Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo. Publicada en el portal Conlaorejaroja:
Deben
ser cientos de miles los colombianos convencidos de que el único y real
problema del país, es la otoñal presencia y operación de la guerrilla (en
especial, de las Farc). Esa “verdad”, inoculada en parte por los medios masivos
de comunicación y la historia oficial, deviene incompleta, en la medida en que
reduce el conflicto armado interno al accionar de uno de los actores armados que
participa aún de las hostilidades, al tiempo que borra las circunstancias
contextuales que permitieron y justificaron el levantamiento armado en los
complejos años 60. Igualmente, esa “verdad”, deja por fuera factores sociales,
económicos, políticos y culturales, que han hecho posible que la sociedad
colombiana siga siendo profundamente premoderna y que no haya alcanzado
estadios civilizatorios de amplio espectro.
Esa
“verdad”, ha sido aprovechada por las élites tradicionales, los partidos
políticos, los políticos profesionales y unas pocas poderosas familias, para
ocultar sus andanzas, contradicciones y mezquinos intereses. Pero sobre todo,
ha servido para encubrir la enorme e histórica incapacidad y desinterés de esas
élites[1] de
poder económico y político, para guiar a la Nación y contribuir a la consolidación
de unos procesos civilizatorios que exhiben problemas, dado que no han logrado
que los ciudadanos respeten las leyes y asuman el compromiso ético y político
de aportar a una sana convivencia, en medio de diferencias étnicas y
culturales, en el contexto de una marcada división de clases.
En
otros momentos he señalado que la
élite, empresarial y política de Colombia, se forma académicamente para
capturar el Estado y mantener así sus privilegios de clase. Así
entonces, el real y más grande problema
que afrontamos como sociedad, está en el talante ético y político de las élites
de poder en Colombia. Y con ello no quiero minimizar los negativos
efectos sociales, políticos y económicos que las guerrillas han producido en su
larga lucha contra el Estado y en momentos muy precisos, contra la sociedad, a
juzgar por la degradación del conflicto y las acciones de terror en las que han
incurrido las guerrillas y los demás actores armados, en especial los
paramilitares, con la anuencia de agentes estatales.
En perspectiva de
posconflicto y de las comisiones de la verdad que han de conformarse[2], es importante que el país y el mundo
entero reconozcan que hay otra verdad, que bien puede ayudar a
comprender, de una mejor manera, lo que ha venido aconteciendo en Colombia, por
lo menos, desde 1964[3],
fecha desde la que parto para reconocer la existencia del conflicto armado
interno.
Las élites
en Colombia exhiben un carácter
político y económico anclado al poder de la tierra, lo que convierte a muchos
de sus miembros, en verdaderos señores feudales, que siempre han visto a
Colombia como un extenso baldío. De allí la práctica muy común de esas élites
de poder, de apropiarse de bienes del Estado, para el desarrollo de disímiles
actividades, todas pensadas para acrecentar sus riquezas y por ese camino,
aumentar las condiciones de inequidad, especialmente en los territorios rurales.
Y es que el problema
agrario en Colombia es de grandes dimensiones. De éste se dice que es histórico
y que las instituciones estatales, “han manifestado fortaleza para defender
los intereses de los grandes propietarios de extensiones de tierra, pero
debilidad en la ejecución de las políticas conducentes a su redistribución y democratización
de la propiedad rural. La tenencia de la tierra se moldeó por las
relaciones de dominación, inicialmente
durante la conquista y la colonia, y posteriormente por una élite dominante,
preocupada únicamente por defender sus propios intereses y posiciones dentro de
la sociedad durante la República(Kalmanovitz, 2005)”[4].
Son varios los
ejemplos que dan cuenta de cómo miembros de élite se vienen apropiando de
manera irregular de terrenos baldíos, lo que sin duda ahondará la problemática
agraria, base política que dio vida y razón al levantamiento armado en los años
60. Llama la atención que las denuncias de la Contraloría sobre la apropiación
de baldíos, al parecer no han tenido eco en la Mesa de Negociación de La Habana
y menos aún, afectaron los acuerdos preliminares a los que llegaron las Farc y
los negociadores del Gobierno, en lo que tiene que ver con el tema agrario, que
es el punto uno de la Agenda pactada entre las partes.
En reciente informe
de la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Sandra Morelli,
se señalan las firmas y las familias[5] que
vienen apoderándose de manera irregular de baldíos en la altillanura
colombiana. En el Informe se lee lo siguiente: “…en el acceso a la tierra
adquiere relevancia la articulación de las diferentes políticas públicas que
tengan como visión estratégica el
desarrollo económico, social y ambiental de la población rural alrededor del
recurso tierra. Primero, a través del fortalecimiento de las capacidades o
capitales de las comunidades, para así dar el uso más eficiente a este recurso;
segundo, ordenando el territorio para garantizar su sostenibilidad ambiental,
su articulación económica y su consolidación social; tercero, promoviendo la
disminución de la pobreza; y cuarto,
dando alternativas a los problemas derivados del conflicto armado, como el
desplazamiento de los habitantes rurales y el despojo de tierras. La acción del
Estado, entonces, no se debe limitar solo a minimizar las consecuencias por la
presencia de fallas en el mercado, sino también a reducir la generación de
asimetrías como consecuencia de desequilibrios en las capacidades de
negociación de unos sectores de la población frente a otros. No poner límites a
estas asimetrías, mediante el accionar de la institucionalidad, legitima las
relaciones de inequidad”[6].
Del texto citado, se
colige un deber ser del Estado, como regulador del mercado de tierras y fuerte actor
político, en aras de componer los desequilibrios que de manera natural genera
el mercado. Pero todo se queda en buenas intenciones, dado que las
instituciones del Estado devienen debilitadas por la interesada captura por
parte de las élites de poder y agentes políticos, que las someten a través del
clientelismo y de la acción legislativa de un Congreso, alineado con los
intereses particulares de unas cuantas familias y poderosas empresas nacionales
y extranjeras.
Posterior a la
publicación del citado Informe de la Contraloría General de la República, la
Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario, a cargo de Sonia
Alexandra Gaviria Santacruz, envió un oficio[7] al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en el que hay nuevos
hallazgos que dan cuenta de la apropiación indebida de baldíos, por parte de
poderosas empresas[8].
De esta manera, es
hora de que los colombianos modifiquen las representaciones sociales que frente
a los problemas del país han construido, más por los efectos de los medios
masivos, la falta de información y claro está, por las simpatías que millones
de ellos puedan sentir hacia el actual régimen de poder. Es tiempo de que
entendamos que más que la presencia y las acciones de guerra de las guerrillas,
el real daño lo vienen haciendo las élites de poder que han hecho del Estado el
lugar estratégico en el que han dado rienda suelta a sus mezquinos intereses.
Por ello, insisto, que
la paz que se firmará en La Habana, tendrá un carácter económico[9] y no
político, porque mientras el Gobierno y las Farc negocian en Cuba, varias
familias y poderosas empresas, hacen todo para ahondar las desigualdades
sociales y económicas que se viven en el sector rural y mantener sometido el
Estado a sus particulares intereses.
[2] Punto clave dentro del Proceso de
negociación que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la cúpula de las Farc.
[4] Acumulación
irregular de predios baldíos en la Altillanura colombiana. Contraloría General
de la República. 2014. p 33.
[5] Ahora miremos el listado de
familias y empresas que trae el Informe de la Contraloría, que de manera
irregular se vienen apropiando de extensos baldíos: Grupo Mónica Colombia, Caso
Cargill, Río Paila Castilla S.A., Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-
Corficolombiana, Caso El Brasil, Timberland Holdings Limited y Wood Holdings
Limited, Sociedad Agroindustria Guarrojo S.A., Carlos Aguel Kafruni, Familia y
Cia, Aceites Manuelita S. A., Poligrow Colombia Ltda, Caso Indupalma, Familia
Ocampo- Lizarralde, Agroindustriales El Palmar SAS y caso Familiares Aurelio
Iragorri.
[6] Acumulación
irregular de predios baldíos en la Altillanura colombiana. Contraloría General
de la República. 2014. p. 15. Este informe no circuló ampliamente y soportó
fuertes presiones externas a la Contraloría y dentro de la misma entidad, para
que no fuera publicado. Véase la imagen de la portada.
[8] En dicha misiva se señalan a las
siguientes firmas: Aceites Manuelita S. A., Forest First SAS, Reforestadora
Guacamayas S.A., Palmar de Santa Bárbara, Familia Holguín, Agropecuaria Alfa
SAS y Algoa E.U., Inversiones y Representaciones Roca SAS, María Catalina Rafo Palau y Carlos Arturo Llano Henao
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