YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 5 de diciembre de 2014

EL ESTADO DESPUÉS DE LA HABANA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La histórica incapacidad del Estado para imponerse a lo largo y ancho del territorio nacional y guiar la vida de la sociedad colombiana, no solo facilitó el levantamiento armado de las guerrillas, sino la aparición y fortalecimiento de unas élites regionales más interesadas en consolidar sus feudos y acumular riqueza, que en coadyuvar a la consolidación, desde las regiones, del Estado central. Sobre la concentración de la tierra en pocas manos y la exclusión política, social y económica los poderes regionales han aportado al mantenimiento de un Estado precario y débil, justo a la medida de los intereses de unas pocas familias.

Esa concentración del poder político y económico en específicas capitales, generó vacíos de poder en olvidados territorios. Baste con recordar lo que antes se llamó los territorios nacionales. Vastas extensiones de tierra, baldíos[1] y selvas sobre las cuales hoy  ya posaron sus intereses extractivos y de explotación agroindustrial multinacionales y poderosas empresas nacionales.

Al ser concebido el Estado como instrumento de poder al servicio de unos pocos, ello generó y/o permitió la presencia de  violentos gamonales y caudillos que hicieron de la  violencia política un modo de vida, que terminó consolidando un ethos mafioso compartido por agentes legales y por supuesto, por agentes ilegales interesados en participar de la disputa presupuestal y de la burocracia estatal.

Así entonces, la tradicional élite bogotana y sus ‘espejos’ regionales son responsables directos de la debilidad del Estado y por mantener a flote un ilegítimo orden social, económico y político. Les cabe responsabilidades porque se acostumbraron a mandar y a imponer sus particulares proyectos de vida, en el contexto de unas comunidades locales y regionales con empobrecidos referentes de orden moral y con procesos civilizatorios negativos, truncos o profundamente débiles.

Se suma a lo anterior, el fuerte proceso de  desinstitucionalización estatal que han orquestado poderosas familias, tradicionales y emergentes, con el concurso de gobiernos nacionales, regionales y locales, que terminaron facilitando la ‘captura’ del Estado, tal y como lo concibe Luis Jorge Garay[2].

 El Estado en La Habana

 Se habló recientemente de “refundar” la patria. Y lo intentaron hacer los paramilitares a través de los pactos de Pivijay, Chivolo y Ralito, firmados con dirigentes políticos y congresistas. Hoy, los únicos que han vuelto a hablar de “refundación” del Estado son los detractores y enemigos del proceso de paz de La Habana. Pero es claro que ello no sucederá. Si fuera así, la élite bogotana y las élites regionales con poder político y económico hace rato le hubieran quitado apoyo político a Santos. No hubieran apoyado su reelección, por ejemplo.

Es evidente que el Estado colombiano no va a sufrir transformaciones sustanciales después de firmado el fin del conflicto armado con las Farc. Por el contrario, su precariedad, debilidad y la ‘captura’ que de él han hecho agentes legales e ilegales, se van a mantener en el tiempo.

La negociación de La Habana, finalmente, servirá para ponerle fin al conflicto armado que deviene costoso en vidas, pero sobre todo, porque desestimula la inversión extranjera, asunto que le preocupa a los poderosos actores y agentes económicos que en un primer momento apoyaron a Uribe Vélez para que acabará militarmente a las Farc y que ahora, ante la evidencia de que aquel no pudo en ocho años eliminarlas, apoyan a Santos para que negocie con esa fuerza armada asuntos no estructurales, dado que el Estado y las condiciones históricas bajo las cuales viene operando el Establecimiento, no deben “refundarse”. Con todos y sus problemas, las condiciones en las que opera el Estado deben mantenerse.   

