FALSOS POSITIVOS Y LA JEP

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que los “falsos positivos” sean considerados delitos cometidos  o no dentro del devenir del conflicto armado interno, es una discusión jurídica que despierta una enorme sensibilidad social y política. No será fácil para los familiares de los jóvenes asesinados por miembros de la Fuerza Pública, aceptar dicha tesis por cuanto los agentes del Estado están para proteger la vida y la honra de los ciudadanos. Jamás  podrá ser lo mismo que una fuerza ilegal viole los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a que esas mismas violaciones sean cometidas por agentes estatales sobre los cuales recae la responsabilidad y el deber de valorar y de responder, en perspectiva de derechos, a la confianza que los ciudadanos depositaron en el Estado, a través de estos servidores públicos.  

Es claro que asesinar civiles inermes no es un acto del servicio. Pero tampoco podemos desconocer que los llamados “falsos positivos” guardan una relación estrecha con una realidad inocultable: la degradación del conflicto armado interno, y un perverso y equivocado redireccionamiento de la misión de los agentes de la Fuerza Pública involucrados en la comisión de estos delitos de lesa humanidad. Es difícil imaginar que por fuera de las dinámicas de un conflicto armado como el que vive Colombia desde 1964, se pueda hablar de falsos positivos. Subsiste una conexión casi natural con la comisión de estos delitos, sin que con ello se pretenda minimizar el delito en sí mismo, su dimensión política y social, y mucho menos, el dolor de los familiares de los colombianos asesinados en esas execrables circunstancias.

Así entonces, y de acuerdo con el objetivo final de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, aceptar que los "falsos positivos" sean juzgados como delitos graves perpetrados por agentes del Estado, en el contexto del conflicto armado interno, no puede entenderse como un insalvable error jurídico: se trataría, mas bien, de una decisión política anclada en la necesidad de reconocer que efectivamente el conflicto armado se degradó, hasta tal punto, que miembros del Ejército, especialmente, no solo subvaloraron la vida de los civiles asesinados, sino que tergiversaron y monetizaron la tarea de enfrentar militarmente al enemigo interno.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y las discusiones de los expertos, debe estar el compromiso de quienes hoy orientan a las fuerzas armadas, de develar, una vez entre en operación la Jurisdicción Especial para la Paz, las finas conexiones que hicieron posible que la práctica militar de producir falsos positivos estuviera mediada por órdenes emanadas por coroneles y otros oficiales con mando de tropa, con la anuencia de generales de brigada, de la cúpula militar e incluso, del propio Presidente en ejercicio, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Incluso, si las órdenes de operaciones resultasen falsas, dichas circunstancias no son suficientes para eximir de responsabilidad a quienes dentro de una línea de mando y al interior de un batallón, no se hayan tomado el tiempo y la tarea de analizar lo ocurrido en esos supuestos combates en los que se produjeron las “bajas” de los supuestos guerrilleros, reportadas con celeridad para recibir los beneficios contemplados tanto en el Decreto Boina, como los estipulados en la directriz ministerial 029 de 2005.

Insistir en juzgar a los responsables de "falsos positivos" como violadores de los derechos humanos, por fuera de la JEP, es prolongar en el tiempo odios y resquemores que solo conducen a la generación de sentimientos de venganza y a la entronización de la desconfianza de los ciudadanos en la fuerza pública.

Es posible que la discusión de la técnica jurídica se eternice y que finalmente triunfe la tesis que indica que dichos delitos de lesa humanidad no pueden considerarse como parte de las dinámicas de la guerra interna colombiana. Como puede suceder que los falsos positivos sean revisados por los magistrados que darán vida a la JEP. Más allá de lo que suceda jurídicamente, la actual cúpula militar debería de preparar acciones de petición de perdón por hechos de guerra, como los ocurridos en Bojayá, a donde ya las Farc viajaron y pidieron perdón a las comunidades afectadas; y por supuesto, una petición de perdón por los falsos positivos cometidos por unidades militares que no solo violaron los DDHH y el DIH, sino que mancillaron el honor militar, traicionaron la confianza de los ciudadanos y debilitaron la institucionalidad castrense.

En cualquier sentido que termine la discusión sobre este espinoso asunto, lo cierto es que el conflicto armado interno sirvió para darnos cuenta de la perversidad, la vileza y la perfidia de todos los combatientes, legales e ilegales, pero también, para que empresarios y otros sectores de poder exhibieran una perniciosa doble moral con la que pudieron, unos y otros, calificar a los caídos, civiles o no, bajo la insana dicotomía que señala que unos eran Buenos y otros, simplemente, eran Malos

Adenda: en por lo menos dos ocasiones, el hoy ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, ha señalado que los "falsos positivos" pueden terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de la tesis jurídica que señala que no pueden ser investigados por esa jurisdicción, porque no tienen relación directa con el conflicto armado interno, es decir, no se trata de delitos cometidos en operaciones propias de un acto del servicio. Este es el enlace: http://noticias.caracoltv.com/colombia/justicia-especial-para-la-paz-no-es-para-juzgar-generales-afirma-mindefensa

Nota: esta columna fue reproducida en los portales conlaorejaroja (http://conlaorejaroja.com/los-falsos-positivos-y-la-jep/)  y colombiaplural (https://colombiaplural.com/falsos-positivos-la-jep/)

Imagen tomada de arcoiris.com.co

HÉROES DE FANGO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Columna CIER. Publicada en el periódico EL PUEBLO: http://elpueblo.com.co/heroes-de-fango/

El informe que acaba de publicar la organización Human Rigths Watch (HRW), intitulado El rol de los altos mandos en falsos positivos(1), se convierte, desde ya, en un gran insumo para quienes vayan a hacer parte de la Comisión de la Verdad, acordada en La Habana entre los negociadores del Gobierno de Santos y los de las Farc. Dicho Informe tiene, entonces, un enorme valor político y social. Sobre este asunto, volveré al final de esta columna.

No cabe duda de que el episodio de los falsos positivos obedeció a una política que contó con el respaldo de los altos mandos militares señalados en el Informe y, de muchas maneras, con la anuencia del Gobierno de Uribe Vélez. Es decir, estamos ante crímenes de Estado. No olvidemos, eso sí, que dicha práctica se viene presentando de tiempo atrás, lo que enloda, también, a anteriores gobiernos.

Así entonces, en los crímenes cometidos por unidades militares, se reconoce una práctica sistemática, un objetivo estratégico claro, así como la aquiescencia de altos mandos y del Presidente Uribe, como quiera que fungió como máximo comandante de las Fuerzas Armadas. Hubo un compartido modus operandi, así como el claro objetivo de beneficiar y premiar a quienes “produjeran más y mejores resultados operacionales”, con la complacencia de un Gobierno que creó y recreó un escenario de persecución política contra todos aquellos que pensaran diferente y se opusieran a su doctrina política y militar. Desde allí, actuaron los militares responsables de los falsos positivos, con la convicción clara de buscar beneficios personales, al tiempo que respondían a las presiones de sus comandantes, para mostrar resultados positivos en materia de orden público.

Las ejecuciones de civiles inermes, conocidas como falsos positivos, responden a un criminal desvío de los objetivos misionales del Ejército. Dicha práctica, hay que ubicarla dentro del sentido y en la aplicación misma de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD); de igual manera, en el sentido y en la aplicación del decreto Boina (1400 de 2006, derogado con el decreto 1664 de mayo de 2007) y en la directiva  029 de 2005. Todo lo anterior, aupado por el odio visceral y vindicativo con el que Uribe Vélez asumió el ejercicio del poder como jefe de Estado y de Gobierno, para enfrentar a las Farc y a lo que él llamó, una amenaza terrorista.

Insisto en que los falsos positivos expresan la perversión de los objetivos misionales del Ejército nacional. Se trató, sin duda, de un proceso de transformación de unidades militares, que mutaron hacia verdaderas bandas sicariales, que salían a “cazar civiles”, para mostrar que la “guerra contra la subversión” se estaba ganando. Nada más alejado de la realidad, pues de manera cobarde, asesinaban civiles, para exigir beneficios económicos, ascensos y permisos.

El resultado es claro: los soldados, oficiales y suboficiales que participaron de manera directa, o aquellos que guardaron silencio ante semejante ignominia, como los Generales que señala HRW, dejaron de ser Héroes de la Patria, para convertirse, unos, en peligrosos criminales, en cobardes asesinos, y otros, en cómplices.

Sin duda, la mística y el honor militar fueron mancillados por quienes en algún momento, juraron defender la vida y la honra de los colombianos. De esta manera, aquellos que se beneficiaron del proceso de heroización que echaron a andar medios de comunicación, periodistas afectos al mundo castrense y un sector de la sociedad civil, pasaron a ser Héroes de Fango. De un fétido, apestoso, pestilente, hediondo y nauseabundo fango.

Ahora bien, en cuanto al sentido político y social que acompaña al informe de HRW, hay que decir que, a pesar de las desquiciadas acciones contra el medio ambiente perpetradas recientemente por las Farc, el evidente estancamiento del Proceso de Paz, la pérdida de confianza entre las partes y entre los colombianos frente a las negociaciones de La Habana, el estudio de HRW puede convertirse en un instrumento clave para los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación que se vendrán, una vez se firme el fin del conflicto.

Es hora de que la sociedad colombiana se “desmilitarice”. Es tiempo de que dejemos de creer en el poder de las armas y entendamos de una vez por todas, que su uso, legal e ilegal, debe quedar proscrito, si queremos avanzar hacia la consolidación de una sociedad civilizada. Colombia necesita más ciudadanos y menos héroes y patriotas. Y ojalá, algún día, como sociedad civilizada, entendamos que el miedo a la paz que hoy muchos sectores societales exhiben, está íntimamente relacionado con una ciega confianza en el poder de las armas.

Que los falsos positivos sirvan para reorientar la formación en las escuelas de policías y militares. Como sociedad civilizada debemos rechazar estos actos, exigir que se procese penalmente a sus perpetradores y aupadores. Aunque una justicia vindicativa jamás será suficiente castigo, lo más probable es que en el contexto del Proceso de Paz de La Habana y en el de una justicia transicional generosa, esta dolorosa página de la historia política se cerrará con un perdón generalizado para esos Héroes de Fango y por supuesto, para los “revolucionarios” que también han violado los derechos humanos y cometido delitos de lesa humanidad. Y en ese mismo costal que facilite la justicia transicional, hay que meter a los grandes empresarios que apoyaron a los paramilitares.

Que los falsos positivos, entonces, se entiendan como la expresión clara y dolorosa de unos actores armados que perdieron su norte, para convertirse, lenta y progresivamente, en simples homicidas. 

(1). Véase https://www.hrw.org/es/report/2015/06/23/el-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos/evidencias-de-responsabilidad-de

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM