Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Que el conflicto armado interno
se haya desarrollado con mayor intensidad en amplios territorios selváticos y
rurales, le dio un carácter marginal,
alejado e insustancial que se alimentó de una realidad incontrastable: jamás la oligarquía y el Establecimiento en
general, estuvieron en riesgo y mucho menos sufrieron derrota. Es más: las
dinámicas de este prolongado y degradado conflicto armado, los procesos de paz
-fallidos y exitosos- y los sesgados tratamientos periodísticos, sirvieron a
los propósitos de esas élites de poder tradicional de mantener, a toda costa,
un orden injusto e ilegítimo. Orden y forma de dominación que se tornó
incontrastable a través del uso de la
fuerza represiva, la estigmatización, persecución y muerte de todo lo que
oliera a izquierda, todo con la ayuda de una sociedad estratificada y unos
ciudadanos confundidos alrededor de a quién y de cómo exigir sus derechos, pero
sobre todo, de cómo cumplir con obligaciones de carácter político.
Ahora que avanza el proceso de
concentración de las Farc en las zonas en donde finalmente harán dejación de
las armas, se desmovilizarán y harán el tránsito a la vida civil, bien vale la
pena discutir sobre el papel que jugarán los imaginarios colectivos y las
representaciones sociales que lograron permear la vida de los colombianos por
cuenta de ese carácter marginal con
el que las élites, el periodismo, los partidos políticos y precisos agentes de
la sociedad civil, entendieron la compleja naturaleza y el devenir histórico
del conflicto armado interno.
Son varios ya los hechos que me
hacen pensar que el sentido marginal
con el que millones de colombianos y el Poder político tradicional miraron el
desarrollo del conflicto armado, servirá de puente axiológico para emprender y
sostener, desde diversos sectores de la sociedad, iniciativas, actitudes,
procesos, acciones y caminos que lleven a irrespetar la palabra que el Gobierno
empeñó en La Habana, en nombre del Estado y de la sociedad.
El primer hecho tiene que ver con
la actitud política asumida por el Fiscal, quien claramente está tratando de
torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II). Sus reparos y
propuestas de ajuste a la Jurisdicción Especial para la Paz hacen parte de la
idea marginal con la que Néstor
Humberto Martínez Neira, como ciudadano, tuvo y muy seguramente tiene del
conflicto armado interno. Simplemente, Martínez Neira, como agente de poder y
gracias a su perfil corporativo[1], no
puede más que ponerse al servicio de los enemigos, detractores y críticos de la
implementación de lo acordado en La Habana, que entendieron y entienden aún el
levantamiento armado como una afrenta al poder tradicional, un desafío a la
democracia[2] y un
reto innecesario y temerario a un Estado legítimo.
Y la mejor forma de hacerlo es a
través de una mala interpretación de la indeclinable voluntad de paz de las
Farc, que a pesar de los incumplimientos del Gobierno y del Estado, concentró sus hombres y mujeres aún en armas,
en unas zonas que no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad para
pernoctar por un largo tiempo.
Puede el país, con actitudes como
las asumidas por el actual Fiscal General de la Nación, entrar en un juego de
contradicciones. Esto es, considerar como importante haber adelantado una
negociación política con las Farc, pero minimizar lo realmente sustancial: cumplir con la palabra empeñada. Por
ese camino, y abusando de la firmeza de las Farc para cumplir con lo acordado,
la sociedad y el país político parecen estar despreciando, tempranamente, el
proceso de implementación del Acuerdo firmado en el teatro Colón.
Otro elemento o hecho que bien
puede estar alojado en ese mismo carácter marginal
con el se entendió el levantamiento armado de los años 60, tiene que ver
con la forma como los Medios masivos están cubriendo hoy la salida de las Farc de
la selva. Se advierte en las empresas mediáticas un profundo desinterés
periodístico-noticioso y político, por cubrir semejante hecho histórico: las
últimas marchas de los guerrilleros farianos que aún armados, exhiben, por
ahora, una fuerte confianza en los Comandantes que negociaron con los enviados
del Gobierno, al tiempo que dudan que el Estado cumpla con lo que en su nombre
firmó el Presidente Santos en su calidad de jefe de Estado, de Gobierno,
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y máximo responsable del orden
público.
Se suma a lo anterior, las
reiteradas amenazas[3] de Uribe[4] y de
sus áulicos, en el sentido en que si recuperan el poder del Estado en las
próximas elecciones de 2018, derogarán y echarán para atrás gran parte de lo
negociado en La Habana y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. Dichas
posturas e intimidaciones claramente no solo están alojadas en el carácter marginal con el que se entendió y devino
el conflicto armado interno, sino en la equívoca lectura que de éste hizo Uribe
Vélez y que quedó plasmada en su Política de Defensa y Seguridad Democrática
(PDSD), aplicada con mano fuerte durante sus ocho años de mandato. Recordemos
que en dicha política pública se desconoció la existencia del conflicto armado
interno y por esa vía, los derechos de las víctimas que produjeron las Farc, el
Estado y los Paramilitares. Se dijo que el país afrontaba una amenaza terrorista.
El hecho de que el conflicto
armado no haya logrado desmontar el histórico y actual régimen de poder, no
puede alentar a quienes tienen hoy máximas responsabilidades políticas y un
lugar privilegiado en la sociedad, a promover desde el Estado el incumplimiento
del Acuerdo Final (II) y a incitar a agentes de la sociedad para que respalden
las acciones de específicos actores de la sociedad civil que, amparados en que
no sufrieron derrota, harán todo lo posible, en el posacuerdo y en el
posconflicto, para cobrarle a las Farc la osadía de haber desafío su Poder, que
al parecer ellos mismos consideran que deviene natural.
Quienes respaldamos el 2 de
octubre de 2016 el Acuerdo Final (I) y aquellos que entendieron que fueron
engañados[5] por
el Centro Democrático, por Uribe y por los líderes de la Campaña del NO,
debemos salir a defender la implementación de lo acordado en Cuba y a denunciar
acciones de dilación y de incumplimiento de la palabra empeñada, por parte del
Estado, de instituciones como el Congreso, el poder judicial y los partidos
políticos que acompañaron en la negociación
a Santos, en nombre y a través de la llamada Unidad Nacional.
Adenda: son muchas las incertidumbres y miedos que hoy tienen los
guerrilleros que están adportas de
dejar las armas y de reinsertarse a la vida civil. Es urgente que universidades
estatales y privadas se acerquen a los campamentos para iniciar procesos de
acompañamiento y capacitación a estos hombres y mujeres que no tuvieron otra
opción que la guerra. El SENA debería de estar instalándose ya en esos
campamentos para indagar necesidades y aspiraciones de los guerrilleros(as). De
igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil debería de hacer
presencia temprana, para entregar las cédulas a esos “nuevos” ciudadanos. Se
trataría de gestos y acciones para generar confianza y aminorar incertidumbres.
La confianza en los Comandantes puede flaquear en cualquier momento.
