ENTRE EL MARCO PARA LA PAZ Y EL COMBUSTIBLE PARA LA GUERRA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El gobierno de Juan Manuel Santos Calderón parece convencido de que para lograr la paz con los grupos subversivos es suficiente el proyecto legislativo conocido como Marco para la Paz. Es posible que sea un paso importante, pero no suficiente para lograr el silenciamiento definitivo de unos fúsiles que han estado activos por ya casi cincuenta años.

Las condiciones jurídicas no son suficientes para alcanzar un cometido en el que las Farc no creen mucho o por lo menos, no parece haber consenso en los cuadros que hoy están al frente de dicha organización armada ilegal: la desmovilización. En reiteradas ocasiones ‘Manuel Marulanda Vélez’ señaló que ese no era un camino viable para las Farc.

Existen elementos y circunstancias históricas que se levantan como fuertes obstáculos en esa idea de lograr una masiva desmovilización de guerrilleros. El caso más significativo y emblemático es el de la Unión Patriótica, brazo político de las Farc, exterminado por la acción conjunta de fuerzas del Estado, del narcotráfico y del paramilitarismo.

Por ello, el marco para la paz puede terminar en un esfuerzo vacuo del gobierno de Santos porque tanto el narcotráfico como el paramilitarismo siguen vivos como fenómenos económicos, culturales, políticos y sociales. Mientras que el narcotráfico siga siendo una actividad atractiva en lo económico y definitiva en lo político, la mentada iniciativa para la paz podrá quedarse en eso, en una simple iniciativa. Y mientras que las estructuras paramilitares sigan vivas, hoy en manos de los llamados neoparamilitares, así como en los imaginarios colectivos e individuales de millones de colombianos, la paz seguirá siendo una asignatura pendiente.

Así, al tiempo en que se avanza en mecanismos de justicia transicional, contenidos en ese marco para la paz, debe darse la discusión alrededor de la legalización de las drogas,  con el propósito claro de quitarle el combustible a la guerra, es decir, desfinanciar a unas guerrillas que fungen como actores políticos armados contaminados por una actividad y un fenómeno que debe tener ya efectos claros en la organización guerrillera: minicartelización de varios Frentes, lumpenización y una creciente dificultad para lograr consensos y presentar al gobierno y a la opinión pública posturas monolíticas alrededor de asuntos públicos sujetos cada vez más a las dinámicas de la guerra interna.

Penetrados por el narcotráfico, los farianos pueden desestimar hablar de paz pues las condiciones económicas que garantiza la actividad ilegal no sólo los hace fuertes militarmente, sino que logra permear individualmente a los guerrilleros, mandos medios y bajos, seducidos por el poder que genera dicha actividad económica ilegal, lo que haría dudar en una desmovilización masiva de combatientes.

A lo anterior se suma la precariedad de un escenario político (de elegibilidad política, por ejemplo) en el que a futuro cuadros farianos actuarían, previo cumplimiento de las condiciones del marco para la paz, en el sentido de no haber cometido delitos de lesa humanidad. Precariedad que se manifiesta en la debilidad y la casi inexistencia de partidos políticos fuertes y comprometidos con la generación de condiciones de vida digna para las grandes mayorías, a través del diseño de políticas públicas, política y técnicamente viables.

Además de una débil y casi inexistente Oposición agotada como mecanismo democrático y perseguida por el propio Estado. Esta acción política aún no ha sido concebida y aceptada socialmente. Por el contrario, y gracias al fuerte unanimismo político e ideológico vigente, se entiende como una práctica inconveniente para una Establecimiento que se presenta como democrático.

Igualmente y quizás el factor de mayor peso, es que el Estado colombiano no tiene cómo garantizar la vida de aquellos guerrilleros que decidan desmovilizarse e integrarse a la vida política, económica y social del país.

Además de lo anterior, es importante que la sociedad en general comprenda las circunstancias objetivas e históricas que provocaron el levantamiento armado. Pero más importante aún resulta que un gobierno lidere cambios sustanciales para revertir esas circunstancias contextuales, en aras de bajar las tensiones sociales que se genera entre quienes ostentan gran poder económico, y aquellos que viven en extrema pobreza. Para ello será clave contar con la decisión autónoma de  empresarios y banqueros para socializar ganancias  y así disminuir la pobreza.

Se requerirá del compromiso de todos para avanzar a un estadio de paz distinto al que busca Santos y que también han buscado con anterioridad otros gobiernos y que tiene como expresión única el silenciamiento de los fusiles y la desmovilización de los guerreros.

Es posible, entonces, que una paz verdadera, amplia, generalizada y permanente sea posible, si logramos hacer coincidir, por fin, dos concepciones de paz que no suelen hacerse encontrar en las iniciativas de paz que se discuten en el Congreso: la de los fusiles que disparan balas, o la del hambre, que dispara sentimientos de rabia hacia algunos pocos que ostentan poder y riquezas, mientras otros, millones de colombianos, apenas si pueden estirar sus manos para recibir ayudas y asistencia.

La paz de los fusiles no es garantía de una paz duradera mientras haya el malestar social que genera la desigualdad, y mientras que la política y la acción política sean un asunto de unos pocos.


Nota: publicada en el portal http://www.hechoencali.com/, http://www.hechoencali.com/entre-el-marco-para-la-paz-y-el-combustible-para-la-guerra/