Por Germán Ayala
Osorio, comunicador social y politólogo
Los más recientes hechos de barbarie ocurridos en Buenaventura permiten
pensar y señalar que el Estado local colapsó. Pero el derrumbe del Estado local
se produce y su carácter de Estado fallido se alcanza, en un complejo contexto
social, político, cultural e institucional, en el que hay un ethos mafioso que penetró el Estado
regional, el Valle del Cauca, y por supuesto, al Estado nacional centralizado,
que de tiempo atrás han dado la espalda al principal puerto sobre el Pacífico.
Hay sectores de la ciudad-puerto que son tierra de nadie, en los que la
autoridad y el poder están en manos de paramilitares, bandas criminales,
sicarios, pandillas y toda suerte de criminales que actúan confiados, porque
saben que las autoridades estatales, por acción u omisión, cohonestan con sus
acciones.
Las recientes expresiones de violencia y barbarie son resultado del
abandono, la desidia, la corrupción y la falta de Estado, cuyos responsables
están dentro de la misma jurisdicción del puerto y por fuera de esta. También
son resultado de un proceso histórico de exclusión y discriminación de los
bonaerenses, porque son afrocolombianos. Algunos responsables: los miembros de
la élite empresarial y política de la
ciudad, del departamento del Valle del Cauca y del Gobierno Central. Todos
juntos, a través de diversos discursos y acciones, consideran a Buenaventura
como un simple atracadero de barcos, razón esta para desestimar y desechar la
vida, los anhelos y los problemas de la gente que vive en la ciudad-puerto.
A ello hay que sumarle que esas mismas élites y autoridades estatales
sienten un evidente desprecio por la cultura afro y por esa vía, logran
estigmatizar y discriminar a la
población negra que habita en el puerto. Hay un trasfondo identitario en
el que aquellos que se consideran ‘blancos’, sueñan con poder sacar a los afrocolombianos no sólo
del municipio, sino del Pacífico colombiano. Como no han podido lograr ese
cometido, entonces, simplemente las autoridades locales, regionales y
nacionales, y la débil sociedad civil porteña, dejan que los violentos actúen
para que el país siga sin entender qué es lo que realmente pasa en el Puerto de
Buenaventura. De igual manera, hacen que la corrupción y la desidia colmen la
paciencia de sus habitantes, o que simplemente las grandes mayorías se
acostumbren al ethos mafioso con el
cual la gestión pública (local, regional y nacional) aparece para medio manejar
los asuntos del Puerto.
Para enfrentar la barbarie de los últimos días, el Gobernador del Valle
propuso la militarización de la ciudad. Anuncio inútil e irresponsable, pues la
presencia de policías y militares poco ha servido para frenar asesinatos. Baste
con recordar los enfrentamientos armados entre los llamados ‘Los Gaitanistas’
de la Comuna 4 y ‘Los Urabeños’. Allí hacía presencia la Policía y nada se hizo
para evitar lo que finalmente sucedió.
El contexto ayuda
Situada en un territorio rico en madera y oro, entre otros recursos, y
lugar de tránsito de mercancías y productos legales e ilegales, Buenaventura
soporta los más disímiles impactos de fuerzas que se disputan el control no
sólo de territorios y actividades económicas dentro del Puerto, sino a lo largo
y ancho del Pacífico colombiano.
Los vacíos de poder que el
Estado ha dejado bien por su inoperancia, ineficiencia o por su total ausencia,
han sido llenados o aprovechados por actores políticos y disímiles actores
armados que se disputan el control de
las finanzas públicas y de los recursos de la biodiversidad, al tiempo que se
constituyen en referentes de orden para muchos ciudadanos y grupos de la
sociedad civil porteña, que por la fuerza de las circunstancias, terminan por
aceptar modos de autoridad y ejercicios de poder distintos a los que pueden
venir de un Estado consolidado y legítimo. Es decir, el Puerto de Buenaventura
es un escenario de disputa entre actores políticos y armados, que se mueven
entre la legalidad y la ilegalidad. De allí que no sea fácil reconocer quiénes
hacen parte del Estado y quienes están por fuera de la ley.
Pero los graves episodios de violencia que de tiempo atrás se viven en
la ciudad portuaria y la inmensa brecha social que existe entre unos pocos que
tienen todo y unas mayorías que tienen poco, no constituyen una vergüenza para
la institucionalidad estatal, por cuanto desde las mismas instancias estatales
y los discursos de una cultura ‘blanca’ dominante, se señala que esas
circunstancias de violencia y extrema pobreza, están íntimamente relacionadas
con las prácticas culturales de una población afro, lo que de inmediato
naturaliza la violencia y la pobreza que de tiempo atrás exhibe el Puerto y su
gente.
Las autoridades locales y departamentales no han dimensionado que
Buenaventura es el epicentro de unas luchas intestinas entre actores políticos
y armados, en un contexto de profunda anomia social y el colapso del Estado local. Por ahora, y
más por la acción mediática, Buenaventura seguirá siendo noticia y preocupación
por unos días. Pasado el tiempo, el Puerto y su gente seguirán a la deriva por
cuanto el Estado, en ese territorio, hace rato colapsó.
Imagen tomada de elespectador.com
