YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 22 de mayo de 2015

OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Para entender la suspensión del cese unilateral del fuego, que hace pocas horas las Farc ordenaron, a raíz del duro golpe recibido en zona rural de Guapi, Cauca, hay que remontarse a los hechos acaecidos en otra zona del golpeado departamento caucano, a mediados de abril del presente año.

La acción armada de las Farc en el Cauca, que dejó 11 militares muertos y otros tantos heridos, desató la más cruenta ofensiva de las Fuerzas Armadas, con el fin claro de vengar la muerte de los hombres que cayeron en el golpe de mano en territorio caucano.

Han sido reiterados los bombardeos de la Fuerza Pública, a patrullas y campamentos de las Farc, sin que hasta el momento haya un balance oficial y público de civiles muertos, heridos y desplazados por las acciones de guerra desplegadas. De igual manera, no hay cifras de animales muertos y mucho menos, un balance de los daños socio ambientales que dejan estas acciones de guerra.

La muerte de alias ‘Becerro’, en zona rural de Bojayá, generó terror entre la población civil y provocó el desplazamiento de comunidades asentadas en ese territorio. Antes de este operativo, se registró un bombardeo en un resguardo indígena, con el saldo de una persona muerta. Es decir, el conflicto se escaló, a partir de la acción perpetrada por las Farc en  inmediaciones del corregimiento de Timba, Cauca.

A pesar de las acciones de guerra del Estado, las Farc mantuvieron, hasta hoy, el cese unilateral al fuego, con varios hechos que darían cuenta de su incumplimiento, aunque no se descarta que hayan sido ‘obligados’, por el asedio de la fuerza pública.

El rompimiento de la medida obedece al duro golpe que hace unas horas, dieron fuerzas combinadas de aviación y ejército a las Farc, en zona rural de Guapi, en el departamento del Cauca, territorio históricamente en disputa. El saldo de guerrilleros muertos asciende a 26, lo que motivó a la dirigencia fariana a levantar la orden del cese unilateral del fuego. “Deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía ejecutado en la madrugada del jueves contra un campamento del 29 Frente de las FARC en Guapi (Cauca), en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros", manifestó a través de su página oficial el grupo guerrillero luego de anunciar la suspensión de la tregua unilateral declarada en diciembre”[1] 

 Si bien las acciones militares de parte y parte se enmarcan en la disposición concertada de dialogar en medio de las hostilidades, lo cierto es que a los ejércitos enfrentados, los anima cada vez más, un espíritu de venganza, que de manera sistemática los acerca a las prácticas de la ley del Talión (lex talionis).

De esta manera, y poco a poco, militares y guerrilleros, pierden el sentido y el objetivo político de su naturaleza como actores armados, para enfrascarse en una lucha vindicativa que dificultará en el mediano y largo plazo, los procesos de reconciliación que vendrán una vez se firme el fin del conflicto en La Habana. Es tal el talante vengativo de la lucha de estas dos fuerzas y la insensatez de sus dirigentes, generales y comandantes guerrilleros, que poco aprecian la vida de sus propios hombres en armas y menos aún, valoran el bienestar de los civiles que sobreviven a los bombardeos y a las acciones terrestres tanto de la Farc como del Ejército. El asunto de fondo es que ni guerrilleros y soldados rasos pueden comprender que ellos son, simplemente, instrumentos o fichas de una guerra que no ha logrado desestabilizar el orden establecido. De allí que su lucha, su honor y valentía poco o nada sumarán a la transformación del país, así se firme el fin del conflicto.

Solo la política puede parar los escenarios de barbarie, odio y venganza que guerrilleros y militares vienen consolidando en los territorios en disputa. Ojalá lo sucedido en Guapi, Cauca, provoque que las partes que dialogan en La Habana, pacten de una vez por todas un cese bilateral del fuego, con verificación nacional e internacional. Ello, en algo, detendría los ánimos vindicativos y sañudos con los que unos y otros vienen operando en los campos de batalla. Eso sí, dudo mucho que así sea, porque ese mismo ánimo vengativo de los ejércitos en disputa, lo exhiben actores y agentes sociales de la sociedad civil.

De un lado, los medios masivos vienen aupando y legitimando ese carácter vindicativo con el que operan las fuerzas armadas y que es compartido por sectores de la sociedad. Y lo hacen, a través de tratamientos noticiosos irresponsables[2] y lastimeros[3], que terminan por polarizar aún más a la opinión pública, que sigue enganchada en la trampa dicotómica, guerra o paz. De la misma manera, Acore, el Procurador Ordóñez y el Centro Democrático, vienen jugando un papel protagónico, al insistir en que, en lugar de hablar de un cese bilateral del fuego, lo que debe darse es la concentración de las Farc en un territorio, hasta que se firme el fin del conflicto que se negocia en territorio cubano.

Mientras las Farc se recuperan del golpe recibido, lo único que resta esperar es la respuesta militar que deben estar preparando para vengar la muerte de sus 26 compañeros. Y muy seguramente, el próximo golpe se produzca en las mismas condiciones en las que se produjeron los hechos de guerra de las Farc, en abril, y el que acaba de producir la fuerza pública en Guapi: mientras el enemigo duerme. 

Es decir, no se trata propiamente de “bajas” producidas en combate, sino en operaciones nocturnas y sorpresivas, que devienen, por supuesto, con toda la sevicia con la que se suele actuar cuando el enemigo duerme y da ventajas. Y ello se explica, porque no hay interés en demostrar superioridad y experticia en el campo de batalla,  a través de la puesta en marcha de estrategias militares, sino en producir el mayor golpe militar, porque ambos actores armados saben que allí estará atenta la prensa para cubrir los horrores que produce la guerra, con ese lenguaje noticioso que tanto daño produce en las audiencias.

Pareciera que ese carácter vindicativo, rencoroso, hostil y resentido, de unos y otros, se hiciera más fuerte al saber que después de los hechos de guerra, hay una prensa que está allí para magnificar sus acciones y con ello, quizás, agradar a los superiores que descansan, unos en La Habana, y otros, en cómodos y aireados casinos de oficiales.

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viernes, 5 de diciembre de 2014

EL ESTADO DESPUÉS DE LA HABANA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La histórica incapacidad del Estado para imponerse a lo largo y ancho del territorio nacional y guiar la vida de la sociedad colombiana, no solo facilitó el levantamiento armado de las guerrillas, sino la aparición y fortalecimiento de unas élites regionales más interesadas en consolidar sus feudos y acumular riqueza, que en coadyuvar a la consolidación, desde las regiones, del Estado central. Sobre la concentración de la tierra en pocas manos y la exclusión política, social y económica los poderes regionales han aportado al mantenimiento de un Estado precario y débil, justo a la medida de los intereses de unas pocas familias.

Esa concentración del poder político y económico en específicas capitales, generó vacíos de poder en olvidados territorios. Baste con recordar lo que antes se llamó los territorios nacionales. Vastas extensiones de tierra, baldíos[1] y selvas sobre las cuales hoy  ya posaron sus intereses extractivos y de explotación agroindustrial multinacionales y poderosas empresas nacionales.

Al ser concebido el Estado como instrumento de poder al servicio de unos pocos, ello generó y/o permitió la presencia de  violentos gamonales y caudillos que hicieron de la  violencia política un modo de vida, que terminó consolidando un ethos mafioso compartido por agentes legales y por supuesto, por agentes ilegales interesados en participar de la disputa presupuestal y de la burocracia estatal.

Así entonces, la tradicional élite bogotana y sus ‘espejos’ regionales son responsables directos de la debilidad del Estado y por mantener a flote un ilegítimo orden social, económico y político. Les cabe responsabilidades porque se acostumbraron a mandar y a imponer sus particulares proyectos de vida, en el contexto de unas comunidades locales y regionales con empobrecidos referentes de orden moral y con procesos civilizatorios negativos, truncos o profundamente débiles.

Se suma a lo anterior, el fuerte proceso de  desinstitucionalización estatal que han orquestado poderosas familias, tradicionales y emergentes, con el concurso de gobiernos nacionales, regionales y locales, que terminaron facilitando la ‘captura’ del Estado, tal y como lo concibe Luis Jorge Garay[2].

 El Estado en La Habana

 Se habló recientemente de “refundar” la patria. Y lo intentaron hacer los paramilitares a través de los pactos de Pivijay, Chivolo y Ralito, firmados con dirigentes políticos y congresistas. Hoy, los únicos que han vuelto a hablar de “refundación” del Estado son los detractores y enemigos del proceso de paz de La Habana. Pero es claro que ello no sucederá. Si fuera así, la élite bogotana y las élites regionales con poder político y económico hace rato le hubieran quitado apoyo político a Santos. No hubieran apoyado su reelección, por ejemplo.

Es evidente que el Estado colombiano no va a sufrir transformaciones sustanciales después de firmado el fin del conflicto armado con las Farc. Por el contrario, su precariedad, debilidad y la ‘captura’ que de él han hecho agentes legales e ilegales, se van a mantener en el tiempo.

La negociación de La Habana, finalmente, servirá para ponerle fin al conflicto armado que deviene costoso en vidas, pero sobre todo, porque desestimula la inversión extranjera, asunto que le preocupa a los poderosos actores y agentes económicos que en un primer momento apoyaron a Uribe Vélez para que acabará militarmente a las Farc y que ahora, ante la evidencia de que aquel no pudo en ocho años eliminarlas, apoyan a Santos para que negocie con esa fuerza armada asuntos no estructurales, dado que el Estado y las condiciones históricas bajo las cuales viene operando el Establecimiento, no deben “refundarse”. Con todos y sus problemas, las condiciones en las que opera el Estado deben mantenerse.   

De allí que, en el contexto de las conversaciones de paz de La Habana, la Agenda pactada a seis puntos claramente no está pensada para transformar las circunstancias históricas que hacen posible la precariedad del Estado para controlar sus fronteras internas y comportarse de acuerdo con exigencias modernas. Por el contrario, lo acordado hasta el momento en Cuba va camino a mantener las mismas condiciones de debilidad y de empobrecido liderazgo del Estado, pero en un escenario de posguerra en el que tan solo quedaría en armas el ELN, por la eventual y esperada desmovilización y dejación de armas de las Farc.

Una vez cooptados los líderes de las Farc y desmovilizadas sus estructuras armadas, habrá vacíos de poder que bien podrán ser copados o llenados por otros grupos armados e incluso, por Frentes de las Farc que no acepten las condiciones ofrecidas para el logro de su desmovilización. Ya buscarán la forma de combatirlos. Pero la idea es decirle al mundo que acá ya no hay guerrillas.

Dadas las dificultades que se puedan presentar ante una eventual desmovilización de las Farc y la incierta participación política de la cúpula fariana en la vida democrática del país, propongo que en La Habana o incluso, en un escenario de “pos La Habana”, se discuta  la posibilidad de implementar en el país un régimen federal, que remplace a este régimen unitario y presidencialista que poco ha servido para consolidar el Estado-Nación.

Un régimen federal que permita reconocer el país regiones, soportadas estas en consideraciones socio ambientales, étnicas, identitarias, históricas, culturales y políticas, entre otras variables. No sé si las ocho regiones de las que habla Fals Borda en su libro Región e Historia.

De lo que se trata es de convencer a las élites bogotana y sus ‘espejos’ regionales de que el modelo de Estado unitario y centralizado que de tiempo atrás han defendido y del cual se han beneficiado, poco ha servido para consolidar el Estado-nación en su concepción moderna.  

Dichas discusiones bien podrán terminar en un Estado federado o en la implosión de la Nación y del Estado unitario. Ese es un riesgo que se deberá correr. Eso sí, me quedo con la posibilidad de un modelo federal que no necesariamente se soporte en las mismas lógicas con las cuales las élites regionales han ejercido su poder territorial.

Por el contrario, la exigencia máxima para discutir y diseñar un Estado federal pasa por la necesidad de que las élites de poder regional acepten su incapacidad y empobrecido liderazgo, y se dispongan a transar con otros sectores y/o  nuevos actores de poder que bien podrían estar articulados al proyecto político democrático que las Farc puedan y estén dispuestas a proponer a la sociedad y al país en aquellas regiones en las que tradicionalmente han ejercido poder político, territorial y militar.

Pensar en dividir el país en Zonas de Reserva Campesina y  Zonas de Desarrollo Empresarial no soluciona de manera efectiva los problemas de consolidación y articulación del Estado con las necesidades y demandas de comunidades asentadas en departamentos como Arauca, Vichada, Putumayo y Amazonas.

Esa propuesta, finalmente, no resolverá el problema de la concentración de la tierra, convertido en el eje y factor sobre el cual las Farc justificaron su presencia durante estos 50 años de conflicto armado interno.

El escenario indicado para debatir un régimen federal es la Asamblea Nacional Constituyente. Es allí en donde se debe discutir esa posibilidad de reorganizar y reorientar el Estado y la nación, sobre la base de unas diferencias regionales estratégicamente usadas por poderes locales y el tradicional poder político capitalino, para ahondar en la incapacidad de reconocernos y de respetarnos. Así, entonces, el camino es establecer regiones que políticamente funcionen como Estados autónomos, orientados bajo una sola Constitución y con la garantía de una fuerza pública con presencia efectiva en todo el territorio nacional y sin la actual doctrina militar, soportada esta en la existencia de un enemigo interno.




[1] Véanse el Informe de la Contraloría General de la República, Acumulación de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana, 2014; http://elpueblo.com.co/mineria-baldios-y-posconflicto/; http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/11/mineria-baldios-y-posconflicto.html

[2] Véase La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia. 2008. 

miércoles, 30 de julio de 2014

CRISIS DE MANDO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Con las últimas acciones[1] de guerra de las Farc bien vale preguntarse si obedecen a un inocultable resquebrajamiento de la unidad de mando o a una política guerrerista emanada desde La Habana. Las Farc pueden estar sufriendo luchas intestinas, producidas por molestias en las unidades que están en territorio colombiano, frente a una cúpula que descansa en La Habana y que no está expuesta a la persecución de las fuerzas estatales.

Es probable que las columnas y/o frentes que recientemente derramaron petróleo crudo en ríos  y quebradas y los que derribaron torres de energía en Buenaventura y en el sur del país estén mandando mensajes claros a los miembros del Secretariado que hoy están en Cuba. Y los temas de ese posible reclamo pueden ir desde problemas crisis de liderazgo (sensación de abandono), logísticos, por el manejo de las finanzas, en especial de aquellos frentes responsables del negocio del narcotráfico, hasta los normales celos que se generan en aquellos comandantes de frente que reclaman un lugar en la mesa de diálogo de La Habana.

No es fácil mantener, a la distancia, la unidad de mando y eso lo saben ‘Iván Márquez’ y hasta el propio ‘Timochenko’. Puede haber frentes que deambulen confundidos y difusos en sus objetivos militares y políticos. Lo mejor que pueden hacer estos líderes es decir la verdad al país, antes de que el proceso de paz se rompa por físico cansancio del Gobierno frente a acciones demenciales que poco sentido político tienen, pero que repercuten negativamente en la confianza de una volátil opinión pública fácilmente manipulable y manipulada por la gran prensa. No se descarta que sectores económicos e incluso, militares estén ejerciendo presión para que el proceso de paz se rompa, al reconocer que los costos para mantener y consolidar la paz serían superiores a los que demanda hoy mantener la guerra.

Pero así como las Farc pueden estar sufriendo problemas con el mantenimiento de la unidad de mando y en la estructura monolítica que se supone representan como organización armada, lo mismo puede estar pasando dentro de las Fuerzas Militares. Baste sólo con recordar las recientes declaraciones del ex general Rey en el programa de televisión Los Informantes sobre el malestar que dentro de las filas hay contra el Presidente Santos y el proceso de paz y los hechos políticos en donde claramente se evidenció que dentro de las filas se estaba deliberando y tomando posiciones frente a las negociaciones de La Habana.

Si es así, estamos ante un escenario complejo y difícil en tanto que el proceso de paz sería no solo inviable, sino que perdería sentido político y estratégico de cara a pensar escenarios de posconflicto una vez la posguerra sea un hecho. Una cosa es que posterior a la firma de un eventual fin del conflicto armado un grupo de guerrilleros decida no acogerse y mantenerse en armas y otra muy distinta es que antes de un acuerdo definitivo, las Farc evidencien divisiones que puedan dar al traste con la unidad de mando que se reclama y se espera como garantía de que el Gobierno de Santos está negociando, efectivamente, con el pleno de la organización.

Similar situación puede suceder con la unidad de mando dentro de las fuerzas militares. La diferencia es que el Presidente, como comandante supremo, tiene el poder discrecional para llamar a calificar servicio a quienes se opongan a su política de paz  y al proceso de transformación de las fuerzas oficiales. Y aunque aquellas unidades operativas oficiales pueden hacer mucho daño a las negociaciones en La Habana, al asumir posturas de total inacción frente a los desafíos bélicos de las Farc, es poco probable que se organicen para dar un golpe de Estado, pero si terminen apoyando la conformación de ejércitos que se opongan a las acciones jurídicas encaminadas a devolver tierras o al funcionamiento de las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Es urgente que las partes que dialogan en La Habana expongan con claridad lo que pueda estar sucediendo al interior de las estructuras armadas que unos dirigen y que otros representan como miembros del equipo negociador del Gobierno de Santos. Una prolongación sin sentido del proceso, hará más visibles esas divisiones y disidencias.

No es saludable mantener unas negociaciones cuando las fuerzas que combaten devienen en  procesos anárquicos y de discrecionalidad en tomas de decisiones que deben estar centralizadas. Y en este caso es preciso que actores de la sociedad civil, interesados en la paz y en el posconflicto, exijan claridad al Gobierno y a la dirigencia de las Farc en torno a si realmente existe unidad de mando en los ejércitos que cada uno mantiene en pie de lucha. De lo contrario, estaríamos ante un esfuerzo inane por mantener un proceso de de paz que al final ellos saben que  resultará en un fiasco, en un nuevo fracaso.



[1] Se consideran como hechos de guerra las últimas arremetidas de las Farc, aunque se trata de acciones ecocidas (derrame de crudo en ríos y quebradas)  y de ataques contra la infraestructura energética (como el caso de Buenaventura). 

miércoles, 16 de julio de 2014

EL ABANDONO DEL CHOCÓ Y DEL PACÍFICO: UN ASUNTO DE ANIMOSIDAD ÉTNICA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El abandono del Chocó (sic) es el titular de un editorial del diario EL ESPECTADOR del 15 de julio de 2014. No se trata de una nueva constatación. El medio impreso tan solo se sirve de la historia para confirmar lo que ya el país conoce y que parece no dispuesto a cambiar: el abandono no sólo del Chocó, sino del Pacífico colombiano.

Y así lo expresa: “ya es un lugar común hablar del territorio del Chocó como uno ampliamente abandonado por Colombia entera, como uno dejado a la deriva por el establecimiento todo: siempre se hace referencia a él en unos términos por demás categóricos e invariables: “territorio alejado”, “la periferia”, “abandonado por el Estado”... Tan así son las cosas que esas etiquetas parecen haber vuelto infinitamente lineal su situación, perpetuándola de esta forma en el tiempo: ha permanecido así, al parecer, desde siempre, como si las palabras que usamos para describirlo nos hubieran condenado a vivirlo en un estado de no retorno: nada se hace. Solo está ahí y ya[1]

Los ‘expertos’ hablarán de razones estructurales: no hay vías de penetración, es una zona inhóspita, alejada de los centros urbanos de desarrollo, en especial de la Capital. Los actores armados y las cruentas dinámicas del conflicto armado interno desarrolladas allí no permiten pensar en grandes inversiones. Otros aducen razones culturales asociadas a las prácticas culturales de indígenas y afrocolombianos que sobreviven allí bajo el relativo amparo de la propiedad colectiva.

Pero la verdad es que detrás del histórico abandono estatal de la zona del Pacífico, incluyendo por supuesto el Chocó, se advierte una suerte de animadversión étnica de una cultura ‘blanca’ y mestiza, hacia los afrocolombianos e indígenas.

El no hacer nada por el desarrollo sostenible del Pacífico, responde a una animosidad que despiertan los negros y los indígenas en funcionarios públicos con capacidad decisional alrededor de las formas como el Estado debería de hacer presencia en el territorio del Choco Biogeográfico. La ojeriza o la inquina hacia las comunidades asentadas allí se oculta, claro está, en el amor coyuntural que despiertan en millones de colombianos los deportistas negros que triunfan globalmente en disciplinas como el atletismo y el fútbol, entre otros.

Allí aparecen admiradores furtivos que aparentan reconocimiento, al tiempo que miran con desdén los territorios y la misma propiedad colectiva que da sentido a cientos de miles de afrocolombianos que viven en esteros, ríos y en las marañas de la manigua que aún cubre la extensa zona del Pacífico.

Esa no reconocida animosidad hacia lo afro y lo indígena se sostiene en anacrónicos sentimientos de una esclavitud deseada en el inconsciente de muchos que se erigen como verdaderos patrones neofeudales, que miran con desprecio la cultura de no acumulación de los afrocolombianos y de las comunidades indígenas.

Eso sí, nadie va a reconocer que lo planteado aquí tiene algún asidero. Por supuesto que no. Pero es una tesis sugestiva y provocativa que se sostiene en la observación de un abandono histórico, que busca, junto con las acciones violentas de los actores armados y de diversas empresas nacionales y multinacionales allí asentadas para explotar recursos como la madera y el oro, entre otros, obligar a negros e indígenas a que abandonen sus territorios colectivos y llegar, en calidad de desplazados o de migrantes por razones económicas y socio ambientales, a ciudades como Cali, Pereira y Medellín, para continuar soportando la inquina y la malquerencia de una sociedad y de una cultura dominante que aún habla de ‘blancos’, desconociendo de esta forma los procesos de mestizaje dados en Colombia.

Llegan a esos centros urbanos para seguir siendo violentados, pero esta vez  por la industria cultural a través de los discursos noticioso y publicitarios, con los que los estigmatizan y/o los invisibilizan como ciudadanos y sujetos de derecho.

El abandono del Chocó y del Pacífico, como bien lo reconoce el citado editorial, se explica, junto a la tesis de la animadversión étnica no declarada, a la precariedad de un Estado que funciona con los criterios que produce esa animosidad. Es decir, el Estado no debe, no puede hacer presencia en rigor de la función pública, en zonas en donde vivan negros e indígenas. Y esto se comprueba en lugares urbanos con mayoría de población afrocolombiana. Para citar apenas el ejemplo del Oriente de Cali o el llamado Distrito de Aguablanca, en donde el Estado local poco se esmera para construir espacios amenos desde una perspectiva ambiental y del ornato. Esa es una clara muestra de animosidad.


Termina el editorial de EL ESPECTADOR con la esperanza de un cambio que muy seguramente no llegará: “Ya ha llegado la hora de que cese la indiferencia y que el Estado se ponga los pantalones en este asunto. Mucho más allá de la seguridad armada (que al parecer se hace necesaria), lo que hay que llevar a este prominente territorio del Pacífico colombiano es el Estado Social de Derecho, esa fórmula que en el papel tuvo cabida en Colombia hace 23 años y que allá no llegó nunca”[2].

lunes, 14 de julio de 2014

Colombia: entre el Liberalismo posesivo y el neoliberalismo decadente


 Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo[1]


Para medir o determinar  la influencia, la aplicación, apropiación  e incluso la entronización de ideologías, prácticas culturales o los preceptos de  corrientes de pensamiento en un país como Colombia, se deben tener en cuenta las características sui generis de la cultura colombiana (política, económica y social). Y esa “condición especial” está dada por la multiplicidad de cosmovisiones que sobresalen en nuestras prácticas culturales, hecho que dificulta la aplicación de ‘modelos de desarrollo y de sociedad’ pensados desde otras lógicas.

En cualquier caso, lo anterior  obliga a la necesidad de mirar con responsabilidad cualquier extrapolación que se haga de una teoría – cualquiera sea su origen – con el propósito de mirar su aplicación o apropiación en el entorno de un país como el nuestro.

En este ensayo, se busca explicar la influencia y la apropiación del Liberalismo (como ideología) en Colombia; también se hablará de la vigencia de los principales principios que le dieron vida. El trabajo entonces se dividirá en dos partes fundamentales: en la primera, se planteará el Frente Nacional como ejemplo que contradice  los   postulados del Liberalismo; y en la segunda, se tocarán las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales sobre las cuales se implementó – y actúa hoy – el Neoliberalismo.

 La nefasta experiencia del Frente Nacional

Partamos de hacer un listado de conceptos y principios que se asocian cuando  se habla de Liberalismo  (Siglo XIX). Se piensa en sufragio universal (soberanía), nacimiento de los partidos políticos, de los intereses del ciudadano, mas no del propietario; se vislumbra la concepción de Estado de Derecho y por ende de la necesidad de un Estado, nace la temporalidad del Gobierno y la autonomía de poderes; así como el reconocimiento de la libre movilización – locomoción – y el de fijar residencia, como derechos importantes para el desarrollo humano.

 El ubicarnos en el Siglo XIX  nos indica que en Europa había un despertar político  que permitía que  cobraran sentido universal los objetivos alcanzados por la Revolución Francesa (búsqueda de la felicidad; igualdad, fraternidad y libertad); Mientras que en el Viejo continente varios países organizaban sus sociedades a partir de estas nuevas formas de entender la vida social,  la situación en América Latina y en particular en Colombia no se daban las condiciones para el desarrollo y aplicación  de las nuevas ideas alrededor de la convivencia en sociedad y específicamente los preceptos y alcances del Liberalismo. Hay que reconocer eso sí que  nuestro país estaba sometido a las estructuras feudales con ideales burgueses.

Como dice Édgar Varela en el texto  Desafíos del interés público,los rasgos de dicho proyecto liberal se asemejaron, tanto en sus realizaciones como en sus fracasos, en la mayor parte del continente.  En efecto, se presentó una tensión social enorme que desgarró bajo luchas políticas, guerras civiles, desórdenes, levantamientos, inestabilidad institucional, los intentos de lograr un nuevo orden social. Y ello en virtud de que los objetivos centrales y la razón de ser del liberalismo, destruir el orden colonial y construir una nueva sociedad, no se cristalizaron con éxito y el ámbito del interés público se difuminó con frecuencia bajo el predominio del liberalismo decimonónico. La Colonia, manifiesta en muchas realidades sociales, culturales e institucionales, sobrevivió gran parte del siglo XIX; los cambios reformistas y revolucionarios, aunque muchas veces radicales y dramáticos, no aparecieron consolidados[2].

