YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 10 de febrero de 2017

FARC y ELN: DOS PROCESOS DISTINTOS, UN SOLO ANHELO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Ahora que por fin se dio inicio a la fase pública del proceso de negociación política entre delegados del Gobierno y la dirigencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), vale la pena detenerse a mirar algunos detalles de la metodología planteada para el desarrollo de los diálogos de paz y diferenciarla de la que se implementó durante el proceso de paz adelantado con las Farc.

En primer lugar, las líneas rojas planteadas por Santos a las Farc, se mantienen para la negociación con el ELN[1]. Estos inamovibles[2] del Gobierno darían al traste con el proceso que recién se inició en Quito, cuando las propuestas emanadas de la Mesa Social, compuesta, por ahora, por sectores sociales, entren en conflicto y se topen con la rigidez de esas líneas rojas o inamovibles trazados por el Gobierno.

¿Qué pasará entonces cuando ello suceda? Llegado ese momento, el COCE dirá que los diálogos no podrán seguir por cuanto no existe real voluntad de la contraparte para modificar o cambiar sustancialmente las causas y las circunstancias contextuales que legitimaron en su momento el levantamiento armado y de inmediato señalará como responsable al Gobierno, por mantenerse firme en esos puntos que no está dispuesto a negociar, por la presión que sobre este hace el propio Establecimiento.

Señalo, entonces, que la negociación política entre los delegados de Santos y los plenipotenciarios del ELN queda supeditada a las propuestas que saldrán de una Mesa Social variopinta, cuyas legítimas aspiraciones chocarán inexorablemente con la rigidez de aquellos inamovibles que le permiten al Régimen negociar hasta cierto punto, sin que ello implique modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza y los privilegios de específicos sectores sociales, políticos y económicos que históricamente han ostentado el poder y han manejado, hasta hoy, los destinos del Estado colombiano.

Al no sufrir derrota alguna e incluso, al no sentirse realmente amenazados por las dinámicas del conflicto armado interno, estos sectores de poder tradicional saben muy bien hasta dónde pueden ceder y qué tanto juego le pueden dar al Presidente para avanzar en una negociación política para ponerle fin a la guerra interna.

Procesos distintos, un solo anhelo de paz

Diferente fue lo que sucedió con la negociación política que se dio con las Farc. En primer lugar y a diferencia con lo que parece suceder con la dirigencia del ELN[3], el Secretariado de las Farc exhibió desde el principio de los acercamientos y durante el desarrollo de los diálogos en La Habana, una inquebrantable voluntad de no pararse de la Mesa, hasta no lograr un acuerdo con el Gobierno.

Durante el proceso de La Habana, hubo, digamos, una sola Mesa Política en la que las Farc pusieron no solo la Agenda pactada, sino un fuerte pragmatismo para negociar con el Gobierno. Si bien se recibieron propuestas de diversos sectores de la sociedad, las discusiones y negociaciones no dependían de manera directa de la aprobación o desaprobación de un "tercero" que determinara el curso de la negociación.

Es decir, en Cuba las Farc de manera directa negociaron con los plenipotenciarios de Santos, mientras que el ELN pretende jugar el rol de intermediario, dado que la negociación se daría entre la Mesa Social (el Pueblo) y los delegados del Gobierno. Se trata, sin duda, de una compleja metodología cuya aplicación e implementación hasta el momento no se ve con claridad cómo se daría. 

Al parecer y según informaciones recogidas, en el COCE[4] no habría consenso aún alrededor de asuntos como finalizar el conflicto armado, abandonar la lucha armada y  dejar las armas. Si esto es así, supeditar la negociación política a las concesiones que el Gobierno pueda hacer a las demandas de la Mesa Social, estaría dentro de los cálculos políticos de una dirigencia elena que no llega convencida en torno al abandono de la lucha armada. Esta circunstancia interna no expondría, por lo menos por ahora, grietas visibles en la estructura de poder y de mando del ELN. Simplemente estaríamos ante una actitud equivocada, o ante la comisión de un craso error de la dirigencia de esa guerrilla, que no dimensiona el momento histórico por el que atraviesa el país, resultante de un proceso de paz con las Farc que avanza, a pesar de los contratiempos en esta etapa de concentración de los subversivos, camino a la entrega de armas, la desmovilización y su conversión a partido político.

Ahora bien, la metodología planteada para los diálogos con el ELN no deja de ser llamativa, interesante y democráticamente viable, en la medida en que convoca a participar a sectores sociales que históricamente el régimen de poder ha perseguido, asesinado, estigmatizado y desconocido sus demandas y aspiraciones. Acá entran a jugar otros factores: cultura política, evidenciada en el real interés de algunos sectores de participar en las discusiones y llevar propuestas concretas a la Mesa; los tiempos de la negociación ante la cercanía del final de la administración de Santos; y un posible cansancio de sectores de opinión frente a la búsqueda de la paz, debido a la larga negociación en La Habana.

Hay que señalar, eso sí, que la Mesa Social deberá de tornarse ampliada ante la llegada a ella, ojalá, de la Academia, de los Militares retirados y activos, de los gremios económicos, de los Partidos políticos, de las iglesias y de los medios masivos, entre otros sectores. Por esa vía, será un error que a dicha Mesa Social solo confluyan los sectores campesinos, populares, afrocolombianos e indígenas que han podido construir, con mucha dificultad y trabajo, una agenda, la misma que se ha hecho visible a través de lo que se conoce como  el Congreso de los Pueblos[5].

