Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Convertidas las FARC-EP en
movimiento político, la lucha armada por el control territorial y poblacional
queda proscrita para dar vida a la disputa democrática de esos territorios en
los que los líderes farianos creen que tienen el suficiente respaldo y
legitimidad para hacerse con el control político de asambleas, concejos,
alcaldías y gobernaciones. La Presidencia será un objetivo de largo plazo.
Los objetivos político-electorales
de las FARC-EP no se pueden reducir a ocupar algunas curules en el Congreso de
la República. Sin duda llegarán a esa Corporación, así inicialmente lo hagan por disposición
legal. Pero los intereses de la cúpula fariana son más amplios: hacerse con el control político de
aquellos territorios que disputaron militarmente con los paramilitares y la
fuerza pública.
El reto es mayúsculo no solo en
términos de conservar la vida de sus líderes desmovilizados, sino en demostrar
que están capacitados para administrar con eficiencia, transparencia y eficacia
los recursos públicos que en el pasado lograron capturar por la vía de la
intimidación y la cooptación de esos poderes locales en donde el Estado siempre
fue débil.
Para ello deberán capacitar
cuadros dirigentes[1] que puedan competir con
candidatos a cargos públicos que cuenten con el apoyo de los partidos
tradicionales y que son financiados por poderosas empresas privadas. Deberán,
entonces, exhibir candidatos con estudios de especialización y maestrías y
entrar en el juego del marketing político
para cautivar a los votantes. De allí que el acceso a los medios de
comunicación resulte clave para las aspiraciones locales y regionales de los
dirigentes del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia[2],
asunto que quedó negociado ya en el punto 2 de la Agenda.
En términos de Paz Territorial,
las FARC-EP darán continuidad al trabajo político y comunitario que en lo local
y regional alcanzaron a desarrollar con la Unión Patriótica[3] (UP).
Deberán apelar a la memoria histórica de aquellos dirigentes y militantes que sobrevivieron al genocidio, para revisar
lo actuado, reconocer errores y afianzar las estrategias y acciones que les
dieron positivos resultados en aquellos años.
Desde allí y poco a poco,
intentarán minar el poder del centralismo bogotano y por esa vía construir
instituciones e institucionalidad en los 368[4]
municipios en los que ellos fungieron como “Estado”, o en aquellos que
disputaron el control social, económico,
territorial y político con fuerzas paramilitares al servicio de élites
tradicionales y poderes económicos y políticos regionales.
De esa manera, la perspectiva de
Paz Territorial de la que se habla en La Habana no es más que el camino que las
FARC-EP recorrerán para hacerse con el poder local y regional de territorios
estratégicos y con los cuales establecieron en el pasado una fuerte relación
simbólica.
Quienes lideren ese proceso
deberán estar prestos a recibir el rechazo de las fuerzas sociales y políticas
que no comparten el modelo de Estado y de sociedad que guiará la acción
política del movimiento político que recogerá las banderas de las FARC-EP.
Igualmente, deberán estar vigilantes ante los planes de aniquilamiento[5] que
los paramilitares ya anunciaron que
pondrán en marcha una vez se concrete la desmovilización de las estructuras
farianas.
Sin duda, con las FARC-EP
convertidas en partido político y jugando con las reglas de la democracia, veremos
un escenario político y electoral distinto. Y si el grueso de la sociedad
colombiana así lo acepta, podremos consolidar los escenarios de tolerancia y
pluralidad ideológica que esta democracia restringida jamás pudo garantizar
durante estos años de vida republicana.
Imagen tomada de www.elnuevosiglo.com.co
[1] Lo más probable es que de tiempo
atrás ya lo estén haciendo. Esos nuevos cuadros remplazarán a aquellos que
cuenten que una no muy grata recordación
en poblaciones en donde antes operaron militarmente.
[2] Este
Movimiento Político fue lanzado por las Farc en la clandestinidad en el 2000,
durante el proceso de diálogo con el Gobierno de Pastrana.
[4] En reciente debate (2014), la
senadora Claudia López habló de que son 368 municipios que el Estado nacional
deberá posar las acciones de reconstrucción y consolidación estatal, en
perspectiva de posconflicto. https://www.youtube.com/watch?v=0pJKfoNaak4
