Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Si en algo exhibe protuberantes
falencias el Gobierno de Santos es en informar y comunicar de manera efectiva
lo relacionado con su gestión pública,
en especial con la evolución del proceso de negociación con las Farc. El mismo
Presidente lo reconoció en varias oportunidades y es claro que poco ha hecho
para mejorar tal situación.
Parte de los problemas que tiene
el actual Gobierno para comunicar, radica o está en que la gran prensa no está
del todo con él, en especial los noticieros privados de televisión. No son
estas las épocas del unanimismo[1]
mediático y político de las dos administraciones de Uribe Vélez. A pesar de esa
circunstancia contextual, se puede asegurar con alguna certeza que periódicos
como EL ESPECTADOR y EL TIEMPO vienen apoyando el proceso de paz a través de
diversas piezas editoriales y de tratamientos periodísticos “convenientes” a la
causa de la paz. El primero, por un apoyo decidido; el segundo, más por una
postura gobiernista. Eso en cuanto a los dos periódicos de orden nacional. En el ámbito regional, el diario EL PAÍS ha
mantenido una prudente distancia y ha exhibido reparos frente a las
negociaciones con las Farc.
A los problemas para comunicar
con eficiencia y efectividad del Gobierno, se suma el denodado esfuerzo del
líder del Centro Democrático (CD) y de varios de sus miembros por construir
versiones y poner a rodar información falsa o por lo menos amañada, en torno al
futuro del proceso de paz y del país mismo. El miedo a que en el país se instale un régimen castro-chavista es, de muchas formas, responsabilidad de esa férrea
oposición que se ha emprendido desde esa micro empresa electoral llamada Centro
Democrático. El ex presidente Uribe cuenta aún con el apoyo de varios medios de
comunicación y periodistas que son
afectos a sus ideas políticas.
En esas condiciones resultaría
difícil conseguir el apoyo de los votantes[2], en
el momento en el que sean convocados a las urnas para refrendar los acuerdos a
los que lleguen las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Y ante la insistente negativa de convocar a
una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno, el reciente anuncio
del fiscal Montealegre puede terminar siendo una especie de “salvavidas” para
un Presidente y un Gobierno que parecen no convencer a una inestable,
manipulable y polarizada opinión pública, porque no saben comunicar lo que
significaría para el país ponerle fin al conflicto armado interno.
Que el Fiscal General de la
Nación, Eduardo Montealegre considere que no
es necesario que el pueblo colombiano (los habilitados para votar y que
realmente votan), vayan a las urnas a refrendar los acuerdos a los que lleguen
las Farc y el Gobierno de Santos, constituye una salida que además de
incoherente, es poco democrática. Y es
así, porque el Presidente desde el inicio de los diálogos de La Habana dijo que
sería el pueblo colombiano el encargado de refrendar lo que se acordara en
Cuba. Estoy seguro que la refrendación popular la usó más como una estrategia
para calmar los nervios de sectores poblacionales y de opinión, que como una
herramienta de la que él y su gobierno estuvieran convencidos. De todas formas,
de aceptarse y hacerse viable la propuesta del Fiscal, los opositores y
detractores del proceso de paz aprovecharían la oportunidad para señalar a
Santos como un mentiroso y manipulador.
Hay que decir claramente que la
propuesta del Fiscal bien podría ser calificada como poco democrática, a la luz
de lo “prometido” por el Gobierno de que los colombianos tendrían la última
palabra a la hora de refrendar lo acordado entre las partes que negocian en La
Habana. La revista Semana recogió así lo expresado por Montealegre a otro medio
de comunicación: “Considero que no se
requiere, desde el punto de vista legal ni constitucional, la refrendación para
celebrar los acuerdos. No hay necesidad de una refrendación popular"[3]
Sin duda, la refrendación popular
es, en sí misma, un riesgo electoral y político que bien podría resultar catastrófico
para el país, en el caso en que los colombianos no salgan masivamente a decir
Si, a lo acordado en La Habana. Y el riesgo se acrecienta por los niveles de
desinformación, confusión, ignorancia y desinterés de sectores poblacionales
que sienten que el fin del conflicto poco o en nada los beneficia y por ello,
refrendar o no los acuerdos de paz no tendría para ellos mayor significado
político, social, económico y electoral.
Sería lamentable que Santos
acogiera la tesis del fiscal Montealegre. Por el contrario, buscar la
refrendación popular le daría una mayor legitimidad a los acuerdos de La Habana
y bien podría convertirse en un aplastante e histórico triunfo político contra aquellos sectores que se oponen al proceso de paz y para otros que buscan a
toda costa perpetuar la confrontación armada.
[1] Véase el libro De la
democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad
democrática. Cali, UAO, 2006.
[2] Si se tiene en cuenta por lo menos la mitad de los
votos alcanzados por el entonces candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga en
la pasada contienda por la Presidencia, es probable que el referendo
refrendatorio no alcance a pasar, frente a la esperada negativa de quienes
votaron por el candidato del CD.
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