Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Con
la reciente decisión del Gobierno de Santos de no aceptar la solicitud de
entrega de medidas cautelares a Gustavo Petro Urrego, elevada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos[1]
(CIDH), no sólo se desconoce el ordenamiento jurídico internacional, sino que
se afecta el proceso de paz de La Habana.
La
decisión de Santos, fundada más en un cálculo político-electoral y en una clara
expresión de clase social, golpea y mina la confianza que debe existir y
mantenerse entre las partes que dialogan en Cuba, para sacar adelante las
negociaciones. Veremos qué tan grave resultan los efectos políticos de semejante
decisión.
De
cara a la firma de un armisticio, de una eventual desmovilización de la
estructura armada de las Farc y de la posible participación política de miembros de la cúpula de la organización
guerrillera, las actuaciones y decisiones del Procurador Ordóñez Maldonado[2] y las
del propio Presidente, mandan mensajes contradictorios a la mesa, en la medida
en que el actual sistema democrático colombiano, sus instituciones y sus
doctrinas jurídicas no están pensadas para garantizar derechos políticos de
desmovilizados y mucho menos para facilitar el diseño de escenarios de
posconflicto.
Por
el contrario, al desoír a la CIDH, Santos y la clase política y dirigente que
lo apoya, confirman que el excluyente régimen de poder no va a cambiar, así se
firme el fin del conflicto armado. Las Altas Cortes, la Procuraduría, el Gobierno de Santos y en
general el Establecimiento, exhiben una inocultable incoherencia jurídica y
política con la que se manejan y se abordan asuntos del Estado, como la
consecución de la paz y la firma de acuerdos que la refrenden.
Es
claro que la rancia élite política y dirigente optó, de cara a la recuperación
del alcaldía de Bogotá, por no reconocer los derechos políticos del
constituyente primario y los de los funcionarios públicos elegidos por voto
popular, en especial cuando éstos intentan transformar condiciones de
contratación, aplicar políticas de bienestar social, reordenar el territorio a
partir de criterios ambientales y de justicia social, o que el Estado participe de la prestación de
servicios públicos esenciales, cuando ello toca los intereses de monopolios
privados. Eso quedó claro con lo sucedido con el modelo de Estado local[3] que
Petro intentó poner en marcha a través de la Bogotá Humana.
Definida
así la estrategia de la derecha y la ultraderecha bogotana, los negociadores de
las Farc ya están notificados. De hecho, de tiempo atrás saben que el
Procurador Ordóñez[4]
no apoya el proceso de paz y que está dispuesto a demandar en instancias
nacionales e internacionales el Marco Jurídico para la Paz, que según el Jefe
del Ministerio Público, asegura total impunidad en un eventual procesamiento a
los líderes de las Farc.
La
dirigencia fariana no tardó en manifestar su preocupación por la decisión que
adoptó el Presidente de la República: "Deploramos la absurda decisión política del
presidente, que toma la Alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de
mano". Esta destitución
"genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones" y
"afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se
está aprobando". "Nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a
la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación
política", aseveró Márquez al recordar al consenso alcanzado el año pasado
en torno a ese punto, el segundo de la agenda que rige los diálogos de paz.
Según el grupo insurgente, en ese punto se acordaron "los términos para
expandir la democracia en Colombia, pero no se puede lograr ese propósito con
ese tipo de conductas y decisiones que no favorecen la democracia: aquí hay un
desconocimiento de la voluntad popular que llevó a Petro a la alcaldía de
Bogotá", añadió el jefe guerrillero”[5].
Lo que se puede venir
Planteado
de esa forma, el actual escenario político, en medio de una coyuntura electoral,
el proceso de paz recibe un duro golpe. Juega a favor del Presidente Santos y de su errada decisión, el evidente y
claro envejecimiento de la cúpula de las Farc, circunstancia esta que hace
difícil que se dé el inmediato rompimiento del proceso de paz, a pesar de lo expresado por los
comandantes guerrilleros. Además, hay varios de ellos que están enfermos y
siguen tratamientos médicos en la isla de los Castro.
El
proceso continuará, pero no sabemos en qué condiciones. Corresponderá a los
negociadores del Gobierno calmar los ánimos de los miembros de la
contraparte. Una forma de hacerlo es
asegurar y demostrar que el sombrío escenario jurídico e institucional que
cobija la lucha por la recuperación del control político del Distrito Capital,
podrá ser modificado en el Congreso a través de reformas constitucionales, en
particular, a través de la esperada reforma a la justicia, con la que
probablemente se limite el poder del Procurador Ordóñez, metiendo en cintura la
discrecionalidad con la que investigó y sancionó, de forma exagerada, al
alcalde[6] de
Bogotá, ex guerrillero del M-19 y político de izquierda (progresista).
Si
Santos verdaderamente está comprometido y cree que es posible y urgente ponerle
fin al conflicto armado, deberá esforzarse para recuperar la confianza entre las partes. No bastará con asegurarles
a los líderes de las Farc que habrá una Asamblea Nacional Constituyente,
escenario la cúpula de las Farc ha exigido como único camino viable para la
refrendación de los acuerdos a los que se lleguen en La Habana. Y es así,
porque el Congreso recién elegido el 9 de marzo de 2014, cuenta con la
oposición del Centro Democrático (CD), expresión de una ultraderecha que no
apoya los diálogos de paz.
Es
posible, igualmente, que una vez firmada la paz
y asegurada y blindada la participación política de los líderes
guerrilleros, Santos y las Farc acuerden que, a futuro, la lucha democrática
por el poder no incluirá a la capital del país y que además, no se podrán tocar
privilegios de clase y monopolios privados, tal y como lo intentó hacer Petro
en Bogotá, con el cambio en el modelo de recolección de basura y el freno a la
construcción, entre otras decisiones adoptadas en su accidentada gestión como
alcalde mayor de Bogotá.
En
cualquier sentido, la cuestionada decisión[7] del
Gobierno de Santos, ante la solicitud del CIDH, confirma que el camino que nos
llevará a ponerle fin al conflicto armado interno, no sólo está lleno de
enemigos y detractores, sino que al paso ya salen las incoherencias y las dudas
jurídicas que subsisten en el ordenamiento jurídico interno, en torno a un
poder que por ahora no tiene control o contrapeso terrenal: el del Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado.
[3] Véase http://otramerica.com/opinion/el-caso-petro-modelo-estado-medios-comunicacion-colombia/3071
[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-destitucion-de-petro-afecta-negativamente-el-proceso-de-paz/381052-3
[6] Ex guerrillero del M-19, ex
constituyente y político de izquierda (Movimiento Progresista, disidencia del
Polo Democrático Alternativo, hoy fundido en la llamada Alianza Verde).
[7] Y es claro que su decisión se da ante la presión de
sectores productivos, políticos, militares, mediáticos y gremiales, que vienen
posicionando la idea de que Santos no gobierna y que no tiene el control del país. El ambiente de
polarización vivido en Bogotá y los poderes mafiosos que se sintieron tocados
por las decisiones de Petro, sirvieron también para que Santos desconociera la
solicitud de la CIDH.
Publicada en: http://otramerica.com/opinion/los-efectos-la-destitucion-petro-proceso-paz/3166
Publicada en: http://otramerica.com/opinion/los-efectos-la-destitucion-petro-proceso-paz/3166
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