Esta realidad contradictoria había de ser común a toda América Latina. Recordemos que el entorno económico y social  sobre el cual nacieron los “partidos políticos” colombianos (nacen a mediados del siglo XIX, 1848 – 49), estaba determinado por un país rural, hecho determinante en el quehacer político posterior y pivote fundamental sobre el que Liberales y Conservadores ejercieron influencia, dadas las particularidades socioculturales de quienes vivían en dicho entorno.  Es claro que para el Siglo XIX Colombia era un país feudal y clerical defendido por los grandes terratenientes (práctica latifundista que todavía hoy se mantiene) y por la Iglesia. Es entonces bajo estas condiciones que se instala el Liberalismo, que pensado en condiciones bien distintas a las que vivía el país, no tuvo cómo articularse a un proyecto político.

Los mal llamados partidos políticos  en Colombia  ”tomaron la etiqueta de Liberal y Conservador una vez se dio la independencia de España; hay que decir también que  las influencias intelectuales de Europa pesaron sobre su conformación[3].

Entonces, digamos que el peso de lo que se discutía en Europa sirvió en Colombia, casi  exclusivamente, para conformar unos “partidos” que se agrupaban en cerradas castas, con un prestigio garantizado por el poder económico y la descendencia de españoles “cultos” y adinerados. Y aquí es clave recordar el “criollismo” que surgió dependiendo – y defendiendo – de bases muy cercanas a la Colombia española.

Así, el  devenir del país político dejó un significativo número de conflictos civiles y políticos, alimentados por dos facciones que no han sabido articular los intereses del colectivo porque la prioridad ha sido construir un Estado privado. Es por eso que en Colombia los espacios de discusión política en donde el disenso y la diferencia se puedan garantizar, no han existido; en cambio, lo que se ha asegurado  es el derramamiento de sangre de aquellos que han pretendido proponer cambios y sugerir alternativas. Estamos ante un país  y un entorno político  turbio y  violento en donde solo entran en el juego  los intereses  de unos pocos.

Por otra parte,  reconozcamos  un postulado de lo que George Sabine llama el Significado Actual del Liberalismo, como muestra de lo lejos que estamos y hemos estado de un estado Liberal: “Un problema político es pues, en última instancia, un problema de relaciones humanas que debe resolverse mediante el mutuo reconocimiento de derechos y obligaciones, con autolimitación por ambas partes pero, igualmente,  con determinación de ambas partes a sostener sus propios derechos.  Dentro de semejante relación, las disputas y los desacuerdos serán evidentemente eternos, debido al problema de encontrar una base práctica sobre la cual puedan resolverse las innumerables transacciones que constituyen una comunidad humana. El presupuesto liberal es que su solución puede encontrarse en la discusión, intercambiando demandas y proposiciones, mediante negociación, acuerdo, transacción, siempre sobre la base de que ambas partes reconocen honestamente los derechos y cumplen de buena fe con las obligaciones”[4] (3).

Para confirmar lo anterior, he aquí una muestra clara de las prácticas políticas de un bipartidismo hegemónico y excluyente que “incumplen” con algunos de los postulados del Liberalismo: “En 1854, liberales radicales y conservadores se unen con el objetivo de derrocar la dictadura del General Melo; de 1909 – 1914, conservadores con grupos liberales conforman la “Unión Republicana”, con el fin de derrocar al gobierno de Rafael Reyes; 1948 – 1949, forman gobierno de coalición para contener la insurrección popular por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala; 1953 – 1954, militares, liberales y conservadores moderados se unen para derrocar el gobierno de Laureano Gómez; 1957, liberales y conservadores pactan por medio del llamado “Frente Nacional” la sucesión de cuatro períodos de gobierno de coalición[5].

Es evidente que el ejercicio de la política y la construcción de un Estado en donde el ciudadano pueda desarrollarse como individuo, han tenido en el bipartidismo un obstáculo que hoy se mantiene, a pesar de que los conflictos entre Rojos y Azules al parecer  están superados.

Los postulados del Liberalismo necesitaron de un marco económico y político que permitieran su desarrollo; por ello, la democracia y el capitalismo sostenían y hacen alcanzables y realizables los objetivos de esta ideología. Así mismo, el Estado Liberal y el Estado Democrático hacen pensar en una “natural contradicción” en la que se da, por un lado, el ejercicio del poder democrático que garantice los derechos inviolables del individuo; y por el otro,  en saber que se necesitan de ciertas libertades – pero con restricciones -  para hacer posible el sueño de alcanzar la felicidad.

Es poco probable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y, por otra parte, es también poco probable que un Estado no democrático esté en condiciones de garantizar las libertades fundamentales[6](5).

Digamos que bajo la óptica del bipartidismo frentenacionalista no fue posible – y no ha sido posible – construir un Estado liberal y  democrático porque en sí mismo el contubernio entre Rojos y Azules es antidemocrático y a la vez excluyente.  Y aquí entra en juego la dimensión de lo Público, referido a las cuestiones del Estado, porque dadas las condiciones establecidas por las agrupaciones políticas (Liberales y Conservadores) las cuestiones del Estado se privatizaron y se concentraron  en las manos de los funcionarios que los representaban.

