YO DIGO SÍ A LA PAZ

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jueves, 9 de marzo de 2017

EL DE LAS TIRANTAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En medio del escándalo mediático y político por las coimas pagadas por Odebrecht, aflora el cinismo de Alejandro Ordóñez Maldonado, quien a pesar de haber sido destituido por el Consejo de Estado por violar el artículo 126 de la Carta Política, tiene la desvergüenza de invitar a marchar contra el Gobierno de Santos y la corrupción.

En un corto video ( https://www.youtube.com/watch?v=N_V-ZF0hqWE) y acompañado de una joven que cumple con los actuales patrones de belleza, el astuto ex procurador general de la nación invita a marchar contra el Gobierno de Santos.

En su discurso, Ordóñez Maldonado apela a la defensa de la Patria. Inconveniente y peligroso que un ex funcionario sugiera que hay que salir a marchar porque la Patria, con sus símbolos e instituciones, está en peligro por cuenta de un Gobierno que “roba” al Pueblo y desconoce su voluntad.

Y nuevamente, desde su Fe y su doble moral religiosa, señala que la Familia sigue en riesgo, desconociendo las aclaraciones y ajustes que se introdujeron al Acuerdo Final (I), luego del triunfo del NO, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Este elemento confirma que Ordóñez, junto con Uribe Vélez y su Centro Democrático, buscarán darle un carácter plebiscitario[1] a las elecciones de 2018. Y lo harán, al insistir en temas sensibles para los sectores godos y premodernos de la sociedad colombiana, como la homosexualidad, la defensa de la familia tradicional, el matrimonio igualitario, la eutanasia y el aborto, entre otros.

Sin duda, estamos ante un discurso incendiario y de franco desconocimiento a la institucionalidad que alguna vez él mismo defendió, eso sí, desde su particular forma de entender el papel del Estado (debe ser confesional), el de la Procuraduría (cerró los ojos ante el caso Odebrecht), el del Ciudadano (se necesitan súbditos) y el de Dios (que debe guiar el ejercicio del poder político).

Ordóñez habla de dictadura. Es claro que con su discurso busca reclutar incautos, ignorantes o simplemente exhibir la filiación ideológica de aquellos colombianos que creen a pie juntillas en el Estado confesional, o creen que los organismos de control deben servir, exclusivamente, para perseguir a funcionarios públicos impíos o aquellos ideológicamente contrarios al carácter religioso de quien, por ejemplo, en adelante funja como Procurador General de la Nación. Y es que Ordóñez, durante sus casi 8 años al frente del Ministerio Público, fungió más como un Abad[2], que como un verdadero garante de los derechos de los colombianos.

El candidato a la presidencia, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el señalado video, usa la figura masculinizada de una bella joven. Las tirantas que llevan el ex procurador y la muchacha, representan el lejano pasado en el que aún vive Ordóñez. Instalado en un momento oscuro de la historia de la humanidad, la aparición de la joven, con las mismas tirantas del Momio de marras, claramente nos dice que la tradición no muere y que por el contrario, existen jóvenes dispuestos a defender la moral, las buenas costumbres, el talante confesional del Estado y el lugar preponderante de Dios en la vida política de la República.

En menos de dos minutos, Ordóñez Maldonado expone los pilares de lo que es y será su programa de Gobierno: el desmonte del Estado Social de Derecho, para instalar en Colombia un Estado confesional; el desconocimiento de los avances en materia de libertades y derechos, alcanzados gracias a las sentencias de la Corte Constitucional en temas como el aborto, eutanasia y matrimonio igualitario. Es decir, un regreso a la Constitución de 1886. Su enfermiza y encolerizada defensa la familia tradicional, lo llevará, en caso de que se convierta en Presidente, a desconocer los derechos de quienes optaron por no tener hijos, vivir en unión libre y lo más grave, desechar la vida de cientos de miles de madres solteras que con denodado esfuerzo han sacado adelante a sus hijos e hijas.

Sin duda, el de las tirantas está decidido a transformar a Colombia en un enorme monasterio. Ya se advierte en su discurso el talante mesiánico necesario para iniciar la cruzada para salvar a Colombia. Qué susto. Amanecerá y veremos.
  
Adenda 1: Ordóñez y Uribe coinciden en un asunto primordial: el desmonte del Estado Social de Derecho. El primero, para hacer de Colombia un Estado confesional. Y el segundo, remplazarlo por el Estado de Opinión.

Adenda 2: con el uso de las tirantas en la joven, Ordóñez Maldonado manda el claro mensaje de la uniformidad de pensamiento y la masculiniza, para indicar que todo debe continuar girando en torno a la tradición, al discurso masculino y a la figura del Gran Macho. 






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miércoles, 8 de marzo de 2017

¿MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN O PROCESIÓN DE CORRUPTOS?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que el montaraz latifundista y ganadero, Álvaro Uribe Vélez y el ladino ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado convoquen a una marcha el 1 o el 2 de abril, con el objetivo de rechazar la corrupción, no solo deviene en una acción cínica, sino en una estratagema electoral de cara a las elecciones de 2018.

La invitación que hacen los dos personajes está anclada a una necesidad: medir su capacidad de convocatoria. No les interesa realmente atacar las prácticas corruptas, el ethos mafioso[1] que se entronizó en la política colombiana  y mucho menos, comprometerse con una lucha decidida contra la corrupción[2].

Como líder negativo y mesiánico, el ex presidente antioqueño sabe que ha perdido caudal electoral por cuenta de los procesos judiciales que se han abierto en contra de su círculo más cercano de colaboradores durante sus dos administraciones y por supuesto, los que en su contra reposan, inalterables, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la propia Fiscalía, por asuntos y hechos que tienen que ver con su paso por la Gobernación de Antioquia, como la masacre del Aro. A pesar de esa realidad política, su carácter combativo lo mueve, junto a un enorme cinismo, a invitar a los colombianos a marchar contra la corrupción.

La lucha del ex mandatario (2002- 2010) contra la corrupción supone dejar en el olvido episodios como la “yidispolítica”, proceso mediante el que logró reelegirse de manera inmediata y espuria.

Quienes aún lo defienden, insisten en que todos los señalamientos en su contra son fruto de odios y resquemores acumulados por sectores de izquierda y extrema izquierda, por la  efectividad de su política de seguridad democrática con la que no solo atacó militarmente a las Farc, sino con la que persiguió (“chuzó”) a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a intelectuales que se opusieron a sus ideas y a la forma de administrar y ejecutar el poder del Estado. 

Por un momento aceptemos que tienen razón sus fieles seguidores. Aún así, revisemos tan solo dos frases expresadas por Uribe, para colegir de ellas su cercanía con el ethos mafioso que dio vida a incontables casos de corrupción durante sus ocho largos años de Gobierno. La primera, expresada en el contexto de la parapolítica: “Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar…”[3]; y la segunda, en relación con los sicarios  de la Oficina de Envigado, dijo en su momento: Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general[4].

La primera frase deja entrever no solo un fuerte pragmatismo político, sino un desprecio por la acción de la justicia que poco a poco se acercaba a los congresistas que lo llevaron a la Presidencia, contando aquellos con el apoyo de los paramilitares. Además, en la frase subsiste una enorme desvergüenza en tanto que los delitos por los cuales sus congresistas fueron investigados, procesados y condenados, no ameritaban sanción moral alguna o recriminación de su parte.

En cuanto a la segunda frase, “Acábelos y por cuenta mía…” exhibe un profundo desconocimiento de derechos y garantías constitucionales, inaceptables en un Presidente y Jefe de Estado. Hasta los criminales más odiados y perseguidos, como los sicarios de la llamada Oficina de Envigado, tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto, a un debido proceso. Otra situación es que durante un operativo policial, los sicarios se enfrenten a tiros con los policiales y en ese cruce de disparos, resulten asesinados por las balas oficiales o "dados de baja", desde la perspectiva castrense.

En esa línea, no se necesitaría de la acción de la justicia en su contra para reconocer en su discurso, en sus frases, una muy fuerte inclinación a desvirtuar la acción de la justicia y desconocer el espíritu de la Carta Política. Y es claro que quien desconoce las normas, la constitución o mira con desdén esos marcos legales y normativos, es proclive a hacer parte de prácticas corruptas, dolosas y a actuar bajo la lógica de lo que en varias columnas he llamado el ethos mafioso.

Ahora miremos el caso del ex procurador Ordóñez Maldonado, sancionado, tardíamente, por el Consejo de Estado con destitución[5] de su cargo como Jefe del Ministerio Público, por violar el artículo 126 de la  Constitución Política, que señala: “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien están ligados por matrimonio o unión permanente…”[6].

