Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Progresivamente la institucionalidad
ambiental, asociada a la presencia, funcionamiento e injerencia del Ministerio
del Medio Ambiente en materia de desarrollo,
se viene desmontando con todo y lo que ello significa para un país rico
en biodiversidad como Colombia, en el contexto de un modelo extractivo que se
viene consolidando sin mayores controles por parte del actual Gobierno. Dicho
desmonte se hizo más fuerte en los dos periodos de Uribe Vélez y se viene profundizando
en la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón.
En el vasto territorio nacional
la minería, legal e ilegal, es ya un factor generador de conflictos socio
ambientales que muy probablemente, y ante los vacíos de poder que dejaría la
desmovilización de las guerrillas de las Farc y el Eln, terminarán en disputas
territoriales con claros efectos en materia de orden público. Es decir, la paz
que se firme en La Habana con las Farc y la que se logre pactar con los elenos[1], será
relativa ante la “aparición” de nuevos actores armados interesados en el
control del negocio de la minería, legal e ilegal.
A lo anterior se suma la apuesta
política del Gobierno de Santos de financiar escenarios de posconflicto con
recursos de la minería. Este anuncio coincide con la debilidad institucional
del Ministerio del Medio Ambiente y el fortalecimiento del Ministerio de Minas
y Energías. A través de varios decretos, el Gobierno de Santos viene dejando
sin funciones y competencias al actual Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Es más, la elección del ministro Gabriel Vallejo, se
entendió, por su perfil profesional, como una forma de disminuir la efectiva
presencia de dicha cartera ministerial
en la toma de decisiones desde el alto Gobierno, en especial, por la
mínima discusión conceptual, científica y técnica que podría brindar el
ministro Vallejo.
Los decretos 0934 del 9 de mayo 2013 y el 2691 del 23 de
diciembre de 2014 resultan determinantes en esa apuesta política de Santos de
limitar las acciones e incluso, reducir la presencia decisoria de la cartera de
Medio Ambiente.
Hay que decir que dichos decretos
tienen la clara intención de facilitar la consolidación de la minería como una
actividad prioritaria para el actual Gobierno, lo que implica restringir o
controlar el poder político local y regional, y poner freno a la injerencia del
Ministerio del Medio Ambiente.
Veamos el articulado del decreto
0934/13: “Artículo 1 la decisión de establecer zonas excluidas y
restringidas de minería compete exclusivamente, y dentro de los límites fijados
en los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001, a las autoridades
mineras y ambiental[2], quienes actuarán con
base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y dando
aplicación al principio del desarrollo sostenible… Artículo 2. Dado el carácter de utilidad pública e
interés social de la minería, a
través del Ordenamiento Territorial no es posible hacer directa ni
indirectamente el Ordenamiento Minero, razón por la cual los planes de ordenamiento territorial, planes
básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de
los municipios y distritos, no podrán incluir disposiciones que impliquen un
ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción, salvo
previa aprobación de las autoridades nacionales. En el Parágrafo 1, se lee que: “En desarrollo de la anterior prohibición, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán
establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente
excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas
departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias…
Artículo 3. Como efecto de lo dispuesto en los artículos anteriores, los
certificados de uso del suelo expedidos
por las autoridades departamentales o municipales, que prohíban o señalen como
incompatible el ejercicio de actividades mineras, no podrán ser
reconocidos como exclusiones o
limitaciones, por parte de las autoridades para el trámite y obtención de licencias, permisos, concesiones o
autorizaciones de cualquier naturaleza que se requieran para el ejercicio de la
actividad minera en el territorio de su jurisdicción”.
A finales del año 2014, y en
plena época decembrina, cobró vida jurídica y política el decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014. Se trata de
un especial “regalo de Navidad” que el Gobierno Santos le “entregó” a las
empresas y actores interesados en la consolidación del país como un país
minero, con los riesgos ambientales y económicos[3] que
ello trae.
Basta con leer el objeto de dicho
decreto para entender el empobrecido lugar que el Gobierno de Santos le viene
reconociendo y asignando al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
“El objeto de este decreto, es regular
el procedimiento que deben seguir los municipios y distritos para acordar con
el Ministerio de Minas y Energía medidas, de protección del ambiente sano y, en
especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social cultural de
sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles
afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera”.
Si los Concejos y los Distritos
no elevan solicitudes protección de zonas en donde haya riesgos de
contaminación y afectaciones socio ambientales por el desarrollo de actividades
mineras, la Autoridad Minera Nacional tendrá en adelante todo la autoridad para
la entrega de contratos de concesión. En el decreto se lee que “las áreas que no hayan sido objeto de
requerimiento por parte de los entes
territoriales podrán ser otorgadas en concesión por parte de la Autoridad Minera Nacional”.
Todo lo anterior discurre y
transcurre en medio de un silencio generalizado de las Universidades y de la
sociedad en general. Solo algunos profesores, investigadores y columnistas
vienen exponiendo sus críticas y observaciones frente a los estragos que viene
dejando la minería, legal e ilegal, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Es claro que los colombianos en su conjunto no alcanzan a dimensionar los
riesgos socio ambientales y ecológicos que conlleva un desarrollo que, fincado
en la extracción de minerales, no esté vigilado de cerca por las autoridades
ambientales dispuestas para ello. Lo que viene sucediendo en el país con la
biodiversidad, bien puede explicarse con la siguiente expresión: los ratones cuidando el queso.
[1] Hay acercamientos entre la dirigencia del ELN y el
Gobierno de Santos, pero a la fecha no existe un proceso de paz. Por el
contrario, el proceso de La Habana avanza hacia la firma del fin del conflicto.
[2] Si bien aquí se nombra a la autoridad ambiental, en la
práctica es el Ministerio de Minas y Energía el ente que toma las decisiones en
materia de exploración y explotación minera. En el Decreto 2691/2014 no se
nombra al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
[3] Por
ejemplo, con la re-primarización de la economía y el
agotamiento de las riquezas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario