Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La histórica incapacidad del
Estado para imponerse a lo largo y ancho del territorio nacional y guiar la
vida de la sociedad colombiana, no solo facilitó el levantamiento armado de las
guerrillas, sino la aparición y fortalecimiento de unas élites regionales más
interesadas en consolidar sus feudos y acumular riqueza, que en coadyuvar a la
consolidación, desde las regiones, del Estado central. Sobre la concentración
de la tierra en pocas manos y la exclusión política, social y económica los
poderes regionales han aportado al mantenimiento de un Estado precario y débil,
justo a la medida de los intereses de unas pocas familias.
Esa concentración del poder
político y económico en específicas capitales, generó vacíos de poder en
olvidados territorios. Baste con recordar lo que antes se llamó los territorios nacionales. Vastas
extensiones de tierra, baldíos[1] y
selvas sobre las cuales hoy ya posaron
sus intereses extractivos y de explotación agroindustrial multinacionales y
poderosas empresas nacionales.
Al ser concebido el Estado como
instrumento de poder al servicio de unos pocos, ello generó y/o permitió la
presencia de violentos gamonales y
caudillos que hicieron de la violencia
política un modo de vida, que terminó consolidando un ethos mafioso compartido por agentes legales y por supuesto, por
agentes ilegales interesados en participar de la disputa presupuestal y de la
burocracia estatal.
Así entonces, la tradicional
élite bogotana y sus ‘espejos’ regionales son responsables directos de la
debilidad del Estado y por mantener a flote un ilegítimo orden social,
económico y político. Les cabe responsabilidades porque se acostumbraron a
mandar y a imponer sus particulares proyectos de vida, en el contexto de unas
comunidades locales y regionales con empobrecidos referentes de orden moral y
con procesos civilizatorios negativos, truncos o profundamente débiles.
Se suma a lo anterior, el fuerte
proceso de desinstitucionalización
estatal que han orquestado poderosas familias, tradicionales y emergentes, con
el concurso de gobiernos nacionales, regionales y locales, que terminaron
facilitando la ‘captura’ del Estado, tal y como lo concibe Luis Jorge Garay[2].
Es evidente que el Estado
colombiano no va a sufrir transformaciones sustanciales después de firmado el
fin del conflicto armado con las Farc. Por el contrario, su precariedad,
debilidad y la ‘captura’ que de él han hecho agentes legales e ilegales, se van
a mantener en el tiempo.
La negociación de La Habana,
finalmente, servirá para ponerle fin al conflicto armado que deviene costoso en
vidas, pero sobre todo, porque desestimula la inversión extranjera, asunto que
le preocupa a los poderosos actores y agentes económicos que en un primer
momento apoyaron a Uribe Vélez para que acabará militarmente a las Farc y que
ahora, ante la evidencia de que aquel no pudo en ocho años eliminarlas, apoyan
a Santos para que negocie con esa fuerza armada asuntos no estructurales, dado
que el Estado y las condiciones históricas bajo las cuales viene operando el
Establecimiento, no deben “refundarse”. Con todos y sus problemas, las
condiciones en las que opera el Estado deben mantenerse.
De allí que, en el contexto de
las conversaciones de paz de La Habana, la Agenda pactada a seis puntos
claramente no está pensada para transformar las circunstancias históricas que
hacen posible la precariedad del Estado para controlar sus fronteras internas y
comportarse de acuerdo con exigencias modernas. Por el contrario, lo acordado
hasta el momento en Cuba va camino a mantener las mismas condiciones de
debilidad y de empobrecido liderazgo del Estado, pero en un escenario de
posguerra en el que tan solo quedaría en armas el ELN, por la eventual y
esperada desmovilización y dejación de armas de las Farc.
Una vez cooptados los líderes de
las Farc y desmovilizadas sus estructuras armadas, habrá vacíos de poder que
bien podrán ser copados o llenados por otros grupos armados e incluso, por
Frentes de las Farc que no acepten las condiciones ofrecidas para el logro de
su desmovilización. Ya buscarán la forma de combatirlos. Pero la idea es
decirle al mundo que acá ya no hay guerrillas.
Dadas las dificultades que se
puedan presentar ante una eventual desmovilización de las Farc y la incierta
participación política de la cúpula fariana en la vida democrática del país,
propongo que en La Habana o incluso, en un escenario de “pos La Habana”, se
discuta la posibilidad de implementar en
el país un régimen federal, que remplace a este régimen unitario y
presidencialista que poco ha servido para consolidar el Estado-Nación.
Un régimen federal que permita
reconocer el país regiones, soportadas estas en consideraciones socio
ambientales, étnicas, identitarias, históricas, culturales y políticas, entre
otras variables. No sé si las ocho regiones de las que habla Fals Borda en su
libro Región e Historia.
De lo que se trata es de
convencer a las élites bogotana y sus ‘espejos’ regionales de que el modelo de
Estado unitario y centralizado que de tiempo atrás han defendido y del cual se
han beneficiado, poco ha servido para consolidar el Estado-nación en su
concepción moderna.
Dichas discusiones bien podrán
terminar en un Estado federado o en la implosión de la Nación y del Estado
unitario. Ese es un riesgo que se deberá correr. Eso sí, me quedo con la
posibilidad de un modelo federal que no necesariamente se soporte en las mismas
lógicas con las cuales las élites regionales han ejercido su poder territorial.
Por el contrario, la exigencia
máxima para discutir y diseñar un Estado federal pasa por la necesidad de que
las élites de poder regional acepten su incapacidad y empobrecido liderazgo, y
se dispongan a transar con otros sectores y/o
nuevos actores de poder que bien podrían estar articulados al proyecto
político democrático que las Farc puedan y estén dispuestas a proponer a la
sociedad y al país en aquellas regiones en las que tradicionalmente han
ejercido poder político, territorial y militar.
Pensar en dividir el país en
Zonas de Reserva Campesina y Zonas de
Desarrollo Empresarial no soluciona de manera efectiva los problemas de
consolidación y articulación del Estado con las necesidades y demandas de
comunidades asentadas en departamentos como Arauca, Vichada, Putumayo y
Amazonas.
Esa propuesta, finalmente, no
resolverá el problema de la concentración de la tierra, convertido en el eje y
factor sobre el cual las Farc justificaron su presencia durante estos 50 años
de conflicto armado interno.
El escenario indicado para
debatir un régimen federal es la Asamblea Nacional Constituyente. Es allí en
donde se debe discutir esa posibilidad de reorganizar y reorientar el Estado y
la nación, sobre la base de unas diferencias regionales estratégicamente usadas
por poderes locales y el tradicional poder político capitalino, para ahondar en
la incapacidad de reconocernos y de respetarnos. Así, entonces, el camino es
establecer regiones que políticamente funcionen como Estados autónomos,
orientados bajo una sola Constitución y con la garantía de una fuerza pública
con presencia efectiva en todo el territorio nacional y sin la actual doctrina
militar, soportada esta en la existencia de un enemigo interno.
[1] Véanse el Informe de la Contraloría General
de la República, Acumulación de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana,
2014; http://elpueblo.com.co/mineria-baldios-y-posconflicto/;
http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/11/mineria-baldios-y-posconflicto.html
[2] Véase La captura y reconfiguración
cooptada del Estado en Colombia. Fundación Método, Fundación Avina y
Transparencia por Colombia. 2008.
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