URIBE EN LA UNIVERSIDAD

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Llama la atención que las Universidades Javeriana (Cali) y Libre (Pereira) insistan en abrirle espacios “académicos” al hoy senador Uribe, a pesar de las protestas y abucheos de sus estudiantes, al ver en sus campus a un cuestionado ex presidente, quien además se presenta con un enorme cuerpo de seguridad que intimida, al tiempo que le sirve para salvaguardar su integridad y contener a quienes manifiestan su enfado por la presencia del líder político.  

El rechazo generalizado de sectores del estudiantado hacia la figura del ex mandatario, debería de suscitar en estas y en otras universidades del país, un serio cuestionamiento alrededor de la conveniencia, necesidad y el real aporte de invitar a quien no tiene, justamente, la actitud de responder preguntas  y cuestionamientos, siendo estos, connaturales al entorno académico. Dudo del talante académico de los eventos a los cuales fue invitado el controvertido ex presidente.

Creo que se equivocan las directivas de las universidades que invitan a Uribe Vélez y le facilitan escenarios en donde su figura termina imponiéndose más por la fuerza de su condición de ex presidente, que por la fuerza y contundencia de sus argumentos; por ese camino, sus monólogos terminan convertido en escenarios en donde solo hay lugar a una sola y única verdad, que deviene absoluta, incontrastable y universal.

Desconozco los motivos, objetivos y propósitos de los eventos a los cuales el señor Uribe fue invitado por las directivas de las mencionadas universidades. Pero ello no es óbice para preguntar y cuestionar dichas invitaciones, por considerar que existen suficientes hechos y circunstancias que enlodan su nombre y que serían suficientes para negarle su entrada a cualquier campus universitario: me refiero a los serios cuestionamientos ético-políticos que recaen sobre el ex presidente, en lo que concierne a las interceptaciones ilegales adelantadas por miembros del DAS, institución que dependía directamente de la Casa de Nariño, en cabeza del entonces Presidente. A ello se le suma, sus simpatías ideológicas con el fenómeno paramilitar y sus continuas descalificaciones hacia la oposición política.

Y resulta aún más llamativo, que la Universidad Libre de Pereira lo invite cuando claramente el ex mandatario desconoció la libertad de cátedra, de conciencia y el derecho a la libre expresión de uno de sus docentes, en el ya conocido caso de una estudiante que retrató al docente y envió la imagen a Uribe, con el claro propósito de intimidarlo y constreñir su derecho a usar elementos y casos del contexto, para explicar asuntos propios de su cátedra. La presencia del político antioqueño, en la Universidad Libre de Pereira, bien se podría entender y asumir como un rechazo al profesor Iván Giraldo[1], por lo acontecido en su curso.

Distinto sería que estas universidades propiciaran, como lo hizo en su momento la Universidad Jorge Tadeo Lozano, espacios de debate, en donde el ex presidente pudiera ser cuestionado por académicos e incluso, por los estudiantes. En el recordado evento de la Tadeo Lozano, ganaron los estudiantes y en especial la academia, dado que se cuestionaron políticas y acciones de Gobierno.

No pueden las Universidades servir de cajas de resonancia al discurso provocador y estigmatizante de Uribe y mucho menos, insistir en presentarlo como un referente ético y político, cuando existen suficientes elementos, circunstancias y hechos que claramente indican que su liderazgo y fuerza política afectaron negativamente a una sociedad que deviene polarizada y violenta, en parte, debido a la forma como Uribe Vélez manejó los asuntos públicos y el Estado, entre el 2002 y el 2010.

Nota: a mi correo llegó lo que sería un Comunicado de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre. Se publica por considerarlo de gran valor político y periodístico y porque sirve para ampliar lo dicho en esta columna:

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

-ASPROUL-

COMUNICADO

La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre, ASPROUL, nuevamente denuncia y rechaza la actitud provocadora del senador Álvaro Uribe Vélez, para con la comunidad unilibrista, al hacer presencia en los campos de la sede de la ciudad de Pereira, acompañado como siempre por un grupo de seguidores y esquema de seguridad ajenos a la Institución,  agrediendo verbal y físicamente a quienes manifestaron su inconformidad por el irrespeto a la diferencia con sus ideas y la forma como no se permitió la participación de nuestros estudiantes en el supuesto debate académico.

Igualmente repudiamos la conducta de  las Autoridades académicas de la Seccional por permitir la presencia de la fuerza pública, quien desde las 6 a. m. rodeó las instalaciones de la Universidad, empleando gases lacrimógenos y bolillos para silenciar la protesta y no permitir un debate abierto y democrático ante el dirigente del Centro Democrático.

Finalmente respaldamos la actitud valerosa de la juventud unilibrista de la Seccional Pereira, al levantarse contra todo intento de intimidación, la agresión a la libertad de cátedra, el respeto a la autonomía universitaria, los debates democráticos y contra los generadores de ideas que le hacen culto a la corrupción, el autoritarismo y  la violencia.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

FRANCISCO OSTAU DELAFONT

PRESIDENTE

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[1] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/03/los-riesgos-de-hablar-de-uribe-en-clase.html

CASO PRETEL, PROCESO DE PAZ Y ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Lo que viene sucediendo en la Corte Constitucional, en otras Cortes y en general, al interior del aparato de justicia, obedece a la entronización de un ethos mafioso y de unas prácticas desinstitucionalizantes, que tocan, erosionan y afectan la estructura del Estado y las relaciones de este con la sociedad, en un largo periodo de Gobierno (2002-2010), en el que el Todo Vale se convirtió en un principio que guió la función pública y el ejercicio de la política en Colombia.

Es decir, el escándalo que hoy cubre y ensucia a la Corte Constitucional, hasta hace unos años un faro ético-político[1] para el país, es la expresión máxima de un proyecto político, social, económico y cultural asociado a los valores morales y principios éticos de una empresa criminal llamada paramilitarismo.

El paramilitarismo[2] fue una exitosa empresa criminal con la que se promovió ese ethos mafioso que hoy el país reconoce en las actuaciones de algunos magistrados de las altas Cortes y se aseguró la captura del Estado, en todas sus instancias de poder y representación simbólica, por parte de grupos de interés y de fuertes redes clientelares, que mantuvieron, ampliaron y consolidaron el maridaje entre política y crimen. Todo ello sucedió con el cómplice silencio y la ceguera, en otros casos, de la clase política[3] y dirigente del país, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Ordóñez Maldonado, durante el periodo de gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Las condiciones en las que se dio, por ejemplo, la reelección del Procurador Ordóñez, son claves para explicar el poder clientelar que ostenta quien está al frente del Ministerio Público y quien guarda inconveniente silencio frente a los hechos de corrupción que involucran al magistrado Pretel.

En ese largo periodo de unanimismo ideológico, político y mediático y del Todo Vale, a las altas cortes llegaron, incluyendo a la Corte Constitucional, magistrados que jamás podrán tener el talante jurídico y ético-político que tuvieron y que aún mantienen, ex magistrados como José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz, para nombrar tan solo dos.

Durante los ocho años del Gobierno de Uribe Vélez, el país perdió los límites de la decencia. El contubernio entre clase política y crimen y las prácticas clientelistas afloraron por cuenta del comportamiento del entonces Jefe del Estado, de sus círculos cercanos y por ese ethos mafioso que se proclamaba con el Todo Vale. Aquí, entonces, las responsabilidades son compartidas entre el entonces Presidente, actores de la sociedad civil, los partidos políticos, los jueces, los medios masivos[4] y en general, el grueso de la sociedad.

El magistrado Pretel[5] no es más que un eslabón de una larga cadena de corrupción al interior del Estado, orden que deviene capturado por las prácticas mafiosas y clientelares de funcionarios públicos, de ex funcionarios, que vienen actuando con la anuencia de los partidos políticos y de sectores de la alta sociedad bogotana y las élites regionales que se benefician de la debilidad del Estado y a las que poco les preocupa la corrupción  de la justicia.

Proceso de paz y Asamblea Nacional Constituyente

La crisis que hoy vive la Corte Constitucional no se soluciona con la salida del controvertido magistrado Pretel. Y mucho menos, se encontrarán salidas con nuevos proyectos de reforma a la justicia. Y es así, por que de fondo, hay una pendiente transformación cultural que no se va a dar por decreto. Y en eso, son pocos los actores de la sociedad que reconocen que el asunto es estructural y no coyuntural.

Y por lo anterior, los magistrados, compañeros y amigos de Pretel, llaman al Jefe del Estado para que medie en lo que ellos mismos llaman la crisis de la Corte Constitucional, dada la actitud asumida por el Presidente de dicha Corporación, de mantenerse en el cargo, a pesar de los graves indicios de corrupción que lo comprometen en materia grave.

Lo que preocupa de la actual crisis que vive la justicia en Colombia, por cuenta de lo que acontece al interior de la Corte Constitucional, no está exclusivamente en el nivel de corrupción que toca a varios de sus magistrados, sino en las soluciones planteadas para superar semejante pérdida de credibilidad y de confianza pública por parte de los ciudadanos. Ya se habla de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar operativamente lo que culturalmente no hemos podido lograr: respetar el imperio de la ley, el Estado, la confianza pública, la constitución política, la democracia, en el marco de un Estado Social de Derecho en proceso de consolidación.

El riesgo de aceptar ese llamado está dado en  las siguientes circunstancias y elementos contextuales: primero, la coincidencia que hay entre Farc y el Uribismo, en el llamado a una ANC, tal y como sucedió en 1990. Que dos fuerzas extremas (extrema izquierda y derecha) logren coincidir en una salida política a una larga guerra interna  y a la crisis de credibilidad de la justicia, debe llamar la atención en la medida en que esa coincidencia, determinará acuerdos políticos al interior de la Asamblea Nacional Constituyente que se convoque, que no necesariamente beneficiarán al grueso de la sociedad. Es más, las discusiones y los consensos que se logren, dado el talante conservador y autoritario de esas dos fuerzas, pueden terminar en un retroceso en materia de libertades y derechos. Ese es un riesgo.

Eso sí, huelga recordar que la crisis y el debilitamiento del Estado y el de sus instituciones en el contexto de los 90, en nada se parece a lo que se vive hoy. Que el Presidente de la Corte Constitucional no renuncie a su cargo, obedece más a que su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es totalmente inoperante, inexistente, y por supuesto, ilegítimo. De allí, que Pretel sea capaz de retar no solo a sus compañeros, al Estado mismo, sino a la sociedad.

La segunda circunstancia y elemento político, toca o tiene que ver con el proceso de paz de La Habana. Resulta inconveniente hablar de una ANC cuando la firma del fin del conflicto armado con las Farc[6] no está cerca, por cuenta de las salvedades que hay sobre los acuerdos preliminares y porque aún hay puntos por abordar y lograr acuerdos. La cúpula de las Farc considera que ese es el camino más seguro para sus miembros, en aras de refrendar lo acordado en la Mesa, especialmente en lo que concierne a participación política y justicia transicional (no ir a la cárcel). Es claro que frente al Referendo, mecanismo ofrecido por el Gobierno de Santos para darle legalidad a lo que se acuerde en La Habana, una ANC es mucho más confiable y viable para los intereses de las Farc.  

Antes de pensar en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, agentes de la sociedad civil, como la Universidad, sindicatos, empresarios y ONG, deben hacer un llamado para que se depuren no solo la Corte Constitucional y las otras instancias del poder judicial, sino las prácticas políticas y  la política misma. Y ello pasa por develar y aceptar que desde 2002, el Estado viene cooptado y capturado por poderes clientelares que, fincados en intereses privados, actúan con la anuencia de altos funcionarios públicos, que profundizan la debilidad de la institucionalidad estatal.

Será muy difícil avanzar en la superación de prácticas corruptas en el manejo del Estado y la separación de la política, del crimen organizado, mientras agentes y aupadores del Todo Vale, se mantengan vigentes política y electoralmente. Por ello, es urgente que, de cara a las elecciones regionales de octubre de 2015 y las presidenciales de 2018, los colombianos digan No a todas aquellas propuestas de gobierno local, regional y nacional, que hayan tenido vínculos de amistad, cercanía política o guarden simpatías con quienes entre 2002 y 2010, validaron la penetración, cooptación y captura mafiosa del Estado y aplaudieron, en silencio unos y a grito herido, otros, los éxitos del paramilitarismo y de las prácticas clientelares que le facilitaron la captura del Estado.

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[1] Véase: http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/03/se-apago-el-faro-etico-de-colombia.html

[2] Véase el libro Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.

[3] Véase: http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/03/verdad-y-elites-de-poder.html

[4] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2013/07/el-paramilitarismo-en-las-tribunas-de.html

[5] Las tierras adquiridas por el Magistrado Pretel dan cuenta, por lo menos, de su cercanía ideológica y económica, con un proyecto político que se montó sobre la necesidad de despojar de sus tierras a campesinos, para adelantar allí ganadería extensiva.

[6] Con qué moral y legitimidad política y social piensa la justicia colombiana “someter” a la cúpula de las Farc por los delitos cometidos, cuando la Corte Constitucional, máxima corporación garante de que la Carta Política se cumpla, deviene sucia y cooptada por mafias clientelares. Le cabe razón a Pastor Álape por el reciente reclamo que desde La Habana hizo a lo que acontece alrededor del magistrado Pretel.

A PROPÓSITO DE LOS ACERCAMIENTOS DE URIBE CON LAS FARC

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Ponerle fin al conflicto armado interno a través del diálogo con las guerrillas ha sido una constante durante varios gobiernos. Para ello, todos los presidentes se han valido de instrumentos legales, del cruce de epístolas con los máximos jefes de varios grupos subversivos y por supuesto, de la tarea silenciosa de emisarios de lado y lado  que han provocado o facilitado encuentros y en varios momentos logaron echar a andar procesos de paz que resultaron exitosos unos y fallidos otros.

