Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Históricamente Colombia ha tenido problemas para administrar, proteger y aprovechar las ventajas medioambientales que tiene como país biodiverso. Dificultades que guardan estrecha relación con la labilidad estatal, su privatización por la vía del clientelismo, a lo que se suman el desconocimiento de los límites entre lo público y lo privado, la inexistencia de un proyecto de Nación que reconozca el valor social, político y cultural de frágiles zonas biodiversas, así como la ‘ingenuidad’ y la incapacidad para negociar, con empresas nacionales y extranjeras, la oferta ambiental que tienen las selvas y otros ecosistemas, a partir de criterios de sostenibilidad socio ambiental.
Pero quizás haya una circunstancia que ha facilitado la depredación y el aprovechamiento insostenible de la biodiversidad, que hoy tiene su mayor expresión en la puesta en marcha de la locomotora minero-energética: la inexistencia de un pensamiento ambiental que haga confluir el trabajo investigativo y crítico de la Academia y el rol que deben jugar la Política y los Partidos Políticos en el diseño de políticas públicas y el control social y político de planes de desarrollo, fincados en un desarrollo extractivo y por supuesto, el funcionamiento de las instituciones ambientales y la aplicación de los principios de responsabilidad ambiental consagrados en la Ley 99 de 1993.
No hay en Colombia un pensamiento ambiental lo suficientemente desarrollado que movilice y aglutine las investigaciones y las recomendaciones de la Academia, así como las protestas sociales en torno a megaproyectos energético y mineros. De igual forma, no hay un sólido partido político, ideológica y políticamente comprometido con la defensa sensata de la biodiversidad y menos aún, hay dentro de las corporaciones legislativas (Congreso, Asambleas y Concejos) una conciencia ambiental capaz de frenar la unívoca concepción de desarrollo que se agencia desde el Estado central.
Ahora que el Gobierno de Santos adelanta un proceso de paz con los líderes de las Farc, bien vale la pena exigir y esperar que el tema ambiental atraviese las discusiones de los puntos acordados en la agenda pactada entre las partes. Y mientras se supera la guerra interna, hay que mirar el conflicto armado interno como un escenario en donde confluyen problemas como la precariedad del orden social y político establecido, un modelo de sociedad que desconoce realidades y proyectos socioculturales abiertamente diferentes al que una clase blanca y poderosa ha logrado imponer hasta el momento, así como un desarrollo extractivo insostenible y alejado de un pensamiento ambiental que promueva y exija la consolidación de una relación consustancial entre el ser humano y la Naturaleza. Por ello, tan importante y definitivo resulta reparar a las víctimas de la guerra interna, como remediar los daños socio ambientales que por tantos años hemos ocasionado a zonas biodiversas y de especial valor cultural.
Huelga decir que tanto las Farc, sectores de la sociedad y el Estado colombianos conciben la naturaleza como un mero sustrato que debe ser aprovechado y explotado sin mayores consideraciones en cuanto a la mitigación de impactos por las actividades antrópicas puesta en marcha, de acuerdo con la ideología del progreso que alimenta el actual paradigma de desarrollo extractivo.
De esta manera, es urgente politizar el tema del medio ambiente en aras de promover discusiones públicas sobre la viabilidad social y ambiental de un desarrollo extractivo que recoge las ansias de acumulación económica de poderes, legales e ilegales, al tiempo que desdeñan, desprecian e invalidan los anhelos e incluso, las formas relacionales verdaderamente sostenibles de comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas, que en sus prácticas cotidianas dejan entrever un profundo respeto por la naturaleza.
Y qué bueno sería que el proceso de politizar los asuntos de la naturaleza tenga inicio en la mesa de negociación Santos-Farc, instalada en La Habana, Cuba. Mientras ello sucede y de cara a las elecciones presidenciales de 2014, la izquierda y los diversos grupos de ambientalistas que hoy sobreviven en Colombia, deberían de pensar seriamente en conformar una fuerza política capaz de recoger y refrendar lo acordado en el proceso de paz, bajo una perspectiva y un pensamiento ambientales que frenen o mitiguen los conflictos socio ambientales que ya viene generando la locomotora minero- energética del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
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