Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Sin que hasta el momento la Corte
Constitucional se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley
Estatutaria del Pebliscito para la Paz, resulta
importante insistir en la importancia política que tiene para los colombianos que
podamos refrendar lo acordado en La Habana.
Igual de importante resulta
señalar que el mecanismo para refrendar el Acuerdo Final al que lleguen las
Delegaciones de Paz del Gobierno y de las Farc, tiene dos propósitos
fundamentales: de un lado, aprobar o improbar lo acordado entre las partes que
negocian el fin del conflicto armado; y del otro, definir la vigencia política[1] de
Álvaro Uribe Vélez[2], el futuro del Centro
Democrático (CD) como colectividad y plataforma electoral de la Derecha y la
ultraderecha y la posible candidatura del hoy Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado[3], otro
pesado opositor del proceso de paz de La Habana.
De esta forma, el doble propósito
del plebiscito[4] podría servir para
disminuir los altos niveles de crispación que aún producen los diálogos de paz
con las guerrillas o por el contrario,
para polarizar aún más a la sociedad colombiana en torno a esa anacrónica
dicotomía Paz-Guerra. Para que suceda lo primero, la votación por el SI deberá
ser aplastante en relación con el NO. Y para que se dé lo segundo, deberá darse
un inesperado triunfo de la negativa o, en su defecto, un triunfo estrecho del
SI.
Los millones de colombianos que
estamos convencidos de la urgente necesidad de ponerle fin al conflicto armado
interno, por lo menos con las Farc, debemos salir masivamente a votar por el
SI, una vez la Corte Constitucional haya revisado la exequibilidad de la norma
que da vida al plebliscito refrendatorio. Y en ese doble propósito, debemos
salir a votar para acertarle una dura lección democrática y electoral a quienes
de manera mezquina quieren que se prolongue la guerra interna.
Creo que podría estar cerca el
final político de Uribe, el de su micro empresa electoral y el del propio Ordóñez,
si masivamente salimos a votar a favor del Acuerdo Final que se logre en La
Habana.
Detractores, “enemigos” o contradictores
La consolidación de escenarios de
posconflicto depende, en buena medida, de que se morigere el lenguaje con el
que tradicionalmente se han explicado
las dinámicas del conflicto armado interno. Durante años y como consecuencia de
la doctrina de la Seguridad Nacional, el país pareció acostumbrarse a mirar a
sindicalistas, críticos del sistema capitalista, a simpatizantes y militantes
de la izquierda democrática y de la extrema izquierda, entre otros, desde la
lógica relacional Amigo-Enemigo.
Esa lectura maniquea y
profundamente inconveniente en los campos de la política y la economía, en el
contexto de una incipiente cultura democrática, coadyuvó a la restricción de
libertades ciudadanas y por supuesto a la violación de los derechos humanos por
la vía de crímenes, desapariciones forzadas y torturas de -y a- quienes desde otras orillas ideológicas
interpretaban las dinámicas y el devenir del conflicto armado interno. Y de
esas prácticas ilegales participaron agentes del Estado y de la sociedad civil,
guiados moral y éticamente por el discurso Amigo-Enemigo.
De allí que resulte urgente para
muchos modificar sustancialmente el lenguaje, en aras de proscribir esa
moralizante relación que deviene acompañada de una natural y forzada legitimidad
del orden establecido.
Eso sí, moderar el lenguaje
llevará tiempo pues vendrá un largo proceso político y cultural de desmonte de
la doctrina de la Seguridad Nacional de la institucionalidad castrense, pero
también de la institucionalidad derivada de las acciones, decisiones y
dinámicas de una sociedad que a pesar de reconocer la debilidad del Estado,
prefirió ocultar su ilegitimidad, antes de aceptar la viabilidad de establecer
ajustes a un régimen político y económico injusto, generador de desigualdades y
con evidentes restricciones en términos democráticos.
Aquellos que insisten en que es
un error llamar a Uribe, sus áulicos, a Ordóñez Maldonado y a los miembros del
Centro Democrático como “enemigos de la paz”, hay que decirles que en principio
tienen razón. Sin duda, resulta inconveniente usar esa nomenclatura para llamar
a quienes hoy se oponen al sentido y al contenido de lo acordado hasta el
momento en La Habana.
Pero a ese llamado de atención le
cabe el siguiente matiz: que cientos de miles de ciudadanos no apoyen el
proceso de paz de La Habana, resulta “normal” dentro de un sistema democrático
que, con todo y restricciones, debe permitir que ese tipo de manifestaciones se
den en la medida en que cultivan el debate y la discusión de un tema sensible y
complejo como el de ponerle fin al conflicto armado interno con las Farc. Insistir
en “graduar” a esos ciudadanos como “enemigos de la paz”, sin duda, polariza y
poco aporta a la reconciliación y a la generación de una sana convivencia, en
medio de las diferencias políticas.
Pero resulta distinto cuando
dentro de ese reducido número de colombianos está un expresidente como Álvaro Uribe
Vélez, quien conserva no solo simpatías en sectores sociales, económicos
(ganaderos, latifundistas y empresarios), político y militares, sino un
acumulado técnico en el manejo del Estado, que muy seguramente pondrá al
servicio de candidatos a gobernaciones, alcaldías e incluso, a la Presidencia
de 2018, para torpedear, desde la institucionalidad, la implementación de los
acuerdos de La Habana.
Es aquí entonces, en donde tomo
distancia de ese llamado a no calificar como “enemigos de la paz” a quienes
simplemente, por disímiles razones, no apoyan el fin del conflicto armado con
las Farc, en las condiciones en las que se está negociando la terminación de la
guerra interna. Uribe no es un simple ciudadano. Tiene poder económico,
político y simpatías en sectores legales e ilegales que bien lo hacen ver como
un detractor del que hay que cuidarse, porque es tal su animadversión hacia el
Gobierno de Santos y hacia la idea misma de que se logre poner fin al conflicto
armado, que fácilmente hace el tránsito de detractor y crítico, a enemigo declarado del proceso de paz que
se adelanta en Cuba.
Además, Uribe mismo se viene auto
presentando como enemigo del Proceso de Paz. Su proclamada Resistencia Civil[5] no
solo invita a posteriores desconocimientos de lo acordado en la Mesa de
Negociaciones instalada en la isla caribeña, sino que deviene profundamente
incoherente en la medida en que durante sus ocho años de gobierno persiguió, “chuzó”
y amedrentó a quienes sin declararse en Resistencia Civil, criticaron sus
decisiones y acciones de Gobierno y develaron prácticas ignominiosas como los “falsos
positivos” y a las interceptaciones ilegales desplegadas desde el DAS,
convertida por Uribe en su policía política.
Así entonces, Uribe Vélez no
puede verse como un simple detractor o crítico del proceso de paz. Su talante,
su carácter y el poder que aún conserva, claramente lo llevan a que sea
representado como un claro enemigo de la paz y de la reconciliación entre los
colombianos.
