Parte IV.
“Si todo permanecerá Igual ¿Por qué nos quieren compensar?
Nuestro transcurrir en la península Guajira gira alrededor del río, el es la gracia y la vida aquí. Por favor no permita que la empresa extranjera Cerrejón destruya el acuífero que mantiene el Ranchería y seque la única fuente de agua que poseemos. Si se licencia el traslado y empezamos a padecer los perjuicios, no podremos volver atrás, el daño es irreversible. Por favor ayude a los wayuu”[1].
Nuestro transcurrir en la península Guajira gira alrededor del río, el es la gracia y la vida aquí. Por favor no permita que la empresa extranjera Cerrejón destruya el acuífero que mantiene el Ranchería y seque la única fuente de agua que poseemos. Si se licencia el traslado y empezamos a padecer los perjuicios, no podremos volver atrás, el daño es irreversible. Por favor ayude a los wayuu”[1].
El subrayado sobre la última frase se explica por la actitud mendicante y sumisa que aún conservan millones de ciudadanos colombianos, frente al poder de un Presidente y en general, frente a las exigencias que como ciudadanos debemos hacer al Estado.
No se trata de pedirle favores al Presidente. Simplemente, exigirle que asuma su papel como máxima autoridad política y administrativa, aplicando la ley, obedeciendo el mandato constitucional, que en materia ambiental es amplio y generoso. Para nombrar sólo algunos derechos consagrados en la Carta Política de Colombia: Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Y del Capítulo 3, De los derechos colectivos y del ambiente, destaco el artículo 79, que reza así: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines[2].
Además de estos derechos constitucionales, la consulta previa se erige hoy como un derecho de las comunidades indígenas, en especial cuando se trata de obras de infraestructura que puedan afectar la calidad de vida de los habitantes en donde se planea ejecutar obras civiles.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-039/97, señaló que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación”[3].
De otra parte, el tema de la minería, legal e ilegal, en pequeña, mediana y gran escala, constituye de tiempo atrás un problema de inconmensurables efectos ambientales, sociales, culturales y económicos para un país biodiverso como Colombia, con una institucionalidad ambiental débil, correlato de la debilidad estructural del Estado nacional. Quizás las dos administraciones más comprometidas en esta bonanza minera son las de Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Este es otro hecho, que junto al caso del río Ranchería en la Guajira, ocupó las páginas de los medios aquí registrados.
Los titulares suelen ser útiles faros para dimensionar los alcances de unos hechos que aunque tozudos, siguen presentándose de manera asidua y lo que es peor, sin solución a la vista de los problemas que vienen detrás de su exposición mediática. Títulos mineros aumentaron 1.089% (sic), es el título de una nota editada en el diario EL ESPECTADOR, del 02 de diciembre de 2011. El dato lo entrega un informe de la Contraloría General, en donde se advierte que el desarrollo del país no es sostenible.
Para el caso local, la minería en los cerros de la ciudad de Cali viene develando la debilidad institucional no sólo de la Unidad de Parques Nacionales Naturales con sede en la capital del Valle del Cauca, sino la incapacidad del gobierno local para arrancar de raíz el problema de la minería, legal e ilegal, que viene presentándose en el área del Parque Nacional Natural Los Farallones.
El titular La minería en los cerros pone en jaque al Alcalde (sic) recoge de alguna manera la incapacidad estatal para enfrentar este creciente problema. En la nota periodística del diario EL PAIS, se lee lo siguiente: “No atender tres fallos judiciales que suspende de tajo la explotación minera en los cerros tutelares y ordenan recuperar el medio ambiente local, tiene en jaque al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, a sólo treces días de finalizar su mandato”.[4]
Termina este seguimiento mediático con otros hechos noticiosos diferenciados: uno, en el que se registran los efectos del invierno en sectores productivo del país[5]; en otro, se habla de que el Valle renovará cafetales[6]; y para finalizar, EL PAIS registra un hecho bajo el titular Alianza Olmué- Comfandi impulsará al sector frutícola (sic)[7].
