Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La terminación del conflicto
armado entre el Estado y las Farc, y la consecuente transformación de esa
guerrilla en un movimiento político, echarán a andar disímiles procesos de
transformación social, política, económica y cultural. Dichos procesos deberán
partir de profundos cambios institucionales, pero sobre todo, de la urgente
proscripción del ethos mafioso[1] que por largo
tiempo ha permeado las relaciones entre el Estado y los particulares, y guiado
las diversas actividades y transacciones entre los ciudadanos.
La sociedad colombiana no
superará sus enormes problemas y conflictos tan solo poniendo fin al conflicto
armado interno con las Farc. Sin duda, es y será un paso importante, pero
subsisten unas circunstancias contextuales (históricas) que hay que modificar
si queremos de verdad aprovechar este momento histórico, para avanzar en la
consolidación del Estado como un orden moralmente superior a sus asociados, así
como en la revisión de los semi fallidos procesos civilizatorios, contaminados
de ese ethos mafioso que de tiempo
atrás acompaña las relaciones Estado-Mercado-Sociedad.
Para empezar, se espera que la
clase dirigente, política y económica, abandone las prácticas propias de ese ethos mafioso con el que vienen
manejando los asuntos públicos y privados. Las espurias reelecciones de Uribe Vélez y del Procurador Ordóñez
Maldonado, así como la incapacidad de la justicia para procesar al primero por
sus señalados vínculos con el paramilitarismo y la insolvencia moral y ética de
los magistrados del Consejo de Estado para anular la reelección del segundo,
así como la insostenible permanencia de magistrados del talante ético de Rojas
Ríos y Pretel Chaljub, son hechos que al estar anclados en ese ethos mafioso, interfieren seriamente en
la transformación social, cultural y política que reclama este momento
histórico por el que atraviesa el país.
De igual manera, el país avanzará
culturalmente si logra proscribir las prácticas discriminatorias y erradicar
esa cada vez menos oculta animadversión étnica contra afros, campesinos e
indígenas, sobre la que se justificó
el proyecto paramilitar y se continúan autorizando proyectos de desarrollo extractivo
que no solo buscan sacar provecho de los recursos del suelo y el subsuelo, sino
anular o desaparecer física y simbólicamente a estas comunidades y pueblos.
El escepticismo alrededor de la
paz en su sentido maximalista, no debería de estar sostenido en las erróneas
interpretaciones e informaciones entregadas por el llamado “uribismo” alrededor
de lo acordado hasta el momento en La Habana en materia de justicia
transicional, sino en las dificultades que enfrentará la sociedad, el Estado y
las fuerzas del mercado, para superar y proscribir ese ethos mafioso con el que venimos conviviendo de tiempo atrás y que
logró entronizarse en los marcos mentales de millones de colombianos.
Al no ser un referente
ético-político que guíe la práctica de la política, Uribe Vélez se viene
consolidando como un fuerte enemigo del proceso de paz, de la terminación del
conflicto y de la puesta en marcha de los procesos de transformación social y
política que se vendrán una vez se ponga fin al conflicto armado. Más allá de
haber liderado una lucha frontal contra las Farc, con la intención de
derrotarla en el campo militar, lo que el país debe reconocer en el hoy senador
de República es que es el último bastión de ese ethos mafioso que justamente necesitamos superar, si de verdad
queremos ser una sociedad moderna, en correspondencia con un Estado igualmente
moderno.
En todos estos procesos de
transformación que se echarán a andar una vez se firme el fin del conflicto
armado con las Farc, la dirigencia fariana tendrá una oportunidad histórica:
demostrar, con verdadero sentido revolucionario, que los delitos conexos
cometidos durante estos 52 años de guerra interna, no están fundados en ese ethos mafioso sobre el que se vienen
desarrollando las relaciones entre la sociedad y el Estado. Este será el reto
que tendrá las Farc como partido político: diferenciarse de los partidos
políticos tradicionales, que devienen contaminados, poco democráticos, débiles
y cooptados por mafias de todo tipo, que
les han arrebatado su sentido de lo público, para darles el carácter de fuertes
asociaciones clientelares y nidos en donde se reproduce el ya referido ethos mafioso.
Creo que no hemos valorado lo
suficiente lo que se viene con la firma del fin del conflicto armado y lo que
ese hecho histórico demandará de la sociedad y del Estado. No veo aún líderes
políticos y sociales capaces de aprovechar este momento histórico por el que
atraviesa el país, para proponer cambios en el sistema educativo y en la
transformación de la sociedad y del Estado. Parece que primará la mirada
cortoplacista que ha caracterizado a la clase dirigente, política y económica y
muy seguramente ese carácter mezquino con el que han logrado someter el Estado
a sus particulares intereses.
Ojalá en unos años el país no lamente
el no haber podido transformarse culturalmente, a pesar de haber logrado
ponerle fin al conflicto armado interno.
Adenda: tanto el Gobierno de Santos, como los miembros del COCE,
deben hacer ingentes esfuerzos para iniciar fase de negociación. Resulta
incomprensible, más allá de diferencias de criterio entre las partes, que se
firme el fin del conflicto con las Farc, y que el ELN se quede por fuera de
esta coyuntura.
Imagen tomada de ELTIEMPO.com
[1] Se define como el
conjunto de acciones, decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar
las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y
consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que
ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del
Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría
las actividades y transacciones de todo tipo que los ciudadanos y las
instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría
un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses.
Ese ethos mafioso, al consolidarse,
corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la
incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por
la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo
e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar
el Bien Común.
