Egos, institucionalidad, poder y masculinidad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador  social y politólogo

Solemos concentrar los análisis, la crítica y la comprensión de los problemas del país, en los hechos y en los actores políticos y en los efectos y consecuencias de determinadas decisiones.  De esta manera, ocultamos o dejamos en la sombra, factores y elementos culturales que atraviesan la vida de agentes políticos, personajes de la vida pública y, por supuesto, la  de la sociedad en general.

Por ejemplo, hay consenso académico y político alrededor del origen agrario del conflicto armado interno. Pero poco miramos la racionalidad masculina que hay detrás de aquellos que, desde la legalidad o la ilegalidad, defendieron y defienden sus propiedades rurales, o decidieron expropiar a comunidades vulnerables como las indígenas, afros y campesinas. Y dentro de esa dañina y violenta racionalidad masculina, está la idea de Macho, la misma que latifundistas, paramilitares, militares y guerrilleros, exhiben a la hora de defender y luchar por lo que cada uno considera que es legal y legítimo. Sobre esa idea de hacerse Macho y poderoso y, de dominar grandes extensiones de tierra,  latifundistas y ganaderos apoyaron el paramilitarismo.

A esa racionalidad  de Gran Macho propietario, se suman elementos propios de hombres que no lograron conectar su ética privada, con la moral pública. Moral pública que deviene profundamente afectada por la corrupción y claro está, por esa dañina masculinidad asociada al poder y a la dominación.

Miremos qué puede haber detrás de las actuaciones de personajes como el Procurador Ordóñez, el Fiscal Montealegre y el Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub. Todos tres, hombres y machos cabríos que, envilecidos por el poder político que sus cargos otorgan, actúan desde sus mezquinos intereses y convicciones y por ese camino, debilitan las instituciones y someten a sus caprichos, la institucionalidad que juraron respetar.

Pretel Chaljub, además de Magistrado comprometido en la venta de un fallo de tutela (caso Fidupetrol o conocido como Fidupretel), juega a ser latifundista y ganadero, de allí que la adquisición irregular de unos predios rurales, sea un asunto secundario y “normal” para él, dado que, simplemente, siguió la línea comportamental de quien lo llevó a la Corte Constitucional; el mismo, que se siente Macho y poderoso, oteando desde un cerro, sus dominios territoriales, haciendas, sus vacas y caballos. De igual manera, el comportamiento asumido por Pretel para aferrarse a su cargo, a pesar de la ilegitimidad que le acompaña por sus actuaciones irregulares, oscuras y profundamente inconvenientes para el desarrollo de la función pública desde una Corporación en la que cientos de miles de colombianos creímos. Confianza que depositamos, cuando hubo en ella hombres distintos, probos. Estoy hablando de José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria, entre otros.

El caso de Ordóñez representa el ejercicio de un ego con características reformadoras, que hacen de él, una suerte de nuevo Regenerador, capaz de perseguir impíos, es decir, mujeres que abortan,  homosexuales y algunos pocos corruptos, que se alejaron de su doctrina religiosa. Tan poderosa es su idea de Macho Regenerador, que olvidó por completo cuáles son sus deberes y obligaciones constitucionales como jefe del Ministerio Público. Este ladino personaje viene actuando, atrincherado en la Procuraduría, institución que convirtió en una Catedral desde donde persigue funcionarios públicos, mujeres y homosexuales,  y claro está, en una gran sede de campaña, con miras a llegar a la Casa de Nariño en 2018, con el claro propósito de doblegar el espíritu liberal de la Carta de 1991. No sabemos si tiene fincas o haciendas. De todas formas, el edificio de la Procuraduría es su feudo electoral, político y religioso. Para qué más. Es, de tiempo atrás, el alter-ego del mismo personaje que puso en la Corte Constitucional a Jorge Pretel, de allí que su campaña hacia la Presidencia hay que entenderla como parte del proyecto neoconservador que impuso ese otro Macho que mandó en Colombia entre 2002 y 2010.

En lo que corresponde al Fiscal Montealegre, hay que decir que su ego lo ha llevado, poco a poco, al lugar esperado por muchos: ser intocable. La actitud asumida contra la reforma política que busca el equilibrio de poderes, en un sistema profundamente presidencialista, lo viene convirtiendo en una suerte de nuevo emperador. Además, sus millonarias asesorías a Saludcoop, expresan el afán moderno de hacerse rico y exitoso, lo que finalmente terminó por facilitarle el camino a Palacino y a todos aquellos que malversaron recursos de la EPS y del Estado. No sabemos si Montealegre tiene fincas o haciendas, pero de igual manera, actúa como un Machito ostentoso e incapaz de ceder poder,  con el propósito de aportar a la consolidación de la institución que dirige y por ese camino, a la institucionalidad estatal.  Desde la Fiscalía otea hasta dónde puede llevar sus ansias de poder.

