LA OTRA TRIBUNA: UN PAÍS VERDE, A LA DERIVA

martes, 26 de mayo de 2015

UN PAÍS VERDE, A LA DERIVA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Publicada en el portal Conlaorejaroja: https://conlaorejaroja.com/un-pais-verde-a-la-deriva/

La anunciada tragedia de Salgar, en Antioquia, y la decisión del Consejo de Estado de suspender, temporalmente, 516 áreas mineras[1] previamente delimitadas por el Gobierno de Santos, son dos hechos socio ambientales que bien pueden servir para caracterizar el tipo de Estado que hay en Colombia, el modelo de desarrollo imperante y por supuesto, el talante de la sociedad.

Por las dimensiones sociales y ambientales alcanzadas por esos dos hechos y las de otros, como la muerte cientos de miles de chigüiros, cocodrilos y tortugas, entre otras especies, en Paz de Ariporo[2], en 2014, podemos señalar, con certeza, que el Estado y la sociedad jamás comprendieron lo que significa ser un país biodiverso.

Ser un país biodiverso demanda acciones y compromisos ético-políticos de gran envergadura, así como el desarrollo de un pensamiento ambiental que sirva para dar el debate entre aquellos que como Uribe y Santos, se la jugaron por un desarrollo extractivo, la ampliación de la frontera agroindustrial, petrolera y ganadera y en general, con actividades antrópicas claramente pensadas para transformar el medio ambiente, en procura de generar riqueza para unos pocos. Ser un país biodiverso exige una educación ambiental de la que en Colombia poco podemos dar cuenta, a juzgar por las maneras como proceden los funcionarios públicos y las débiles expresiones de rechazo, frente a lo que sucede en el país en materia ambiental, de una sociedad atormentada por incertidumbres sociales, políticas y económicas que le han impedido confrontar y transformar el Estado, en sus ámbitos local, regional y nacional.

Por muchas razones y circunstancias contextuales, el tema de la biodiversidad, así como la discusión, la gestión y el pensamiento ambientales en Colombia, han estado proscritos de las agendas de Gobierno, de los medios y de la atomizada sociedad civil. De un lado, el conflicto armado interno ha acaparado la atención política y presupuestal de más de 10 presidentes a quienes poco o nada les interesó organizar el territorio nacional sobre la comprensión de las disímiles características y complejas condiciones naturales, de ecosistemas de páramos, selvas tropicales, secas y húmedas, entre otros. Las consecuencias son claras: planes de ordenamiento territorial pensados desde oficinas de planeación, en donde trabajan funcionarios públicos que no conocen los territorios y menos aún, las territorialidades allí expresadas. Esos mismos POT, diseñados para someter a la Naturaleza y asegurar mayores beneficios sociales y económicos a unas élites de poder político que, sin mayor conciencia ambiental, han coadyuvado al diseño de ciudades capitales que segregan y que devienen ambientalmente insostenibles.

Así entonces, el Estado colombiano se afianza, política y económicamente, sobre un modelo de desarrollo extractivo que avanza sobre vastos territorios. Las actividades extractivistas comprometen la biodiversidad, los proyectos de vida y las prácticas culturales de indígenas, afrocolombianos y campesinos, que viven, bien dentro de zonas de parques nacionales naturales, zonas de amortiguación, o en territorios biodiversos no necesariamente articulados a las lógicas de protección estatal, bajo la figura de Parques Nacionales Naturales.

El asunto problemático es que el Estado colombiano, al fincar sus finanzas públicas y sus posibilidades de alcanzar un deseado e imaginado desarrollo, sobre un modelo extractivista, lo hace sobre una débil institucionalidad ambiental y a merced de unas empobrecidas condiciones de educación, conciencia y gestión ambientales, que comprometen tanto a la Academia, a la sociedad civil y a la sociedad en general, así como a las entidades ambientales diseñadas para la conservación o para el aprovechamiento racional de los recursos que ofrece la biodiversidad.

Las condiciones bajo las cuales opera el Estado, su institucionalidad y sus relaciones con la sociedad y el mercado, son resultado de un proceso histórico, en el que se reconocen disímiles formas en las que el Estado colombiano actúa y responde a los desafíos socio ambientales que generan la mega minería, temporadas de lluvia y sequía, y ahora el fracking, entre otros fenómenos y hechos. Esas variadas formas en las que el Estado colombiano actúa y responde a desafíos, expresan las dificultades que históricamente exhibe, para consolidarse como un orden político-administrativo eficiente y eficaz, en aras de cumplir con el carácter y las exigencias que como Estado Social de Derecho, se consagran en la Carta Política.

Las respuestas estatales a los desafíos socio ambientales, políticos y económicos, están ligadas, inexorablemente, al sistema capitalista y al modelo económico neoliberal imperante, que hace que el Estado actúe en el mercado como un mero espectador, ante las presiones de actores económicos, locales y globales, que afectan, negativamente, las soberanías estatal y popular. Las fuerzas del Mercado y las lógicas del proceso de globalización económica, sujetan cada vez más la función estatal y someten al Estado mismo, a los intereses corporativos de empresas nacionales y multinacionales, interesadas en invertir en zonas de explotación aurífera, minera, petrolera, maderera y/o con vocación agroindustrial.

Como país biodiverso, Colombia resulta atractivo para multinacionales de diverso tipo, interesadas en explotar y conservar, con fines investigativos, los recursos de la biodiversidad que se extiende en zonas y territorios en donde históricamente el Estado deviene débil y en donde se han desarrollado en gran medida, las acciones bélicas en el contexto del conflicto armado interno.

Para dar cuenta de ese interés, los Gobiernos de Uribe Vélez y Santos Calderón, vienen consolidando y profundizando un modelo de desarrollo extractivo, que tiene en la mega minería, el “fracking” y en la agroindustria, entre otras, las actividades que mayor impulso vienen recibiendo desde un Estado que ofrece ventajas institucionales, debido a la debilidad manifiesta de organismos como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y los órganos de control como la Contraloría y Procuraduría, cuya presencia y gestión se limita a la capital del país y a algunas ciudades capitales como Cali y Medellín.

Se suma a lo anterior, una circunstancia contextual definitiva: existen actores de poder político, económico y grupos de interés, que no comparten una única idea de Estado, en la perspectiva de afianzar el Estado Social de Derecho, que la Constitución Política garantiza como precepto. Esas disímiles formas en las que se concibe el Estado, facilita su cooptación y captura, por parte de agentes privados que amañan la función pública y estatal, a sus intereses, lo que impide que el Estado y a través de este, la sociedad, se beneficien del boom minero que por estos días se presenta en el país y de las ventajas comparativas que ofrece ser una nación con un gran potencial en términos de biodiversidad.

Así entonces, Colombia, como país biodiverso, exhibe hoy las graves consecuencias socio ambientales que viene dejando un modelo de desarrollo extractivo que desconoce límites de resiliencia, a pesar de los constantes llamados de atención de científicos y ambientalistas, que a través de los medios masivos, intentan movilizar la opinión y generar conciencia en quienes tienen el poder de reversar las actividades de explotación que se desarrollan en vastos territorios, sin control político y social.

Por lo anterior, la tragedia de Salgar, en Antioquia, es la expresión clara de una baja cultura ambiental, una nula comprensión del riesgo y de una ineficaz gestión ambiental. Y sobre el fallo del Consejo de Estado, solo resta preguntar: tienen los Estados regionales la capacidad técnica, administrativa y coercitiva para asegurar el cumplimiento del auto de esa Corporación? Creo que no. De allí, que Colombia, como país verde, siga, históricamente, a la deriva.