De otro lado y como país de regiones y ante el desigual desarrollo regional, los beneficios económicos que dejan el crecimiento de actividades productivas como la venta de vehículos, así como la explotación minera y petrolera, entre otras, no se presentan de manera uniforme, de allí que encontremos en Colombia ciudades y regiones con un alto o medio desarrollo desde la perspectiva modernizadora, y otros con uno que podríamos señalar como reducido o pequeño, desde la misma perspectiva modernizante.
En la nota periodística se lee que “en el crecimiento total de la economía del tercer trimestre, 17 de cada cien pesos de mayor producción provienen de la producción de minas y canteras. Es así como en el meta aumentaba la producción petrolera en 25,9 por ciento, de acuerdo con el informe del Banco de la República, mientras en Casanare el aumento llegaba a 24,4 por ciento, pero en otras regiones como la Centro y Noriente la producción de crudo caía 7,6 y 2,5, respectivamente”[8].
Eso sí, hay indicadores económicos que guardan sentido en lógicas y escenarios citadinos, lo que pone en evidencia una dinámica social, económica y cultural asociada a un mundo urbano, a pesar de que el país continúa siendo rural[9]. Por ejemplo, la venta de vehículos y los despachos de cemento.
Al respecto, en el texto noticioso se dice que “uno de los signos de bienestar para la gente es la marca histórica en ventas de carros, que sin embargo no es pareja en todo el territorio… y los despachos de cemento, que son un buen indicador de la dinámica de la industria edificadora del país, también fueron positivos en todas las regiones, en las que algunas crecieron por encima de la media nacional de 14,2 por ciento, como la Caribe y Noriente, que lo hicieron a ritmos del 18,1 y 15,5 por ciento”[10].
En una nota del 10 de enero de 2012, EL TIEMPO registra un hecho relacionado con los efectos de la temporada invernal. El invierno no aguó el crecimiento del agro (sic) es el titular del cuerpo noticioso, ubicado en la página 9.
De esta forma se da continuidad a la información que se venía entregando alrededor de indicadores de crecimiento económico, esta vez en el sector agrícola. El positivo reporte lo da el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Como se trata de información oficial, la fuente ministerial aprovecha la rutina periodística para legitimar las acciones gubernativas, en una práctica política e informativa que se los periodistas realizan sin mayores contrastes, con otras lecturas que puedan venir de otros sectores de opinión, por ejemplo, adversos a las ejecuciones agrícolas del gobierno de Juan Manuel Santos.
De otro lado, en el diario EL PAIS, en la sección B, Activos, se registra un hecho noticioso relacionado con la temporada invernal. En el cuerpo noticioso se lee: “La fuerte ola invernal que se registró durante el año pasado en Colombia, provocó un descenso del 12% en la producción cafetera. El gerente de la agremiación, Luis Genaro Muñoz, reconoció que la situación fue compleja, pero por fortuna, anotó, <” [11].
La mirada y la postura antropocéntrica son y han sido, históricamente, decisivas en la construcción de las relaciones H-N. Mirado como una externalidad, el entorno natural y los demás seres vivos, han sido modificados y afectados en materia grave, hasta el punto de que la vida humana está comprometida.
En lugar de exponer una postura biocéntrica[12], el ser humano continúa actuando desde un antropocentrismo que reduce la biodiversidad, en su conjunto, a un asunto de oferta y de servicio ambiental que la Naturaleza nos presta, lo que de inmediato asegura un aprovechamiento irracional de unos recursos que se valoran única y exclusivamente desde la racionalidad económica.
El hecho noticioso que ilustra una actitud abiertamente biocida, como correlato de un pretencioso y abusivo antropocentrismo, lo trae a colación Catalina Ruiz-Navarro, en una columna de opinión de su autoría, publicada en el diario EL ESPECTADOR, el 19 de enero de 2002. Bajo el título Los tiburones (sic), la columnista sostiene que “el aleteo de tiburones consiste en mutilar a los animales, quedarse con las aletas para venderlas y echar los cuerpos al mar. Sin aletas los tiburones no pueden nadar, así que el agua no pasa por su agallas y se mueren de asfixia antes de caer como pesados troncos de carne al fondo del océano. Esos cuerpos mutilados fueron el espectáculo que vieron unos buzos rusos, que llegaron a Colombia en octubre, al santuario de Malpelo con la ilusión de ver a los tiburones vivos… Se calcula que la matanza fue de 2.000 tiburones. La zona había estado descuidada porque los dos barcos que vigilaban el territorio colombiano estaban dañados y el que mandó la armada llegó, por supuesto, demasiado tarde. Se han visto alrededor de 10 barcos pesqueros con la bandera costarricense en los últimos meses y se anotaron los nombres y número de registro de 3, que además captaron en video mientras huían de los guardacostas”[13].
El caso del asesinato de los tiburones en la isla colombiana de Malpelo, evidencia y reconfirma la debilidad de las instituciones ambientales de un Estado igualmente precario y débil, a pesar de los compromisos adquiridos por Colombia en lo que corresponde a conservación y aprovechamiento sostenible de su biodiversidad, a través de la firma de tratados internacionales.
Con la promulgación de la Ley 99 de 1993, con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental, el país intentó caminar por los senderos del desarrollo sostenible, creando una fuerte institucionalidad. Las fortalezas institucionales las fueron erosionando sucesivos gobiernos, entre ellos los de Samper y Pastrana, pero quizás la administración que dio los más fuertes golpes a las políticas ambientales fue la de Álvaro Uribe Vélez, quien, entre otras decisiones, fusionó el Ministerio del Medio Ambiente, con el de Desarrollo (agua potable, vivienda y desarrollo territorial).
“Fue una fusión que se adelantó a partir del ofrecimiento de naturaleza electoral que durante la campaña hacia la Presidencia, hiciera Álvaro Uribe de producir un remezón en las instituciones gubernamentales del orden nacional. Finalmente, la oferta electoral se puso en marcha en el caso ambiental sin que mediara una evaluación sobre su conveniencia. Además, al mismo tiempo que se anunciaba la reforma, el ministro del Interior, Fernando Londoño, hizo temerarios señalamientos a las organizaciones no gubernamentales ambientales, acusándolas de lobos vestidos de ovejas, es decir, aliados de la subversión parapetados en una actividad aparentemente noble.8 Nunca, en la historia del ambientalismo en Colombia, un gobierno había comenzado tan lejos de los ambientalistas… La capacidad gubernamental del orden nacional para hacer más verdes sus políticas se debilitó sustancialmente con la práctica eliminación de la Unidad de Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación, en el año 2003, que tenía el propósito de asegurar la incorporación del tema en los planes y programas de los diferentes sectores…”[14].
La decisión política de relegar el tema ambiental a un segundo plano, en contravía incluso de evaluaciones externas, continuó en la administración de Santos (2010-2014), que a pesar de reversar la fusión del Ministerio del Medio Ambiente, hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay ya evidencias de que el tema ambiental no es prioritario, a juzgar por la puesta en marcha de lo que en dicho gobierno se llamó las locomotoras de desarrollo, en especial la locomotora minera, que transita sin controles institucionales, porque la debilidad gubernativa que logró dejar las dos administraciones de Uribe Vélez, se mantiene en el gobierno de Santos.
La columnista termina así su columna de opinión: “El caso de los tiburones de Malpelo muestra la falta de visión en las prioridades del gobierno Colombiano, que se imagina el progreso con metáforas del siglo XIX, llamando <> a varias formas de explotación natural. Mientras tanto se descuida la que tal vez es nuestra mayor responsabilidad con el mundo: cuidar la biodiversidad ”.[15]
Las repercusiones políticas y mediáticas de lo sucedido con los tiburones de Malpelo fueron registradas en los medios masivos, sin que ello haya significado un cambio sustancial en las formas como el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón concibe lo ambiental y el llamado desarrollo sostenible, en especial, en la toma de medidas encaminadas a vigilar y proteger los recursos hídricos.
Entre el 20 y el 21 de enero de 2012 el diario EL PAIS edita dos notas relacionadas con lo ocurrido en aguas de la isla Malpelo. En la noticia del 20 de enero se lee: “Son cuatro las embarcaciones extranjeras que realizaban faenas de pesca en el área del Parque Natural Malpelo, en aguas jurisdiccionales colombianas, de acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades marítimas”.
Y en el titular de la nota del 21 de enero, se reconoce una preocupante verdad política y ambiental y por supuesto, una postura antropocéntrica a todas luces inconveniente. El titular de cita dice: <<Los océanos están descuidados>> (sic). El reconocimiento del gobierno de Santos, en especial del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del abandono de las costas y de los mares de Colombia, constatan, de un lado, la debilidad institucional del Estado para conservar y aprovechar de manera sostenible sus recursos, y del otro lado, el comportamiento irracional de la especie humana, que en el particular caso de los pescadores costarricenses, actuaron con un ya naturalizado carácter biocida.
Al caso de los tiburones se suma lo sucedido en Bahía Solano. En un informe periodístico, intitulado Las guerras de los pescadores (sic), se explica que hay un conflicto fuerte entre los pescadores artesanales y los de mayor capacidad operativa, llamado industriales. Pero ambos “coinciden en algo: para ambos el verdadero enemigo, el mayor depredador, el más nocivo, el más escurridizo, es el barco ilegal de bandera extranjera. El que arriba a la isla de Malpelo a pescar cientos de tiburones para despojarlos brutalmente de sus aletas y arrojarlos nuevamente al mar. El que se lleva en una sola faena la misma cantidad de atunes que en un año conseguirían los artesanales. El que según los pescadores de Bahía Solano ha sido ignorado durante años y años por el Gobierno, a pesar de las denuncias, a pesar de las evidencias. Hay una teoría en la que coinciden todos los pescadores artesanales (y el mismo Incoder): las autoridades (fundamentalmente la Armada Nacional) tienen otra prioridad en este pueblo. Están concentradas en derrotar el narcotráfico. En detener a las lanchas rápidas que recorren esa zona del Pacífico con cargamentos de cocaína para <> Panamá. Para la pesca ilegal no hay combustible ni lanchas ni tiempo ”.
Una constatación más de la debilidad del Estado y del desinterés de los servidores públicos que aceptan, sin mayor autocrítica, la precariedad de los recursos logísticos y económicos, para salvaguardar bienes y servicios ambientales de una biodiversidad que sigue siendo extraña a nuestro desarrollo, pero por sobre todo, ajena a nuestra identidad cultural, social, económica y política.
Desde antes de que el gobierno de Santos echara a andar la llamada locomotora minera, ya el país vivía una especie de boom minero, en una especie de nuevo Dorado en el que el Estado mostraba nuevamente su incapacidad institucional y operativa para explotar sus propios recursos y para vigilar y controlar las empresas nacionales y multinacionales a las que se tiempo atrás, pero especialmente en los ocho años del gobierno de Uribe Vélez, se les otorgaron títulos de exploración y explotación, así como licencias ambientales.
El ofrecimiento de las reservas mineras a empresas privadas resultó ser un tema atractivo no sólo para empresarios nacionales e internacionales, sino para los medios masivos, a juzgar por la nota de EL TIEMPO, del 09 de febrero en la que se señala que “el Gobierno tiene prácticamente definidas las áreas del país que declarará como de reserva estratégica minera, para adjudicarlas en el futuro a los inversionistas privados a través de rondas o subastas, en un proceso similar que se utiliza en los bloques petroleros”[16].
El 27 de febrero de 2012 el diario EL ESPECTADOR publica la opinión de Salomón Kalmanovitz, quien intenta hacer un balance de la minería. El columnista señala que lo que línea atrás se ha dicho alrededor de la debilidad del Estado. Dice que “el problema es que las instituciones del gobierno colombiano siempre han sido débiles y además fueron desmanteladas entre 2002 y 2010, otorgando títulos a granel y acolitando la evasión de impuestos y de regalías. El impacto sobre la distribución de la renta minera entre las empresas y la Nación fue desfavorable para el fisco y no hubo ningún control para evitar los daños ambientales reseñados. Hay buenas empresas en la minería del carbón que han recuperado las áreas dinamitadas y han sido cuidadosas con las comunidades afectadas, pero hay otras que actúan con las normas del capitalismo salvaje”[17].
Sin una política ambiental clara y una débil institucionalidad, el gobierno de Santos insiste en una locomotora minera que dejará efectos negativos en las zonas biodiversas, en especial en aquellas de reconocida fragilidad ambiental y que confirmará y seguramente profundizará el debilitamiento del discurso ambientalista tanto en las huestes del Estado, como en las propias organizaciones ambientales (ONG), que lentamente han abandonado la discusión ambiental, ante la fuerza de una locomotora que transita sin mayores controles estatales y de la sociedad civil.
Un hecho que confirma una estricta racionalidad económica con la que se puso en marcha la locomotora minera, puesta en marcha por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, se registra bajo una nota titulada Acuerdo nacional minero (sic), en la que se lee lo siguiente:
“Pese a que el presidente Juan Manuel Santos convocó a los empresarios, comunidades y al mismo gobierno para generar un gran acuerdo nacional que le permita a Colombia desarrollar una minería a gran escala, varios empresarios del sector siguen creyendo que a la locomotora minera le falta terminar de construir los rieles y poner la estación en orden… Dijeron que es necesario que el Gobierno fije las reglas de juego en el tema tributario y en las tasas de las regalías, de lo contrario se podría enviar un mensaje negativo a los inversionistas que tienen puesto el radar sobre Colombia y que, con los bolsillos cargados de dólares, aún no han decidido venir al país”. El Presidente respondió así a la inquietud de los inversionistas: <<no hay nada que temer, porque la reforma simplificará las cargas tributarias según la realidad económica que vivimos, sin que esto signifique un aumento. En la campaña se dijo que no se iban a aumentar tarifas ni de renta ni de IVA. Con esta reforma no estamos buscando más recursos>>”[18].
En la misma línea de atraer más y más inversión extranjera, el gobierno de Santos lanzó la Ronda Colombia 2012, que no es más que un proceso licitatorio en el que se ofrecerá a los inversionistas nuevas áreas para la búsqueda de crudo y gas[19]. La novedad en el asunto corre por cuenta de la inclusión del Pacífico como zona a explorar, en lo que toca a la cuenca de este importante corredor ambiental, tradicionalmente afectado por la presencia de grupos como las Farc y Paramilitares, que apoyan actividades de explotación minera y maderera, legal ilegal.
El largo conflicto armado colombiano, la debilidad y la precariedad del Estado para legitimarse como un orden social, político y moral viable, y sumado a ello, la presencia de grupos armados de ultraderecha, han coadyuvado en buen grado a materializar la debilidad de la protesta social, de las acciones colectivas y de los movimientos sociales, en la perspectiva de enfrentar no sólo a los particulares, que afectan los intereses de las comunidades, sino al propio Estado que, por acción u omisión, terminan violando derechos, en especial los ambientales.
El caso del río Anchicayá resulta ser significativo en esta perspectiva, en la medida en que, a pesar de las débiles organizaciones comunitarias, lo sucedido con la comunidad de Anchicayá puede convertirse en ícono de persistencia frente a las dilaciones de un proceso legal en el que los demandados, la CVC y Epsa, hicieron todo lo posible para evitar pagar la sanción económica interpuesta, en primera instancia, por el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura.
El caso llegó hasta el Consejo de Estado, instancia de casación que puede poner fin a un largo litigio que data de 2009.
En la revista Semana[20] se lee lo siguiente: “El río Anchicayá nace en la parte alta de la cordillera Occidental, en una zona boscosa conocida como Los Farallones en límites de Cauca y el Valle. Se descuelga a lo largo de 575 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico, en la bahía de Buenaventura. Más de 3.000 personas asentadas en la ribera del río vivían de él hasta que sus aguas se convirtieron en un lodazal "afectando cultivos de pan coger, la actividad de pesca, la economía doméstica y la salud de los habitantes del sector", según la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, que condena a la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) y a la Corporación Ambiental del Valle (CVC).
