Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Que el Gobierno de Santos logre
poner fin al conflicto armado interno a través de la firma de acuerdos con las
guerrillas de las Farc y ELN, no significa que las razones y circunstancias que
legitimaron e hicieron posible el levantamiento armado de esas dos
organizaciones subversivas, hayan sido superadas y se vayan a superar en el
mediano y largo plazo. Eso debe quedar claro.
Lejos está el país de superar la
concentración de la tierra en pocas manos y de lograr la anhelada reforma
agraria que haga posible que campesinos, afros e indígenas puedan vivir
dignamente de lo que producen en sus territorios y que la Colombia citadina se
beneficie con el consumo de alimentos a precios justos.
A la débil institucionalidad
estatal, representada por ejemplo en el Incoder, se suma la férrea oposición
política que desde ya lideran y expresan el presidente de Fedegan, José Félix
Lafourie y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El primero, defiende los
intereses de cientos de ganaderos y agroindustriales que apoyaron, patrocinaron
y en connivencia, aceptaron la creación y operación de los grupos
paramilitares; grupos esos no creados, como muchos aún piensan, para el desarrollo
de actividades contrainsurgentes. Por el contrario, operaban para desplazar campesinos, afros e indígenas
y de esta forma incrementar la desigualdad, la pobreza, la concentración de la
tierra en pocas manos, desestimular la producción campesina y por ende, afectar
la seguridad y la soberanía alimentarias de los colombianos y del propio
Estado.
El segundo, histórico defensor de
la “causa” paramilitar, viene de tiempo atrás afectando la institucionalidad
estatal y hace hoy ingentes esfuerzos por deslegitimar la ley de Víctimas y Restitución
de Tierras. Desde su rol como Procurador no solo desconoce la autoridad del
Ejecutivo, sino que incita a que sectores de poder, legal e ilegal, se opongan
al cumplimiento de dicha norma. Una clara contradicción que expresa el alto
grado de polarización política e ideológica que subsiste en el país alrededor del
tema agrario y lo más preocupante, las disímiles y contradictorias ideas que
subsisten dentro del Estado, generadas por la decisión del Gobierno de Santos que
se atrevió a poner el fin del conflicto armado por la vía de la negociación
política, desestimando la lucha
antiterrorista planteada entre 2002 y 2010.
Lafourie y Ordóñez insisten en
defender a dentelladas el régimen de hacienda,
y los modelos de explotación a gran escala. Estos defensores del modelo
de plantación insisten y sueñan con un campo con campesinos, afros e indígenas
sometidos a las lógicas de la aparcería o convertidos en terrazgueros. Sin
duda, con lo que sueñan estos dos señores feudales es con un latifundio neocolonial en el contexto de una
moderna economía capitalista[1].
Las declaraciones y las posturas asumidas por Ordóñez y
Lafourie son una clara advertencia al Gobierno de Santos, a los reclamantes de
tierras y a las guerrillas, entre otros sectores sociales: el país debe prepararse para ver en operación a ejércitos[2] anti restitución de
tierras. Muy seguramente, de estos “ejércitos” harán parte los paramilitares
que supuestamente se sometieron a la justicia en el fallido proceso de paz llevado a cabo entre los
jefes paramilitares y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Resulta de extrema gravedad que
el Procurador Ordóñez lidere procesos de desconocimiento e incumplimiento de la
ley de Víctimas y Restitución de Tierras y apoye a viejos y conocidos
despojadores de tierras. La toma de partido del Procurador no solo advierte las
dificultades a las que se enfrenta el Estado como unidad simbólica y ordenador
del territorio en sus ámbitos local y regional, sino que anima a que se
continúe la resolución violenta de los conflictos por la tenencia de la tierra.
De igual manera, la postura
asumida y las acciones que pueda emprender y liderar el Presidente de Fedegan,
José Félix Lafourie, dan cuenta de lo inconveniente y de lo peligroso que resulta
que un gremio de la sociedad civil no acompañe el Proceso de Paz y en
particular que insista en mantener y extender en el tiempo las condiciones que
hicieron posible reconocer que el conflicto armado interno tiene un profundo
anclaje agrario.
Lafourie y Ordóñez lideran y
representan el país neocolonial que multinacionales y empresarios nacionales
necesitan para plantar y hacer germinar allí sus proyectos agroindustriales,
mega minería y explotación forestal, entre otras actividades. Es decir, el país
soñado: sin campesinos, sin afros y sin indígenas. Solo aparceros.
Nota: esta columna se publicó en el Semanario Caja de Herramientas, edición 490 de 2016. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0490/articulo02.html
Imagen tomada de elbagre-antioquia.gov.co
[1] Véase Negros: monopolio de
tierra, agricultores y desarrollo de plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Río Cauca.
Nina S. de Friedemann.