A partir del 7 de febrero, los negociadores del ELN y del Gobierno  tratarán de afinar la compleja metodología planteada y discutirán asuntos que los lleven a pactar, ojalá, un cese del fuego. Deberán correr 45 días para lograrlo. Hay que estar atentos a lo que suceda en Quito.

Sin duda, estamos ante procesos distintos, guerrillas diferenciadas y un solo Establecimiento. Y quizás, un solo anhelo de ponerle fin al conflicto armado interno, eso sí, con disímiles formas de entender y concebir la Paz.


Adenda 1: Acabar con la corrupción público-privada es imposible. Tocaría desmontar el actual Régimen. Y si se logra, líderes del Nuevo Régimen montarán sus propias mafias.






Imagen tomada de Semana.com


[2] Estas son las líneas rojas de Santos: 1. No se toca a las Fuerzas Armadas. 2. No se tocan las relaciones internacionales. 3. No se toca el modelo económico y 4. No se toca el modelo político.

miércoles, 30 de marzo de 2016

REFLEXIONES NECESARIAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Ahora que se anuncia que el Gobierno de Santos y la dirigencia del ELN concretaron una agenda de negociación, y ante la enorme posibilidad de que en La Habana los equipos negociadores liderados por “Timoleón Jiménez” y Humberto de La Calle logren firmar un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada, puede resultar provechoso pensar, discutir y dialogar en torno a asuntos que de muchas maneras están directa o indirectamente relacionados con las razones objetivas que “justificaron” y legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

Mientras avanzan las conversaciones con el ELN y se concreta la firma de la paz con las Farc, propongo algunas ideas que bien pueden asumirse como conclusiones y lecciones que nos puede dejar este largo y degradado conflicto armado interno, siempre y cuando el ejercicio reflexivo propuesto se haga dejando a un lado orientaciones políticas y sesgos ideológicos que puedan obstaculizar la reflexión.

El ejercicio dialógico y reflexivo debe permitirnos, en primer lugar, confluir en una idea consensuada alrededor de lo que debe ser el Estado[1] y de qué tipo de relaciones se deben promover en adelante entre este tipo de orden, con la Sociedad y el Mercado, teniendo en cuenta las actuales circunstancias contextuales a nivel local e internacional.

Inicio con una idea que bien puede asumirse como una “verdad” histórica: el Estado[2] colombiano, como orden político, social, cultural y económico no recoge y mucho menos representa los anhelos de buen vivir de las grandes mayorías, en especial, las aspiraciones y los modos de vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas. Y esta otoñal sentencia tiene asidero y se explica en y por el comportamiento de unas élites y una burguesía que jamás se sintieron cómodos con sus procesos de mestizaje, lo que los ha llevado por años a desconocerlos, hasta el punto de llegar a mirar con desdén el hecho de que Colombia sea un país pluriétnico y multicultural.

Al final, podemos constatar que el Estado ha servido, casi exclusivamente, a los propósitos de una minoría que insiste en negar sus anclajes culturales con otros actores que hacen parte de la Nación colombiana.

Continúo con otra sentencia: la sociedad colombiana, al devenir fragmentada y profundamente dividida en clases sociales, ha sido incapaz de enfrentar los desmanes, errores y provocaciones de unas élites tradicionales y de una burguesía, incapaces de proponer y consolidar un proyecto de Nación que recoja las singularidades étnicas y culturales de un país de regiones[3] como Colombia.

De cara a las transformaciones y ajustes que se deben hacer en torno a las maneras como viene operando el Estado[4], la Sociedad y el Mercado, con el propósito de consolidar escenarios de posconflicto[5] y con ellos la paz y la convivencia pacífica, propongo esta otra sentencia: los procesos de construcción de civilidad y ciudadanía en Colombia devienen profundamente anclados a la debilidad del Estado, dado que éste no se ha erigido como orden y guía moral de sus asociados. De igual manera, los procesos civilizatorios están atravesados por el ethos mafioso que élites, burguesía y sectores sociales han diseminado tanto en la institucionalidad derivada de la operación del Estado, como en la que circula producto de las actividades de empresarios, industriales, políticos y comerciantes, entre otros.

Así mismo, la idea de ciudadanía ha sido sometida a la noción de súbditos que vienen imponiendo las élites tradicionales y los partidos políticos a través del clientelismo. Se suma a lo anterior, una educación orientada por principios conservadores a través de los cuales se han desconocido formas de vida y prácticas sociales de disímiles grupos humanos. Esa educación ha servido para legitimar el machismo y garantizar la importancia de los hombres en armas y de unos ciudadanos que se acostumbraron a resolver sus conflictos apelando a múltiples formas de violencia, incluyendo el uso de las armas.

Más allá de lo anacrónico que resulte hoy la lucha armada, no podemos dejar de considerar las anteriores ideas planteadas y advertir sobre la necesidad de avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y de consolidar un verdadero Estado Social de Derecho. Los cambios y ajustes que se propongan deberán tener como propósito superar las circunstancias objetivas que justificaron el levantamiento armado de las guerrillas que hoy, después de un poco más de 50 años, están sentadas con el Gobierno de Santos para negociar unas Agendas. Una vez terminada la confrontación armada, las grandes mayorías deberán entender que el país del posconflicto necesitará de urgentes transformaciones y ajustes. No hacerlas nos podrá dejar viviendo en escenarios de posacuerdos, pero sin la solución efectiva de los problemas sociales, políticos, culturales y económicos que están detrás del conflicto armado interno.