Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Dos eventos políticos impiden hoy en Colombia pensar en un proceso de paz serio con las fuerzas insurgentes. El primero, el fallido proceso de paz adelantando entre el gobierno de Pastrana y las Farc, de donde jamás se destacó la construcción de la Agenda Común, sepultada por los errores cometidos tanto por las Farc como por la propia administración de Andrés Pastrana Arango en el manejo de la zona de Distensión.
El discurso político y mediático en contra de lo sucedido terminó sepultando ese elemento básico que es la Agenda Común, para pensar en un futuro diálogo entre los dos actores del conflicto. Y el segundo, el discurso y las acciones políticas de Uribe con los que borró de un plumazo las circunstancias objetivas que legitimaron y justificaron el levantamiento armado en los años 60. Ello lo hizo cuando promulgó la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, correlato del maniqueo discurso que impuso el Departamento de Estado de los Estados Unidos después de los ataques del 9/11. Allí no se reconoce la existencia del conflicto armado y se asegura que se asiste, simplemente, a una amenaza terrorista. Esas miradas ahistóricas y acríticas indisponen a la llamada opinión pública.
Digamos que estamos ante dos fuertes obstáculos que impiden avanzar en un proceso de ambientación de la paz, porque subsiste un escenario social, cultural y político que desestima la necesidad de dialogar con los grupos armados ilegales, fortaleciendo ese carácter periférico, que con claros intereses, varios gobiernos y sectores societales se han encargado de darle al conflicto interno.
Hoy, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón muestra intenciones para avanzar en la construcción de caminos viables que conduzcan hacia la anhelada paz, los enemigos de la propuesta contenida en el llamado Marco para la Paz, usan los medios masivos para insistir en que sólo y únicamente a través del enfrentamiento militar es posible alcanzar el esquivo anhelo. Es decir, pacificación a través de una política de tierra arrasada.
El reciente atentado contra el ex ministro Londoño Hoyos, representante de una derecha ilustrada con poder económico y político, al parecer perpetrado por las Farc, es un nuevo insumo que se suma a las complejas circunstancias que hay que modificar si queremos allanar el camino hacia la paz y edificar un proyecto de paz que convoque a todos los sectores, incluyendo a los señores de la guerra que se ocultan tanto en la izquierda, como en la derecha, nacional e internacional.
Pero hay que insistir en que la salida al conflicto es política y negociada y en eso parecen creer hoy no sólo las Farc, sino el propio gobierno de Santos, a juzgar por los últimos cruces de mensajes. Habría que entrar a revisar qué piensan actores influyentes de la sociedad civil y qué piensan los militares, normalmente mirados como ruedas sueltas, pero que fueron definitivos no sólo en las presiones que ejercieron para que se rompiera el proceso de diálogo que abrió Pastrana, sino para el posicionamiento del discurso anti terrorista de Uribe, que terminó por edificar un imaginario negativo en torno a la necesidad de buscar la paz.
Y dentro de esos actores de la sociedad civil colombiana bien valdría la pena saber qué piensan los industriales y en general los gremios económicos, la Iglesia Católica, las universidades y los medios masivos de información, tradicionalmente ajenos al conflicto, a su naturaleza y a su evolución.
Propongo revisar 15 circunstancias en aras de avanzar en la ambientación de escenarios de diálogo que conduzcan, sin afanes, a un proceso de paz que no esté sujeto a los tiempos gubernamentales.
Circunstancia 1. Lograr que todos y cada uno de los colombianos acepte que efectivamente existe un conflicto armado interno, con repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. Y para ello no basta con que el Gobierno de Santos lo haya reconocido en el marco de la llamada la ley de víctimas y restitución de tierras. No. Se necesita de un proceso pedagógico en el que se involucre a todos los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad, pues es difícil que las decisiones y actuaciones políticas del alto gobierno logren permear las vidas de millones de colombianos, preocupados hoy por sobrevivir al día a día, lo que profundiza la idea de que el conflicto es un asunto de otros, periférico, que sólo pasa en las selvas de Colombia.
