las condiciones modernas y cumplir con las obligaciones que como
Estado Social de Derecho le impone la Constitución Política de Colombia.
Esperemos que el proceso de paz
con las Farc avance y llegue a feliz término. Firmado el fin del conflicto,
ahora sí podemos todos sentarnos a pensar, diseñar y poner en marcha los
cambios que el posconflicto demanda. De esta forma, queda claro que la paz está
lejos, aunque el fin del conflicto armado esté cerca.
[2] Docente investigador de la Facultad
de Humanidades. Es comunicador social- periodista, Especialista en Humanidades
Contemporáneas y Coordinador del Grupo de Investigación en Estudios Políticos
de la Universidad Autónoma de Occidente. Magíster en Estudios Políticos de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
[3] Véase Ayala O. Germán y Hurtado
Vera, Guido G. Periodismo, conflicto y posconflicto: realidades y
aproximaciones. UAO, 2006.
[5] Las Fuerzas Militares y los medios de
comunicación, entre otros actores,
fueron determinantes para que el proceso de paz del Caguán no avanzara.
Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/02/el-papel-de-los-medios-en-el-caguan-10.html
[6] Véase Ayala Osorio, Germán, et al.
De la democracia radical al unanimismo ideológico, Medios y seguridad
democrática. UAO, 2006.
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