Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En una democracia sólida, en un orden social y político no cooptado por mafias y grupos empresariales y en una sociedad formada políticamente para exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades como Estado Social de Derecho, la carta que el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Wilson Arias envió al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, debería de generar una amplia discusión pública alrededor de la legalidad y la legitimidad de la enorme fortuna que hoy exhibe el poderoso banquero.
Se esperaría, por lo menos, un debate amplio del que deberían participar, entre otros, el propio Estado, a través de la Fiscalía y la DIAN, un representante del Gobierno de Santos, la academia y periodistas. Pero no. Nada pasó y pasará con el contenido de la misiva que el Representante del Polo Democrático Alternativo envió al poderoso industrial.
Lo más probable es que las denuncias del congresista Wilson Arias no trasciendan el debate que se dio hace pocos días en la plenaria de la Cámara. De hecho, el asunto no fue recogido por los grandes medios[1] de comunicación, en especial por EL TIEMPO[2], periódico que pertenece al intocable banquero.
Leamos apartes del contenido de la carta:
“En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar – UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.
Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro se harán también millones de colombianos a quienes compartiré sus respuestas, que pronto espero.
La primera pregunta es:
¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?
La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas . Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.
Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:
Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:
1. De la renta extraída del cobro que le hace a sus clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.
Si lo denunciado en dicha carta es cierto, sólo resta esperar los efectos que el contenido de la misma genere en el proceso de negociación que se adelanta en La Habana, entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc. De cara al proceso de paz en La Habana, pero en especial ante la necesidad de diseñar escenarios de posconflicto, cuál es la postura y cuáles serán los aportes que está dispuesto a asumir el banquero Luis Carlos Sarmiento. A lo mejor el banquero se sienta más cómodo aportando recursos económicos al conflicto armado, a través del pago del impuesto a la guerra, que en un escenario posible en el que deba devolver propiedades y/o aportar mayores recursos económicos para el sostenimiento de la paz y del posconflicto.
El examen a la forma como Sarmiento Angulo ha hecho fortuna debe replicarse a todos los otros ‘Cacaos’ y grandes ricos del país. Es urgente y necesario que el Congreso asuma la tarea de revisar las fortunas que concentran Ardila Lülle y Santodomingo, entre otros, no sólo para mirar su legalidad, sino para cuestionar su legitimidad en un contexto social en el que sobresalen la pobreza y la falta de oportunidades para millones de colombianos que sobreviven en precarias condiciones.
La reconciliación del país, la finalización del conflicto armado y la edificación de escenarios de posconflicto, exigen compromisos y esfuerzos económicos no sólo del Estado, sino de quienes se han aprovechado de vacíos que dejan las normas o simplemente han sabido cooptar al poder político para debilitar las instituciones estatales, someterlas a sus intereses y sacar provecho.
Independientemente de si el banquero Sarmiento Angulo haya actuado bajo la ley, su enorme fortuna anima y alimenta el ethos mafioso que la sociedad colombiana ha entronizado en sus prácticas sociales, económicas y políticas, justamente porque el poder económico alcanzado le ha permitido no sólo beneficiarse de la precariedad del Estado, sino de extenderla en el tiempo; además, porque él mismo es, de tiempo atrás, un fuerte patrocinador de gobiernos y gobernantes que usan el Estado para servir a un reducido grupos de mecenas del que él hace parte.
[1] Caracol radio sí publicó una nota en la que destaca las misivas enviadas por dos políticos del Polo: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/cuestionan-a-luis-carlos-sarmiento-y-carlos-urrutia-por-acumulacion-de-terrenos-baldios/20130605/nota/1911142.aspx
[2] Por lo menos en internet no se registró nota alguna, búsqueda efectuada el 07 de junio de 2013.
[3] Tomado de http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1407:carta-a-luis-carlos-sarmiento-angulo&catid=28:noticias&Itemid=73. Acceso 07 de junio de 2013, 1:15 pm.
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