Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Aplaudo
que, fruto de un acuerdo entre los negociadores de las Farc y del Gobierno de
Santos, se haya acordado, en La Habana, convocar una Comisión de la Verdad, una
vez se firme el fin del conflicto armado y las Farc hayan hecho dejación de
armas. Pero en perspectiva de futuro, es bueno señalar los retos y riesgos que
enfrentarán los comisionados, encargados de esculcar por debajo de los hechos
políticos, mediáticos y los de guerra, la Verdad de lo acontecido en 51 años de
guerra interna[1].
Un
primer reto que ya enfrenta la iniciativa, es el mecanismo de selección de los
comisionados y el talante ético, político y el pensamiento (ideologías) de
quienes van a tener la responsabilidad de ayudar a re-construir una Verdad, que
a todas luces, resultará incómoda para un país acostumbrado a escuchar las
medias verdades que sobre el conflicto, nos han contado los medios masivos, la
historia oficial, las élites y los académicos.
Superado
este primer asunto, el segundo reto que enfrentarán los miembros de esa futura
Comisión de la Verdad, está dado en la capacidad y el criterio sistémico con el
que cada uno de los Comisionados llegue
a cumplir con sus tareas investigativas y de constatación de versiones. Resultaría
inaceptable y profundamente inconveniente, que quienes lleguen a esa Comisión,
no adviertan que, por ejemplo, el fenómeno paramilitar[2]
deviene complejo en la medida en que tiene expresiones éticas, políticas,
sociales, culturales y ambientales, y que el mismo, guarda estrechas relaciones
con un proceso de globalización económica y el sometimiento del Estado a las
lógicas del modelo económico neoliberal.
El
tercer reto que enfrentará la Comisión de la Verdad está dado en los
procedimientos que se vayan a adoptar para confrontar las denuncias y
señalamientos que se reciban, por ejemplo, contra Presidentes o gobernantes
regionales, políticos, militares y periodistas, comprometidos, por acción u
omisión, en hechos de guerra o en actividades políticas, de proselitismo y
económicas, claramente diseñadas para fortalecer y ayudar a la consolidación de
los proyectos políticos, económicos, sociales y militares tanto de las guerrillas,
como de los paramilitares; así como los oscuros apoyos que se hayan brindado a
miembros de la Fuerza Pública, para la comisión de delitos contra el erario,
por la vía de compras millonarias de pertrechos para la guerra y claro, los de
lesa humanidad, como los ‘Falsos positivos’.
El
cuarto reto de esa Comisión de la Verdad, está dado en la distancia que deben
tener y mantener, de fuerzas políticas, partidos políticos, líderes influyentes
y sectores de poder, interesados en torcerle el sentido a las versiones y
denuncias que van a conocer una vez se declare en funcionamiento la Comisión.
Los comisionados deberán actuar con una muy fina aprensión y desconfianza frente
a todos los actores políticos, sociales, económicos, militares y mediáticos[3],
entre otros, que guardaron silencio o que actuaron a favor o en contra de los
actores armados involucrados: Estado, paras y guerrillas.
Pero
así como la Comisión de la Verdad y sus
comisionados enfrentarán muy seguramente los retos arriba descritos, desde ya
deben saber que enfrentan un riesgo mayúsculo: su seguridad. Quienes hagan
parte de dicha Comisión de la Verdad, deben recibir total protección, al igual
que sus familias, por parte del Estado.
Y allí mismo aparece una peligrosa circunstancia: que dentro del Estado y desde
este, se amenace o se impida el cumplimiento de las tareas investigativas y de
constatación de datos, que deberán asumir los comisionados. El acceso a los
archivos y la manipulación de los mismos, será quizás el mayor riesgo y reto
que los miembros de la Comisión de la Verdad enfrentarán a la hora de cumplir
con sus tareas. Es más, desde ya, deben estar muchos funcionarios trabajando
para borrar y manipular información, hoy sujeta a reserva judicial y estatal
(información clasificada).
Entre
tanto, los sectores urbanos interesados y no interesados en el devenir del
conflicto y el de la propia Comisión de la Verdad, deberán prepararse para escuchar
versiones y hechos que muy seguramente comprometerán a miembros de familias
poderosas y de las élites tradicionales, por el apoyo que hayan brindado a
grupos paramilitares y por esa vía, hayan ayudado a la confusión misional y la
consecuente corrupción de las Fuerzas Armadas. Y habrá que esperar, también,
conocer los empresarios y otros sectores, que brindaron irrestricto apoyo a las
guerrillas, en su tarea de combatir y someter el Estado y la sociedad a sus
proyectos políticos.
Desde
ya, es bueno que los eventuales comisionados sepan que deberán mantener
prudente distancia de los periodistas[4]
afectos al Establecimiento, a las élites de poder y que claramente fungen más
como estafetas, que como reporteros.
Ahora
bien, una vez la Comisión de la Verdad termine su trabajo, vendrá un reto
mayúsculo para la sociedad en general, y en particular, para la sociedad civil:
qué hacer con esas verdades, con esa Verdad sobre lo acontecido en más de
cincuenta años de guerra interna. Del uso social y político que se dé de esas
verdades, dependerá el éxito de los procesos de perdón y reconciliación que la
Nación deberá emprender y consolidar.
Desde ya, hay que desear que esa Comisión de la
Verdad le entregue a los colombianos y al mundo, una Verdad, que por incómoda
que resulte, deberá llevarnos por los
caminos de una revolución cultural que asegure, por fin, la consolidación de
los maltrechos procesos civilizatorios que hasta ahora hemos vivido.
Imagen tomada de alotropia.org
[2] Véase libro Paramilitarismo en
Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.
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