El fallo, que data de 2009, confirma una sentencia de primera instancia y señala a dichas entidades como causantes de "una catástrofe social y ambiental de grandes proporciones", por lo que las condena a pagar 166.945 millones de pesos a las víctimas. La comunidad se vio afectada por la contaminación del río Anchicayá al recibir, en 2001 y durante dos meses, 500.000 metros cúbicos de lodo acumulado en una represa de la hidroeléctrica Epsa, así como por la CVC, que no ejerció la vigilancia debida.
Desde noviembre de 2009, el Consejo de Estado tiene en su escritorio la revisión de este caso y, pese a que el mismo procurador Alejandro Ordóñez y la Defensoría del Pueblo han pedido prelación del trámite de revisión por tratarse de un caso de trascendencia social, el fallo aún no sale. Entretanto, la comunidad de Anchicayá sigue esperando que vuelvan los peces al río”[21].
[1] Tomado de http://www.observapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200:carta-de-una-indigena-wayuu-al-presidente-juan-manuel-santos&catid=2:propuestas-de-paz-de-las-organizaciones&Itemid=22, (Acceso, 07 de mayo de 2012).
[2] Constitución Política de Colombia.
[3] Sentencia SU039/97.
[4] La minería en los cerros pone en jaque al Alcalde. EN: EL PAIS, 19 de diciembre de 2011. p. A 5.
[5] El invierno volvió a poner en ‘rojo’ al sector agrario. EN: EL TIEMPO, 26 de diciembre de 2011. p. 12.
[7] Alianza Olmué- Comfandi impulsará al sector frutícola. EN: EL PAIS, 01 de diciembre de 2011. p. B.
[8] Auge económico desigual en regiones. EN: EL TIEMPO, 03 de enero de 2012. p. 2.
[9] “Colombia es más rural de lo que pensamos. Pero por casi cuarenta años, la progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esa realidad. Según el informe, no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya aérea ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales” (Presentación. Colombia rural, Razones para la esperanza. PNUD, Colombia. Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2011).
[10] Ibid., EL TIEMPO.
[11] Por invierno cayó en 12% producción cafetera. EN: EL PAIS, 17 de enero de 2012. p. B.
[12] Manfred Max-Neef sostiene que “si yo voy a tomar una decisión agrícola con una posición biocéntrica, de partida tengo que respetar la biodiversidad, tengo que evitar que se extingan las especies. Si mi interés es estrictamente antropocéntrico puedo tirar todos los pesticidas químicos y no tengo ningún problema” (Tomado de Manfred Max-Neef. Transdisciplina, para pasar del saber al comprender. EN: http://disi.unal.edu.co/~lctorress/PSist/PenSis07.pdf (consulta, 14 de mayo de 2012).
[13] Ruiz-Navarro, Catalina. Los tiburones. EN: EL ESPECTADOR, 19 de enero de 2012. p. 23.
[14] Rodríguez Becerra, Manuel. ¿Hacer más verde el Estado colombiano? EN: Revista de Estudios Sociales No. 32 rev.estud.soc. abril de 2009: Pp. 272. ISSN 0123-885X Bogotá, Pp.18-33.
[15] Op cit. Ruiz-Navarro.
[16] 1.9 millones de hectáreas pasarían a ser reserva minera. EN: EL TIEMPO, 9 de febrero de 2012. p. 8.
[17] Kalmanovitz, Salomón. La gran minería. EN: EL ESPECTADOR, 27 de febrero de 2012. p. 26.
[18] Chacón González, Jairo. Acuerdo nacional minero. EN: EL ESPECTADOR, 24 de febrero de 2012. p. 12.
[19] La subasta petrolera la apunta al Pacífico. EN: EL TIEMPO, 21 de febrero de 2012. p. 9.
[20] Aunque no hace parte del corpus de los medios sobre los que se sostiene este seguimiento, se cita por considerar que hace un mejor tratamiento del hecho noticioso, en relación con el que le dio el diario EL PAIS, en una nota publicada el 17 de febrero de 2012, página A 9.
[21] Tomado de http://www.semana.com/nacion/caso-del-rio-anchicaya-fallo-trascendente-para-medio-ambiente/175007-3.aspx Consulta del 16 de mayo de 2012.
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