El Estado era propiedad de liberales y de conservadores, no el ente que representa la sociedad y la cohesiona. El Estado y el poder que se derivó de él se privatizaron. Sólo esos partidos tuvieron acceso a la  cosa pública. Sus jefes, sus clientelas fueron los depositarios de la política legítima. Los “otros” fueron condenados a no expresarse y manifestarse so pena de ser castigados como subversivos del ‘orden establecido’”[7]

Es entonces el Frente Nacional el responsable de que un importante número de colombianos se mantuviera distante de las cuestiones políticas y públicas, así como  alejado de la posibilidad de influir en las decisiones trascendentales.  La exclusión garantizada por el bipartidismo frentenacionalista, aseguraba - ayer y hoy - de hecho la intolerancia y la búsqueda de caminos violentos para acceder al Estado y para sobrevivir políticamente. Finalmente, un hecho clave para comprender la incidencia negativa del Frente Nacional se expresa con la llegada a Colombia de las ideas de un liberalismo económico que chocó con el poder de la Iglesia y de los Terratenientes. En esta coyuntura, Rojo y Azules se aliaron para controlar el Estado.

En relación con este “modelo de gobierno” hay  muchos que lo  fustigan con razón.  Pero quizás lo más importante de las interpretaciones que a su alrededor se dan es que hay voces que dicen que con el Frente Nacional se perdió la oportunidad de hacer los cambios que la sociedad y el país venían pidiendo; quizás se perdió la oportunidad de que la lucha social tuviera en la discusión política a su mejor arma y no depositar en las armas, la única forma de imponer y de saldar las diferencias. Quedan en la historia las experiencias del MRL (Con López Michelsen a la cabeza), la Anapo y el surgimiento de los grupos insurgentes, como muestras inequívocas de la exclusión y de la imposibilidad de discutir, de apelar a la dialéctica y al reconocimiento de la diferencia con miras a lograr unos mínimos sobre los cuales construir país.

Es posible entonces decir que en Colombia hemos asistido al desarrollo de un Liberalismo posesivo (económico) en donde se garantiza el ejercicio de las actividades económicas que coadyuven al mantenimiento del poder político heredado de las prácticas clientelistas adoptadas por Liberales y Conservadores.  Y ese liberalismo posesivo en Colombia cobra sentido cuando el Estado garantiza el ejercicio de la propiedad privada, como la mejor forma de perpetuar el poder de una clase dirigente (económica y política) patrocinadora de los miembros de los partidos políticos y de instituciones como el Congreso.

Es importante decir que en Colombia se han dado intentos por aplicar un Liberalismo Social (caso de la llamada “revolución en marcha” de López Pumarejo), pero han podido más los intereses de clase y de grupo, lo que  mantiene al país sometido a los principios de  un Liberalismo posesivo que asegura la exclusión social, cultural y política. Quizás la fuerza y el arraigo alcanzado por el Liberalismo posesivo haya abierto las puertas para que en Colombia el Neoliberalismo económico permitiera que la ley del más rico, del más fuerte,  sea hoy la que instale y guíe el ejercicio político y económico.


Neoliberalismo: cultural, político y económico

Digamos que los postulados que dieron vida al Liberalismo y echaron a andar sueños libertarios  han sufrido duros golpes, por cuenta de lo que algunos  llaman hoy el McMundo. Y es posible que del gran legado del Liberalismo  apenas si se alcancen hoy a recoger las migajas por cuenta de la dictadura del libre mercado y de la racionalidad de un neoliberalismo pauperizante y homogeneizante.

No se pretende desconocer los aportes y la importancia histórica de los principios políticos de una propuesta ideológica que se enfrentó al despotismo, por el contrario, lo que se intenta mostrar es lo difícil que es lograr el equilibrio entre Propiedad y Libertad; entre calidad de vida y desarrollo industrial;  entre libertades concretas y retóricas; y entre poder político y económico, entre otros.

Que hoy se hable de la hegemonía global del liberalismo o del liberalismo como gran <> no traduce otra cosa que la instalación de los modelos duros de la hegemonía capitalista al resultar disonantes e incosteables las expectativas sociales históricas alentadas jusnaturalmente por el liberalismo racionalista antes y después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la lógica liberal general, ello no impone romper abiertamente con las nociones de los derechos humanos, los derechos sociales o la misma democracia sobrecargada de expectativas; al contrario, todos ellos se uncen, corrigen e instrumentan, bajo las nuevas condiciones de mercado, a un liberalismo preparado para manipularlos y depurarlos mediante las vías <>, <>, <> y <>”[8]

Y es que el problema del Neoliberalismo niega de entrada los principios y objetivos del Liberalismo. Y plantea de  hecho la dificultad que subsiste en la relación democracia, régimen capitalista y principios liberales. Cómo articular un proyecto de Nación (para el caso de Colombia), si la democracia se sostiene sobre el poder hegemónico de las dos facciones que por tradición han gobernado este país; cómo articular un proyecto de país, si el régimen capitalista  tiene en la concentración de la riqueza (verdaderos oligopolios) a su mayor pivote; cómo desarrollar y asegurar las libertades individuales, cuando asistimos a una lucha por la supervivencia y  a la pérdida del sentido de la vida.

Para qué seguir hablando de  igualdad y de libertad cuando la vida misma no tiene sentido más allá del valor económico de las mercancías que inundan los mercados y del valor que alcanzan los estereotipos impuestos por la industria cultural; y es que el problema de lo que hoy impone el neoliberalismo no pasa exclusivamente por la protesta hacia un modelo económico voraz,  empobrecedor y garante de la propiedad transnacional; es claro  que pasa también por lo cultural y por lo político. Para lo primero, hay que decir que  la individualidad es, curiosamente, la espada de Damocles de quienes al defender las libertades individuales, se encuentran  con  individuos consumidos por las lógicas y dinámicas de un mercado que empobrece las prácticas cotidianas e incluso las consuetudinarias. Con el neoliberalismo aparece un individuo sumido en lo que Jesús Martín – Barbero ha llamado la “angustia cultural”; en cuanto a lo político, la crisis de la representatividad y de los partidos, así como  la pérdida de confianza en estas agrupaciones asegura la vida eterna de los “partidos” políticos hegemónicos: Liberales y Conservadores.

Para el caso de Colombia es preocupante  el hecho de no haber conocido   las buenas nuevas de un Liberalismo  Social y que por el contrario, haya sido el Liberalismo posesivo el “modelo” imperante  que hoy se “transforma”, gracias a la globalización y a las medidas económicas adoptadas con rigor durante la administración Gaviria, en un neoliberalismo en el que muchos  intentan recuperar lo que se ganó en la Europa del Siglo XIX.

Al revisar los acontecimientos y la historia reciente, queda la sensación de que Colombia se introduce en Liberalismo sin madurar económica, política, social y culturalmente y se suma a esto, que el Neoliberalismo se introduce sin concluir la fase del capitalismo tardío. En esa lógica y dinámica de procesos contradictorios,  los vientos reformistas y los cambios sugeridos desde el Viejo continente han quedado huérfanos. Aquello del Estado de bienestar es en Colombia tan solo un espejismo y quizás una de los tantos anhelos de una sociedad civil en ciernes.

Es claro eso sí que por cuenta de la globalización y del liberalismo económico, existen hoy gobiernos democráticos que en la dinámica de sus proyectos de desarrollo y de sus políticas, se tornan antiliberales. Aunque hay quienes defienden el actuar de los regímenes democráticos actuales bajo el argumento de que gracias a la acumulación de capital (nacional y transnacional) varias dictaduras[9] cedieron ante el clima de democratización que parece venir con la globalización y la internacionalización de los temas políticos, sociales y económicos, existen los críticos que dicen que “la globalización es una nueva marejada que está arrastrando pueblos y gobiernos, creando un mundo anárquico sin fronteras… los gobiernos locales están perdiendo rápidamente el control, mientras que las multinacionales crecidas en su poder están cada vez en mayor control de los sucesos, explotan a los trabajadores, evaden todas las normas de protección al medio ambiente en un número de crecientes de países… se da también una marginalización de países pobres y de gente pobre, en medio de inseguridad creciente e inequidad también creciente” (Henderson, 17)[10].

Lo cierto es que  las circunstancias que rodean el ejercicio económico y social de las maquilas, no dejan tiempo y espacio para pensar en derechos laborales, condiciones aceptables para el desarrollo del individuo en un ambiente laboral “normal”; esta experiencia de las maquilas pauperiza el trabajo, la vida del ser humano y pone en evidencia un nuevo tipo de esclavitud legitimada por las grandes transnacionales.

Oscuro se ve pues el panorama para un país como Colombia que no ha podido consolidar un Estado liberal social, que garantice una  vida digna  a sus ciudadanos, en donde la autonomía de los individuos y por ende  la de la colectividad, se asegure a partir de un bienestar social y económico.  Y la preocupación aumenta cuando en  el documento Talleres del Milenio de la ONU se lee: “… puede decirse que Colombia es un país que vive en cinco siglos simultáneamente: se encuentra enfrentado a los dilemas y exigencias propias del nuevo siglo – a la globalización, a la inserción en una economía mundial, a los avances vertiginosos de la comunicación, a realidades virtuales – al mismo tiempo que requiere avanzar, sin embargo, en la construcción del Estado como proceso propio de los siglos XVI y XVII europeos. No existe en Colombia consolidada la paz como condición empírica para la existencia del Estado”[11].



[1] Este artículo se presentó en un curso de la Maestría en Estudios Políticos, adelantada en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, entre  2002-2004. Se recupera con fines pedagógicos. 
[2] VARELA BARRIOS, Édgar. Desafíos del interés público. Editorial Universidad del Valle. Cali, 1998. Página 180.

[3] RUIZ ARTEAGA, José Higinio. Una visión crítica del Bipartidismo en Colombia. En: Revista Convergencia. Año 4, número 14, 1997.

[4] SABINE, George. Historia de la teoría política. Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 1998. Página 552.

[5]  Ibid., RUIZ ARTEAGA, páginas 97- 98.

[6] BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Plaza y Janes editores, página 24.

[7]  (6). Op cit., Ruiz Arteaga.

[8] VALDÉS GUTIÉRREZ, Gilberto. La cosmología liberal: viejos y nuevos referentes de sentido. En: Revista TEMAS, Número 16-17, octubre de 1998 – noviembre de 1999. Fondo para el Desarrollo de la Cultura y la Educación. La Habana (Cuba).

[9] Casos como Corea del Sur e Indonesia.

[10] KALMANOVITZ, Salomón. Oportunidades y riesgos de la globalización para Colombia. En: revista Ensayo & Error. Año 6, número 8, Bogotá, julio de 2001. Página 176.

[11] Documento ONU (borrador) 2001.