Además, Ordóñez Maldonado legitimó su espuria reelección como Jefe del Ministerio Público, al señalar que al no estar expresamente prohibida la reelección del Procurador, quedaba abierta la posibilidad de buscar continuidad en su cargo otros cuatro años, como finalmente lo logró con el concurso del Senado.

Ahora bien, si fracasara la marcha contra la corrupción, convocada por Uribe y Ordóñez, estaríamos ante un claro mensaje político y electoral que bien podría entenderse como un rechazo a estas dos figuras públicas. Su debilitada capacidad para convocar a la opinión pública a marchar contra la corrupción les dejaría como único tema de campaña lo acordado en La Habana entre los negociadores del Gobierno de Santos y los de las Farc. Ese sería, entonces, su caballito de batalla, si de verdad quiere Uribe recuperar el poder y Ordóñez, erigirse como un verdadero presidenciable al servicio del insepulto Partido Conservador y de los sectores más godos de la sociedad colombiana.

Así entonces, y desde ya, la Marcha contra la Corrupción corre el riesgo de convertirse en un desfile descarado y desvergonzado de corruptos consumados, que hábilmente se aprovechan de la mala memoria de los colombianos y del débil espíritu crítico de quienes aún los ven como referentes de moralidad y probidad.

Nota: esta columna fue reproducida por el portal Conlaorejaroja: http://conlaorejaroja.com/marcha-contra-la-corrupcion-o-procesion-de-corruptos/




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lunes, 6 de marzo de 2017

FALSOS POSITIVOS Y LA JEP

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que los “falsos positivos” sean considerados delitos cometidos  o no dentro del devenir del conflicto armado interno, es una discusión jurídica que despierta una enorme sensibilidad social y política. No será fácil para los familiares de los jóvenes asesinados por miembros de la Fuerza Pública, aceptar dicha tesis por cuanto los agentes del Estado están para proteger la vida y la honra de los ciudadanos. Jamás  podrá ser lo mismo que una fuerza ilegal viole los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a que esas mismas violaciones sean cometidas por agentes estatales sobre los cuales recae la responsabilidad y el deber de valorar y de responder, en perspectiva de derechos, a la confianza que los ciudadanos depositaron en el Estado, a través de estos servidores públicos.  

Es claro que asesinar civiles inermes no es un acto del servicio. Pero tampoco podemos desconocer que los llamados “falsos positivos” guardan una relación estrecha con una realidad inocultable: la degradación del conflicto armado interno, y un perverso y equivocado redireccionamiento de la misión de los agentes de la Fuerza Pública involucrados en la comisión de estos delitos de lesa humanidad. Es difícil imaginar que por fuera de las dinámicas de un conflicto armado como el que vive Colombia desde 1964, se pueda hablar de falsos positivos. Subsiste una conexión casi natural con la comisión de estos delitos, sin que con ello se pretenda minimizar el delito en sí mismo, su dimensión política y social, y mucho menos, el dolor de los familiares de los colombianos asesinados en esas execrables circunstancias.

Así entonces, y de acuerdo con el objetivo final de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, aceptar que los "falsos positivos" sean juzgados como delitos graves perpetrados por agentes del Estado, en el contexto del conflicto armado interno, no puede entenderse como un insalvable error jurídico: se trataría, mas bien, de una decisión política anclada en la necesidad de reconocer que efectivamente el conflicto armado se degradó, hasta tal punto, que miembros del Ejército, especialmente, no solo subvaloraron la vida de los civiles asesinados, sino que tergiversaron y monetizaron la tarea de enfrentar militarmente al enemigo interno.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y las discusiones de los expertos, debe estar el compromiso de quienes hoy orientan a las fuerzas armadas, de develar, una vez entre en operación la Jurisdicción Especial para la Paz, las finas conexiones que hicieron posible que la práctica militar de producir falsos positivos estuviera mediada por órdenes emanadas por coroneles y otros oficiales con mando de tropa, con la anuencia de generales de brigada, de la cúpula militar e incluso, del propio Presidente en ejercicio, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Incluso, si las órdenes de operaciones resultasen falsas, dichas circunstancias no son suficientes para eximir de responsabilidad a quienes dentro de una línea de mando y al interior de un batallón, no se hayan tomado el tiempo y la tarea de analizar lo ocurrido en esos supuestos combates en los que se produjeron las “bajas” de los supuestos guerrilleros, reportadas con celeridad para recibir los beneficios contemplados tanto en el Decreto Boina, como los estipulados en la directriz ministerial 029 de 2005.

