TODOS DEBEMOS PEDIR PERDÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El modelo de justicia transicional que se adopte en Colombia, como factor jurídico-político fundamental para ratificar los acuerdos entre líderes de las Farc y el Gobierno de Santos, en aras de poner fin al conflicto armado interno, deberá dar cuenta de varios elementos sustanciales: verdad, justicia, reparación, perdón y no repetición.

En las ya candentes discusiones sobre las penas que la justicia deberá (podrá) imponer a los jefes guerrilleros que hagan dejación de armas y las formas de condonación de dichas condenas, el perdón aparece tímidamente, a pesar de que sectores sociales reclaman a grito herido que los líderes farianos paguen condenas altas, en cárceles del Estado, por las fechorías y los delitos cometidos en más de 50 años de guerra interna.

El perdón, como acción simbólica, merece un mejor lugar en una sociedad polarizada en torno a la naturaleza del conflicto y a las aparentemente ilegítimas formas de lucha con las que las Farc han enfrentado al Estado colombiano.

Y ese lugar que le podamos – o debamos- dar al perdón, no puede sostenerse exclusivamente en las expresiones de arrepentimiento de un actor político armado llamado Farc, sino que debe extenderse a todos y cada uno de los sectores, actores y agentes de un Estado y de una sociedad, comprometidos seriamente en el mantenimiento de la guerra interna colombiana.

Sin duda, las Farc deben pedirle perdón al país. Y deberán arrepentirse de haber violado los derechos humanos de menores de edad  reclutados. De igual forma, por haber conculcado los derechos  de los civiles que cayeron en los ataques a unidades policiales y militares. Y sería simbólicamente correcto, que las Farc pidieran perdón al país por la violación de las normas del DIH y por los daños ambientales que han producido en nuestras selvas y ríos.

Pero también debe pedir perdón el Estado, por su incapacidad, por su debilidad y porque como orden político y social arrastra episodios y momentos precisos de su historia, en los que se ha acercado a lo que se conoce como un Estado colapsado o fallido.

También esperamos claras muestras de arrepentimiento de las multinacionales que han saqueado al país y que aprovechándose de la incapacidad del Estado y de sucesivos gobiernos para negociar con mínimos de dignidad, sólo han dejado pobreza y desastres ambientales en los lugares en donde posaron sus intereses.

Los gremios económicos y los bancos, que se han servido del Estado y que han hecho ingentes esfuerzos por mantener privilegios de clase, a costa de millones de colombianos que apenas sobreviven con miserables salarios. Ellos también deben pedirle perdón al país.

Los militares y en general los miembros de la fuerza pública que en contubernio con paramilitares y bandas criminales, violaron los derechos humanos de cientos de miles de ciudadanos, en especial en los periodos presidenciales de Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez. También, por haber apoyado gobiernos ilegítimos y haber ocultado la verdad de hechos punibles que han generado dolor y desazón en la población civil. Ellos también deberán sumarse a la gran jornada de perdón.

La clase política y dirigente, por haber ayudado a consolidar un régimen de poder excluyente y violento, y por su incapacidad y desinterés de pensar y diseñar un proyecto de nación en el que sea posible que los colombianos, a pesar de la diversidad cultural, se puedan encontrar alrededor de mitos fundantes que sostengan esa idea de ser colombiano. Esa clase política y dirigente también deberá pedir perdón.

Otros actores políticos que deberán pedir perdón al país, son los medios de comunicación, porque en cabeza de editores y periodistas le han servido de caja de resonancia al régimen, se han autocensurado y han aceptado presiones de gobiernos para ocultar hechos noticiosos que comprometían su imagen. Y deben pedir perdón porque a través de un discurso periodístico moralizante, provocador, ahistórico y violento, medios y periodistas han contribuido, por ejemplo, a que hoy los colombianos, las audiencias, no puedan comprender la naturaleza  y la evolución del conflicto y de los actores armados, más allá de expresiones de dolor y de rabia en torno a enfrentamientos militares.

La Iglesia Católica también deberá pedir perdón al país. Y lo debe hacer porque insiste en principios y creencias que hoy no están acordes con el espíritu de la Carta Política de 1991. Porque desde el púlpito, curas y grandes jerarcas han legitimado un régimen de poder cooptado por mafias clientelares.

También deben pedir perdón los voceros de los partidos tradicionales, los ricos de este país y cada uno de nosotros, en la medida en que somos culpables, por acción u omisión de lo que ha venido sucediendo con este largo y degradado conflicto armado interno.

Propongo, entonces, varias jornadas de perdón, de cara al país, en las que cada actor político, económico, social y militar, entre otros, reconozca que se equivocó, que cometió errores, que pudo violar o violó la ley, que desestimó la violación de los derechos humanos, que aceptó, sin mayor análisis y crítica, circunstancias y decisiones políticas que afectaban a cientos de miles de compatriotas. 

Mientras en La Habana continúan los diálogos de paz, y en plena efervescencia de paros, movilizaciones y protestas sociales, los colombianos deberíamos exigirle a cada uno de los actores señalados líneas atrás, que hagan actos públicos de contrición, para luego prepararnos para mirar con indulgencia esas expresiones de arrepentimiento. Debemos reconocer que tenemos episodios y hechos de nuestra historia y de nuestro presente inmediato, que hacen posible señalar que como Nación hemos fallado.