Por Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
La institucionalidad recoge los elementos y factores culturales que
rodean los ejercicios de la función pública (operación del Estado) y los de la
función particular (operación privada de actores de la sociedad civil en el
Mercado). Ejercicios estos, cuyos resultados se expresan en condiciones y
circunstancias que garantizan, de un lado, la legitimidad del Estado y, del
otro, coadyuvan o no, a la consolidación de una idea más o menos universal de
lo público (lo que nos interesa a todos).
Con un Estado débil y precario como el colombiano, que opera bajo la
influencia de un ethos mafioso que
disímiles élites de poder y el grueso de la sociedad comparten, la
institucionalidad deviene igualmente endeble y deleznable por la acción
simbólica y práctica de ese ethos mafioso
y por supuesto, por el sentido negativo y empobrecido que de lo Público tienen
los colombianos, en el momento, por ejemplo, de exigir sus derechos, discutir
asuntos de interés general, o reflexionar en torno a otros que comprometen las
relaciones entre el Estado y la sociedad.
En todo lo anterior, los medios de comunicación juegan un papel
importante dado que de forma permanente el discurso periodístico-noticioso
recoge los elementos y las circunstancias en las que la institucionalidad
estatal y particular (privada) se manifiestan, a través de funcionarios
públicos, proyectos de infraestructura, opiniones de voceros de actores de la
sociedad civil, la ejecución de políticas públicas, así como otros hechos
jurídicos y políticos.
Los líderes mesiánicos suelen debilitar las instituciones y afectar
negativamente la legitimidad derivada o proyectada. Tal situación puede revelar
con claridad, las intenciones democráticamente restrictivas de aquellos que
sienten que son los “elegidos” y los únicos capaces de gobernar o liderar
procesos; de igual manera, pueden observarse las fracturas de los consensos
reglados sobre los cuales las instituciones suelen apoyar sus procedimientos,
decisiones y actuaciones.
Por supuesto que la institucionalidad estatal y las institucionalidades
privadas derivadas de los actores de la sociedad civil que interactúan entre sí
y con el Estado, son fruto de las relaciones y de los factores de poder que
actúan dentro del Estado, fuera de él o que simplemente hacen viable jurídica y
políticamente un orden constitucional e institucional.
Pero así como la institucionalidad estatal como la particular resultan
de un trasfondo cultural complejo y determinante, de igual manera guardan
estrecha relación con las formas en las que el poder se manifiesta, dispone y
determina las relaciones del Estado con una sociedad civil que para el caso
colombiano exhibe una histórica confusión entre lo público y lo privado.
Lo anterior ha permitido consolidar actividades para-estatales que van
deformando la idea de Estado moderno y sometiendo su funcionamiento a las
lógicas de específicos particulares que han logrado penetrar el Estado para cooptarlo y capturarlo, en beneficio de las instituciones privadas, con el
consecuente debilitamiento de la institucionalidad estatal.
Decía Foucault que “el
poder no está localizado en el aparato de Estado, y nada cambiará en la
sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de
los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera más
minuciosa, cotidiana”.
Más
complejo resulta sostener una operación institucional proclive a la
consolidación del Estado e incluso, a garantizar su legitimidad, cuando se
reconoce el funcionamiento de un Estado
paralelo que aparece por la acción administrativa y política de redes de
corrupción o de grupos de poder que por todos los medios buscan cooptar y
capturar el Estado para someterlo a las pretensiones individuales y grupales de
unos pocos.
La
operación del Estado colombiano, en las circunstancias descritas, da vida de
forma cotidiana a un Estado paralelo, que
es maniobrado por grupos de poder, legales e ilegales, que de disímiles maneras
debilitan no solo el sentido de lo Público y de lo público-estatal, sino la
confianza que los ciudadanos de forma natural
depositan en el Estado, para sentirse seguros y en espera de que este los guíe
moralmente y atienda sus demandas sentidas a través de efectivas, eficaces,
eficientes y consensuadas políticas públicas.
Al anterior
panorama, se suma la idea de que el
Estado es una abstracción y que como tal no se le pueden endilgar
responsabilidades, dado que su funcionamiento y eficacia dependen no solo del
poder político en el contexto de un régimen presidencialista, sino de fuerzas
del mercado nacional e internacional claramente alineadas con el orden
financiero internacional.
No podemos
olvidar que el Estado se erige como un símbolo
de poder en el que la ciudadanía suele
confiar, de ahí que sus disfuncionalidades terminan erosionando, por ejemplo,
el poder presidencial y los de otras entidades gubernamentales que ayudan a
hacer aterrizar lo que para muchos es una entidad metafísica, por fuera de
cualquier posibilidad de confrontación política y discursiva.
Tal
abstracción se supera con la operación efectiva de las instituciones estatales,
lo que de inmediato hace que sobre la institucionalidad pública recaiga la
confianza o la desconfianza de los ciudadanos, asegurándose de esta forma
niveles de legitimidad o ilegitimidad.