Insistir en juzgar a los responsables de "falsos positivos" como violadores de los derechos humanos, por fuera de la JEP, es prolongar en el tiempo odios y resquemores que solo conducen a la generación de sentimientos de venganza y a la entronización de la desconfianza de los ciudadanos en la fuerza pública.

Es posible que la discusión de la técnica jurídica se eternice y que finalmente triunfe la tesis que indica que dichos delitos de lesa humanidad no pueden considerarse como parte de las dinámicas de la guerra interna colombiana. Como puede suceder que los falsos positivos sean revisados por los magistrados que darán vida a la JEP. Más allá de lo que suceda jurídicamente, la actual cúpula militar debería de preparar acciones de petición de perdón por hechos de guerra, como los ocurridos en Bojayá, a donde ya las Farc viajaron y pidieron perdón a las comunidades afectadas; y por supuesto, una petición de perdón por los falsos positivos cometidos por unidades militares que no solo violaron los DDHH y el DIH, sino que mancillaron el honor militar, traicionaron la confianza de los ciudadanos y debilitaron la institucionalidad castrense.

En cualquier sentido que termine la discusión sobre este espinoso asunto, lo cierto es que el conflicto armado interno sirvió para darnos cuenta de la perversidad, la vileza y la perfidia de todos los combatientes, legales e ilegales, pero también, para que empresarios y otros sectores de poder exhibieran una perniciosa doble moral con la que pudieron, unos y otros, calificar a los caídos, civiles o no, bajo la insana dicotomía que señala que unos eran Buenos y otros, simplemente, eran Malos


Adenda: en por lo menos dos ocasiones, el hoy ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, ha señalado que los "falsos positivos" pueden terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de la tesis jurídica que señala que no pueden ser investigados por esa jurisdicción, porque no tienen relación directa con el conflicto armado interno, es decir, no se trata de delitos cometidos en operaciones propias de un acto del servicio. Este es el enlace: http://noticias.caracoltv.com/colombia/justicia-especial-para-la-paz-no-es-para-juzgar-generales-afirma-mindefensa

Nota: esta columna fue reproducida en los portales conlaorejaroja (http://conlaorejaroja.com/los-falsos-positivos-y-la-jep/)  y colombiaplural (https://colombiaplural.com/falsos-positivos-la-jep/)

Imagen tomada de arcoiris.com.co
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viernes, 3 de marzo de 2017

LA “PAZ ELECTORAL” DE CLAUDIA LÓPEZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Mientras que la senadora Claudia López Hernández piensa en convocar y, lógicamente, hacer parte de una coalición política de cara a las elecciones presidenciales de 2018, el proceso de desarme de las Farc inició con un desinterés generalizado por parte de los colombianos, debido a que el periodismo no está cubriendo la dejación y entrega  de armas a la ONU como un hecho trascendental para el país.

Es en ese contexto en el que la combativa Congresista señala que la Paz no es el tema o el argumento[1] que convoca a los colombianos, y que por el contrario la corrupción, la salud, la seguridad ciudadana y el empleo, si son temas y asuntos que preocupan al electorado habilitado para votar en 2018 y en general al pueblo colombiano. Si la Paz, como dice López, no es un argumento de peso y un asunto que convoque electoralmente, ello confirmaría la naturaleza marginal[2] del conflicto armado interno y el lugar secundario que cientos de miles de compatriotas le están dando a un hecho histórico: la desaparición de las Farc como guerrilla y el surgimiento de un nuevo partido político.

Es probable que Claudia López tenga razón en que el tema de la Paz no preocupa al grueso de los colombianos, en especial a los millones de compatriotas que viven en ciudades capitales. Por esa circunstancia contextual, hay que discutir alrededor del concepto de Paz que la Senadora tiene, dado que lo dicho por la Congresista pareciera soportarse en una idea de Paz reducida al fin del conflicto armado y específicamente, a la desaparición de las Farc como guerrilla.

El señalamiento de López Hernández parece estar articulado a su estrategia político-electoral de sacar a las Farc de la agenda política-electoral, dado que por largos 50 años esta guerrilla aportó, significativamente, a la elección de presidentes que buscaron o prometieron acabar militarmente con dicha organización armada ilegal, o en su defecto, negociar con su dirigencia el fin del conflicto armado. Hábilmente, Claudia López niega la importancia de la Paz como asunto público y su potencial poder electoral, entendida exclusivamente como el fin de la guerra con las Farc, para que su nombre y el de quienes le acompañen en la coalición, no sean vistos por sectores de derecha y ultraderecha, como “cercanos” o “simpatizantes”  a y con las Farc y en tiempos de polarización ideológica y política, como seguidores y áulicos de Presidente que se desgastó políticamente al sentarse a negociar el fin de la guerra con las Farc.

Deslindarse de esa Paz alcanzada con las Farc puede terminar negando las circunstancias históricas y objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60 y por esa vía, proponer, desde una cacareada coalición, cambios menores en las formas como operan el Estado, la sociedad y el mercado dentro de un territorio que aún el Estado no controla y mucho menos, ha podido erigirse como un orden justo y legítimo.

La lectura que hace Claudia López, apoyada en el resultado de una encuesta de opinión, facilitaría la llegada a esa pretendía coalición,  de sectores de poder económico y político de Derecha, dispuestos a hacer  reformas y proponer algunos cambios en las reglas de juego, sin que ello toque estructuralmente las correlaciones de fuerza sobre las que históricamente se funda el actual régimen de poder.

En esa dirección, la Paz territorial sería marginada de la discusión política y electoral, para darle paso a otros temas urgentes como son el desempleo, la inseguridad y la salud, eso sí, todos articulados a la vida urbana. De esta forma, el proyecto de Gobierno resultante de esa coalición  política que desde ya reduce la Paz a la desaparición de las Farc, extendería en el tiempo la lucha entre dos mundos separados por el clientelismo, el centralismo bogotano y sus correlatos regionales: el urbano y el rural.

Por el contrario y desafiando el carácter plebiscitario que muy seguramente se le dará a las elecciones de 2018, hay que insistir en posicionar el discurso de la Paz, haciendo énfasis en que se necesitan con urgencia transformaciones en las lógicas y en las formas como operan el Estado, la sociedad y el mercado, en un país desigual como lo es Colombia. Y por ese camino, el discurso de la Paz y su comprensión, pasan por ampliar la democracia, proscribir la doctrina de seguridad nacional, desmontar las estructuras mafiosas y criminales que se han enquistado en el Estado,  y exigirle a la clase política tradicional, a la empresarial (en especial a los empresarios del campo), a las Iglesias y a los militares, el establecimiento de unos mínimos éticos y de responsabilidad social y política, que no solo permitan honrar la palabra empeñada en el Acuerdo Final firmado en el teatro Colón de Bogotá, sino avanzar en la transformación cultural que demanda un país y una sociedad que sueñan con la construcción real de escenarios de posconflicto.


La senadora Claudia López no puede obviar que tanto el fin del conflicto armado con las Farc y su proceso de conversión en partido político se están dando en medio de una débil institucionalidad, permeada, además, por un entronizado y legitimado ethos mafioso. Esa es la discusión que hay que dar, porque en el devenir institucional se puede reconocer el talante ético de los agentes estatales, pero sobre todo, la apuesta ética de los particulares que, por ejemplo, contratan con el Estado.

No podemos deslindar de la construcción de una paz estable y duradera de asuntos públicos y hechos que la hacen inviable: la corrupción público-privada, el desempleo y un sistema de salud oprobioso. Resulta (in) conveniente separar la construcción de la Paz de hechos fácticos como el desempleo, la inseguridad ciudadana  y los problemas de la salud porque ésos están inexorablemente anclados a unas relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado, pensadas desde la mezquindad de una clase oligárquica que se ha favorecido del conflicto armado interno y que tiene profunda resistencia a todo proyecto político que busque implementar de manera efectiva, eficiente y eficaz lo acordado en La Habana. Sin duda, estamos ante una idea de “Paz electoral” que solo entiende la Senadora en un temprano ejercicio de cálculo político.   

Adenda 1: En otro ejercicio de cálculo político, la Senadora Claudia López en su momento deberá tomar distancia del alcalde mayor de Bogotá, si desea contar con el apoyo de ese sector que desaprueba la gestión de Enrique Peñalosa. 



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