De allí que, en el contexto de las conversaciones de paz de La Habana, la Agenda pactada a seis puntos claramente no está pensada para transformar las circunstancias históricas que hacen posible la precariedad del Estado para controlar sus fronteras internas y comportarse de acuerdo con exigencias modernas. Por el contrario, lo acordado hasta el momento en Cuba va camino a mantener las mismas condiciones de debilidad y de empobrecido liderazgo del Estado, pero en un escenario de posguerra en el que tan solo quedaría en armas el ELN, por la eventual y esperada desmovilización y dejación de armas de las Farc.

Una vez cooptados los líderes de las Farc y desmovilizadas sus estructuras armadas, habrá vacíos de poder que bien podrán ser copados o llenados por otros grupos armados e incluso, por Frentes de las Farc que no acepten las condiciones ofrecidas para el logro de su desmovilización. Ya buscarán la forma de combatirlos. Pero la idea es decirle al mundo que acá ya no hay guerrillas.

Dadas las dificultades que se puedan presentar ante una eventual desmovilización de las Farc y la incierta participación política de la cúpula fariana en la vida democrática del país, propongo que en La Habana o incluso, en un escenario de “pos La Habana”, se discuta  la posibilidad de implementar en el país un régimen federal, que remplace a este régimen unitario y presidencialista que poco ha servido para consolidar el Estado-Nación.

Un régimen federal que permita reconocer el país regiones, soportadas estas en consideraciones socio ambientales, étnicas, identitarias, históricas, culturales y políticas, entre otras variables. No sé si las ocho regiones de las que habla Fals Borda en su libro Región e Historia.

De lo que se trata es de convencer a las élites bogotana y sus ‘espejos’ regionales de que el modelo de Estado unitario y centralizado que de tiempo atrás han defendido y del cual se han beneficiado, poco ha servido para consolidar el Estado-nación en su concepción moderna.  

Dichas discusiones bien podrán terminar en un Estado federado o en la implosión de la Nación y del Estado unitario. Ese es un riesgo que se deberá correr. Eso sí, me quedo con la posibilidad de un modelo federal que no necesariamente se soporte en las mismas lógicas con las cuales las élites regionales han ejercido su poder territorial.

Por el contrario, la exigencia máxima para discutir y diseñar un Estado federal pasa por la necesidad de que las élites de poder regional acepten su incapacidad y empobrecido liderazgo, y se dispongan a transar con otros sectores y/o  nuevos actores de poder que bien podrían estar articulados al proyecto político democrático que las Farc puedan y estén dispuestas a proponer a la sociedad y al país en aquellas regiones en las que tradicionalmente han ejercido poder político, territorial y militar.

Pensar en dividir el país en Zonas de Reserva Campesina y  Zonas de Desarrollo Empresarial no soluciona de manera efectiva los problemas de consolidación y articulación del Estado con las necesidades y demandas de comunidades asentadas en departamentos como Arauca, Vichada, Putumayo y Amazonas.

Esa propuesta, finalmente, no resolverá el problema de la concentración de la tierra, convertido en el eje y factor sobre el cual las Farc justificaron su presencia durante estos 50 años de conflicto armado interno.

El escenario indicado para debatir un régimen federal es la Asamblea Nacional Constituyente. Es allí en donde se debe discutir esa posibilidad de reorganizar y reorientar el Estado y la nación, sobre la base de unas diferencias regionales estratégicamente usadas por poderes locales y el tradicional poder político capitalino, para ahondar en la incapacidad de reconocernos y de respetarnos. Así, entonces, el camino es establecer regiones que políticamente funcionen como Estados autónomos, orientados bajo una sola Constitución y con la garantía de una fuerza pública con presencia efectiva en todo el territorio nacional y sin la actual doctrina militar, soportada esta en la existencia de un enemigo interno.




[1] Véanse el Informe de la Contraloría General de la República, Acumulación de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana, 2014; http://elpueblo.com.co/mineria-baldios-y-posconflicto/; http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/11/mineria-baldios-y-posconflicto.html

[2] Véase La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia. 2008. 

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