Detrás del Fiscal, del Procurador y del Presidente de la Corte Constitucional, se esconden las más profundas prácticas, principios y aspiraciones de una cultura que deviene mafiosa y profundamente asociada a los egos de hombres (Machos) que han hecho todo para hacerse con una parte del Estado, para  ocultar sus problemas de reconocimiento y autoestima.

Así entonces, el origen agrario del conflicto armado colombiano no puede analizarse exclusivamente sobre la lucha por la tierra y el sometimiento y la transformación de territorios, sino en un ethos fundado por una idea equivocada de ser hombre, sostenida a su vez, en otra de mayor alcance: dominar la Naturaleza.

Por lo anterior, debemos poner nuestros esfuerzos de cambio y construcción de la paz, sobre la base de transformar las ideas que alrededor de ser hombre, macho, poderoso y exitoso, nos impuso la cultura dominante, en especial aquella que desde las ciudades y lo urbano, construyeron negativas, imprecisas y defectuosas Representaciones Sociales (RS) alrededor de lo rural, la ruralidad que de ella se desprende y  por supuesto, de la gente que vive allí en esos territorios.

Es hora de decir No Más a Ególatras, Mesiánicos, Machos, Latifundistas y Regeneradores dentro del Estado. Sobre esas y otras características, la corrupción se instaló en las instituciones públicas, en el sector privado y en la cultura, de allí que se torne tan difícil para los colombianos  elegir Presidente, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, que lleguen al Estado con la clara intención de servir a los demás y no para dar rienda suelta a sus mezquinas aspiraciones de poder.

Debemos trabajar por una profunda  transformación cultural. Aspiración esta que debe llevarnos a señalar, como inconvenientes, las prácticas y principios éticos de una cultura dominante (urbana y urbanizada) que jamás entendió que como país biodiverso, cultural y naturalmente, requiere de otro de otra clase de hombres -y de mujeres -.

VERDAD Y ÉLITES DE PODER

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo. Columna EL PUEBLO

Columna publicada en www.elpueblo.com.co http://elpueblo.com.co/verdad-y-elites-de-poder/

El devenir del conflicto armado interno y las circunstancias objetivas que hicieron posible, viable y legítimo el levantamiento armado y la vigencia hasta hoy, de los grupos subversivos, están íntimamente relacionadas con el comportamiento de las élites, bogotana y sus  ‘pares’ regionales, que operan como una suerte de espejos.

De esas élites se puede decir que no han sido los referentes éticos y políticos para el diseño y consolidación de un proyecto de nación que reconozca la diversidad cultural del país. Por el contrario, dichas élites, con su actuar, históricamente han profundizado la idea de un país de regiones, con el claro propósito de entronizar las prácticas feudales asociadas a las formas como han ejercido el poder político y económico. Desde sus feudos se han opuesto al desarrollo de un Estado-nación moderno. Desde allí, desde sus territorios y enclaves económicos, han solidificado prácticas endogámicas con las que lograron reproducirse en el tiempo.

La mirada premoderna, conservadora, rentista y precapitalista de dichas élites, ha coadyuvado al fortalecimiento de esa idea de país  de regiones con la que fácilmente evitamos explicar las enormes dificultades que ha enfrentado la sociedad colombiana para pensarse como un solo cuerpo. Esto es, una colectividad capaz de confrontar el orden social, político y económico, representado en un Estado precario que deviene capturado por familias tradicionales y grupos de poder ilegal, con los que las primeras han negociado y cohabitado en el ejercicio del poder político. El contubernio entre lo legal y lo ilegal en Colombia tiene en sus élites a las mayores responsables, de allí que sea tan difícil imaginar escenarios de posconflicto y una paz duradera, mientras ese connubio persista y siga siendo determinante en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Sin una revolución política, cultural y social transformadora y con evidentes procesos civilizatorios fallidos, el país se ha construido bajo la idea clara de que es posible cambiar para que todo siga igual, en especial en lo que concierne a las formas tradicionales y hegemónicas en el ejercicio del poder.

Es, en ese contexto, en el que hay que entender la reciente y polémica propuesta del ex presidente Gaviria Trujillo, de pensar, diseñar e implementar una justicia transicional para aquellos grupos de poder económico y político (políticos, disímiles empresarios y ganaderos y otros agentes de la sociedad civil) que hayan patrocinado, por ejemplo, el paramilitarismo.

La propuesta de César Gaviria demandaría, por ejemplo, de una gran Comisión de la Verdad y de una generosa justicia transicional para militares, subversivos, paramilitares y civiles (empresarios y políticos) que desde diversas prácticas azuzaron el conflicto armado interno. Al respecto, vale preguntarse: ¿qué vamos a hacer los colombianos con esa verdad que resulte de esa Comisión de la Verdad? O de varias comisiones de la verdad.

Si se logran develar las finas relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que los paramilitares establecieron con la clase política y empresarial (banqueros, ganaderos y agroindustriales), con el claro propósito de echar a andar el proyecto paramilitar, la sociedad colombiana deberá reclamar no solo procesos de justicia, verdad, reparación y compromisos de no repetición, sino que deberá exigirles, a esas mismas élites y familias tradicionales, que den un paso al costado, para poder reconstruir culturalmente la Nación. Y ese dar un paso al costado implica que abandonen la vida pública (política) y que liberen al Estado de sus mezquinos intereses. Ese será el costo que deberán pagar las élites que patrocinaron la “exitosa” empresa criminal llamada paramilitarismo, a cambio de total impunidad por los delitos cometidos.

Así entonces, mas que fallos judiciales condenatorios, lo que el país necesita es una reconfiguración de esas correlaciones de fuerza en las que unas élites de poder se han distinguido por su incapacidad para guiar las aspiraciones de una sociedad fragmentada, que deambula sin un norte ético-político, pensado bajo principios de un Buen Vivir para todos.

El problema no está en que haya una gran dosis de impunidad (que la habrá). Por el contrario, el asunto de fondo está en la reconstrucción moral y ética de una sociedad que deviene enferma, atomizada, segmentada, en el contexto de una nación que ha girado en torno a la pobreza de criterio de unas élites formadas mas para someter el Estado a sus caprichos e intereses, que a forjar un orden político, social y económico que apunte a la profundización de la democracia.

Así entonces, bienvenida una generosa y ampliada justicia transicional, siempre y cuando las élites de poder tradicional acepten su responsabilidad no solo en el nacimiento  y extensión en el tiempo del conflicto armado interno, sino en la incapacidad que exhiben millones de colombianos de pensarse como ciudadanos, de consolidar una sociedad políticamente formada y de trabajar en torno a una idea consensuada de un Estado al que debemos exigirle que brinde bienestar a todos los colombianos.

A las élites de poder, el país también deberá reclamar que su riqueza se redistribuya, en especial aquella cuyo origen esté asociado a actividades ilícitas, desvío de dineros públicos, o se haya logrado sobre la base del éxito del paramilitarismo como empresa criminal. Pero ese mismo país deberá decir no más a esa élite como referente ético y político. Es claro que ese lugar simbólico jamás lo ganaron en franca lid. Fue impuesto, con el concurso de los medios de comunicación y de la acción política (electoral). Es hora de refundar liderazgos y para ello, esas élites de poder deben dar, inexorablemente, un paso al costado.

Esos nuevos liderazgos deben salir de un proceso de cambio cultural que modifique ese ethos mafioso que comparten agentes y actores de la sociedad civil y que ha sido convalidado por las élites tradicionales de poder. Y ese cambio cultural deben liderarlo los sectores más liberales de la Iglesia Católica, de la Universidad, de los Partidos Políticos y de algunos gremios que crean seriamente en que este país debe transformarse, si de verdad creemos en que es posible alcanzar una paz justa y duradera. Y esa transformación debe partir de una revisión del modelo de desarrollo. Por ejemplo, desde una perspectiva ambiental, el país va por mal camino, debido a una incontrolada mega minería que avanza sobre frágiles, valiosos y estratégicos ecosistemas.

Eso sí, no caigamos en la trampa de pensar en que lo propuesto por el expresidente Gaviria beneficiará exclusivamente a Uribe Vélez. Como líder emergente, Uribe también deberá decir la verdad sobre sus presuntos vínculos con mafias y paramilitares. Y cuando ello suceda, y explique a las autoridades y al país el monto de su riqueza y sus orígenes, entonces la sociedad colombiana deberá exigirle, también, que dé un paso al costado. Quizás así sea posible sacar adelante este país, a la luz de unos escenarios de posacuerdos que hay que empezar a diseñar, soportados sobre una nueva ética.


Nota: el 04 de junio de 2015, desde La Habana se anuncia que las partes que negocian acordaron la creación de una Comisión de la Verdad, una vez se haya puesto fin al conflicto armado y las Farc hayan hecho dejación de armas. Los criterios y mecanismos para la conformación de dicha Comisión, generaron dudas en un sector de la opinión pública

URIBE Y SANTOS: ¿DIFERENTES?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las diferencias que puedan encontrarse o existir entre Santos y Uribe bien las podemos concentrar en una dimensión ético-política. Y desde allí podemos comprender las formas como ambos asumen el Estado, las relaciones entre los tres poderes públicos y el respeto hacia la institucionalidad, pero especialmente, las maneras como enfrentan a sus detractores y/o enemigos políticos, en  particular aquellos que desde adentro del Estado atacan el proceso de paz, como es el caso del Procurador Ordóñez o desconocieron en su momento la existencia del conflicto armado interno y en la actual coyuntura, se oponen al proceso de paz de La Habana. Algunos de ellos lo descalifican llamándolo traidor por haberse elegido con las banderas de la seguridad democrática y los votos de su mentor y jefe, cuando Santos fungió como ministro de la Defensa.

Mientras que Álvaro Uribe Vélez  en sus ocho años de mandato buscó a todas luces debilitar las instituciones y concentrar el poder y manejarlo de manera discrecional de acuerdo con su carácter mesiánico y autocrático, Santos buscó desde el principio recomponer las relaciones entre los tres poderes públicos, en especial con la rama judicial. Y como sus antecesores, buscó, a través de la llamada Unidad Nacional, cooptar el Congreso para sacar adelante su proyecto político.

Quienes se opusieron a las ideas y al proyecto dictatorial que Uribe planteó, fueron perseguidos, apelando a las más bajas prácticas de persecución política. Uribe usó el DAS[1] como su policía política y desde allí persiguió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, congresistas y académicos que no se hincaron ante su poder de intimidación y que no cayeron ante la devoción que la gran prensa ayudó a construir al presentarlo como irremplazable y como el salvador del país. El esperado Mesías.

Uribe debilitó y evitó los canales institucionales y buscó los atajos para perseguir, amedrentar y golpear a quienes no aplaudieron sus acciones y decisiones. La Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática fue el instrumento jurídico-político e ideológico con el cual buscó darle un carácter de legalidad a lo que claramente eran acciones ilegales de un Estado dirigido al mejor estilo de lo que Orwell describió en su libro 1984[2].

A pesar de que Santos hace parte del mismo proyecto político hegemónico, en especial en materia de política económica (ambos son neoliberales), como hijo de una élite que se presta de ser decente, prefiere actuar dentro de la institucionalidad, dentro de las normas y el derecho. O por lo menos, guardar prudente distancia de los entuertos, de las prácticas ilegales y de los desmanes que se cometieron desde el Estado durante los años en los que Uribe mandó[3].

Con el reciente escándalo mediático que protagoniza el llamado ‘hacker’ Sepúlveda, las diferencias sustanciales entre los dos políticos saltan a la vista. Ética y políticamente son distintos, así compartan el mismo modelo económico.

Santos deja que la justicia actúe y que esta use a medios como  la revista Semana para develar -desprestigiar como parte de una persecución política, dirán en el Centro Democrático- a quien se ha convertido en su mayor detractor político y quizás, como el más fuerte enemigo del proceso de paz.

A Santos no le preocupa  tener a Uribe como enemigo político, lo que de verdad le preocupa es que el ex presidente tenga el poder y la osadía para convocar a fuerzas oscuras e incluso, a sectores de las Fuerzas Armadas, para atentar contra el proceso de paz[4].

Su origen de clase le permite a Juan Manuel Santos Calderón no cazar peleas con quien no tiene su mismo linaje y alcurnia. Santos reconoce a Uribe como un emergente y como un experimento de un sector de la élite económica y política que comprendió que aquel estaba llevando al país por caminos insospechados de cooptación mafiosa del Estado, lo que prendió las alarmas en la élite bogotana. En parte le quitaron el respaldo y finalmente fue la Corte Constitucional, con ponencia negativa del magistrado Humberto Sierra Porto, la corporación que evitó su segunda reelección. Luego vendría el apoyo dado a la elección y a la reelección de Santos (2014-2018) y el que aún le mantienen para que dé continuidad al proceso de paz. 

Mientras Santos Calderón concentra sus energías en el proceso de paz de La Habana, sus aliados en la Fiscalía -y más adelante desde la Contraloría[5]-, hacen y harán todo lo posible para golpear, desde la institucionalidad, no sólo a Uribe, sino a quienes acompañan y apoyan su proyecto político de ultraderecha.

Lo publicado por la revista Semana, medio que ahora acompaña fielmente a Santos, no sólo sirve para bajarle presión al proceso de paz por cuenta de la llegada de militares activos a La Habana, en calidad de asesores de los negociadores del Gobierno, sino para mostrarle los dientes, desde la institucionalidad, a quienes de manera desesperada buscan torpedear el proceso de paz y llevar al país a que transite oscuros caminos por cuenta de la fractura en la unidad de mando dentro de la Fuerza Pública, que Uribe, Acore[6] y Fernando Londoño Hoyos[7], entre otros más actores, vienen  auspiciando y provocando.

Las revelaciones del llamado ‘hacker’, Andrés Sepúlveda, pondrían en evidencia las finas relaciones entre Andrómeda[8] y un sector del Ejército con la entonces campaña electoral del candidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático a la cabeza de Uribe Vélez, con el claro propósito de buscar el rompimiento del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Si esto es cierto, estamos ante una evidente polarización política e ideológica en torno a la búsqueda del fin del conflicto. Es decir, subsiste una fina relación ideológica que busca el colapso del proceso de paz, entre Uribe y el Centro Democrático, con un sector del Ejército, con el apoyo del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

De esta forma queda claro que mientras Uribe apeló a prácticas subrepticias e ilegales para asustar, perseguir y dominar a detractores y enemigos de sus políticas, en especial la de Seguridad Democrática, Santos deja que la Fiscalía actúe dentro de los márgenes de la ley y los marcos institucionales. 

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[1] Departamento Administrativo de Seguridad. A raíz de la penetración paramilitar y los escándalos de las llamadas ‘chuzadas’, el Gobierno de Santos desmontó jurídica y operativamente dicha entidad y creó la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.

[2] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/02/con-el-das-nos-acercamos-al-estado.html

[3] No gobernó, mandó, por su carácter intolerante, poco conciliador y mesiánico. Santos es un político, deja jugar, es clientelista, dialoga, respeta la opinión contraria; por el contrario, Uribe confronta y manda desde la relación amigo-enemigo: quien no está conmigo, está contra mí.

[4] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/08/victimas-academicos-y-militares.html

[5] Con la elección de Edgardo Maya Villazón.

[6] Asociación de Oficiales Retirados que se opone al proceso de paz y que en las pasadas elecciones aupó a oficiales de alto rango de las fuerzas militares para que deliberaran y ayudaran con los votos de sus familias, a elegir como presidente de la República al candidato de Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga. Uribe logró gran ascendencia entre oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, por la exagerada defensa que hizo del honor militar y de la mística, a pesar de que manejó a la institución castrense como si se tratara de un ejército privado.

[7] Ex ministro y ahora ‘periodista’ radial. Desde un espacio radial genera estados de opinión pública negativos en torno al proceso de paz. El caso de Invercolsa deja entrever el talante con el que suele actuar este político.

[8] Espacio físico desde donde la Inteligencia Militar intervino las comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc. Una clara muestra de que sectores castrenses no apoyan el proceso de paz y por lo tanto, no obedecen al Presidente Santos como comandante supremo. 

REELECTO SANTOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El 15 de junio Colombia reeligió a Juan Manuel Santos Calderón para el periodo 2014-2018.  Este es sin duda el hecho político a destacar, pero él mismo concentra circunstancias, miedos y en general una enorme expectativa alrededor de lo que pueda suceder y en lo que pueda terminar el proceso de paz de La Habana y los acercamientos con la guerrilla del ELN.

El triunfo de Santos por cerca de seis puntos porcentuales[1] es relativamente contundente si se tiene en cuenta la votación alcanzada por Zuluaga, quien logró cerca de 7 millones de sufragios[2] y el uso político que el Centro Democrático hará de ese caudal electoral cuando asuma en el Congreso su papel de opositor frente a los acuerdos a los que se llegue con las Farc y el ELN;  fuerza opositora esta que se hará sentir en el momento en el que el legislativo en pleno asuma la tarea de refrendar lo acordado en La Habana. Desde esa perspectiva, la paz  tendrá muy seguramente un camino difícil en un Congreso en el que Uribe Vélez, como senador y su bancada harán todo lo posible para torpedear los acuerdos a los que se llegue en el proceso de paz que se adelanta en Cuba.

De cara a la futura refrendación de los acuerdos que se firmen en la mesa de La Habana,  el gobierno y los colombianos deben estar preparados para una fuerte oposición política y electoral, si se piensa en que lo acordado con las guerrillas debe ser refrendado bien a través de un referendo y/o una Asamblea Nacional Constituyente.

Así entonces, el primer plebiscito por la paz del 15 de junio pasó el primer examen, pero no hay seguridad de que suceda lo mismo cuando en el segundo y último examen los colombianos salgan a votar para refrendar o no  los acuerdos a los que se lleguen con  las Farc  y muy seguramente con el ELN.

En su discurso, el presidente reelecto dijo que acogía el triunfo y los votos alcanzados como un Mandato por la Paz. Además, agradeció a las Fuerzas Armadas por el papel que ha jugado en el conflicto y nuevamente les dijo que la paz es la victoria que todo soldado espera.

La corta alusión a las Fuerzas Armadas debe ser recogida por la actual cúpula militar y policial para encarar a quienes desde dentro de las filas apoyaron y apoyan aún la continuidad de la guerra y extrañan el modo de gobernar de Uribe Vélez.

Allí Santos deberá ejercer con firmeza su rol como comandante supremo y sacudir las filas con el claro propósito de sacar del servicio a aquellos oficiales, suboficiales y soldados profesionales que están deliberando y manifestando, privadamente, apoyos a la ultraderecha que encarnan Zuluaga, Uribe Vélez y el Centro Democrático.

Así entonces, la jornada electoral del 15 de junio sirvió para reelegir a Santos y sus políticas, en especial la de la paz. Pero también confirmó que el país está dividido y polarizado en torno al proceso de paz con las Farc y en general con la pacificación del país a través de la firma de acuerdos políticos que exigen grandes esfuerzos económicos y políticos, pero por sobre todo, un cambio cultural en torno a la urgente necesidad de cerrar las páginas de la guerra, de saber la verdad de lo  acontecido en 50 años de conflicto; de reparar a las víctimas, de garantizar que no habrá repetición y quizás el punto más álgido, que la sociedad en general perdone a los victimarios y que estos a su vez pidan perdón, reparen y acepten jugar las reglas de la democracia y defender en adelante el orden establecido que mañana los acoja como ciudadanos desmovilizados.

Adenda: el gran perdedor de la jornada electoral del 15 de junio de 2014 fue Álvaro Uribe Vélez, quien en adelante podría (debería) revisar su rol como gran elector dado que su figura viene sufriendo un profundo y sistemático desgaste. Recordemos que apoyó la candidatura de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá y éste perdió. Su figura polariza, aunque mantiene en ciertos algunos sectores sociales, económicos, militares y políticos un fuerte apoyo. Es claro que su carácter mesiánico y su discurso pendenciero y camorrero riñe con los  de amplios sectores societales que quieren vivir en paz, que haya convivencia y sobre todo  respeto por aquellos que piensan distinto. Mientras que su candidato Zuluaga reconocía el triunfo de Santos, él, visiblemente molesto, lo desconocía señalando que se trataba de un triunfo amañado, fruto de amenazas y componendas políticas y electorales. Este discurso bien puede terminar en  un claro desconocimiento de Zuluaga como líder del Centro Democrático y eventual candidato presidencial para el 2018. Seguirá en la lucha, dijo el ex presidente, advirtiendo que en el Congreso hará oposición a la paz y votará para darle continuidad al conflicto armado interno. Aunque siga vivo el llamado ‘uribismo’, es claro que frente al ambiente de esperanza que se viene construyendo en Colombia gracias en parte al proceso de paz y al presidente  Santos que respeta las instituciones y gusta de escuchar a sus detractores, los seguidores de las ideas de Uribe pierden poco a poco espacio político y social.

Escolio 1. La abstención bajó en la segunda vuelta, en relación con la primera. Se mantiene en el nivel histórico del 52%.

Escolio 2. Bajó el Voto en Blanco en la segunda vuelta.

Escolio 3. La maquinaria electoral en la Costa Atlántica  le funcionó al Presidente-candidato, Juan Manuel Santos.

Escolio 4. En primera vuelta, Zuluaga ganó en 18 departamentos y Santos en 16; en segunda vuelta, Zuluaga ganó en 15 y Santos en 19.

Escolio 5. En la segunda vuelta del 2010, Santos obtuvo 9,028.943 votos; en segunda vuelta de 2014, alcanzó 7,810,316, escrutado el 99,8% de las mesas.

Escolio 6. Alrededor de 15,735.572 colombianos votaron en la segunda vuelta, de un potencial de cerca de 33 millones habilitados para hacerlo.  El 97,12% del los votos resultaron válidos.

Escolio 7. El Valle del Cauca votó por Santos. Muchos de esos votos deben entender como un rechazo claro a Uribe, aunque claramente la élite política y económica de la región llegó dividida a las urnas.  Escrutado el 99,55% de las mesas, Santos obtuvo el 61,79% de los votos, y Zuluaga apenas alcanzó apenas el 33,38%.

Escolio 8. La gran prensa nacional se la jugó por Santos, como lo hizo en su momento por Uribe Vélez. Por el contrario, en muchos departamentos del país la prensa local y regional estaba apostándole a Zuluaga, es decir, al regreso de Uribe.

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[1] Superó al candidato del Centro Democrático por 906.878 votos, escrutado el 99,8% de las mesas.

[2] Escrutado el 99,8% de las mesas, Zuluaga alcanzó 6,902.699 votos, mientras que el Presidente-candidato obtuvo 7,810.316 sufragios. 

15 DE JUNIO: EL PRIMER PLEBISCITO PARA LA PAZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El miedo a la paz está íntimamente relacionado con una ciega confianza en el poder de las armas[1].

El domingo 15 de junio los colombianos deberán decidir entre dos caminos: la pacificación del país por la vía de la negociación política o la extensión de la guerra interna, con el sueño histórico de la pacificación a las malas, aplicando la eterna política de tierra arrasada.

Estamos pues ante una coyuntura compleja y difícil por las circunstancias en las que llegan los dos candidatos presidenciales. La fuerte polarización ideológica y la división del país entre guerreristas y pacifistas permiten pensar que los escenarios políticos venideros serán aún más complejos independientemente de quién logre alcanzar la victoria electoral.

El 1 de junio será el primer plebiscito para la paz, pero también uno más para la guerra. En referencia a la paz, esta primera consulta al pueblo colombiano (el que vota) se hace en medio de un avance importante y significativo del proceso de negociación de La Habana, en el que no sólo ya exhibe acuerdos preliminares en tres puntos de una Agenda pactada a seis, sino que para avanzar en el pacto sobre el cuarto punto ya los negociadores de las Farc y del Gobierno dieron un paso enorme: se reconocieron como victimarios[2] y en consecuencia, asumieron el reconocimiento de las víctimas y en adelante, deberán repararlas y pedirles perdón.

Otra circunstancia que se suma a ese positivo ambiente que se respira en torno a la paz (entendida popularmente como ponerle fin al conflicto) es el anuncio de los acercamientos del Gobierno de Santos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda agrupación armada que desconoce y enfrenta militarmente el orden establecido.

Si el domingo 15 de junio resulta reelecto Juan Manuel Santos Calderón, dicho resultado electoral tendrá dos aspectos sobre los cuales muy seguramente girarán los análisis políticos posteriores a los comicios. El primero tiene que ver con la diferencia o el margen con el cual venza al candidato de la ultraderecha, Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, la segunda empresa electoral de Uribe Vélez. Y el segundo aspecto tiene que ver con el número total de votos que alcance el hoy Presidente-candidato. Esos votos serán los de la paz. Sobre esa cantidad de votos alcanzados el plebiscito tendrá el suficiente sentido y valor político con el que Santos podrá, con toda legitimidad, presionar a sus negociadores y a los de las Farc para que se firme el fin del conflicto antes de finalizar el 2014 o a más tardar, antes del primer semestre de 2015.

Será entonces el primer plebiscito que la paz enfrente en un país en el que aún hay sectores de poder económico, político y social que insisten en mantener la confrontación armada. Por ejemplo, es claro que dentro de las Fuerzas Armadas hay divisiones claras en torno a la paz y a la guerra. Hoy no se puede hablar de unas fuerzas armadas monolíticas[3], por el contrario, hay luchas intestinas que muestran simpatías de oficiales, suboficiales y soldados profesionales por el candidato que le apuesta a la continuidad de la guerra, a pesar de que en las últimas semanas dijo que sí apoya la paz, pero con cambios sustanciales a las condiciones ya pactadas en La Habana. Paz sí, pero no así, reza su eslogan de campaña.

El segundo plebiscito se dará cuando llegue el momento de refrendar los acuerdos firmados en Cuba, bien a través de un referendo y/o a través de una Asamblea Nacional Constituyente[4]. Pero para llegar a ese momento histórico y definitivo, habrá que sortear muchos obstáculos y circunstancias adversas que muy seguramente llegarán una vez se confirme la continuidad de Santos en el poder.

Si Santos gana

Si el actual Presidente resulta reelegido, de inmediato asume la responsabilidad de ponerle fin al conflicto armado con las Farc y con ELN, y por ese camino, liderar los cambios sustanciales sobre los cuales el posconflicto y la paz se sostendrán en el tiempo. Sin cambiar el modelo económico neoliberal, deberá fortalecer el Estado y hacer que llegue a los territorios en los que por largo tiempo las guerrillas se han beneficiado de la pobreza de cientos de miles de colombianos, para reclutar, por ejemplo, menores de edad y para establecerse allí como la autoridad política y económica.

De igual manera, Santos deberá liderar, con la ayuda de los sectores de izquierda que adhirieron a su campaña reeleccionista, la creación de espacios políticos en los que sea posible el diseño de escenarios rurales[5] de posconflicto, en aras de garantizar que no habrá más levantamientos armados, pero fundamentalmente para asegurar una vida digna para campesinos, indígenas y afrocolombianos; igualmente, se deberá brindar condiciones de seguridad y bienestar para los desmovilizados de las guerrillas que deseen rehacer sus vidas en zonas de vocación agrícola o en su defecto, en aquellas zonas biodiversas que hoy demandan cuidado tanto del Estado, como de actores de la sociedad civil que sí valoran las amplias zonas biodiversas que aún tiene el país.  

El 7 de agosto Santos deberá plantear el proyecto de cambio misional para las fuerzas militares y de policía. Primero deberá sacar del servicio a todos aquellos oficiales, suboficiales y soldados profesionales que en esta campaña hayan deliberado y que en adelante se opongan a la reorientación de la misión de las instituciones castrenses. Eso sí, son muchas otras las tareas en las que deberá ocupar su segundo periodo presidencial.

Si gana Zuluaga

Ahora bien, si por el contrario triunfa el candidato de Uribe Vélez, entonces no sólo el proceso de paz de La Habana corre riesgo, sino los mismos acercamientos con el ELN. Lo más probable es que Zuluaga, siguiendo órdenes de su mentor y acatando las presiones que ya le llegan de las huestes castrenses que le apoyan políticamente, dé un reversazo al proceso de paz al exigir y tratar de imponer cambios en la agenda que hoy se negocia, o simplemente provocando el rompimiento definitivo ante la insistencia de las Farc de no mantener en el tiempo el cese unilateral del fuego.

Si la opción de la guerra triunfa este 15 de junio, el país regresará a los tiempos en los que Uribe debilitó la institucionalidad estatal, en especial a las fuerzas armadas[6].  Volverá el miedo, la intimidación y nuevamente el proyecto neoconservador, premoderno y violento que encarnó Uribe entre 2002 y 2010 guiará las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Así las cosas, resta esperar a que los colombianos decidan si le apuestan a la paz (léase, ponerle fin a la guerra) o si por el contrario deciden volver atrás, esto es, a insistir en la eliminación física del enemigo interno y por esa vía, disciplinar con rejo a una sociedad que afronta problemas graves en sus procesos civilizatorios.

Escolio 1. Votar por Santos no significa que se apoye su errada política ambiental.

Escolio 2. Hay que reconocerle a Santos que le devolvió en algo la decencia a la política y que ha buscado fortalecer las instituciones que Uribe debilitó.

Imagen tomada de eltiempo.com

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[1] Germán Ayala Osorio. http://www.laotratribuna1.blogspot.com/

[2] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/06/farc-y-estado-se-reconocen-como.html

[3] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/06/las-fuerzas-armadas-en-la-actual.html

[4] Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/los-riesgos-de-una-asamblea-nacional.html

[5] Igualmente, deberá enfrentar las múltiples expresiones de violencia en las urbes. Los problemas de convivencia deben volverse un asunto político y dejar de ser enfrentados desde la lógica policiva.

[6] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/05/los-danos-que-uribe-velez-le-hizo.html