La búsqueda de la paz en Colombia es la historia de aciertos y desaciertos que deben comprenderse en el contexto de un conflicto armado que alberga y exhibe, en los bandos enfrentados y en general en la sociedad colombiana, un profundo desconocimiento de sus raíces, motivaciones y conexiones.

Ahora que avanza el proceso de negociación entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc y el país conoce acuerdos preliminares con los que se busca avanzar en la construcción de escenarios de posacuerdos[1], que puedan en el tiempo transformarse en escenarios de posconflicto, aparece en la agenda política y mediática un hecho político presentado como escandaloso: que Uribe Vélez, siendo Presidente, mantuvo contactos secretos con las Farc con la intención de lograr ponerle fin a la guerra interna.

El hecho resulta polémico porque pasa por la pluma de un reconocido columnista, quien además mantiene un viejo y fuerte enfrentamiento ideológico y político con el hoy senador del Centro Democrático. Y ello asegura que otros medios reproduzcan con especial interés lo expresado por el periodista Daniel Coronell[2] en su columna publicada en la revista Semana.

De igual forma, ese mismo hecho llama la atención porque Uribe Vélez  se erigió como un líder militar que ofreció acabar, para siempre, con la amenaza terrorista, representada en la presencia histórica y  las actuaciones de las guerrillas, especialmente de las Farc. Y al revelarse que como Jefe de Estado buscó acercamientos con ese grupo guerrillero en particular, su imagen como líder militar se debilita ante cientos de miles de colombianos que le confiaron la pacificación del país por la vía militar y la consecuente eliminación física del enemigo interno. Quizás allí radique su molestia con lo publicado por Coronell, en la medida en que ese hecho político contradice abiertamente el discurso guerrerista que durante ocho años expuso dentro y por fuera del país, y con el cual mantuvo una enorme simpatía y una favorable imagen  en una opinión pública perfectamente manipulada por los medios que hoy hacen eco de su “debilidad” al creer que es posible negociar la paz con terroristas. Pero hay algo más.

Pareciera contradictorio que siendo Presidente le exigiera al Congreso de la época que diera vida a la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), a través de la cual se negó la existencia del conflicto armado interno, mientras buscaba dialogar con el grupo terrorista de las Farc (en sus palabras diría, los terroristas de la Far). Es posible que haya contradicción en ello, pero dialogar con las guerrillas para buscar ponerle fin al conflicto y lograr un tipo de paz política[3], ha obligado históricamente a los mandatarios colombianos a reunirse y/o a buscar contactos con los líderes guerrilleros. Dichos acercamientos y los procesos de paz adelantados hasta el momento han estado aferrados y anclados no solo a las condiciones internas bajo las cuales el conflicto armado se ha desarrollado, sino a las que impone el contexto externo. Y quizás allí esté la real molestia de Uribe. Me explico.

Uribe Vélez agenció durante ocho años un proyecto político y económico con el que convirtió a Colombia en una gran despensa de materias primas. Y para ello, apoyó la entrada de inversionistas e inversiones extranjeras y de multinacionales a las que mimó con exenciones de impuestos y a las que les facilitó su operación debilitando las instituciones y la institucionalidad ambientales. Y para ejecutar a la perfección ese proyecto neoliberal (reprimarización de la economía) necesitaba pacificar el país, bien eliminando a las guerrillas[4] o negociando con ellas, tal y como se advierte de los ultra secretos encuentros con los líderes farianos, que hoy la prensa divulga.

Así entonces, dadas las presiones que recibió de las multinacionales y del sistema financiero internacional, su proyecto económico necesitaba con urgencia que el país estuviera en paz para poder entregar la biodiversidad al mejor postor. La tarea que le impusieron los actores internacionales y los nacionales, en especial aquellos asociados a los intereses de la gran agroindustria que hoy se posiciona en el sur del país, quedó a medio hacer. Allí radica la real molestia de Uribe con el proceso de paz que adelanta Santos. No porque Santos esté entregando el país a los narcoterroristas de las Farc, sino porque al compartir con Santos el mismo modelo económico, él quería llevarse los créditos en la historia oficial, erigiéndose como el mandatario que al combinar todas las formas de lucha, logró la paz para hacer viable y más rentable el modelo económico extractivista que hoy impera en Colombia y que al parecer a las Farc que hoy negocian en La Habana, no les molesta.

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[1] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/08/posguerra-posconflicto-o-posacuerdos.html

[2] Véase http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-el-enlace-secreto-entre-uribe-catatumbo/404988-3

[3] Un tipo de paz que de desconoce esfuerzos y hechos económicos, sociales y culturales en la perspectiva de modificar las circunstancias que permitieron y legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

[4] Y para ello llamaba públicamente a las Farc bandidos y  terroristas, a los que les iba a esculcarles sus madrigueras con una fuerza pública motivada y muy bien armada, gracias al Plan Colombia que agenció Pastrana Arango.