Por Germán
Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Poco a poco el fin del conflicto armado, el
cumplimiento del cese bilateral del fuego y en general de lo pactado en La
Habana, van permitiendo a millones de colombianos ver y constatar que el real y
gran problema del país no era la existencia de las guerrillas, sino la asqueante
corrupción público-privada que hoy amenaza la viabilidad del Estado como orden
político[1].
Ahora, esos millones de colombianos que durante
años se expusieron a tratamientos periodísticos de una Prensa que cubrió de
manera ideologizada los enfrentamientos entre los actores armados, con algo o
mucho de sorpresa constatan que el cáncer
de la corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado, en
la democracia[2] y en sus instituciones, al tiempo que naturaliza el ethos mafioso sobre el que se soportan las actividades de
funcionarios, políticos y agentes empresariales, y entre estos últimos, y
especialmente, las de los contratistas.
Ante semejante reto y mientras Uribe y Santos intercambian
señalamientos y responsabilidades por las escandalosas coimas pagadas en el caso de Odebrecht, al tiempo
que silencian lo sucedido con Reficar,
solo algunos políticos llaman la atención sobre la necesidad imperiosa de
atacar la corrupción, sin advertir en sus discursos que la lucha, así
planteada, tiene enormes vacíos y problemas que impiden someter a los
corruptos y enfrentar esa catastrófica
enfermedad, con la certeza de apresar a los corruptos, controlarla o de “reducirla
a sus justas proporciones” como diría Turbay Ayala.
Al plantearse una lucha frontal contra la
corrupción, los orígenes del problema se ocultan o se dejan de advertir, porque
hábilmente los políticos anti corrupción, saben de ante mano que en todo esto
hay corruptos intocables, así como reglas de juego establecidas previamente que
no se pueden cambiar de buenas a primeras. El enemigo a vencer no es la
corrupción, ni siquiera el corrupto o los corruptos. El gran enemigo a vencer es el actual Régimen de poder. El mismo
Régimen que no sufrió derrota alguna y que resistió más de 50 años de un
conflicto armado de carácter periférico, del que siempre supieron sacar
provecho las élites. Por años la
historia oficial, con la ayuda de los Medios masivos, señaló que la presencia
de las guerrillas era el único problema que
no dejaba crecer económicamente al país.
Pero nadie persigue a los corruptos, porque en
los procedimientos reglados, establecidos por políticos, familias poderosas,
contratistas, clase dirigente y política, está claro que, ante el
descubrimiento de hechos de corrupción, no todos pueden caer, porque ello
implicaría el derrumbe de la institucionalidad e incluso, del Régimen.
De allí que en perspectiva de lo que se conoce
como “economía política”, unos cuantos saldrán condenados mediática y
socialmente y sancionados penalmente, pero quienes desde el Estado y poderosos
agentes de la sociedad civil han legalizado y naturalizado lo que otros llaman
corrupción, deberán, por principio, salir airosos. En esa lógica, entonces, la
cruzada que al parecer liderará la senadora Claudia López, está mal planteada
desde el inicio, o por lo menos, sujeta a unas realidades históricas y a una
institucionalidad que ella no podrá enfrentar y muchos menos vencer. Por eso me pregunto: ¿será posible combatir y acabar con la corrupción?
Y es así porque la corrupción público-privada
en este país está anclada a un ethos
mafioso validado por la sociedad en su conjunto. De no ser así, cada cuatro
años no llegarían al Congreso y a la Presidencia políticos señalados de ser
corruptos y de sostener relaciones con actores armados ilegales, narcotraficantes,
testaferros, criminales y sicarios. De esta manera se garantiza la reproducción
de los corruptos y por supuesto, de las prácticas corruptas que solo se
reconocen o se califican así cuando se destapa un escándalo en los medios
masivos. De resto, se trata simplemente de transacciones que hacen los aspirantes
a cargos públicos, con sus clientelas. Unos venden sus votos por platos de
lentejas, ladrillos, cemento y tejas; otros, los intercambian por becas o
puestos en empresas del Estado; y otros tantos, invierten sus votos para que una vez electo el Presidente, concejal, gobernador, alcalde o diputado, se les retorne la "inversión electoral" en
millonarios contratos de obras de infraestructura que muy seguramente sufrirán incrementos en sus costos, demoras y problemas. Es claro, entonces, que la
corrupción deviene y hace parte de una lucha de clases en la que todos y cada
uno de los involucrados, a su manera, quiere “salir adelante”, enriquecerse o asegurar bienestar por un periodo de cuatro años.
Ante un modelo económico pensado para
garantizar privilegios de clase y un Estado privatizado por la vigorosa acción
de empresarios, banqueros, élites y oligarquía, con la protección de los
militares, la Política se convierte en una forma de vivir, de delinquir y de
alcanzar lo que no se puede a través del trabajo honrado y de la vivencia de
procesos que dentro de la actual lógica, nadie quiere afrontar, porque todos
andamos buscando el rápido enriquecimiento.
En esa línea, la lucha contra la corrupción
debe promover un profundo cambio en el sentido que de la Política tienen
cientos de miles de colombianos que, al recurrir a políticos que ofrecen tejas,
millonarios contratos y becas, hacen imposible derrotar la corrupción porque
esta deviene institucionalizada y aceptada socialmente. Sentido precario,
criminal o mafioso que brota de unas circunstancias contextuales en las que
empresarios y ricos pre capitalistas, son responsables de la reproducción del
desempleo estructural, de las condiciones de bajo consumo por bajos ingresos y de
la precarización del trabajo asalariado. Sobre esas condiciones es que la
Política funciona como bolsa de empleo
para muchos y para otros tantos, el camino expedito para salir adelante, así
sea debilitando el Estado y por esa vía, afectar a los demás, en un reducido
sentido de lo público y de lo colectivo.
Se acercan las elecciones en 2018 y la lucha
contra la corrupción solo servirá de caballito de batalla para aspirantes a la
Presidencia y a los cuerpos colegiados. Pero ellos saben que nada va a cambiar
en un país en el que históricamente ha sido difícil diferenciar entre un
Político, un mafioso, un corrupto y un criminal. Además, si se desmonta el
actual Régimen de poder, quienes lideraron su caída, simplemente montarán sus
propias mafias y lógicas. Por lo anterior, somos un país que se merece tener
como himno nacional, la canción Cambalache, de Santos Discépolo.
Adenda: el silencio de la Academia, de la Iglesia Católica (enlodada por los curas
pederastas) y del empresariado hace pensar en que convalidan la corrupción. No
hay líder capaz de llamar la atención sobre el enorme daño cultural que hace la
corrupción público-privada. Estos silencios son claras muestra de la crisis de
civilidad y de ciudadanía que afronta el país.
Tomado de ElColombiano.com
[1] Es probable que sectores de poder (el llamado
uribismo, por ejemplo) interesados en torpedear el proceso de implementación
del Acuerdo Final (II), estén pensando en generar una crisis institucional de
gran magnitud, con el firme propósito de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente.
[2] El cansancio de la corrupción política puede
terminar en un aumento de la abstención en los eventos electorales, de cientos
de colombianos agobiados por las prácticas corruptas de políticos y
empresarios.