Circunstancia 2. Revisar las razones objetivas que justificaron en su momento el levantamiento armado en Colombia. Hechos claros y objetivos como la concentración de la riqueza, la extrema pobreza, un modelo de Estado pensado más para satisfacer los intereses de una clase dirigente articulada a la dinámica económica globalizada y a una idea de que los derechos deben tener un carácter de servicio, en aras de que el ciudadano asuma la responsabilidad total de acceder a ellos, deben someterse a revisión y a cambio. Ello requiere de una actitud conciliadora y políticamente responsable de la clase dirigente y de ciertas y específicas élites. Será clave aquí contar con la Academia y con la intelectualidad nacional, alejadas y de espaldas a los grandes problemas del país.
Circunstancia 3. Retomar la Agenda Común lograda entre las Farc y el gobierno de Pastrana y desde allí, iniciar un proceso de superación de esas razones objetivas del levantamiento armado, modificando sustancialmente las estructuras y las lógicas con las cuales hoy el Estado colombiano opera en condiciones claras de ilegitimidad y precariedad institucional. El fortalecimiento institucionalidad y la creación de instituciones fuertes, pasa por el cambio de mentalidad y de las formas de acción política de políticos y partidos políticos, en el sentido de reducir o acabar con el clientelismo.
Circunstancia 4. Humanizar el conflicto, exigencia que debe trasladarse a todos los actores enfrentados. En esta fase hay que proponer un cese bilateral al fuego, y el compromiso de las partes de no reclutar y de no usar menores de edad. También, que no se instalen más minas anti persona y que el uso de armas no convencionales quede proscrito mientras se avanza en los diálogos, que en principio deberían plantearse dentro de Colombia y para una etapa definitiva, conversar por fuera del país.
Circunstancia 5. Preparar el país para un largo diálogo, superando los límites que impone un periodo de gobierno. Y para ello se requiere de la generación de consenso entre las fuerzas políticas, los partidos políticos y los grupos de interés que operan en la esfera pública. Este es un asunto sustancial si de verdad se quiere avanzar en un proceso de paz de largo plazo.
Circunstancia 6. Propongo el desmonte real del paramilitarismo como fenómeno cultural, social, político y económico, así como el compromiso real de la clase política y empresarial de abandonar toda práctica delincuencial y las acciones de cooptación del Estado para sacar adelante sus proyectos e intereses. Pero para ello se requiere que haya verdad, justicia y reparación efectiva, en aras de mostrar, desde este lado del Estado y la sociedad, una actitud clara de avanzar en la construcción de escenarios de confianza, para poder dialogar.
Circunstancia 7. Es clave hacer una lectura crítica de las circunstancias económicas, políticas, culturales y sociales que ha generado este dinámico, pero perverso proceso de globalización en el que el Estado colombiano decidió, de tiempo atrás, articularse sin mirar las condiciones de su sociedad. Mirar el complejo contexto en el que hoy gravita el mundo puede hacer que ambas partes entiendan que hay que llegar a acuerdos sobre la base de unas dinámicas financieras y económicas que han transformado el concepto de Estado y por esa vía, afectado las maneras como los ciudadanos ven y entienden la convivencia dentro de un territorio.
Circunstancia 8. Ante una sociedad civil fragmentada, es urgente avanzar en la construcción de un diálogo serio y abierto entre sectores de la sociedad civil que históricamente han legitimado al Estado colombiano y han respaldado, denodadamente, gobiernos violadores de los derechos humanos y de la Constitución. Eso no puede volver a ocurrir. Por ello, se requiere de una sociedad civil consciente de su papel político capaz de convertirse en un factor de poder en aras de señalar caminos viables y dignos para todos y no exclusivamente para los intereses particulares que en esa esfera suelen defenderse. Una sociedad civil que reclame, demande y exija procesos claros, dignos y honestos.
Circunstancia 9. Las empresas mediáticas, como actores políticos de la sociedad civil, deben colaborar modificando sustancialmente las rutinas de producción noticiosa, en un ejercicio de autocrítica, que los lleve realmente a ser voceros y defensores de los más débiles y no como sucede hoy, que son voceros, defensores y áulicos de sectores poderosos y de un Establecimiento que se resiste al cambio. Los medios masivos tuvieron una negativa incidencia en los diálogos dados entre las Farc y el gobierno de Pastrana Arango. Baste con recordar los efectos mediáticos de un hecho que elevado al estatus de noticia, terminó por afectar una audiencia internacional sobre la erradicación de cultivos de uso ilícito. Ese hecho fue la muerte de Elvia Cortés (por la activación de un collar bomba), atribuida inicialmente a las Farc, pero luego se demostró fue un grupo de delincuencia común.
Circunstancia 10. Es necesario que la Academia de manera decidida lidere la discusión del modelo económico neoliberal y del sistema capitalista, con miras a encontrar salidas y soluciones a los desbalances, desajustes y problemas que ha generado la articulación de Colombia a las lógicas de una economía mundo, que no sólo pone en riesgo las prácticas culturales de pueblos y comunidades, especialmente las minorías negras e indígenas, sino factores y elementos claves como la seguridad alimentaria, la soberanía estatal y con ella la seguridad alimentaria, así como la satisfacción de las expectativas de los jóvenes que ven desesperanza las precarias condiciones laborales que hoy ofrece el mercado. En Colombia un claro ejemplo de ello, es el aporte de la Universidad Nacional hace a través de sus investigaciones y difusión de pensamiento crítico y prospectivo.
Circunstancia 11. Es importante que el Estado y la sociedad civil ofrezcan reales y efectivas alternativas de inclusión social, económica y política a quienes de tiempo atrás han puesto en jaque el orden establecido. Y por esa vía, garantizar que el genocidio perpetrado contra la UP no va a repetirse, de darse la desmovilización de las Farc y la incorporación a la vida política a través del ya creado partido político Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Igualmente, hay que contemplar alternativas audaces de inclusión de los combatientes de las Farc, que no impliquen necesariamente la dejación de armas. Pensar, por ejemplo, en convertirlos en una fuerza nacional e incluso, en una fuerza que cuide, por ejemplo, las zonas de parques nacionales naturales. Ello no descarta ni niega la posibilidad de que lleguen al Congreso u otras corporaciones e instituciones democráticas.
Circunstancia 12. Fijar muy bien si se va a buscar acompañamiento internacional y en qué condiciones. Es claro que a los Estados Unidos, en especial a las empresas que fabrican los helicópteros huey y los blackhawk, así como pertrechos militares, les conviene que el conflicto armado colombiano se mantenga.
Circunstancia 13. La corrupción política en Colombia no sólo es evidente y alta, sino que es un factor negativo que le resta legitimidad a la clase política, a los partidos políticos y a la misma democracia. Por ello, el camino indicado es fortalecer los órganos de control, desmontando las mafias clientelares que congresistas, ministros y líderes políticos regionales han construido de tiempo atrás en la Contraloría y la Procuraduría.
Circunstancia 14. Es importante descentrar la discusión de la paz, exigiendo que su agenciamiento se extienda a todos los rincones del país. Esto no puede seguir siendo un asunto de un Gobierno y un sector político, pues lo que negocie en una mesa de diálogo tendrá efectos claros en la vida de los colombianos y en el propio devenir del Estado-nación.
Circunstancia 15. Y por último, hay que comprometer al sistema financiero, a los banqueros y a las familias poderosas de este país en un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de millones de colombianos. Y ello implica ceder poder político y económico, socializando ganancias entre millones de colombianos excluidos y marginados, obligados a sobrevivir en cambuches y en las calles. Es inaceptable continuar con el proceso de socialización de las pérdidas del sistema financiero, a través de la imposición de medidas como la del 2 y el 4 por mil, sin exigirle a los bancos que socialicen sus enormes ganancias.
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